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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESTE RECURSO SE ENCUENTRA LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE LA NORMA GENERAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNA, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1121/2012. · Registro digital (IUS): 25040
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-05-23
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Pág. 774.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1121/2012. 11 DE JULIO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: EVERARDO MAYA ARIAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.(1)

SEGUNDO. El recurso de revisión principal fue interpuesto por parte legítima, en tanto que lo presentó el quejoso **********, autorizada en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, habida cuenta que la sentencia recurrida le perjudica, por no haberse concedido el amparo en los términos que solicitó al esgrimir sus conceptos de violación en su escrito de demanda de amparo.

Por otra parte, el recurso de revisión principal se interpuso dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; al respecto se toma en cuenta que la sentencia recurrida se le notificó por lista, el veintitrés de marzo de dos mil doce (foja 237 reverso, del juicio de amparo directo), notificación que surtió sus efectos el día veintiséis siguiente, por lo que el aludido plazo transcurrió del veintisiete de marzo al doce de abril, descontándose los días treinta y uno de marzo, así como el primero, cuatro, cinco, seis, siete y ocho de abril del año en curso, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el punto segundo, incisos a) y b) del Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que si el recurso de revisión se presentó el doce de abril de dos mil doce, en la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, resulta oportuno.

Asimismo, el recurso de revisión adhesiva fue interpuesto por parte legitimada para ello, en tanto que la recurrente Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le reconoció el carácter de tercera perjudicada en el juicio de amparo directo. (foja 111 del juicio de amparo directo)

El subprocurador fiscal federal de Amparos, está legitimado para actuar en representación del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 72, fracciones I y VI, del reglamento interno de dicha secretaría.

Además de que dicha revisión adhesiva fue presentada en tiempo, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, al advertirse que el auto de admisión del recurso principal fue notificado al secretario de Hacienda y Crédito Público el ocho de mayo de dos mil doce (foja 354 del cuaderno de amparo directo en revisión), por lo que el plazo de cinco días señalado en el artículo de referencia, transcurrió del once al diecisiete de mayo de dos mil doce, excluyéndose los días diez, doce y trece de mayo de dos mil doce, el primero por haberse suspendido las labores en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del acuerdo tomado en sesión privada del Pleno de este Alto Tribunal el siete de mayo de este año.

Por lo que si el recurso adhesivo fue presentado el diecisiete de mayo de dos mil doce, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que fue promovido dentro del plazo legal.

TERCERO. El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó el argumento esgrimido en el segundo concepto de violación, vertido en relación con la inconstitucionalidad del artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los términos siguientes:

"SEXTO. ... En primer orden, se analiza la parte in fine del segundo de los conceptos de violación, en el que alega: ‘En el supuesto no concedido de que se considerara que es válido el contenido del acto reclamado, resulta entonces que el artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta inconstitucional, pues permite a la Sala Fiscal, la inclusión de elementos argumentativos no esgrimidos por las partes al momento de fijar la litis en el juicio contencioso administrativo, violentándose con ello en mi perjuicio las garantías de seguridad, certeza jurídica y pleno acceso a la justicia contenidas en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’ (foja 28 último párrafo y primer párrafo de la foja 29 del juicio de amparo)

"El argumento es inoperante, porque los conceptos de violación que se formulen para impugnar un precepto que se estime inconstitucional, deben consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto que demuestre por qué se considera que aquél es contrario a una norma de la Ley Fundamental, siendo por tanto un requisito sine qua non la especificación de ésta, condición que no se satisface si se citan genéricamente varios artículos que contienen varias garantías. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este propio tribunal comparte, visible en la página cuatrocientos setenta y nueve del tomo tercero, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. REQUISITOS DEL.’ (se transcribe)."

CUARTO. La parte recurrente hace valer en sus agravios, los argumentos que a continuación se sintetizan:

a) Que la sentencia que se recurre debe dejarse sin efectos, toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito emisor de la resolución sujeta a revisión, se pronunció en forma incompleta e incorrecta, al haber declarado inoperante el argumento en relación, a si el artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo violaba los principios de seguridad y certeza jurídica, consagrados por los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la inoperancia que adujo el Tribunal Colegiado de Circuito no se actualizaba en el caso particular, toda vez que en el agravio segundo que se desestimó en esos términos, sí se señaló el razonamiento jurídico de la violación, los artículos de la Constitución Federal transgredidos y las garantías contempladas en ellos, por lo que ese tribunal, sí tuvo que haber entrado al fondo de la cuestión de constitucionalidad planteada.

b) Que debe dejarse sin efectos la sentencia, en virtud de que al emitirla el Tribunal Colegiado de Circuito, omitió pronunciarse sobre las cuestiones de constitucionalidad efectivamente planteadas por el quejoso en sus conceptos de violación primero, cuarto, quinto, sexto y noveno de la demanda de amparo directo, toda vez que su pronunciamiento no versó respecto a las violaciones aludidas, sino que solamente se limitó al estudio de cuestiones de legalidad.

