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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN XLII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE IMPUGNE COMO NORMA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 2/2023. · Registro digital (IUS): 31461
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-05-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo III, Pág.2748.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 15 DE MARZO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ. SECRETARIA: MARTHA LAURA LÓPEZ ROMERO.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión de quince de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Correspondiente a la contradicción de criterios 2/2023, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer y el Sexto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

La problemática jurídica que subyace en este caso es la siguiente:

Determinar si es procedente conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del artículo 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación, que establece la imposición de una multa del 5 % al 10 % del monto de cada comprobante fiscal digital por Internet de ingresos, en caso de no cumplir con la obligación de cancelarlos en el ejercicio en que se expidan, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o sin una causa para ello; porción normativa adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, cuando se impugne como norma autoaplicativa.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. El Magistrado Oscar Naranjo Ahumada, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el órgano jurisdiccional de su adscripción, al resolver los recursos de queja ********** y **********, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, al resolver el diverso recurso de queja **********; denuncia que presentó ante el entonces Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

2. Mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del entonces Pleno de Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó su registro con el número de expediente**********; asimismo, solicitó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitiera la resolución recurrida y la ejecutoria dictada en el recurso de queja **********, e informara si seguía vigente el criterio sostenido en el referido asunto, ello en virtud de que el Magistrado denunciante acompañó a su escrito diversas constancias que formaban parte de los diversos recursos de queja ********** y**********.

3. También solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País, que guardara relación con la temática planteada en dicho asunto.

4. Así, por oficio **********, de tres de noviembre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito informó que se encontraba vigente el criterio que sostuvo en el recurso de queja ********** y remitió copia de la ejecutoria que dictó, así como de la resolución recurrida.

5. Asimismo, por oficio **********, de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no existía alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País en la que el tema a dilucidar guardara relación con el de la contradicción de criterios planteada.

6. Mediante Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, se creó este Pleno Regional y se determinó que iniciaría funciones a partir del dieciséis de enero del año que transcurre; asimismo, de conformidad con el transitorio tercero del referido Acuerdo General, los Plenos de Circuito concluyeron funciones después de su última sesión del año dos mil veintidós.

7. En ese sentido, por auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, la presidencia de este Pleno Regional, convalidó la total integración del expediente electrónico correspondiente a la contradicción de criterios ********** del índice del extinto Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual fue migrado con clave **********, por la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, al sistema de Plenos Regionales.

8. En dicho auto, se ordenó formar el expediente electrónico relativo a la denuncia de contradicción de criterios y se registró con el número **********; asimismo, de conformidad con el artículo 37 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó el turno electrónico del asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez, y por diverso proveído de quince de febrero del año que transcurre, se confirmó el turno referido.

COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materia Administrativa «de la» Región Centro-Sur, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados entre el Primer y Sexto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por un Magistrado de Circuito en ejercicio de sus funciones.

CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

12. Recurso de queja ********** del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se desprenden los siguientes antecedentes:

13. Una sociedad anónima promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridades responsables a:

a. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y,

c. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público.

14. De quienes reclamó:

a. La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

b. La reforma al artículo 17-H Bis, fracción VII, 29, antepenúltimo párrafo, 29-A, párrafos 4, 5, 6 y 7, artículo 81, fracción XLVI y 82, fracción XLII, todos del Código Fiscal de la Federación;

c. La promulgación y expedición del Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y,

d. Las consecuencias jurídicas de dicha reforma.

15. La demanda se turnó al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular la registró con el número **********; asimismo, ordenó la apertura del incidente de suspensión en el que, por una parte, negó y, por otra, concedió provisionalmente la medida cautelar solicitada, para el efecto de que "no se le apliquen las multas establecidas en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación" (sic), la cual surtiría efectos sólo si se iniciara un procedimiento de ejecución y si se hubiese constituido o si se constituía la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente, pero no en relación con actos que se hubiesen consumado, bajo el argumento de que la medida cautelar que otorgó no tendría efectos restitutorios.

16. En contra de la citada determinación, la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; y, en sesión de cuatro de octubre de dos mil veintidós, declaró infundado el medio de impugnación.

17. Lo anterior, en virtud de que consideró idónea la concesión de la suspensión provisional en los términos que fue decretada por el juzgador de origen, ya que, aunque al momento de promoverse la demanda de amparo no existía un acto concreto de aplicación, era imperativo e inminente que los efectos de la norma se materializarían, esto es, se actualizarían las consecuencias del artículo 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación.

