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DEDUCCIÓN DE CRÉDITOS ANTE SU IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO. SU REGULACIÓN RESPETA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. DEDUCCIÓN DE CRÉDITOS ANTE SU IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO. SU REGULACIÓN RESPETA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PROGRESIVIDAD E IRRETROACTIVIDAD. DEDUCCIÓN DE CRÉDITOS ANTE SU IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO. SU REGULACIÓN SUPERA EL EXAMEN DE RAZONABILIDAD. DEDUCCIONES FISCALES. METODOLOGÍA PARA EL EXAMEN DE LA RAZONABILIDAD DE SUS REGULACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 684/2022. · Registro digital (IUS): 31986
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-12-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo II, Pág.1197.

AMPARO EN REVISIÓN 684/2022. 19 DE ABRIL DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

Hechos relevantes y/o contexto

El artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, disponía la procedencia de la deducción de los créditos incobrables ante su prescripción o bien ante su imposibilidad práctica de cobro que, en créditos superiores a treinta mil unidades de inversión, se acreditaba con la sola presentación de la demanda ante la autoridad judicial o el inicio del procedimiento arbitral.

El doce de noviembre de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que se reformó el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con vigor a partir del primero de enero de dos mil veintidós, y que añadió un requisito para la procedencia de deducciones por créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, consistente en que la persona contribuyente acreedora obtenga una resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable.

Con motivo de la reforma, una empresa cuyo objeto social involucra operaciones con la industria automotriz y la venta de autobuses y toda clase de vehículos para el transporte de personas promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la reforma que modificó los requisitos de procedencia de las deducciones de los créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro.

El Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que sobreseyó en el asunto por considerar que la empresa no demostró la afectación a sus derechos.

La empresa interpuso un recurso de revisión al que se adhirió el presidente de la República y el Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento y declaró infundada la adhesión. Finalmente remitió el asunto para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el aspecto de constitucionalidad de la norma reclamada.

Problema jurídico

Determinar si el requisito para deducir créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, consistente en obtener una resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable; contenido en el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir de dos mil veintidós, supera el examen de razonabilidad, y sí respeta los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria, y progresividad e irretroactividad.

Decisión judicial

El artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir de dos mil veintidós, que prevé como requisito para deducir créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, consistente en obtener una resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable; supera el examen de razonabilidad, y si respeta los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria, y progresividad e irretroactividad.

Para resolver cada aspecto se establecen los apartados siguientes: (i) Planteamiento de la quejosa, (ii) Parámetro de regularidad, y (iii) Análisis del caso concreto. Por tanto, la estructura de esta resolución es la siguiente:

A. Examen de razonabilidad

B. Seguridad jurídica

C. Proporcionalidad tributaria

D. Progresividad e irretroactividad

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 684/2022 interpuesto por ********** (en adelante sólo **********), así como el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el presidente de la República, en contra de la sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintidós por el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto 140/2022.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar si el requisito para deducir créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, relativa a obtener una resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable; contenido en el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir de dos mil veintidós, supera el examen de razonabilidad, y si respeta los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria, y progresividad e irretroactividad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias examinadas,(1) se desprenden los antecedentes siguientes.

2. Constitución de **********. **********, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes mexicanas, cuyo objeto social involucra operaciones con la industria automotriz al prever la fabricación, ensamble, armado y venta de autobuses y toda clase de vehículos para el transporte de personas.

3. Publicación de la norma impugnada. El doce de noviembre de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que se reformó el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta,(2) con vigor a partir del primero de enero de dos mil veintidós, y que añadió un requisito para la procedencia de deducciones por créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, consistente en que la persona contribuyente acreedora obtenga una resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable.

4. Demanda de amparo. Por medio del escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, ********** promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante el que se prevé como requisito para la procedencia de deducciones por créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, que el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro.(3) El texto de la norma reclamada es el siguiente:

"Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

"...

"XV. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro.

"Para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, en los siguientes casos:

"a) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda de treinta mil unidades de inversión, cuando en el plazo de un año contado a partir de que incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro. En este caso, se considerarán incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora.

"Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral de los señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad de los créditos otorgados para determinar si éstos no exceden del monto a que se refiere dicho párrafo.

"Lo dispuesto en este inciso será aplicable tratándose de créditos contratados con el público en general, cuya suerte principal al día de su vencimiento se encuentre entre cinco mil pesos y treinta mil unidades de inversión, siempre que el contribuyente de acuerdo con las reglas de carácter general que al respecto emita el Servicio de Administración Tributaria informe de dichos créditos a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

"Lo dispuesto en este inciso será aplicable cuando el deudor del crédito de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del crédito incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en los términos de esta Ley. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables que dedujeron en los términos de este párrafo en el año de calendario inmediato anterior.

