AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EL CONSENTIMIENTO DE LA NORMA GENERAL RECLAMADA, POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DE APLICACIONES ANTERIORES, TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). NEGATIVA FICTA. PUEDE CONSTITUIR ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL, IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, UNA VEZ RESUELTO EL JUICIO DE NULIDAD, SI ÉSTE FUE DESFAVORABLE.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1002/2004. DIAGEO MÉXICO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. (ANTES GUINNESS UDV MÉXICO, S.A. DE C.V.).
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo directo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto del diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo Plenario Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve; en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, y si bien subsiste el aspecto de constitucionalidad, no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia que amerite el conocimiento del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, porque de las constancias de autos se advierte que el fallo recurrido se notificó personalmente a la parte quejosa el ocho de junio de dos mil cuatro, por lo que esa notificación surtió efectos el nueve siguiente, y la temporalidad de diez días transcurrió del diez al veintitrés de junio de dos mil cuatro, descontándose al respecto el doce, trece, diecinueve y veinte de ese mismo mes y año, por ser sábados y domingos inhábiles, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de tal manera que si el escrito correspondiente se presentó el veintitrés de junio de dos mil cuatro, es patente que se interpuso oportunamente.
Por otro lado, en lo que se refiere a la revisión adhesiva del administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en ausencia por suplencia del administrador central jurídico -tercero perjudicado-, fue interpuesta oportunamente, pues la admisión del recurso de revisión se notificó el siete de julio de dos mil cuatro, por lo que dicha notificación surtió efectos el ocho siguiente, y el plazo de cinco días que dispone el artículo 83, fracción V, párrafo último, de la Ley de Amparo, inició el nueve y feneció el quince de julio pasado, ya que deben descontarse el diez y once de julio de dos mil cuatro por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 23 de la ley reglamentaria de mérito; de ahí que si el recurso adhesivo se presentó en la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el propio quince de julio de esta anualidad, es patente que se hizo dentro del aludido plazo.
TERCERO. El promovente tiene legitimación para interponer el presente recurso de revisión, habida cuenta de que su calidad de apoderado de la empresa quejosa fue reconocida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el auto admisorio de la demanda de amparo directo del veinte de enero de dos mil cuatro.
Además, el recurso de revisión adhesivo de que se trata fue interpuesto por el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en suplencia del administrador central jurídico, con fundamento en el artículo 17, apartado B, fracción XII, inciso b), y párrafo último, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil tres, siendo indudable que tiene legitimación para intentarlo en su calidad de autoridad tercera perjudicada.
CUARTO. Debe analizarse si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, así como el punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, que aparece publicado el veintidós de junio del mismo año, para estar en aptitud de decidir sobre la procedencia del recurso de revisión a que este toca se refiere y, por ende, también sobre la revisión adhesiva.
Con tal objetivo, debe tenerse presente que este Alto Tribunal al analizar los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, y 10, fracción III y 21, fracción III, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha precisado cuáles son los requisitos básicos que condicionan su procedencia contra las sentencias dictadas en amparo directo, en la jurisprudencia que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 64/2001, página 315).
Del análisis de la jurisprudencia transcrita se evidencia que es indispensable que concurran requisitos mínimos para que sea procedente el recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en amparo directo, a precisar:
1. La presentación oportuna del recurso.
2. La exposición de argumentos en la demanda de amparo directo sobre la inconstitucionalidad de una norma general (aun en la hipótesis de que se omita su estudio en la sentencia), o que se haya realizado una interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal en la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Circuito, o exista decisión sobre dicho argumento de inconstitucionalidad.
3. El problema de constitucionalidad (por interpretación de forma directa de una norma suprema o por análisis de una inferior jerárquicamente) debe entrañar la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, de acuerdo con bases previstas en acuerdos generales emitidos por este Alto Tribunal.
Además, destaca de la jurisprudencia transcrita que, por regla general, no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define el problema de constitucionalidad planteado en la demanda de amparo, o en el recurso de revisión no se hayan expresado agravios, o éstos se estimen ineficaces, inoperantes, inatendibles, insuficientes, entre otras denominaciones análogas, cuando no se actualice ninguno de los supuestos que para suplir la deficiencia de la queja establece el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
En este sentido, debe señalarse que el recurso de mérito sí cumple con los requisitos antes aludidos, en virtud de que en los conceptos de violación la quejosa impugnó la constitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, y en esta instancia pretende demostrar que los mencionados conceptos no son ineficaces, para lo cual expone importantes argumentos que no pueden ser materia de análisis en la procedencia del recurso, sino al resolverse éste.
