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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO PROCEDE CUANDO SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS TEMÁTICAS O GENÉRICAS, RESPECTO DE TÓPICOS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1126/2004. · Registro digital (IUS): 18883
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FERRERO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 274.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1126/2004. FERRERO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Conviene puntualizar, en primer término, que en el escrito de expresión de agravios la parte recurrente manifiesta, en síntesis, lo siguiente:

a) Que el Tribunal Colegiado de Circuito vulnera los artículos 107 de la Constitución Federal y 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque la conclusión a la que arribó en el sentido de que la norma estimada inconstitucional fue consentida, al no promoverse contra su primera aplicación el juicio de amparo indirecto, evidencia que sólo ese tipo de juicio de amparo es procedente para impugnar una disposición de observancia general, lo cual es inexacto.

b) Que "la autoridad recurrida considera erróneamente que el acto impugnado en el juicio de nulidad así como en el amparo directo interpuesto, consiste en la Ley Federal de Derechos, y que por tal motivo, el supuesto acto impugnado fue consentido por mi mandante al no haber impugnado dentro del término legal para tal efecto y, lo que es más, al haberse cubierto el pago de derecho al trámite aduanero de conformidad con el artículo 49, fracción I, de la citada legislación", soslayando que el acto reclamado a través del juicio de amparo directo lo es la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad número 11448/03-17-08-5 del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde a las reglas del juicio de amparo directo contra leyes; de ahí que "es incorrecta la apreciación de la autoridad recurrida al declarar el supuesto consentimiento del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado debidamente demostrado, de ninguna forma se consiente el acto de autoridad (resolución de la Sala Fiscal), que transgrede el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos y 2o., fracción IV y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, con la aplicación incongruente del artículo 49, fracción I, del primer ordenamiento citado".

c) Que resulta procedente el estudio de inconstitucionalidad planteado en la demanda de garantías, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que no existe consentimiento de la norma aplicada durante el juicio natural, cuando en virtud de la actuación de la autoridad subsistan agravios resarcibles sólo en amparo directo, como acontece en la especie. El citado criterio está contenido en la tesis de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA HIPÓTESIS DE SU PROCEDENCIA, RELATIVA A LA IMPUGNACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES APLICADOS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN LA SECUELA DE UN PROCEDIMIENTO, SE SURTE CUANDO LA RESPECTIVA ACTUACIÓN ENGENDRA DIVERSOS EFECTOS, NO SÓLO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", además la aplicación de la norma se actualizó en la sentencia reclamada, por lo que es procedente abordar el estudio de fondo, propiamente constitucional.

d) Que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE RECLAME EL PRIMERO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", definió que tratándose de disposiciones declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante su aplicación real y concreta, procede otorgar el amparo solicitado, supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción I, de la ley de la materia; en consecuencia, si este Alto Tribunal ya estableció con carácter obligatorio que son contrarios a los principios de proporcionalidad y equidad tributarios los derechos por servicios que no guarden un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, en la jurisprudencia "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA.", es inconcuso que el Tribunal Colegiado de Circuito vulneró el artículo 192 de la Ley de Amparo, habida cuenta que "debemos ponderar que a través de jurisprudencias que sin declarar la inconstitucionalidad de un artículo en particular definen un criterio a seguir y que, por ende, resulta igualmente aplicable a los Tribunales Colegiados de Circuito y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de considerar lo contrario sería inocua cualquier actividad de esa H. Corte en aras de establecer un criterio que no resulta aplicable en ninguna controversia, pues en todos los casos la cuestión sometida a consideración de un tribunal jurisdiccional versa sobre un asunto concreto, que conlleva la aplicación de artículos concretos", siendo patente que el Tribunal Colegiado de Circuito dejó de aplicar la jurisprudencia de derechos por servicios para conceder la protección constitucional a la quejosa, en suplencia de la deficiencia de la queja en los términos indicados, aunque se trate de un tema genérico, de conformidad con la siguiente tesis: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. VALIDEZ DE LA SUSTENTADA RESPECTO DE TEMAS O CRITERIOS GENÉRICOS."