"b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta mil unidades de inversión, cuando el acreedor obtenga resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable y, además, se cumpla con lo establecido en el párrafo final del inciso anterior.

"c) Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el primer supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o por falta de activos.

"Tratándose de las Instituciones de Crédito, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro en la cartera de créditos, cuando dicha cartera sea castigada de conformidad con las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"Lo establecido en el párrafo anterior será aplicable siempre que, en el ejercicio de facultades de comprobación, proporcionen a las autoridades fiscales la misma información suministrada en la base primaria de datos controlada por las sociedades de información crediticia a que hace referencia la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

"Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, los contribuyentes que deduzcan créditos por incobrables, los deberán considerar cancelados en el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se deduzcan.

"Tratándose de cuentas por cobrar que tengan una garantía hipotecaria, solamente será deducible el cincuenta por ciento del monto cuando se den los supuestos a que se refiere el inciso b) anterior. Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la aplicación del importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la deducción del saldo de la cuenta por cobrar o en su caso la acumulación del importe recuperado. ..."

5. Conceptos de violación. En su demanda de amparo ********** planteó cuatro temas de constitucionalidad. El primero, que la norma reclamada se aparta de la razonabilidad legislativa, al no superar un examen de razonabilidad. El segundo, que la norma trastoca el principio de seguridad jurídica, al prever el concepto ambiguo "resolución definitiva emitida por la autoridad competente", como requisito para acceder a la deducción de un crédito incobrable. En el mismo tema de seguridad jurídica, que para acceder a la deducción se tendrán que tramitar juicios prolongados que pudieran rebasar los años con los que cuenta la autoridad hacendaria para ejercer sus facultades de comprobación y genera un trato diferenciado entre acreedores y deudores. El tercero, en torno a que la norma afecta el principio de proporcionalidad tributaria, al impedir la deducción de los créditos incobrables. El cuarto, progresividad e irretroactividad porque se insertó un nuevo requisito para acceder a la deducción que afecta los créditos incobrables antes de la entrada en vigor de la norma.

6. Los planteamientos hechos valer se contienen en los conceptos de violación siguientes:

• Primer concepto de violación. La norma reclamada se aparta de la razonabilidad legislativa, al no superar un examen de razonabilidad.

• La finalidad de la norma es evitar que el Estado asuma el costo fiscal de las deudas y que las personas contribuyentes adopten medidas para evitar la falta de pago de sus clientes, al tiempo que contribuyen de manera proporcional y equitativa.

• No es idónea para el fin buscado el requerir que la persona contribuyente obtenga una resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable.

• La falta de idoneidad de la medida deriva de que las personas contribuyentes tendrán que someterse a un largo proceso judicial civil o mercantil, sin certeza sobre su duración, para demostrar la imposibilidad de cobro para acceder a la deducción.

• Al margen de que las personas contribuyentes adopten medidas para evitar la falta de pago de sus clientes, escapa de su control que incurran en mora, por lo que la medida legislativa no es idónea.

• De restringirse la deducción de la deuda incobrable persistirá la deuda de manera indefinida en perjuicio de los acreedores contribuyentes y los deudores aprovecharán esa situación para persistir en incumplimiento.

• Las autoridades fiscales cuentan con otras medidas menos lesivas para controlar la deducción de créditos incobrables. Pueden ejercer sus facultades de comprobación.

• Los deudores tendrán que acumular el crédito incobrable como ingreso en el ejercicio en que se determine su imposibilidad de cobro, con la incertidumbre sobre el periodo en el que acontecerá y con el riesgo de que carezcan de capital para cumplir sus obligaciones y que en esa fecha hayan caducado las facultades de las autoridades fiscales quienes sólo cuentan con cinco años para ejercerlas.

• La medida no es necesaria para los fines del legislador porque afecta el flujo de efectivo de las empresas y la forma en la que estaba regulada la deducción, antes de la reforma reclamada, era racional y adecuada para impedir que la situación se prolongara de forma indefinida.

• El beneficio por obtener es menor que la afectación causada a las empresas contribuyentes porque afecta su liquidez y carece de certeza la duración del litigio que deben emprender, así como sus costos por asumir, lo que podría evitarse si se permite la deducción de la cuenta incobrable.

• Segundo concepto de violación. La norma trastoca el principio de seguridad jurídica, al prever el concepto ambiguo "resolución definitiva emitida por la autoridad competente", como requisito para acceder a la deducción de un crédito incobrable. Antes de la reforma, bastaba la presentación de la demanda, pero ahora se requiere obtener una resolución definitiva que puede tardar en obtenerse y carece de certeza cuál es.

• Tercer concepto de violación. La norma afecta la proporcionalidad tributaria, al impedir la deducción de los créditos incobrables, lo que causa que se contribuya sin atender la verdadera capacidad contributiva.