En tales condiciones, como el recurso de revisión adhesiva sigue la misma suerte que el principal, también debe considerarse procedente aquél.
QUINTO. Conviene puntualizar, en primer término, que en el escrito de expresión de agravios la parte recurrente manifiesta, en síntesis, lo siguiente:
a) Que el Tribunal Colegiado de Circuito vulneró lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, en la medida en que éste impone la obligación de suplir la deficiencia de la queja cuando el acto se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aconteció con el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos (para este argumento, la recurrente desarrolló lo que a su criterio constituye la finalidad de esa suplencia especial, de las fojas 11 a la 23 y de la 29 a la 36 del recurso de revisión).
b) Que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE RECLAME EL PRIMERO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", definió que tratándose de disposiciones declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante su aplicación real y concreta, procede otorgar el amparo solicitado, supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia.
c) Que el Tribunal Colegiado de Circuito infringió los artículos 107 de la Constitución Federal y 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque es incorrecta la conclusión a la que arribó en el sentido de que la norma reclamada fue consentida por no promoverse contra su primera aplicación el juicio de amparo indirecto, "ya que las reglas para el amparo biinstancial, en el caso de la impugnación de leyes, no tienen aplicación en el juicio de amparo directo, ya que el ordenamiento legal no es reclamado como un acto autónomo de las autoridades, sino que su inconstitucionalidad debe hacerse valer en los conceptos de violación planteados en la demanda, por encontrarse condicionada la inconformidad del promovente a la aplicación de la norma en la resolución reclamada, de modo que los efectos de la sentencia de amparo no incidirán directamente en la ley en sí, sino en la resolución en que ésta fue aplicada, y en esos términos no puede considerarse que el reclamo de su inconstitucionalidad se encuentre constreñido al primer acto de aplicación al gobernado, como sucede en el juicio de amparo biinstancial, ni a las mismas reglas de procedencia de la acción". En apoyo a su postura, citó la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "APLICACIÓN DE LEYES EN SENTENCIAS EMITIDAS EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO."
d) Que el órgano primigenio determinó que la quejosa había consentido los efectos del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, con base en el amparo directo en revisión número 1887/2003, resuelto en sesión del veinticinco de febrero de dos mil cuatro, por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, "pero sin molestarse en revisar y analizar con el detenimiento debido el por qué ese estatus jurídico, ya que sólo se constriñe a señalar tal hecho ... de donde se concluye que las consideraciones que lleva a cabo el tribunal a quo en la sentencia que se recurre, para sostener la supuesta improcedencia del juicio de amparo por consentimiento no tiene fundamento alguno en la Ley de Amparo", habida cuenta que el artículo 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, prevé la obligación de los Magistrados de resolver todas las cuestiones planteadas en el juicio de amparo.
e) Que las reglas para controvertir una norma general en el juicio de amparo directo constituyen serias trampas procesales con el deleznable propósito de evitar analizar el fondo de los asuntos, lo que es contrario a la naturaleza generosa de la institución del juicio de garantías pues, entonces, no existiría "un instrumento procesal idóneo para controlar o vigilar los actos del Poder Ejecutivo dando lugar a que se pierda de vista la finalidad del juicio de amparo, que es el tutelar la supremacía de la Constitución."
f) Que contrario a lo sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el juicio de nulidad se expusieron planteamientos de inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos; en consecuencia, había materia para decidir de fondo en el juicio de amparo directo si dicho precepto transgrede o no los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, con base en el criterio contenido en la tesis aislada de rubro: "ADUANERO, DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (SIC). EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR LAS IMPORTACIONES EN QUE SE UTILICE UN PEDIMENTO CONFORME A LA LEY ADUANERA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1991)."
g) Que por todas las anteriores razones, el Tribunal Colegiado de Circuito transgredió la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal.
Son inoperantes los planteamientos sintetizados en el último inciso, de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 2/97 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Se reitera, son inoperantes los argumentos en los que la parte recurrente sostiene que la sentencia recurrida vulnera la garantía individual contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual puedan examinarse violaciones a las garantías individuales, debido a su naturaleza, así como la función de control de la constitucionalidad que desempeña; no obstante, el juzgador de amparo puede infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados, lo que puede alegarse mediante la violación a disposiciones de una ley ordinaria que regule el trámite del juicio de amparo, pero no respecto de garantías individuales.