e) Que el fallo reclamado se apoyó en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos que vulnera los principios de equidad y proporcionalidad en materia tributaria, "aterrizadas en el marco legal a través de los artículos 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y 1o. de la Ley Federal de Derechos, así como el artículo 2o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de lo que igualmente resulta su inconstitucionalidad al sustentar la resolución impugnada el establecimiento de un derecho por servicio cuya base resulta incompatible con el costo del servicio prestado por el Estado en su carácter de ente público", siendo contrario, además, de la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, de acuerdo con el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE DERIVARSE DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRA LEY, A TRAVÉS DE LA DEMOSTRACIÓN DE TRANSGRESIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR LA NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO."

f) Que la Sala responsable considera inexactamente "que lo que debe prevalecer es el texto de la ley que establece un derecho a partir de un elemento ajeno, como lo es el valor de las mercancías sujetas al trámite aduanero no obstante las violaciones a nivel de legalidad y de constitucionalidad de que ello derivan."

g) Que el impugnado artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos viola, por diversos motivos, los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal (fojas 27 a la 37 del recurso de revisión 1126/2004).

h) Que por todo lo anterior resulta ilegal la falta de análisis de fondo de los conceptos de inconstitucionalidad planteados en la demanda de garantías.

En esta tesitura, para abordar con suficiente información el estudio de los anteriores planteamientos, es menester precisar que por escrito presentado el nueve de enero de dos mil tres, Ferrero de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Maurizio Ficarra, solicitó la devolución del pago de lo indebido con fundamento en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues afirmó que en el ejercicio de mil novecientos noventa y seis pagó los derechos de trámite aduanero mediante pedimentos de importación, siendo que en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos se toma en cuenta un elemento ajeno al monto de la prestación del servicio, como es el valor de los bienes para los efectos del impuesto general de importación, lo que es contrario a la naturaleza de dicho ingreso, en términos del artículo 2o., fracción IV, del código tributario de mérito, e incidió en el monto final que pagó. Para mayor ilustración al respecto, resulta oportuno transcribir el referido escrito:

"Secretaría de Hacienda y Crédito Público

"Servicio de Administración Tributaria

"Administración Local de Grandes

"Contribuyentes de Guadalajara

"Maurizio Ficarra, en legal representación de Ferrero de México, S.A. de C.V., personalidad que se acredita con el poder notarial que se adjunta al presente ocurso, con domicilio fiscal ubicado en Avenida Mariano Otero número 2510, 4o. piso, colonia Jardines del Bosque, C.P. 44520 en Guadalajara, Jalisco; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas # 3430, piso 8, Fraccionamiento Jardines de San Ignacio; C.P. 45040 en Guadalajara, Jalisco; autorizando para atender todo lo relacionado con el presente escrito en los términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Gerardo Salvador Castañeda del Río, Rodolfo Rafael Rivera Gutiérrez, Katia Elizabeth Corona García, Alma Elizabeth González Villalobos, José Luis Vélez Escalante, Haydeé Mariana Anaya García, Teresa Guillermina López González, Julieta Lepe Aguilar, Isaac Israel Rocha Peña, Liliana Gómez Padilla y Martha Cristina Sánchez Sandoval, con el debido respeto comparezco y expongo:

"Que por medio de este ocurso y en términos de lo establecido en los artículos 17- (sic) 18, 22 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, vengo a solicitar la devolución de pago de lo indebido efectuado por mi representada, manifestando para tal efecto los siguientes hechos:

"I. Mi representada es una sociedad mercantil debidamente constituida con arreglo a las leyes de la República mexicana cuyo objeto social consiste en fabricar, importar, exportar, adquirir, vender y comercializar toda clase de bebidas y alimentos en estado natural o procesados, especialmente chocolates y dulces.

"II. En el desarrollo de las actividades propias de su objeto social, mi representada ha venido realizando la importación definitiva de bienes necesarios para la realización de su actividad, razón por la cual se encuentra obligado a cubrir el derecho de trámite aduanero contemplado en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

"Al efecto se transcribe su parte conducente del referido artículo 49 de la Ley Federal de Derechos:

"‘Artículo 49. Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes tasas o cuotas:

"‘I. Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los casos distintos de los señalados en las siguientes fracciones.’

"III. En cumplimiento de lo establecido por el artículo antes transcrito, mi mandante ha venido haciendo un pago del 8 al millar sobre el valor de los bienes que importa de forma definitiva, esto por concepto de derecho de trámite aduanero, lo cual se acredita con los pedimentos de importación que se anexan.

"IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación los contribuyentes tienen derecho a obtener del fisco federal la devolución de cantidades cuando se efectúe por los mismos un pago de lo indebido.

"Para mayor claridad se transcribe en lo particular el citado artículo 22 del Código Fiscal de la Federación:

"‘Artículo 22. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. ...

"‘El fisco federal deberá pagar la devolución que procede actualizada conforme a lo previsto en la artículo 17-A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente.’

"La devolución solicitada parte del hecho de que mi representada efectuó un pago de lo indebido al enterar al fisco federal mediante los pedimentos de importación correspondiente al ejercicio de 1996 (mismos que se acompañan al presente escrito) la cantidad total de $1'047,488.00, por concepto de pago del derecho del trámite aduanero calculado a partir del 8 al millar del valor de las mercancías importadas para efectos del impuesto general de importación.

"En efecto, el entero de la cantidad de referencia constituye un pago de lo indebido en virtud de que el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos señala que para determinar el monto a pagar por concepto de este derecho se tomará como base el valor (para los efectos del impuesto general de importación) de los bienes importados, lo cual resulta contrario a la naturaleza de esta contribución consagrada en el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que el derecho de trámite aduanero se genera por la prestación de un servicio determinado por parte del Estado en sus funciones de ente público, lo que necesariamente implica que el pago debería guardar proporción con el costo que tiene para el Estado la prestación del citado servicio, y de ninguna forma basarse únicamente en un elemento ajeno como lo es el valor de las mercancías a importar.

"Bajo ese orden de ideas, es evidente el pago de lo indebido en el que incurrió mi mandante a cubrir el 8 al millar del valor de las mercancías importadas por concepto de derecho del trámite aduanero, según consta en los pedimentos de importación correspondientes al ejercicio de 1996 que al efecto se exhiben, siendo que los derechos deben guardar proporción con el costo que tiene para el Estado la prestación de este servicio.

"V. Cabe señalar que, el pago de lo indebido efectuado por mi mandante deviene del pago en sí mismo del derecho del trámite aduanero, y no en razón de alguna rectificación efectuada a los pedimentos en cuestión, esto en razón a que el artículo 89 de la Ley Aduanera, numeral que regula la rectificación de pedimentos, sólo establece la posibilidad de que se lleve a cabo dicha rectificación cuando se efectúa una modificación en los datos contenidos en el pedimento en cuestión y de ninguna forma establece como posibilidad de rectificación el que los fundamentos a partir de los cuales se exige el pago de una contribución (en la especie el derecho del trámite aduanero) resulten contrarios a derecho y, por ende, generen un pago de lo indebido.

"VI. De lo anterior, se evidencia que resulta procedente el que se autorice a mi representada la devolución de la cantidad de $1'047,488.00, con el correspondiente cálculo de intereses y actualización hasta la fecha en que sea puesta a disposición de mi representada la cantidad de referencia, toda vez que su entero al fisco federal es indebido al haberse cubierto el derecho del trámite aduanero correspondiente, a partir del 8 al millar del valor de las mercancías importadas en lugar de pagar el costo efectivo que le significó al Estado la prestación de dicho servicio.

"En vista de lo antes expuesto y de la legal procedencia de la devolución de la cantidad arriba precisada se procede a identificar la cuenta bancaria en la que en términos del referido artículo 22, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación deberá procederse a efectuar la devolución en cuestión: la cuenta bancaria es 002320030119765052 de la institución Banco Nacional de México, Banamex, sucursal 301, plaza 002, clave 23.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado a esa H. Autoridad atentamente pido:

"Primero. Tenerme por presentado este escrito en legal representación de Ferrero de México, S.A. de C.V., así como por autorizados a las personas precisadas en el cuerpo de este ocurso.

"Segundo. Previos los trámites de ley proceder a la devolución de la cantidad de $1'047,488.00, en términos de lo dispuesto por los artículos 17-A y 22 del Código Fiscal de la Federación, así como los intereses y actualización correspondiente.

"Guadalajara, Jalisco, a la fecha de su presentación.

"Rúbrica. Maurizio Ficarra."