QUINTO. En virtud de que la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, es necesario determinar si, en la especie, se satisfacen los requisitos de procedencia de dicho recurso.

Para el efecto, debe tenerse presente que este Alto Tribunal al analizar los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo; y, 10, fracción III, y 21, fracción III, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha precisado, cuáles son los requisitos básicos que condicionan la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en amparo directo, en la jurisprudencia siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."(2)

Del análisis de la jurisprudencia transcrita se evidencia, que es indispensable que concurran requisitos mínimos para que sea procedente el recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en amparo directo, a precisar:

1. La presentación oportuna del recurso.

2. La exposición de argumentos en la demanda de amparo directo sobre la inconstitucionalidad de una norma general (aun en la hipótesis de que se omita su estudio en la sentencia), o que se haya realizado una interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal en la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito o exista decisión sobre dicho argumento de inconstitucionalidad.

3. El problema de constitucionalidad (por interpretación de forma directa de una norma suprema o por análisis de una inferior jerárquicamente) debe entrañar la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, de acuerdo con las bases previstas en acuerdos generales emitidos por este Alto Tribunal.

Además, destaca de la jurisprudencia transcrita que, por regla general no se surten los requisitos de importancia y trascendencia, cuando existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define el problema de constitucionalidad planteado en la demanda de amparo, o en el recurso de revisión no se hayan expresado agravios o éstos se estimen ineficaces, inoperantes, inatendibles, insuficientes, entre otras denominaciones análogas, cuando no se actualice ninguno de los supuestos que para suplir la deficiencia de la queja establece el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Conforme a lo anterior, el presente recurso cumple con los requisitos aludidos, en virtud de que en los conceptos de violación el quejoso hizo señalamiento respecto de la inconstitucionalidad de los siguientes preceptos:

a) Artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

b) Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

c) Artículo 119-J, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001.

d) Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.

e) Artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

f) Fracción XVI del artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002.

g) Artículo 125, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002.

h) Artículo 125, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2003.

i) Artículo 7, fracción XII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

De lo que se desprende que, en el caso, se reúnen los dos primeros requisitos de procedencia del recurso precisado al inicio de este considerando, ya que, por una parte, la presentación del recurso fue oportuna, como se destacó en el considerando segundo y, por otra, en la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito se formularon pronunciamientos de constitucionalidad e incluso también se alega la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito que deriva de la falta de pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de los preceptos legales antes detallados en los incisos b) a i), además de que también se cubre el tercero de los requisitos, en atención a que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, pues en el recurso de revisión subsiste el problema de constitucionalidad planteado.

SEXTO. Precisado lo anterior, debe señalarse que no es óbice para analizar el recurso de revisión, la circunstancia que la Sala responsable ya haya dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito indicado, pues la resolución dictada en pretendido cumplimiento debe quedar insubsistente, de conformidad con el criterio siguiente:

"AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. Conforme al párrafo primero del artículo 104 de la Ley de Amparo, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que cause ejecutoria la sentencia que haya concedido el amparo solicitado o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución pronunciada en amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y a las demás partes. De lo anterior se sigue que el cumplimiento de una sentencia de amparo directo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria. En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en vía de cumplimiento a una sentencia de amparo directo recurrible que no ha causado ejecutoria y que, por tanto, no es vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no ha adquirido firmeza legal."(3)

SÉPTIMO. Establecido lo anterior, se analizan los agravios vertidos por la parte recurrente.

En el agravio primero, el recurrente esencialmente aduce que la sentencia recurrida debe dejarse sin efectos, en virtud de que el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció de forma incompleta e incorrecta sobre la cuestión de constitucionalidad planteada en su segundo concepto de violación, ya que éste no estudió al declarar inoperantes los argumentos encaminados a combatir la inconstitucionalidad del artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Que la inoperancia que adujo el Tribunal Colegiado de Circuito no se actualizaba en el caso particular, toda vez que en el agravio segundo que se desestimó en esos términos, sí se señaló el razonamiento jurídico de la violación, los artículos de la Constitución Federal transgredidos y las garantías contempladas en ellos, por lo que ese tribunal sí tuvo que haber entrado al fondo de la cuestión de constitucionalidad planteada.

La parte recurrente aduce lo anterior, en virtud de que dicho tribunal declaró inoperante el argumento esgrimido, al considerar que éste carece de razonamiento jurídico concreto que demuestre el motivo por el que se considera inconstitucional el artículo antes referido.

