INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR PERSONAS FÍSICAS. EL ARTÍCULO 140, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE PREVÉ EL ESQUEMA OPTATIVO PARA SU ACUMULACIÓN NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1133/2016. ÓSCAR CONSTANDSE MADRAZO. 5 DE JULIO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de julio de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
III. Competencia
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a lo previsto en los puntos primero, segundo, fracción III y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 140, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
18. Además, se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento, dispone que –al igual que los amparos directos en revisión– los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que sí el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces en términos de lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, esta Sala debe abocarse al mismo.
IV. Oportunidad
19. En virtud de que el Tribunal Colegiado no efectúo el análisis de la oportunidad del recurso de revisión, esta Primera Sala procede a su estudio.
20. En el caso el recurso de revisión interpuesto por el quejoso fue oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de autos se advierte que la sentencia de ocho de diciembre de dos mil quince, fue notificada al quejoso, el miércoles nueve de diciembre de dos mil quince,(11) surtiendo efectos legales el día hábil siguiente, es decir, el jueves diez del mismo mes y año, computándose por tanto el término, del viernes once al jueves veinticuatro de diciembre de dos mil quince, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte del mismo mes y año, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
21. En estas condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quinta Roo, con sede en Cancún, el diecisiete de diciembre de dos mil quince,(12) se puede colegir que se interpuso dentro del plazo legal.
22. Igualmente, el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto en tiempo y forma, pues de las constancias de autos se advierte que la admisión del recurso de revisión por parte del Tribunal Colegiado, le fue notificada a la autoridad responsable el ocho de abril de dos mil dieciséis,(13) surtiendo efectos el mismo día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo vigente.
23. Así, el plazo de cinco días que señala el artículo 82 de la Ley de Amparo vigente, empezó a correr del lunes once al viernes quince de abril de dos mil dieciséis, descontando los días nueve y diez del mismo mes y año, por ser sábado y domingo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.
24. Por tanto, si el recurso de revisión adhesiva se presentó el quince de abril de dos mil dieciséis,(14) es evidente que se interpuso en tiempo y forma.
V. Legitimación
25. En virtud de que el Tribunal Colegiado no efectuó el análisis de la legitimación, esta Primera Sala procede a su estudio.
26. La C. **********, autorizada del quejoso, está legitimada para interponer el presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, pues tal carácter le fue reconocido en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil quince,(15) por el Juzgado de Distrito de origen.
27. Asimismo, el presidente de la República, por conducto de su delegado, está legitimado para presentar la revisión adhesiva, ya que en el juicio de amparo se le reconoció el carácter de autoridad responsable; de conformidad con lo previsto por el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.
VI. Elementos necesarios para resolver
28. A fin de resolver el presente recurso de revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los argumentos del recurso de revisión, así como lo resuelto por el Tribunal Colegiado:
29. Demanda de amparo. El quejoso en el amparo indirecto **********, relativo a la inconstitucionalidad del artículo 140, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, formuló los siguientes conceptos de violación:
ÚNICO.—Que el artículo 140, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al obligar a las personas físicas a las cuales se les hayan distribuido dividendos, a acumular a sus demás ingresos uno ficticio –creado por el mecanismo de piramidación–, el cual nunca recibió efectivamente, por lo que jamás se modificó de manera positiva su patrimonio, lo cual resulta inconstitucional, pues provoca que el socio o accionista tribute en una proporción mayor a la real efectivamente percibida, desatendiendo a su real capacidad contributiva.
Que en el primer párrafo de la norma reclamada, se establece que al efecto de que las personas físicas puedan acreditar el pago del impuesto efectuado por la sociedad, éstas deben piramidar la ganancia de la cual proviene el dividendo que haya percibido, hasta arribar al monto necesario para pagar el impuesto considerando que el monto del dividendo es una utilidad neta del impuesto sobre la renta.