Por su parte, el administrador de servicios "B" adscrito a la Administración General de Grandes Contribuyentes, no obsequió favorable la solicitud del contribuyente, por los siguientes motivos:

"C. Maurizio Ficarra

"Representante legal de Ferrero de México, S.A. de C.V.

"Avenida Mariano Otero No. 2510

"Col. Jardines del Bosque C.P. 44520

"Guadalajara, Jalisco

"En relación con su promoción presentada ante la Administración Local de Grandes Contribuyentes de Guadalajara con fecha 9 enero de 2003, controlada con el número de folio 9403000054, remitida a esta Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes para su resolución, a través del cual solicita la devolución del pago de lo indebido por concepto de derecho de trámite aduanero en cantidad de $1'047,488.00, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 1996.

"Al efecto se precisan los siguientes antecedentes:

"I. Manifiesta su representada que en el desarrollo de las actividades propias de su objeto social, ha venido realizando la importación definitiva de bienes necesarios para la realización de su actividad, razón por la cual se encuentra obligado a cubrir el derecho de trámite aduanero contemplado en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

"II. Asimismo, refiere que en cumplimiento de lo establecido por el citado artículo 49, su mandante ha venido haciendo un pago del 8 al millar sobre el valor de los bienes que importa de forma definitiva, esto por concepto de derecho de trámite aduanero, lo cual se acredita con los pedimentos de importación que se anexan.

"III. Continúa señalando, que de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación los contribuyentes tienen derecho a obtener del fisco federal la devolución de las cantidades cuando se efectúe por los mismos un pago de lo indebido.

"IV. Aunado a lo anterior, manifiesta que la devolución solicitada parte del hecho de que su representada efectuó un pago de lo indebido al enterar al fisco federal (mediante los pedimentos de importación correspondientes al ejercicio de 1996), la cantidad de $1'047,488.00, por concepto de pago de derecho del trámite aduanero calculado a partir del 8 al millar del valor de las mercancías importadas para efectos del impuesto general de importación, en virtud de que el entero de la cantidad de referencia constituye un pago de lo indebido, toda vez que, el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos señala que para determinar el monto a pagar por concepto de este derecho se tomará como base el valor (para efectos del impuesto general de importación) de los bienes importados, lo cual resulta contrario a la naturaleza de esta contribución consagrada en el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que el derecho de trámite aduanero se genera por la prestación de un servicio determinado por parte del Estado en sus funciones de ente público, lo que necesariamente implica que el pago debería guardar proporción con el costo que tiene para el Estado la prestación del citado servicio, y de ninguna forma basarse únicamente en un elemento ajeno como lo es el valor de las mercancías a importar.

"Esta administración con fundamento en los artículos 1o., 3o. y 7o., fracción XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente, y en el uso de las facultades que le confieren los artículos 1o. y 2o., primer y antepenúltimo párrafos, 11, último párrafo, 17, apartado A, fracción XXIV y apartado B, fracción XII, inciso b), 18, apartado D, fracción II y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001, y con fundamento en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente, le comunica que no es posible acceder a lo solicitado, en virtud de que:

"Considerando que su representada solicita la devolución como lo manifiesta en el escrito libre que anexó a su promoción, en virtud de que, resulta improcedente el pago que efectuó por concepto de derecho de trámite aduanero en el ejercicio de 1996, atendiendo lo establecido por el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, se realizan los siguientes razonamientos:

"El control de la constitucionalidad, que es la tutela de la Constitución encomendada por la propia Carta Magna a una autoridad para conocer las violaciones que cometa cualquier órgano del Estado, ya sea por medio de una ley o de un acto, se resume facultando a la autoridad tuteladora para declarar la inconstitucionalidad de dicha ley o acto.

"En el caso particular, su representada pretende que esta administración devuelva la cantidad solicitada basándose en la improcedencia y por ende en la ilegalidad del cobro del derecho de trámite aduanero, previsto en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, siendo que este acto emana de una ley.

"Aunado a lo anterior, el primer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente, establece:

"‘Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales ...’

(énfasis añadido).

"En esta disposición se precisa que la autoridad sólo está obligada a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las disposiciones fiscales.

"Por su parte, el artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001, señala:

"‘Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes la competencia que se precisa en el apartado A de este artículo, cuando se trate de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado B de este mismo artículo.