En ese tenor, para resolver la problemática planteada en los restantes argumentos, resulta de especial importancia puntualizar que por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil dos, Guinness UDV México, Sociedad Anónima de Capital Variable, hoy Diageo México Comercializadora, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó la devolución del pago de lo indebido, de acuerdo con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues afirmó que en los ejercicios de mil novecientos noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, dos mil y dos mil uno, pagó los derechos de trámite aduanero mediante pedimentos de importación, siendo que en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, se toma en cuenta un elemento ajeno al monto de la prestación del servicio que es el valor de los bienes para los efectos del impuesto general de importación, contrario a la naturaleza de dicho ingreso establecida en el artículo 2o., fracción IV, del código tributario de mérito, que sin duda incidió en el monto final que pagó. Para mayor claridad al respecto, resulta oportuno transcribir el referido escrito:
"Guinness UDV México, S.A. de C.V.
"Se solicita la confirmación de criterio que se indica.
"Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presente.
"María Blanca Torres Navarrete Arriaga (RFC: TOBA-460607-R53), en nombre y representación de Guinness UDV México, S.A. de C.V. (RFC: GME-871114-4V5), personalidad que acredito en términos del testimonio notarial que se acompaña como anexo 1 al presente escrito, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, únicamente por lo que respecta al trámite del presente asunto, el ubicado en la calle Juárez número 3, esquina Francisco I. Madero, colonia Tlacopac, código postal 01040, México, Distrito Federal, y autorizando para todos los efectos del artículo 18, fracción IV, y 19 del Código Fiscal de la Federación (CFF) a los señores José Antonio Borja Márquez, Antonio Alberto Vela Peón, Omar Gálvez Guzmán, Sergio Tena Junyent, Luis Miguel Padilla de la Torre y Alberto Enrique Aguilar Arellano, todos con número telefónico (55) 56630300, con el debido respeto comparezco y expongo:
"Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 18, 18-A, 22, 34 y demás relativos y aplicables del CFF, vengo en nombre y representación de Guinness UDV México, S.A. de C.V., a solicitar a esa autoridad confirme el criterio que más adelante se describe, de conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho.
"Antecedentes.
"1. Mi mandante es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, cuyo objeto social consiste, entre otros, en la importación, exportación compra, venta, fabricación y distribución de vinos y licores, bebidas alcohólicas y productos alimenticios, así como todas las actividades relativas y conexas con el anterior objeto.
"2. Como es del conocimiento de esa autoridad, mi representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo la clave que fue citada en el proemio de este escrito, a través de la cual cumple con sus obligaciones tributarias federales, entre las que se encuentra el pago de impuestos relacionados con la importación de mercancías, tal y como se acredita con la cédula de identificación fiscal, que se acompaña como anexo 2 al presente escrito.
"3. Tal como obra en los registros de esa H. Dependencia, mi poderdante tiene su domicilio fiscal en Insurgentes Sur número 1898, cuarto piso, colonia Florida, código postal 01030, México, Distrito Federal, siendo su número telefónico (55) 5322-2440, tal y como se acredita con la forma fiscal R-1 que se acompaña como anexo 5 al presente escrito.
"4. Para realizar sus actividades conforme su objeto social descrito en el punto 1 anterior, mi representada realizó importaciones de vinos, licores, bebidas alcohólicas y productos alimenticios ante las autoridades fiscales correspondientes, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos legales correspondientes.
"5. De acuerdo con la fracción I, del artículo 49, de la LFD, el DTA se paga por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documente aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera (LA), pagando el 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación (IGI).
"6. Como es del conocimiento de esa H. Autoridad, mi representada presentó ante la aduana respectiva, por conducto del agente o apoderado aduanal, el pedimento de importación correspondiente a las importaciones de vinos, licores, bebidas alcohólicas y productos alimenticios que llevó al cabo en los años de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, efectuando el pago de los impuestos federales aplicables, incluyendo dentro de éstos el DTA a que se refiere el artículo 49, fracción I, de la LFD aludido.
"7. A efecto de que esa autoridad cuente con los elementos necesarios para resolver la presente solicitud de devolución de pago de lo indebido, se acompaña a la presente petición lo siguiente:
"a. Pedimentos de importación de los años de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, así como los comprobantes de pagos efectuados por concepto del DTA, tal como se demuestra mediante el anexo 3 que al efecto se acompaña.
"b. Relación de los pedimentos y pagos aludidos en el inciso a) anterior, descritos en el anexo 4 que se acompañan al presente escrito.