Que no debe soslayarse que la aplicación del factor de piramidación previsto por el legislador, tiene como finalidad que el impuesto sobre la renta por dividendos se calcule sobre el monto de las ganancias (ingresos reales) que la persona moral distribuyó a sus socios o accionistas por esa vía y, no así, sobre el monto total de éstos, de tal manera que las utilidades distribuidas lleguen a los socios o accionistas sin incrementar sus obligaciones tributarias sustantivas.
Que por ello es que la piramidación, prevista en la norma reclamada, consisten en que el socio o accionista no acumule únicamente el importe efectivamente recibido por el concepto de dividendo, sino también el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que le distribuyó el dividendo, de tal manera que al momento en que la persona física acredite dicho impuesto, no haya un incremento en su carga tributaria.
Que si bien es cierto, con motivo de la piramidación establecida en el precepto reclamado, la persona física se ve obligada a acumular a sus demás ingresos, un ingreso ficticio, consistente en el dividendo captado más el impuesto pagado por parte de la empresa, ello no le depararía perjuicio alguno, en la medida en la que se le permita acreditar el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral, neutralizándose así fiscalmente la acumulación de dicho ingreso artificioso, lo cual, no acontece en la especie.
Que el autor de la norma determinó para el tratamiento fiscal de los dividendos recibidos por los socios o accionistas de una empresa, un esquema de compensación vía crédito fiscal del impuesto generado y pagado por la empresa con motivo de la distribución de los mismos, lo que permite dejar fiscalmente neutral al socio accionista (persona física) respecto de la percepción de los dividendos que le fueron distribuidos.
Que lo anterior es así, pues el Alto Tribunal ha sostenido que los acreditamientos en materia de impuesto sobre la renta, que se establecen a favor de los contribuyentes, son conceptos revestidos de un carácter evidentemente técnico, que operan sobre la contribución causada, disminuyéndola a fin de determinar la cantidad liquida que debe ser cubierta, con un efecto económico equivalente al de una compensación.
Que una interpretación contraria, implicaría aceptar que los socios o accionistas que perciban ingresos por dividendos de la persona moral que se los distribuye, tendría la obligación de pagar el impuesto que ésta no pagó por las ganancias (ingresos reales), lo cual no es dable, ya que no debe soslayarse que el sujeto obligado al pago del impuesto de dividendos es la persona moral que lo distribuye y, no así, los socios o accionistas que los reciben.
Que además, tal situación resultaría opuesta al objetivo primordial del mecanismo de tributación relativo al impuesto por dividendos previsto por el autor de la norma, que se traduce en que el socio pague por tal concepto únicamente la diferencia entre el impuesto que debe pagar o que ya pagó la sociedad a la tasa empresarial y el que le corresponde conforme a la tasa marginal máxima prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Que en el caso, a partir del ejercicio de 2014, la tasa máxima de tributación para las personas físicas se incrementó al 35%, mientras que la tasa máxima de las personas morales se mantuvo en 30%, discrepancia que ahora origina que el artículo 140, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, devenga inconstitucional, porque viene a romper con el esquema de neutralidad fiscal que tenía en 2013, puesto que ahora la persona física que percibe el dividendo, debe piramidarlo, aplicando la tarifa respectiva al ingreso ficticio, que a partir de 2014 contempla como tasa máxima el 35%, para luego acreditar el impuesto pagado por la persona moral que distribuyó los dividendos calculando con la tasa del 30%, lo que implica que deba pagar un impuesto sobre el ingreso ficticio, es decir, sobre un ingreso que jamás modificó de manera positiva su patrimonio.
Que con motivo de la diferencia entre las tasas máximas de tributación, a partir de 2014, las personas físicas que se ubiquen en la máxima tributación del 35% y que reciban ingresos por la distribución de los dividendos, estarán obligados a pagar 5% de impuesto, respecto de un ingreso artificioso, creado con motivo de la piramidación previsto en la norma reclamada, sin que haya operado un cambio en el patrimonio de los causantes que los afecte de forma positiva, sino como resultado de una ficción.