• Para acceder a la deducción se debe: (i) promover un juicio, (ii) concluir las etapas procesales del juicio, (iii) obtener una sentencia favorable, (iv) realizar las gestiones de cobro, (v) obtener una resolución de la autoridad en la que conste que fue imposible ejecutar la sentencia. Esos requisitos son complejos, onerosos, contingentes e incontrolables, por lo que tornan inaccesible la deducción de los créditos incobrables, lo que impacta en la base gravable y con ello el capital social de la empresa para pagar impuestos sobre ingresos que no se materializaron.

• Cuarto concepto de violación. La norma afecta la seguridad jurídica y la igualdad porque para acceder a la deducción se tendrán que tramitar juicios prolongados que pudieran rebasar los años con los que cuenta la autoridad hacendaria para ejercer sus facultades de comprobación y genera un trato diferenciado entre acreedores y deudores.

• La norma carece de certeza sobre el momento en el que los deudores acumularán a su ingreso la deuda declarada incobrable.

• El precepto afecta la simetría fiscal porque para deducir la deuda se debe notificar al deudor para que la acumule como ingreso, con lo que se reconoce la simetría fiscal, sin embargo, debido al procedimiento para acceder a la deducción se hace prácticamente imposible su procedencia, lo que rompe el principio de simetría.

• Se privilegia al deudor porque su deuda no será gravada sino hasta que el acreedor la declare incobrable, lo que incentiva la falta de pago.

• Quinto concepto de violación. La norma es regresiva, al compararse con aquella que se encontraba vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, violando el principio de progresividad. Establece requisitos a cargo del acreedor que resultan prácticamente imposibles de cumplir.

• Con la norma antes de su reforma el contribuyente podía deducir los créditos incobrables, en un momento objetivamente determinado, acotado precisamente a la presentación de la demanda o el inicio del procedimiento arbitral convenido. Las exigencias ahora son mayores.

• Sexto concepto de violación. La norma afecta la irretroactividad, al desconocer el derecho de la quejosa a deducir los créditos incobrables derivados de operaciones que hayan sido celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición reclamada. No se previó una medida de transición para la aplicación de dicha limitante de deducciones respecto de operaciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma reclamada.

7. Radicación y trámite de la demanda. La demanda se radicó en el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, bajo el expediente número 140/2022. El titular de ese órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables los informes justificados y dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano jurisdiccional.

8. Resolución del juicio de amparo. Previa sustanciación del procedimiento, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional en la que dictó la sentencia del once de mayo de dos mil veintidós mediante la que determinó el sobreseimiento en el asunto por considerar que ********** no acreditó la afectación a su esfera de derechos.

9. Recurso de revisión. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ********** interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito.

10. Agravio de la revisión principal. ********** argumentó como único agravio que la sentencia se emitió a partir de una incorrecta motivación y fundamentación, pues la norma posee el carácter de autoaplicativa, al generar un perjuicio en la esfera jurídica de la empresa con su sola entrada en vigor.

11. Trámite del recurso de revisión. El medio de impugnación se radicó con número de expediente 312/2022 en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Por auto del catorce de junio de dos mil veintidós, el Magistrado presidente admitió a trámite el recurso de revisión. 12. Revisión adhesiva. El presidente de la República se adhirió a la revisión principal. Los argumentos de la adhesión plantean, en una parte, que ********** no acreditó el acto de aplicación de la norma reclamada que es heteroaplicativa; y en la parte restante que deben desestimarse los agravios de la recurrente y confirmar el sobreseimiento, toda vez que la empresa no acreditó su interés jurídico.

13. Determinación del Tribunal Colegiado. En la sesión correspondiente al veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito dictó la sentencia en la que revocó el sobreseimiento decretado respecto a la fracción XV, inciso b), del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El citado tribunal estableció que ********** acreditó el interés jurídico para reclamar la norma sin que le fuera exigible la demostración de cumplir con todas las condiciones para la deducción, pues le agravia desde su entrada en vigor, al impedirle realizar las deducciones por pérdidas por créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro. Finalmente, declaró carecer de competencia para resolver el aspecto de constitucionalidad y remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

14. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo del cuatro de enero de dos mil veintitrés, la presidenta de este Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos del recurso de revisión que ordenó registrar con el número de expediente 684/2022, declaró procedente asumir la competencia originaria para conocer de la inconstitucionalidad del artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta y admitió el recurso que turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

15. Avocamiento. El uno de marzo de dos mil veintitrés, el presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y proveyó enviarlo a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

I. COMPETENCIA

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del País; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción II, inciso a), tercero, quinto y sexto del Acuerdo General Número 1/2023, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal.(4) Lo anterior, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

17. Cabe señalar que aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que en forma ordinaria conoce esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el referido acuerdo y en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el primer párrafo del artículo 86 del reglamento citado dispone que, al igual que los amparos en revisión, los amparos directos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros y Ministras de ambas Salas, de manera que si el recurso que se examina es de materia administrativa, se turnó a una Ministra adscrita a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro o Ministra para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto tercero del referido Acuerdo Plenario 1/2023, esta Sala debe avocarse a su conocimiento y resolución.

