SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LOS ARTÍCULOS 112 Y 113, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 171/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 171/2024, entre los sustentados por el Segundo, el Cuarto, el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar, en un primer momento, si la contradicción de criterios denunciada existe y, en caso afirmativo:
Si conforme al artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, procede o no conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, fracción I, incisos a) y b), del Código Fiscal del Estado de Jalisco, que regulan la distribución del Fondo Único General asignado a la Secretaría de la Hacienda Pública, materializada en el concepto de pago “33 multas por infracciones a las leyes”, que perciben los servidores públicos adscritos a dicha dependencia y a su órgano desconcentrado Servicio Estatal Tributario.
I. ANTECEDENTES
a. Denuncia
3. Mediante oficio 1306/2024, recibido en esta sede el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de la Secretaria de la adscripción, denunció la posible contradicción de criterios entre el que sustentó al dictar sentencia en la queja 230/2024, así como los emitidos por sus homólogos Segundo, Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados, todos de la misma materia y pertenecientes al referido Circuito, al resolver las quejas 189/2024, 203/2024, 204/2024 y 207/2024; la queja 185/2024 y la queja 182/2024, respectivamente.
b. Trámite
4. Mediante proveído de veinticinco de junio posterior, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional radicó el asunto como contradicción de criterios 171/2024; lo admitió a trámite, solicitó a los órganos contendientes la habilitación de los respectivos expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para su vinculación y consulta, y que informaran si el razonamiento que sostuvieron se encuentra vigente. Por otra parte, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto, sobre el que se realizó su turno electrónico.
5. A través de los oficios 7133/2024, 10527/2024, 10533/2024, 10529/2024, 381/2024, 6411/2024 y 8671/2024, los Tribunales Colegiados de Circuito que intervienen en la contienda informaron que no se han apartado del criterio que sostuvieron en el o los respectivos asuntos de su estadística, aunado a que pusieron a disposición, mediante el sistema que les fue indicado, el expediente electrónico de aquellos que resolvieron.
6. Por oficio DGCCST/X/631/07/2024, fechado el nueve de julio inmediato anterior, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en el Alto Tribunal no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
7. Finalmente, en auto de doce de julio de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano administrativo colegiado ‘por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio’; en virtud de que se denunció entre los sustentados por el Segundo, el Cuarto, el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respecto de los cuales este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción por razón de la materia y del territorio, dado que pertenecen a la Región Centro-Sur.
III. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuya sentencia, dictada en la queja 230/2024, contiene una de las posturas asumidas en relación con el tópico jurídico sobre el que habrá de definirse el criterio.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
10. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, sintetizar las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.
11. Primer criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció de las quejas 189/2024, 203/2024, 204/2024 y 207/2024. Toda vez que sus antecedes son comunes, se relatarán mediante una exposición general:
12. En cada caso, una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra el Poder Legislativo, la persona titular del Poder Ejecutivo, las personas titulares de las Secretarías de Gobierno y de la Hacienda Pública, de la Auditoría Superior, así como de diversas autoridades adscritas a tales dependencias, todas del Estado de Jalisco, de quienes reclamó, en sus respectivos ámbitos de competencia:
13. Los artículos:
a. 112 y 113, fracciones I, incisos a) y b), y VI, del Código Fiscal del Estado.
b. Décimo Segundo y Décimo Tercero Transitorios del decreto 29178/LXIII/23, que reforma el código citado.
c. 45, 46, fracción I, 54-Bis, fracción V, 54-Ter y 56, fracción XIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
d. 19, fracciones I y II, 69, fracción XXVI y 72, fracción XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública.
14. Y como acto de aplicación, esencialmente:
• La reducción salarial reflejada en el concepto de pago “33 multas por infracciones a las leyes”, visible en los respectivos recibos de nómina que cada parte quejosa describió.
15. Asimismo, fue solicitada la suspensión de los actos reclamados, específicamente, para el efecto de que las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Jalisco combatidas no fueran aplicadas en la esfera jurídica de cada persona quejosa; esto es, para que continuaran percibiendo el concepto de pago “33 multas por infracciones a las leyes” en los términos en que lo estaban haciendo previamente a que aquéllas fueran reformadas.