Que la neutralidad fiscal no se actualiza, respecto del accionista que recibe utilidades (dividendos) de la empresa en el ejercicio fiscal 2014, pues si bien es cierto también se le reconoce el hecho de que dichas utilidades ya han pagado impuestos sobre la renta en las sociedad que las distribuye, lo que se materializa a través de considerar el impuesto pagado por la empresa a la tasa del 30%, como un crédito que puede hacer valido contra el impuesto a su cargo, no menos cierto resulta que ahora el accionista ya no recibe las utilidades reales que generó la empresa y además debe pagar un impuesto adicional de 5% sobre los dividendos que jamás recibió efectivamente.
Que por tanto, la norma reclamada resulta contraria al principio de proporcionalidad tributaria, puesto que cuando la persona física, se encuentra ubicada en la tasa máxima de tributación de la tarifa de las personas físicas del 35%, quedará obligada a enterar un impuesto respecto de ingresos ficticios que nunca recibió efectivamente, creados a partir de la piramidación prevista por la norma reclamada, sin que haya operado en la realidad un cambio en el patrimonio de los causantes que las afecte en forma positiva lo que desatiende a su capacidad contributiva.
Que aclarar que no se duele que a partir de dos mil catorce, las tasas máximas de tributación para personas físicas y morales sean desiguales, sino que lo que realmente causa perjuicio es que en virtud de lo dispuesto en la norma reclamada, tributa a la tasa máxima del 35% y ni recibe las utilidades reales generadas por las personas morales de las cuales es socio o accionista y, no obstante eso, se le obliga a pagar impuesto sobre la renta sobre la totalidad de las mismas, como si efectivamente las hubiese recibido, lo cual genera que el causante tribute en una porción mayor a la renta real efectivamente percibida, es decir, desconociendo su capacidad contributiva.
30. Sentencia de amparo. Las consideraciones por las que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante sentencia de ocho de diciembre de dos mil quince, negó el amparo al quejoso, fueron las siguientes:
En el considerando cuarto, el Juzgado de Distrito declaró infundadas las causales de improcedencia, hechas valer por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y el presidente de la República, previstas en el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
En el presente asunto, abordó dicha causal de improcedencia desde la perspectiva del interés jurídico que estatuye que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por ser el sujeto a quien se dirige la ley. Ello es así, refirió porque el quejoso intenta la acción de amparo por estimar que es destinatario directo de la norma jurídica reclamada, es decir, por considerar que se ubica en el grupo de contribuyentes a quienes se les obliga a acumular sus dividendos a la base gravable del impuesto sobre la renta.
Por lo que, contrario a lo que sostienen las autoridades responsables, sí le asiste al quejoso el derecho de combatir la norma con motivo de su primer acto de aplicación; de ahí que resulten infundados los motivos en que sustentan dichas autoridades la causal de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
En el considerando quinto, el Juzgado de Distrito determinó que son infundados por una parte e inoperantes por otra los argumentos que hace valer el quejoso.
Señaló, que conforme a lo previsto en la norma combatida, se obliga a las personas físicas a acumular a sus ingresos los dividendos o utilidades que les sean distribuidos y se les permite acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto pagado por dicha sociedad, correspondiente al dividendo o utilidad percibido y cuente con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción XI del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
De igual manera, precisó que tal disposición normativa prevé que el impuesto pagado por la sociedad, se determinará aplicando la tasa del artículo 9 del citado ordenamiento legal, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286.
Indicó que de las disposiciones anteriores se colige que las personas morales están obligadas a determinar el impuesto sobre la renta anual aplicando la tasa del treinta por ciento al resultado fiscal del ejercicio, el cual se obtiene de disminuir a la totalidad de los ingresos acumulables las deducciones permitidas por la ley (utilidad fiscal) y a la cantidad así obtenida disminuirle en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar a ejercicios anteriores.