Se estima fundado el agravio primero de la parte recurrente.

Para dar sustento a la anterior consideración, es menester transcribir la parte del segundo concepto de violación en donde el quejoso impugna la constitucionalidad del artículo antes mencionado, alegando lo siguiente:

"En el supuesto no concedido de que se considerara que es válido el contenido del acto reclamado, resulta entonces que el artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta inconstitucional, pues permite a la Sala Fiscal, la inclusión de elementos argumentativos no esgrimidos por las partes al momento de fijar la litis en el juicio contencioso administrativo, violentándose con ello en mi perjuicio las garantías de seguridad, certeza jurídica y pleno acceso a la justicia contenidas en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Como se puede apreciar, la calificación realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito sobre la inoperancia del argumento del quejoso, es desacertada.

Se arriba a lo anterior, en tanto que para impugnar la constitucionalidad de algún precepto legal necesariamente se deben satisfacer los requisitos siguientes:

1. El señalamiento de la norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada.

3. Los conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance jurídico.

Al respecto y tal y como lo refiere el recurrente, la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito, le ocasiona perjuicio por haber dejado de analizar la cuestión constitucional planteada aduciendo la inoperancia de aquélla, toda vez que del análisis integral de la demanda de garantías pueden desprenderse los elementos mínimos como es el precepto de la norma secundaria impugnada: 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; los artículos 14, párrafo segundo, 16 y 17 de la Constitución Federal que estima violados y la lesión que el quejoso estima origina su inconstitucionalidad, destacando que el precepto tildado de inconstitucional permite a la Sala Fiscal, la inclusión de elementos argumentativos no esgrimidos por las partes al momento de fijar la litis en el juicio contencioso administrativo, violentándose con ello sus garantías de seguridad, certeza jurídica y pleno acceso a la justicia.

Cabe destacar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 68/2000,(4) sostiene el criterio que la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, y es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.

Tal y como quedó destacado, puede advertirse del análisis de los argumentos de inconstitucionalidad vertidos por la parte quejosa en su segundo concepto de violación respecto del artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la causa de pedir con todos sus elementos, de tal manera que contrario a lo sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito el segundo de los conceptos de violación del quejoso, en la parte antes transcrita, sí cumple con los requisitos mínimos a satisfacer para un planteamiento de inconstitucionalidad de la norma que refiere, por lo que sí estuvo en posibilidad de examinar la cuestión planteada y al no hacerlo la resolución recurrida agravió al recurrente.

Enseguida y en atención a la forma en que se resolverá, procede abordar el análisis del segundo de los agravios, en el cual el recurrente aduce que el Tribunal Colegiado de Circuito, al emitir su resolución omitió pronunciarse sobre las cuestiones de constitucionalidad efectivamente planteadas por el quejoso en sus conceptos de violación primero, cuarto, quinto, sexto y noveno de la demanda de amparo directo, toda vez que su pronunciamiento no versó respecto a las violaciones aludidas, sino que solamente se limitó al estudio de cuestiones de legalidad.

Esos argumentos son fundados.

Para dar sustento al anterior aserto, cabe tener presente que en los conceptos de violación primero, cuarto, quinto, sexto y noveno de la demanda de amparo directo el quejoso formuló expresamente los argumentos siguientes:

Primer concepto de violación

"... De prevalecer como válido el argumento esgrimido por la autoridad responsable, sobre el acreditamiento del origen de las aportaciones a la cuenta de capital de aportación, a pesar de que tal obligación no existe legalmente, debe decirse entonces, que los artículos 119-J, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2001, 28 del Código Fiscal de la Federación y 26 del reglamento del mencionado cuerpo de leyes, son inconstitucionales, al desprenderse de su interpretación la obligación en comento, a pesar de que de su simple lectura ello no existe, generándose con ello en mi perjuicio una violación de las garantías de seguridad y certeza jurídica, contenidas en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, lo cual es motivo suficiente para que se otorgue en mi favor el amparo y protección de la justicia federal ..." (foja 16 del juicio de amparo)

Cuarto concepto de violación

"... En el supuesto jamás concedido, de que fuera considerado válido el argumento de la autoridad responsable, tenemos entonces que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es inconstitucional, por violación directa de las garantías de igualdad, seguridad, certeza jurídica y proporcionalidad tributaria, contenidas en los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues únicamente se permite la modificación de partidas contables, para el efecto de la determinación de obligaciones a cargo del contribuyente, mientras que en tratándose de beneficios tributarios a favor del gobernado, tal modificación se encuentra impedida." (foja 48 del juicio de amparo)