16. Las demandas dieron origen a los juicios de amparo indirecto 1075/2024, 1008/2024, 1003/2024 y 1089/2024 de las estadísticas, en ese orden, de los Juzgados Decimosexto, Decimoprimero, Decimoctavo y Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. En el primero se negó la suspensión provisional bajo el argumento de que la parte quejosa no acreditó su interés suspensivo y, en el segundo y el tercero, al considerarse que no se satisfacía el requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo; en tanto que en el cuarto asunto, luego de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, se otorgó dicha medida de forma provisional.
17. Inconformes, en los tres primeros la parte quejosa y, en el último diversas autoridades responsables, interpusieron sendos recursos de queja, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que en las sesiones respectivas resolvió declarar aquéllos infundados y éste fundado, en lo que interesa, atento a que:
• De otorgarse la medida cautelar en los términos solicitados se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social.
• Del contenido de los artículos 112 y 113 del Código Fiscal del Estado de Jalisco se desprende que el (48% del) Fondo Único General (integrado por los ingresos que el Estado obtenga efectivamente por multas por infracciones a las leyes fiscales), se distribuirá de manera equitativa entre los servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública: el 32% (del citado 48%) entre la totalidad de los servidores públicos de dicha dependencia que no estén adscritos al Servicio Estatal Tributario de Jalisco y, el 68% restante (del citado 48%) se distribuirá entre los servidores públicos adscritos a este último, órgano desconcentrado de aquélla.
• Las reformas reclamadas se vinculan con la creación del órgano desconcentrado de la Secretaría de la Hacienda Pública denominado Servicio Estatal Tributario de Jalisco, a su integración con parte del personal que actualmente labora en dicha dependencia y a la distribución del Fondo Único General al que se destinan las multas que obtiene el Estado como ingresos.
• De ahí que no basta que los preceptos reclamados pudieran afectar expresa o implícitamente el derecho de irreductibilidad o inmutabilidad salarial de la parte quejosa como persona trabajadora, previsto en los artículos 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la suspensión sea procedente conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo; ya que de otorgarse tal medida se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, entendiendo que se sigue perjuicio a éste cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive de un derecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública; debido a que, en el caso, de otorgarse la suspensión se afectaría la redistribución del Fondo Único General previsto en los artículos 112 y 113 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y, en concreto, a los servidores públicos adscritos al Servicio Estatal Tributario de Jalisco, que en la actualidad, con dicha redistribución se encuentran gozando del 68% del 48% del fondo que se asigna a los servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública.
• Motivos por los cuales el interés particular de la persona quejosa no puede estar por encima del interés general de la sociedad.
• De concederse la suspensión para el efecto de que aquélla siga percibiendo el concepto de pago en comento en los términos en que lo venía haciendo, se afectaría el orden público y el interés social, concretamente, al personal que actualmente integra la citada Secretaría, aunado a que implicaría alterar el diseño de los porcentajes de distribución del fondo al que se destinan las multas que obtiene el Estado, en detrimento también del funcionamiento del recién creado Servicio Estatal Tributario de Jalisco y los servidores públicos que lo integran.
18. Segundo criterio contendiente. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció la queja 185/2024. Los antecedentes son:
19. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra el Poder Legislativo, la persona titular del Poder Ejecutivo, las personas titulares de las Secretarías de Gobierno y de la Hacienda Pública, de la Auditoría Superior, así como de diversas autoridades adscritas a tales dependencias, todas del Estado de Jalisco, de quienes reclamó, en sus respectivos ámbitos de competencia, los artículos:
a. 112 y 113, fracciones I, incisos a) y b), y VI, del Código Fiscal del Estado.
b. Décimo Segundo y Décimo Tercero Transitorios del decreto 29178/LXIII/23, que reforma el código citado.
c. 45, 46, fracción I, 54-Bis, fracción V, 54-Ter y 56, fracción XIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
d. 19, fracciones I y II, 69, fracción XXVI y 72, fracción XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública.