Así también, destacó que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa del treinta por ciento para determinar el impuesto que se debe aplicar dichos dividendos, los cuales, se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida del treinta por ciento.
Refirió, que también se prevé la forma en que será calculado el impuesto sobre la renta para personas físicas una vez que se sumen todos los ingresos obtenidos, así como la tarifa que habrá de aplicarse sobre el excedente el límite inferior, que oscila del uno punto noventa y dos por ciento (1.92%) hasta el treinta y cinco por ciento (35%).
Señaló, que el dividendo es un derecho individual que corresponde a todos los socios de percibir un beneficio económico de las utilidades que obtenga la sociedad; en tanto, las utilidades, son aquéllas cantidades que la sociedad obtiene como consecuencia del ejercicio de la actividad social; por tanto, los dividendos no son otra cosa que las cantidades que resultan de distribuir dichas utilidades o superávit entre los socios.
Determinó, que en el caso en particular y para efectos del impuesto sobre la renta, los dividendos son la parte proporcional que de las ganancias (ingresos reales) de la empresa, le corresponden al socio o accionista, los cuales, se pagan en partidas que no son consideradas para la determinación del resultado fiscal del ejercicio en que se distribuyen, motivo por el cual, el impuesto relativo a los mismos debe formar parte del concepto que los genera y cargarse a la cuenta de la cual derivan las utilidades que se distribuyen vía dividendos.
Luego entonces, precisó que los dividendos o utilidades que percibe una persona que tributa, sí son reflejo de su capacidad contributiva; por ende, cuando una persona física recibe ingresos por concepto dividendos, tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta porque es inconcuso que se incrementa su patrimonio y ello refleja su capacidad para contribuir a los gastos públicos.
Resolvió que lo ordinario sería que como ingreso real pecuniario que aumenta su patrimonio, se sumaran a sus demás ingresos los dividendos obtenidos y se le aplicara directamente la tasa correspondiente al monto total que resultara en su ejercicio, conforme al artículo 152 de la ley del Impuesto sobre la Renta.
En ese sentido, señaló que desde la óptica de la persona física, el impuesto generado por los dividendos o utilidades, conforme lo prevé el numeral 140, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo podrá ser acreditable contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe dicho acreditamiento considere como ingreso acumulable, además, el monto del impuesto pagado por dicha sociedad correspondiente a tales dividendos.
Consideró, que lo establecido en dicho numeral, es un mecanismo que impide que un contribuyente que haya percibido dividendos o utilidades pague doblemente el tributo, es decir, que le sea retenido el impuesto sobre la renta y enterado por la persona moral que se los distribuyó, y que posteriormente, la persona física tenga que pagar de nueva cuenta dicho impuesto.
Precisó, que para evitar esa doble tributación, el legislador estableció que si la utilidad percibida por la persona física, proviene de una persona moral que distribuye dividendos (utilidades), de los cuales, pagó el impuesto correspondiente previo a su distribución, entonces la persona física válidamente podrá acreditar dicho pago contra el que se determine en su declaración anual, siempre y cuando considere como ingreso además de tales dividendos, el monto del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad.
En opinión de la quejosa, la mecánica prevista en el artículo 140, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, constituye un ingreso ficticio piramidado, pues considera que materialmente no recibió el monto que pagó la persona moral como impuesto, por lo que no se incrementa su patrimonio, y al acumular un ingreso ficticio, provoca que el socio o accionista tribute en una proporción mayor a la real efectivamente percibida, lo que aduce, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
Sin embargo, no le asistió la razón a la quejosa, pues de la regla de tributación (piramidación), se advierte que al aplicarla resulta en beneficio de la persona física que recibe el dividendo; esto es así, pues lo que genera es que técnicamente no pague impuesto sobre la renta respecto de las cantidades que recibe como dividendos o lo haga en menor proporción, a pesar de que materialmente representa un ingreso material real, que desde luego incrementa su patrimonio.