18. Sostuvo lo anterior, en razón de que la parte quejosa era una persona moral constituida bajo las leyes mexicanas, que debía cumplir con obligaciones fiscales y derivado de sus operaciones comerciales, estaba obligada a emitir comprobantes fiscales digitales de ingresos, los cuales, de expedirlos por error o sin causa para ello y no cancelarlos, o que esto último se realizara fuera del plazo previsto en el artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal Federal, eventualmente actualizaría la infracción prevista.

19. Recurso de queja ********** del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se desprenden los siguientes antecedentes:

20. Una sociedad anónima promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridades responsables a:

a. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y,

c. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público.

21. De quienes reclamó:

a. La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

b. La reforma al artículo 17-H Bis, fracción VII, 29, antepenúltimo párrafo, 29-A, párrafos 4, 5, 6 y 7, artículo 81, fracción XLVI y 82, fracción XLII, todos del Código Fiscal de la Federación;

c. La promulgación y expedición del Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y,

d. Las consecuencias jurídicas de dicha reforma.

22. La demanda se turnó al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular la registró con el número **********; asimismo, ordenó la apertura del incidente de suspensión en el que, por una parte, negó y, por otra, concedió provisionalmente la medida cautelar solicitada, para el efecto de que "no se le apliquen las multas establecidas en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación" (sic), la cual surtiría efectos sólo si se iniciara un procedimiento de ejecución y si se hubiese constituido o si se constituía la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente, pero no en relación con actos que se hubiesen consumado, bajo el argumento de que la medida cautelar que otorgó no tendría efectos restitutorios.

23. En contra de la citada determinación, la autoridad responsable presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; y, en sesión de cuatro de octubre de dos mil veintidós, declaró infundado el medio de impugnación, bajo los mismos argumentos que fueron señalados en el criterio que adoptó en el diverso recurso de queja **********, referido en párrafos anteriores.

24. Recurso de queja ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se desprenden los siguientes antecedentes:

25. Una sociedad anónima promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridades responsables a las siguientes:

a. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y,

c. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público.

26. De quienes reclamó:

a. La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

b. La reforma al artículo 17-H Bis, fracción VII, 29, antepenúltimo párrafo, 29-A párrafos 4, 5, 6 y 7, artículo 81, fracción XLVI y 82, fracción XLII, todos del Código Fiscal de la Federación;

c. La promulgación y expedición del Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y,

d. Las consecuencias jurídicas de dicha reforma.

27. La demanda se turnó al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular la registró con el número **********; asimismo, ordenó la apertura del incidente de suspensión en el que, por una parte, negó y, por otra, concedió provisionalmente la medida cautelar solicitada, para el efecto de que "no se le apliquen las multas establecidas en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación" (sic), la cual surtiría efectos sólo si se iniciara un procedimiento de ejecución y si se hubiese constituido o si se constituía la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente, pero no en relación con actos que se hubiesen consumado, bajo el argumento de que la medida cautelar que otorgó no tendría efectos restitutorios.

28. En contra de la citada determinación, la autoridad responsable, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; y, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, declaró fundado el medio de impugnación, ordenó revocar el auto recurrido en relación con la concesión de la medida cautelar y negó la suspensión provisional de los actos reclamados.

29. Lo anterior, toda vez que consideró que de las constancias con las que se contaba hasta ese momento, no se advertía algún medio de convicción encaminado a evidenciar que se hubiese impuesto a la parte quejosa alguna sanción con fundamento en el artículo 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación, o bien, dirigido a demostrar que tendría verificativo en el futuro, por lo que determinó que no se trataba de actos futuros inminentes.

30. En ese sentido, determinó que no era factible conceder la suspensión provisional, al tratarse de un acto futuro e incierto, ya que su existencia dependería del actuar del contribuyente, o de que la autoridad exactora decidiera ejercer o no alguna de sus atribuciones, por lo que no había certeza de que se generarían las consecuencias jurídicas producto de la normatividad reclamada.

EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

31. Por cuestión de orden, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.

32. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

33. Tal consideración se encuentra plasmada en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, registro digital: 164120, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." 34. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:

a. Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

35. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, registro digital: 165077, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

36. En el caso se actualizan los requisitos señalados, como enseguida se demostrará.

37. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

38. Al respecto, según se pudo observar en párrafos precedentes, los Tribunales Colegiados, al resolver los recursos de queja **********, ********** y **********, de sus respectivos índices, se enfrentaron a una misma problemática que se originó con motivo de que diversas sociedades anónimas promovieron juicios de amparo en los que señalaron como actos reclamados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, particularmente la reforma a los artículos 17-H Bis, fracción VII, 29, antepenúltimo párrafo, 29-A, párrafos 4, 5, 6 y 7, 81, fracción XLVI y 82, fracción XLII, todos del Código Fiscal de la Federación, así como las consecuencias jurídicas de dicha reforma.