20. Señaló como acto de su aplicación, esencialmente, la reducción salarial reflejada en el concepto de pago “33 multas por infracciones a las leyes”, visible en los respectivos recibos de nómina que detalló y solicitó la suspensión de los actos reclamados, específicamente, para el efecto de que las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Jalisco combatidas no fueran aplicadas en su esfera jurídica, esto es, para que continuara percibiendo el concepto de pago referido en los términos en que lo estaba haciendo previamente a que aquéllas fueran reformadas.
21. El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto 1088/2024 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que, por auto de cuatro de junio del año en curso otorgó la suspensión provisional al apreciar satisfechos los requisitos previstos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo.
22. Determinación que fue impugnada vía queja por una de las autoridades responsables. Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de trece de junio de dos mil veinticuatro, dictó sentencia en la que la declaró fundada, en lo toral, por las siguientes consideraciones:
• De otorgarse la medida cautelar en los términos solicitados se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social.
• Del contenido de los artículos 112 y 113 del Código Fiscal del Estado de Jalisco se desprende que el 48% del Fondo Único General (integrado por los ingresos que el Estado obtenga efectivamente por multas por infracciones a las leyes fiscales) se distribuirá de manera equitativa entre los servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública: el 32% (del 48%) entre la totalidad de los servidores públicos de dicha dependencia que no estén adscritos al Servicio Estatal Tributario de Jalisco y, el 68% restante (del 48%) se distribuirá entre los servidores públicos adscritos a este último, órgano desconcentrado de aquélla.
• Las reformas reclamadas se vinculan con la creación del órgano desconcentrado de la Secretaría de la Hacienda Pública denominado Servicio Estatal Tributario de Jalisco, a su integración con parte del personal que actualmente labora en dicha secretaría y al establecimiento de nuevas reglas para la distribución del fondo único al que se destinan las multas que obtiene el Estado como ingresos, conforme a las cuales el 32% del 48% del fondo citado, pasó de distribuirse entre los servidores públicos que intervienen directamente en el ejercicio de las facultades de comprobación, determinación, notificación y ejecución relativas a las multas que lo conforman, a distribuirse entre la totalidad de los servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública que no se encuentren adscritos al Servicio Estatal Tributario de Jalisco. De ahí que la parte quejosa argumente que la percepción que por ese concepto venía percibiendo ha sufrido una disminución.
• Para que la suspensión sea procedente conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, no basta que los preceptos reclamados puedan afectar expresa o implícitamente las percepciones que ordinariamente venía recibiendo la parte quejosa conforme a las reglas de distribución del citado fondo, lo que en su caso, pudiera implicar una transgresión al derecho de irreductibilidad o inmutabilidad salarial de aquélla como persona servidora pública, previsto en los artículos 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de otorgarse tal medida se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, entendiendo que se sigue perjuicio a éste cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive de un derecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública; en el caso, de otorgarse la suspensión se afectaría a los servidores públicos adscritos al Servicio Estatal Tributario de Jalisco, que en la actualidad, con la redistribución del Fondo Único General previsto en los artículos 112 y 113 del Código Fiscal del Estado de Jalisco (reformados) se encuentran gozando del 68% del 48% del referido fondo.
• El eventual otorgamiento de la suspensión generaría que se privara la satisfacción de una necesidad pública, en contravención al interés colectivo, atinente a la percepción de ingresos de la que actualmente gozan los servidores públicos adscritos al Servicio Estatal Tributario de Jalisco y de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, derivado del nuevo diseño de distribución del respectivo fondo, lo que pudiera ocasionar un daño a la colectividad que de otra manera no resentiría.
• Por regla general, el hecho de que las normas generales tiendan a regular actividades que son de orden público, no constituye un obstáculo que por sí mismo impida ordenar su suspensión, aunado a que las disposiciones materia de reclamo no regulan un aspecto que en estricto sentido atañe a la sociedad en general, sino a un grupo colectivo como lo son los trabajadores de la secretaría de Estado referida y los de su órgano desconcentrado de reciente creación.