Consideró, que la regla prevista en el primer párrafo del artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta en beneficio de la parte quejosa, de tal manera que no le genera perjuicio, ni existe razón jurídica para considerar que es contraria a la Carta Magna, en cuanto al principio de proporcionalidad tributaria.
Por otra parte, determinó que resulta ineficaz el concepto de violación en el que la quejosa aduce que para que acontezca tal neutralidad fiscal es necesario que las tasas máximas de tributación fuesen iguales para las personas físicas y morales, pues para las primeras se incrementó al 35%, mientras que para las personas morales se mantuvo en 30%.
Ello, porque de los numerales 152 y 140, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que la tasa que se le aplicó al rendir su declaración respecto del ejercicio fiscal dos mil catorce, no dependió de la mecánica prevista en el artículo 140 referido, sino de su situación personal en relación con el total de los ingresos acumulables que percibió durante dicho ejercicio.
Lo anterior, en razón de que el numeral 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece la tarifa para el cálculo del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio dos mil catorce, la cual, oscila entre uno punto noventa y dos por ciento (1.92%) y treinta y cinco por ciento (35%).
Refirió, que ello implica que al rendir declaración del ejercicio fiscal, pudiera darse la particularidad de que se le aplique una tasa mayor al treinta por ciento (30%), pero también puede ocurrir que la tasa que debe ser aplicada sea aún menor a ese porcentaje, lo que generaría un beneficio mayor, pues podría ocurrir que en lugar de pagar tributo por el ingreso que materialmente recibe, tuviera saldo a favor, dado que la cantidad que resultaría de aplicar la tasa, a la suma del ingreso por dividendo materialmente distribuido más el impuesto pagado por la persona moral, fuera menor al monto que posteriormente acreditaría.
En suma, precisó que la acumulación que prevé el ordinal 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, disminuye la carga tributaria de quien recibe el dividendo, pues al sumar un ingreso no recibido, al que sólo se le aplica el porcentaje correspondiente del 1.92% hasta el 35%, de acuerdo con las tasas previstas en el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es claro que el impuesto que podría enterar, va a ser una fracción de ese monto que se acumula ficticiamente.
De manera que, si se permite que después se deduzca todo el monto ficticio que se acumuló, ello generaría que el contribuyente físico realmente no pagara impuesto sobre la cantidad que realmente recibió o lo haga en un porcentaje menor al que tendría que enterar por una cantidad que sí recibió, lo que invariablemente modifica su patrimonio y desde luego refleja su capacidad contributiva, la regla cuestionada, insistió, le beneficia con independencia de la tasa en que tribute porque al final el resultado es menor al que descuenta con motivo del acreditamiento que se le permitió realizar.
Indicó, que si al final paga un porcentaje mínimo conforme a su situación personal, esto de ningún modo implica que lo sea por un ingreso ficticio piramidado que no recibió, pues es producto del ingreso material que sí recibió y que sería mayor, en caso de que decidiera no acreditar el impuesto que pagó la persona moral por la utilidad repartida.
Concluyó que el artículo 140, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no viola el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
31. En el recurso de revisión el quejoso aduce:
ÚNICO.—Que es ilegal la sentencia recurrida, ya que las razones manifestadas por el Juez de Distrito para decretar la constitucionalidad de la norma reclamada resultan equivocadas, por partir de un análisis deficiente tanto de dicha norma como del sistema normativo en el cual está inmersa, por lo que es procedente que se revoque y se conceda el amparo solicitado.
Que es desacertado lo manifestado por el a quo, en el sentido de que hizo depender de su situación particular o hipotética, la constitucionalidad del artículo 140, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no del sistema normativo reclamado confrontado con algún postulado de la Constitución.