Quinto concepto de violación

"... En el supuesto no concedido de que el argumento de la autoridad responsable fuera considerado válido, entonces resultaría inconstitucional la fracción XVI del artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, al no reconocer de manera completa los incrementos sobre la cuenta de capital de aportación y por tanto las cantidades reales generadas como pérdida fiscal, en contravención del principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ..." (foja 57 del juicio de amparo)

Sexto concepto de violación

"... De prevalecer la legalidad del argumento esgrimido por la autoridad responsable, debe decirse entonces que el artículo 125, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002, resulta inconstitucional, por su contravención a las garantías de seguridad, certeza jurídica, pues a pesar de que de su conformación textual, no establece como requisito para las deducciones de erogaciones efectuadas a través de cheque el cobro de los mencionados títulos de crédito, de su interpretación dicha exigencia resulta posible, ello según lo establecido por la autoridad responsable.

"Debe decirse, que de considerarse válido lo efectuado por la autoridad responsable, se estaría permitiendo la aplicación retroactiva del contenido del artículo 125, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2003, sobre hechos acontecidos durante el ejercicio 2002, contraviniéndose con ello el principio de no aplicación retroactiva de la norma en perjuicio de los gobernados ..." (foja 66 del juicio de amparo)

Noveno concepto de violación

"... En el supuesto jamás concedido, de que permaneciera como válida la ausencia en la aplicación del artículo 7, fracción XII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en el caso que nos ocupa, tenemos entonces que dicho numeral resulta inconstitucional, pues el no ejercicio de la facultad administrativa que en él se contiene genera una violación en mi perjuicio de las garantías de seguridad y certeza jurídica ..." (foja 86 del juicio de amparo)

De la anterior transcripción se advierten diversos planteamientos de constitucionalidad, respecto de los cuales sin prejuzgar en este momento acerca de la pertinencia de su contenido, sí implicaban la obligación para el Tribunal Colegiado de Circuito, de pronunciarse sobre el particular; empero del contenido íntegro de la resolución sujeta a revisión no se advierte que se hubiese ocupado de ellos, ya fuera desestimándolos o bien justificando la razón para la omisión de su análisis.

Cabe destacar que no pasa inadvertido, que el Tribunal Colegiado de Circuito, señaló en la resolución recurrida que se ocupaba de los argumentos contenidos en los conceptos de violación antes destacados, empero, también se advierte que el análisis que realizó respecto de esos conceptos de violación comprendió únicamente los aspectos de legalidad en ellos contenidos, sin que hubiese realizado pronunciamiento expreso en relación con los argumentos de inconstitucionalidad antes transcritos, respecto de los cuales, se insiste, el Tribunal Colegiado de Circuito tenía la obligación de pronunciarse.

Atento a las anteriores consideraciones, lo fundado de los dos agravios vertidos por la parte recurrente trae como consecuencia la modificación de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito y con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a examinar los argumentos de inconstitucionalidad contenidos en la demanda de amparo directo.

Cabe destacar, que ante lo fundado de los agravios en la parte analizada, lo cual conduce a estudiar los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, y con lo cual se satisface la pretensión de la parte recurrente, se estima innecesario abordar los argumentos contenidos en el recurso de revisión contenidos en el apartado denominado "control de convencionalidad".

OCTAVO. Toda vez que los argumentos de constitucionalidad comprenden diversos preceptos legales, se analizarán atendiendo a la técnica que para el análisis de los conceptos de violación rige en materia de amparo directo.

En el segundo de los conceptos de violación, el quejoso arguye lo siguiente:

"En el supuesto no concedido de que se considerara que es válido el contenido del acto reclamado, resulta entonces que el artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resulta inconstitucional, pues permite a la Sala Fiscal la inclusión de elementos argumentativos no esgrimidos por las partes al momento de fijar la litis en el juicio contencioso administrativo, violentándose con ello en mi perjuicio las garantías de seguridad, certeza jurídica y pleno acceso a la justicia, contenidas en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

De la anterior transcripción se advierte, que el quejoso esgrime la inconstitucionalidad del artículo 50, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que permite a la Sala Fiscal, la inclusión de elementos argumentativos no esgrimidos por las partes al momento de fijar la litis en el juicio contencioso administrativo.

El referido artículo es del contenido siguiente:

"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios."

Delimitado lo anterior, cabe tener presente que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio siguiente:

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). Cuando el juicio de amparo directo derive de un juicio de nulidad en el que se controvierta un acto o resolución en que se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violación, y no se actualice el supuesto de suplencia de la queja previsto en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, para que proceda el estudio de su constitucionalidad, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que se haya aplicado la norma controvertida; 2. Que cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso; 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, o uno posterior, distinto de las aplicaciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25040-efa97388/revision-en-amparo-directo-dentro-de-las-cuestiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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