• No se satisface el requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de obsequiar la medida se obstaculizaría directamente la satisfacción de una necesidad pública, consistente en la distribución equitativa de los recursos públicos (48%) que conforman el Fondo Único General previsto por el artículo 112 del código tributario local, respecto del que se contempla un nuevo diseño de distribución.
• Tal cuestión es de mayor entidad que los daños y perjuicios de difícil reparación que en su caso sufra la parte quejosa, ya que aun cuando pudieran ser disminuidas sus percepciones salariales, lo verdaderamente relevante es que de concederse la medida se afectarían los intereses de la sociedad en detrimento de la equidad en la distribución del referido fondo entre el personal que integra a la citada Secretaría y al Servicio Estatal Tributario de Jalisco, lo cual tiene preeminencia sobre los intereses del particular. • No se inadvierte que el juzgador de amparo ponderó la apariencia del buen derecho y concluyó que la parte quejosa tiene un derecho aparente que proteger; sin embargo, esa figura no implica soslayar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, motivo por el que debe negarse la suspensión provisional.
23. Tercer criterio contendiente. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció la queja 182/2024. Sus antecedentes son:
24. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra el Poder Legislativo, las personas titulares del Poder Ejecutivo, de las Secretarías de Gobierno y de la Hacienda Pública, de la Auditoría Superior, así como de diversas autoridades adscritas a tales dependencias, todas del Estado de Jalisco, de quienes reclamó, en sus respectivos ámbitos de competencia:
25. Los numerales:
a. 112 y 113, fracciones I, incisos a) y b), y VI, del Código Fiscal del Estado.
b. Décimo Segundo y Décimo Tercero Transitorios del decreto 29178/LXIII/23, que reforma el código citado.
c. 45, 46, fracción I, 54-Bis, fracción V, 54-Ter y 56, fracción XIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
d. 19, fracciones I y II, 69, fracción XXVI y 72, fracción XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública.
26. Como acto de aplicación, básicamente, la reducción salarial reflejada en el concepto de pago “33 multas por infracciones a las leyes”, visible en los respectivos recibos de nómina que relató. Además, solicitó la suspensión de los actos reclamados, concretamente, para que las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Jalisco reclamadas no se aplicaran en su esfera jurídica; esto es, para que continuara percibiendo el concepto de pago descrito en los términos en que lo estaba haciendo previamente a que aquéllas fueran reformadas.
27. El Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto 1003/2024 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que, por auto de cuatro de junio del año en curso, negó la medida cautelar provisional al considerar que no se satisfacía el requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.
28. El peticionario de amparo interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que en sesión de once de junio de dos mil veinticuatro la declaró fundada, sustancialmente atento a que:
• Con apoyo en la apariencia del buen derecho, sí procede conceder la suspensión provisional para que la parte quejosa siga percibiendo la remuneración que venía recibiendo antes de la reforma de los preceptos del código fiscal reclamados, toda vez que cumplió con los requisitos para su otorgamiento, sin que se contravengan disposiciones de orden público ni se genere perjuicio al interés social.
• En función de la apariencia del buen derecho, los preceptos reclamados pueden afectar expresa o implícitamente el derecho de irreductibilidad o inmutabilidad salarial de aquélla como trabajadora, previsto en los artículos 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la suspensión es procedente conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo; esto es, sin que su otorgamiento contravenga disposiciones de orden público e interés social (describió los requisitos que deben verificarse para la procedencia de la suspensión, conforme al contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo).
• La Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que para decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional, deben atenderse las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realice la parte quejosa, cuando se queja de que existe peligro inminente de que el acto reclamado se ejecute en su perjuicio, pues como regla general son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver la solicitud respectiva. Además, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión tiene un genuino carácter de medida cautelar (lo explicó).
• Del contenido de los artículos 112 y 113 del Código Fiscal del Estado de Jalisco se desprende que el 48% del Fondo Único General se distribuirá de manera equitativa entre los servidores públicos de la Secretaría de la Hacienda Pública: el 32% (del 48%) entre la totalidad de los servidores públicos de dicha dependencia que no estén adscritos al Servicio Estatal Tributario de Jalisco y, el 68% restante (del 48%) entre los servidores públicos adscritos a este último, órgano desconcentrado de aquélla.