Que en la demanda de amparo se argumentó que el dispositivo reclamado, viola el principio de proporcionalidad tributaria, al obligarla a ella y a cualquier persona física que se ubicará en la hipótesis normativa, a acumular de manera piramidada a sus demás ingresos los obtenidos por dividendos o utilidades distribuidos, lo que provoca que se tenga que acumular y pagar un impuesto respecto de un beneficio ficticio que en realidad no se recibió, ni mucho menos incrementó de manera positiva su patrimonio.
Que como lo refiere el a quo en la sentencia, tal acumulación debe efectuarse de manera muy particular, pues la persona física no sólo debe acumular el importe efectivamente recibido por concepto de dividendo, sino también el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que le distribuyó el dividendo, de ahí que al momento en que la persona física acredite dicho impuesto no haya un incremento en su carga tributaria.
Que es inconcuso que al amparo de la norma controvertida, todas las personas físicas que reciban ingresos por dividendos, tendrán la obligación de acumular éstos, de manera piramidada, a sus demás ingresos, a efecto de realizar el quántum del impuesto sobre la renta, situación que acusó como violatoria del principio de proporcionalidad.
Que en la demanda de amparo efectivamente confrontó lo dispuesto por el artículo 140, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el principio de proporcionalidad tributaria, porque se obliga a cualquier persona física que reciba ingresos por dividendos a acumular éstos a sus demás ingresos de manera piramidada, lo que provocaba que se tuviera que acumular y pagar un impuesto respecto de un ingreso ficticio que en realidad no se recibió, ni incrementó de manera positiva su patrimonio.
Que por ello es ilegal y erróneo lo aducido por el a quo, respecto de que hizo depender la inconstitucionalidad de la norma reclamada de su situación particular, pues confrontó la norma secundaria con la Carta Magna y llegó a la conclusión de que se realizó un desacato constitucional en su perjuicio.
Que el a quo perdió de vista que una de las principales características de las leyes es su obligatoriedad y su observancia general y, por ende, cualquier persona física que reciba ingresos por dividendos, estará indefectiblemente obligada a acatar lo dispuesto por el artículo 140, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, a acumular de manera piramidada a sus demás ingresos, los que perciban por la distribución de dividendos.
Que es claro que no hizo depender la constitucionalidad de la norma reclamada de su situación particular o hipotética, como dice el a quo, sino que se basó en la obligatoriedad que dicha norma impone a todas las personas físicas situadas en dicha hipótesis legal, de acumular de manera piramidada a sus ingresos, aquellos que se perciben por la distribución de dividendos y además confrontó tal obligación legal con el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, concluyendo de que tal exigencia resulta transgresora de dicho principio.
Que no es óbice a lo anterior, que el Juez manifieste que la tasa de tributación que se le aplica no depende del ejercicio descrito en el artículo 140, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino de la situación personal de cada contribuyente, en relación con el total de los ingresos acumulables que percibía en el ejercicio, de ahí que se pudiera aplicar una tasa mayor al 30% o menor a dicho porcentaje, lo que en el segundo supuesto, le generaría un beneficio mayor al causante, pues podía ocurrir que en lugar de pagar tributo por el ingreso que materialmente recibe, tuviera un saldo a favor.
Que si bien manifestó que es inconstitucional la norma reclamada con motivo de las diferencias existentes entre las tasas máximas de tributación para las personas físicas y para las personas morales, pues ahora tendría que pagar un 5% de impuesto sobre la renta, sobre el ingreso ficticio piramidado, es decir, sobre una cantidad que no le reportó un ingreso real, ya que jamás fue efectivamente recibido, generándose una distorsión que lo hacía contribuir sin atender a su real capacidad contributiva, pues lo justo sería que se pagará esa sobretasa, respecto de una base real y no una ficticia.
Que ello no permite considerar, como lo hizo el a quo, que hizo depender la inconstitucionalidad de la norma reclamada de una situación particular o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28717-0274a82b/ingresos-por-dividendos-percibidos-por-personas-fisicas-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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