"‘A. Competencia:

"‘...

"‘XXIV. Tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco o cuando legalmente así proceda ...’

"El precepto antes transcrito, establece que la Administración General de Grandes Contribuyentes es competente para resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco y cuando legalmente procedan.

"De esta manera, resulta evidente que entre las atribuciones que encomendó el Ejecutivo Federal a la Administración General en comento, no se encuentra la de entrar al estudio de la legalidad de las disposiciones fiscales y aduaneras, ni de escudriñar las razones del legislador para la emisión de los preceptos de que se trate, ni evaluar si en su emisión cumplió con algún principio jurídico o doctrinal y, por ende, resolver sobre si el pago de derecho de trámite aduanero es procedente o improcedente, ya que sólo la facultó para pronunciarse sobre la aplicación de las mismas.

"En este contexto, resulta que la Administración General de Grandes Contribuyentes, así como las unidades administrativas adscritas a ella, carecen de competencia para conocer las solicitudes de devolución que se originen de la inconstitucionalidad o ilegalidad de cualquier disposición.

"Una vez manifestados los antecedentes y razonamientos vertidos en el cuerpo del presente, esta administración niega la devolución solicitada, en virtud de que como se ha dejado debidamente precisado en párrafos que anteceden, el pago de derecho del trámite aduanero, se realizó atendiendo a las disposiciones fiscales vigentes, sin que esta administración sea competente para determinar la ilegalidad de cualquier disposición.

"Anexo: 3 originales.

"Sufragio Efectivo. No Reelección.

"El Administrador de Servicios ‘B’

"Rúbrica. C.P. Luis Alberto Ruiz Guerrero."

Contra la anterior determinación de la autoridad fiscal, Ferrero de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad que tocó conocer, por razón de turno, a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que dictó sentencia el cuatro de febrero de dos mil cuatro, en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.

Inconforme con esta sentencia, la actora promovió juicio de amparo directo -que quedó relacionado en los resultandos primero al tercero de esta ejecutoria-, en el que planteó que el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vulnera la garantía de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad tributaria.

Con base en lo expuesto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal arribó a la convicción de que en el juicio de amparo directo existen elementos suficientes que ponen de manifiesto que antes de la respuesta a la solicitud de devolución del pago de lo indebido, la parte quejosa se sometió voluntariamente a los efectos normativos del artículo impugnado, dado que pagó en el ejercicio de mil novecientos noventa y seis el derecho de trámite aduanero, sin haber promovido en su contra juicio de amparo indirecto, por lo que este motivo, a su arbitrio, es revelador de la inoperancia de los conceptos de violación atinentes a la constitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, por consentir la aplicación de este precepto.

De lo anterior bien puede advertirse que no asiste razón a la parte recurrente en cuanto sostiene en el inciso b) que el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el consentimiento derivó de la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo, y como acto destacado el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, porque estas precisiones son incorrectas en la medida en que en el fallo recurrido sólo se señaló que el aludido precepto legal fue consentido por la contribuyente, lo que impedía abordar el estudio de fondo de la inconstitucionalidad planteada, mas en él nada se refirió sobre el consentimiento de la sentencia reclamada o tener como acto reclamado a la norma general controvertida.

También destaca del estudio de la sentencia recurrida que el Tribunal Colegiado no soslayó que el acto reclamado en el juicio de amparo es la sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil cuatro, por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque en los puntos resolutivos de la resolución indicada en primer lugar no realizó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma controvertida, sino que negó el amparo solicitado en contra de la sentencia emitida por la citada Sala Fiscal, acorde a las reglas para el dictado de una sentencia de amparo directo, en la que se plantea una cuestión de constitucionalidad de leyes, que establecen los artículos 73, fracción XII, último párrafo, 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio."

"Artículo 166. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"...

"IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes de procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensas al agraviado.

"Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia."

Del análisis relacionado de las disposiciones transcritas se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, en el que podrá plantearse como conceptos de violación, la inconstitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos aplicados en perjuicio del quejoso durante la secuela del juicio natural, sentencia, laudo o resolución reclamado, además en el acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18883-e4b13d78/amparo-directo-contra-leyes-requisitos-para-que-proceda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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