II. OPORTUNIDAD

18. Es inconducente mayor pronunciamiento en torno a la oportunidad de la interposición de los recursos de revisión principal y adhesivo, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió esa cuestión.

III. LEGITIMACIÓN

19. En cuanto a la legitimación de quien interpuso los recursos de revisión principal y adhesivo, el órgano jurisdiccional del conocimiento concluyó que fue por parte legitimada.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

20. El recurso de revisión principal es procedente en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se controvirtió la constitucionalidad del artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ende, se surten los extremos del punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, inciso a), del Acuerdo General Plenario Número 1/2023.

21. Respecto de la adhesión en la que el presidente de la República centró sus argumentos en aspectos sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito la declaró procedente, pero infundada porque determinó procedente el juicio, por lo que se agotó el estudio de ese recurso adhesivo que no se reexaminará en esta instancia. Por ende, su situación jurídica no formará parte de los resolutivos de esta sentencia.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

22. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en su informe justificado, hizo valer a manera de causa de improcedencia que la culminación del proceso legislativo no afecta a la empresa quejosa. De manera puntual la Cámara referida señaló lo siguiente:

"... la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad de mérito, no causa afectación alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que la culminación del proceso legislativo que se llevó a cabo en este cuerpo colegiado no deriva necesariamente en un perjuicio a la esfera jurídica del amparista ..."

23. Sin embargo, resulta inconducente la devolución del asunto al Tribunal Colegiado para el estudio específico de lo hecho valer por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a manera de causa de improcedencia, toda vez que a nada llevaría y sólo retrasaría la resolución del caso, máxime que resulta evidente que: (a) no es viable desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; y (b) el perjuicio que genere o no la expedición de las normas impugnadas, correspondería al estudio de fondo del asunto.

24. Una vez aclarado lo anterior, no se advierte una causa de improcedencia distinta a las examinadas en la instancia previa, ni aprecia un matiz distinto o por motivo diverso, por lo que corresponde emprender el estudio de fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

25. El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar si el requisito para deducir créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, relativo a obtener una resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable, contenido en el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil veintidós, supera el examen de razonabilidad, y si respeta los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria, y progresividad e irretroactividad.

26. Para resolver cada aspecto, en este asunto se recurre a establecer: (i) Planteamiento de la quejosa, (ii) Parámetro de regularidad, y (iii) Análisis del caso concreto. Por tanto, la estructura de esta resolución es la siguiente:

A. Examen de razonabilidad

B. Seguridad jurídica

C. Proporcionalidad tributaria

D. Progresividad e irretroactividad

VI. Tema A. Examen de razonabilidad

27. El artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil veintidós, supera el examen de razonabilidad, al establecer como requisito para deducir créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro,(5) el obtener una resolución definitiva emitida por la autoridad competente, con la que se demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable.

28. Para sostener la conclusión anticipada corresponde desarrollar en este apartado los aspectos siguientes: (i) Planteamiento de la parte quejosa, (ii) Parámetro de regularidad y (iii) Análisis del caso concreto.

(i) Planteamiento de la parte quejosa

29. En el primer concepto de violación ********** argumentó que el artículo 27, fracción XV, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil veintidós, al restringir la deducción créditos incobrables superiores a treinta mil unidades de inversión con una notoria imposibilidad práctica de cobro, no supera el test de proporcionalidad simple a partir de las afirmaciones siguientes:

• La norma reclamada se aparta de la razonabilidad legislativa, porque la finalidad de la norma es evitar que el Estado asuma el costo fiscal de las deudas y que las personas contribuyentes adopten medidas para evitar la falta de pago de sus clientes, al tiempo que contribuyen de manera proporcional y equitativa. Sin embargo, no es idónea para el fin buscado el requerir que la persona contribuyente obtenga una resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable.

• La falta de idoneidad de la medida deriva de que las personas contribuyentes tendrán que someterse a un largo proceso judicial civil o mercantil, sin certeza sobre su duración, para demostrar la imposibilidad de cobro para acceder a la deducción.

• Al margen de que las personas contribuyentes adopten medidas para evitar la falta de pago de sus clientes, escapa de su control que incurran en mora, por lo que la medida legislativa no es idónea.

• De restringirse la deducción de la deuda incobrable persistirá la deuda de manera indefi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31986-0ad72166/deduccion-de-creditos-ante-su-imposibilidad-practica-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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