"8. En virtud de que mi representada considera que en el presente caso no se da una correlación entre el servicio público que realiza la autoridad respectiva en las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento de importación y el monto que se paga por concepto del DTA, por lo que se existen cantidades pagadas indebidamente por concepto del DTA a que se refiere el artículo 49, fracción I, de la LFD; por ello, se formula la presente petición con apoyo en las siguientes:
"Consideraciones de derecho.
"De acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como ‘derechos’ son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados.
"Los tratadistas en materia tributaria manifiestan que se pagan derechos, en los siguientes casos:
"a) En contraprestación de un servicio público particular;
"b) Cuando el Estado ejerce su monopolio sobre el servicio, pues cuando concurre con los particulares, se estará en presencia de pago de un precio privado;
"c) En la prestación del servicio, como cuando le es impuesto por una ley;
"d) Cuando el servicio es prestado sea por la administración activa o por la administración delegada del Estado.
"Por ello, dichos trámites señalan que los ‘derechos’ constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos.
"Ahora bien, el artículo 2o., fracción IV, del CFF define a los ‘derechos’ como: ‘... las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos; también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.’
"Por tanto, tomando en cuenta tanto la disposición anterior, como las ideas antes expuestas, tenemos que se están en presencia de un ‘derecho’, no de un impuesto o de otra especie de gravamen fiscal, cuando el hecho generador consista en la recepción en beneficio de los particulares de un servicio público prestado por la administración en ejercicio de funciones de derecho público, los que de esta manera reciben un beneficio individualizado y distinto del que les correspondería por el solo hecho de ser miembros de la colectividad.
"Lo anterior conduce a establecer que en el caso que nos ocupa el citado gravamen DTA califica dentro de los llamados derechos fiscales, porque deriva de la recepción de una prestación administrativa concreta, es decir, la realización de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la LA, situación descrita por el legislador como presupuesto de hecho generador del ‘derecho’, por lo que el Estado se encuentra facultado a repercutir el costo de este servicio.
"Sin embargo, el pago del DTA que establece el artículo 49, fracción I, de la LFD no tiene como finalidad recuperar el costo que le implica al Estado realiza las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la LA, sino que atiende al valor del bien a importar conforme al IGI, por lo que se está introduciendo un elemento ajeno al costo del servicio, como lo es el valor del bien a importar para repercutir el costo que le representa al Estado llevar a cabo dicha función, lo que ocasiona que el monto del DTA no guarde relación alguna con el costo del servicio, lo cual trae como resultado, que se causen contribuciones de cuantía diversa dependiendo del valor del bien a importar, aun cuando se esté recibiendo un mismo servicio, por lo anterior, es que mi representada considera que las cantidades pagadas por conceptos de DTA, que han quedado debidamente precisadas en el cuerpo del presente escrito, resulten estar pagadas indebidas y, por ende, procede su devolución en los términos del CFF.
"Dicho lo anterior en otras palabras, significa que el DTA a pagar depende del valor del bien a importar, sin tomar en consideración el costo del servicio que el Estado realiza por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente, en los términos de la LA, ya que en un bien de menor o mayor valor, las operaciones aduaneras son las mismas, pero se paga un derecho fiscal diferente, por lo tanto resulta ser que el pago por concepto de DTA no guarda relación alguna con el costo del servicio que se está realizando.
"Lo anterior es así, y en tal sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emitir la tesis que lleva por rubro: ‘ADUANERO, DERECHO DE TRÁMITE. EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR LAS IMPORTACIONES EN QUE SE UTILICE UN PEDIMENTO CONFORME A LA LEY ADUANERA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1991).’, la cual es aplicable al caso que nos ocupa, y se encuentra consultable en el Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (SCJF y G), bajo el número P. VI/98, correspondiente al mes de febrero de 1998, página 41.
"Conforme a lo anterior, en nombre y representación de Guinness UDV México, S.A. de C.V., se hace la siguiente:
"Petición.
"De conformidad con los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos en el cuerpo del presente escrito, atentamente se solicita a esa H. Administración, en nombre y representación de Guinness UDV México, S.A. de C.V., confirme el criterio de mi representada en el sentido de que las cantidades pagadas por concepto de DTA, al no tener relación con el servicio prestado, constituyen un pago de lo indebido, tal y como se ha demostrado en el cuerpo del presente. En consecuencia, en su momento se autorice la devolución de las cantidades pagadas por dicho concepto que ha cubierto mi mandante en los ejercicios y en las cantidades que han quedado debidamente señaladas en este escrit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19995-a5fd1d44/amparo-directo-contra-leyes-el-consentimiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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