• La suspensión no se concedería para que se inapliquen las disposiciones reclamadas, pues eso es materia de fondo. De un estudio preliminar a la luz de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no contravención a disposiciones de orden público y al interés social es dable pre-analizar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, los que pueden afectar expresa o implícitamente el derecho de irreductibilidad o inmutabilidad salarial de la persona quejosa como trabajadora, previsto en los artículos 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Por lo que procede la suspensión provisional para que el quejoso siga percibiendo el estímulo “33 multas por infracciones a las leyes” en los términos en que lo venía haciendo antes de la reforma de los artículos reclamados, toda vez que cumplió con los requisitos exigidos para su otorgamiento, ya que en atención a la apariencia del buen derecho, pareciera inconstitucional la reducción salarial reclamada sin un motivo claro que lo justifique, pues no es factible considerar de momento, que por la creación del órgano desconcentrado Servicio Estatal Tributario de Jalisco, se vea afectado con la nueva distribución del fondo único, que anteriormente sólo correspondía a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de la Hacienda Pública; más bien se atenta contra la seguridad jurídica y pareciera que de no concederse ahora la suspensión se iría en contra del orden público, afectando en mayor medida a quien gozaba de un beneficio laboral, al grado de que de no decretar la suspensión podrían causarse al quejoso daños irreparables no restituibles ni con la concesión del amparo, por lo que debe otorgarse la suspensión además para conservar la materia del juicio en lo principal.
• En atención al derecho fundamental a la jurisdicción efectiva y a la ponderación entre distintos elementos como la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, procede la concesión de la medida en los términos señalados, puesto que no se contravienen disposiciones de orden público porque el quejoso justificó que venía percibiendo el estímulo respectivo, lo que es aparentemente correcto y suficiente para, en apariencia del buen derecho, concederle la suspensión provisional (enseguida relató las cantidades de dinero que el quejoso venía percibiendo antes de la reforma de los artículos reclamados y la que percibió posterior a ella, concluyendo que dicha percepción sí sufrió una diminución).
• La parte quejosa demostró su interés suspensivo, por lo que la medida cautelar que se otorga busca asegurar el pago de su salario sin que esto implique la paralización de las funciones de la autoridad; únicamente, de manera provisional, ante la apariencia del buen derecho, se pretende garantizar la remuneración del trabajador sin alterar el diseño establecido por el legislador estatal y el reglamento aplicable para la estructuración de la Secretaría de la Hacienda Pública, ante lo cual no se violan disposiciones de orden público ni se afecta el interés social.
29. Cuarto criterio contendiente. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito conoció de la queja 230/2024. Los antecedentes del caso son:
30. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra el Poder Legislativo, las personas titulares del Poder Ejecutivo, de las Secretarías de Gobierno y de la Hacienda Pública, de la Auditoría Superior, así como de diversas autoridades adscritas a tales dependencias, todas del Estado de Jalisco, de quienes reclamó, en sus respectivos ámbitos de competencia, los artículos que se enlistan a continuación:
a. 112 y 113, fracciones I, incisos a) y b), y VI, del Código Fiscal del Estado.
b. Décimo Segundo y Décimo Tercero Transitorios del decreto 29178/LXIII/23, que reforma el código citado.
c. 45, 46, fracción I, 54-Bis, fracción V, 54-Ter y 56, fracción XIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
d. 19, fracciones I y II, 69, fracción XXVI y 72, fracción XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública.
31. También reclamó como acto de aplicación, sustancialmente, la reducción salarial reflejada en el concepto de pago “33 multas por infracciones a las leyes”, visible en los recibos de nómina que enunció y solicitó la suspensión de los actos reclamados, específicamente, para el efecto de que las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Jalisco combatidas no fueran aplicadas en su esfera jurídica, esto es, para que continuara percibiendo el citado concepto de pago en los términos en que lo venía haciendo previamente a que aquéllas fueran reformadas.
32. El Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco radicó el juicio de amparo indirecto 1103/2024 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que, por auto de once de junio del año en curso, negó la medida provisional al con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33027-10038cc1/suspension-provisional-es-improcedente-contra-los-efectos-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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