39. Demandas que fueron radicadas en el mismo Juzgado de Distrito, las cuales dieron lugar a la apertura del incidente de suspensión en los que el juzgador de origen determinó, por una parte, negar y por otra conceder la suspensión provisional, en los términos siguientes:

"... se concede a la parte quejosa la suspensión provisional para el efecto de que no se le apliquen las multas establecidas en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación; hasta tanto se resuelve en definitiva la presente incidencia.

"En el entendido que la presente medida cautelar surtirá efecto sólo cuando se inicie un procedimiento de ejecución para recabar dicho impuesto (sic).

"Ahora bien, cabe precisar que la presente medida cautelar, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, y toda vez que con la norma que se tilda de inconstitucional tiene como efecto el cobro de contribuciones, surtirá efectos desde luego, sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente respecto al pago del impuesto de nómina en los plazos y términos que la ley lo establezca, situación que deberá demostrar ante este órgano jurisdiccional.

"Lo anterior, hasta el momento en que se inicie el procedimiento coactivo de ejecución para recabar el tributo (sic).

"De igual manera, es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado ya, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de garantías, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales."

40. A partir de lo anterior, los Tribunales Colegiados revisores analizaron una misma situación jurídica, que consistió en determinar si procedía o no otorgar la suspensión provisional solicitada por las partes quejosas, respecto de los efectos y consecuencias de la aplicación del artículo 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación, adoptando posturas diversas al respecto.

41. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Ahora bien, este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

42. Lo anterior es así, ya que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja ********** y ********** de su índice, estimó que era procedente conceder la suspensión provisional, ya que aunque al momento de promoverse la demanda de amparo no existía un acto concreto de aplicación, era imperativo e inminente que se actualizarían las consecuencias del artículo 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación.

43. El tribunal sostuvo lo precisado, en virtud de que consideró que las quejosas en los juicios de origen, tal como lo habían acreditado con los respectivos testimonios notariales que anexaron a su demanda de amparo, eran personas morales constituidas bajo las leyes mexicanas que debían cumplir con obligaciones fiscales y que derivado de sus operaciones comerciales, estaban obligadas a emitir comprobantes fiscales digitales de ingresos, los cuales, de expedirlos por error o sin causa para ello y no cancelarlos, o que esto último se realizara fuera del plazo previsto en el artículo 29-A, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, daría lugar a que se actualizara la infracción prevista.

44. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja ********** de su índice, estimó que debía negarse la suspensión provisional, al considerar que se trataba de un acto futuro e incierto y, por ende, no había certeza de que se generarían las consecuencias jurídicas producto de la normatividad reclamada como autoaplicativa, esto es, el artículo 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación, porque su existencia dependería del actuar del contribuyente y de que la autoridad correspondiente decidiera ejercer o no sus facultades de comprobación.

45. Además, señaló que de las constancias con las que hasta ese momento se contaba, no se advertía algún medio de convicción encaminado a evidenciar que se hubiese impuesto a la parte quejosa alguna sanción con fundamento en el artículo y fracción referidos, o bien, dirigido a demostrar que tendría verificativo en el futuro, por lo que no se trataba de actos inminentes.

46. De lo anterior se advierte que respecto de un mismo tipo de problema jurídico, los órganos jurisdiccionales adoptaron criterios distintos, ya que uno determinó que por los efectos y consecuencias del artículo 82, fracción XLII, del Código Fiscal de la Federación, porción normativa reclamada como autoaplicativa, lo procedente era conceder la suspensión provisional, ya que, aunque no había acto concreto de aplicación, se trataba de un acto futuro de inminente realización, en tanto que el diverso tribunal señaló que en el mismo supuesto era procedente negar la medida cautelar en atención a que se trataba de un acto futuro de realización incierta, que es el punto de toque en la presente contradicción de criterios.

47. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. En consecuencia, el problema a dilucidar es planteado de la siguiente manera:

48. ¿Es procedente conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del artículo 82,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31461-c7705af2/suspension-provisional-en-el-amparo-es-improcedente-concederla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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