SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE NORMAS FISCALES. NO DEBE CONCEDERSE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL SISTEMA NORMATIVO DISPUESTO EN LA MISCELÁNEA FISCAL DE 2022, RELATIVO A LA EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DE TIPO TRASLADO Y SU COMPLEMENTO CARTA PORTE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 142/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y VIGÉSIMO PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ROBERTO NEGRETE ROMERO.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios referida al rubro, y cuyo problema jurídico a resolver consiste en determinar si es susceptible de suspenderse provisionalmente o no el sistema normativo dispuesto en la Miscelánea Fiscal de dos mil veintidós, relativo a la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) de tipo traslado y su complemento carta porte.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de contradicción. El veinte de mayo de dos mil veintidós se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el escrito de denuncia de posible contradicción de criterios, suscrito por Gabriel Arturo Cárdenas Mateos, administrador central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, entre los sustentados por:
2. • Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 32/2022;
3. • Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2022, y
4. • Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 53/2022.
5. Trámite de la denuncia. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar el expediente con el número 142/2022; admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; la turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales; al derivar de un asunto en materia administrativa cuya competencia para conocer de la misma corresponde a la Segunda Sala de este Alto Tribunal a la que pertenece.
6. Asimismo, se solicitó a las presidencias de los órganos contendientes que remitieran versión digitalizada del original o copia certificada de las ejecutorias, así como los escritos de agravios que dieron origen a los recursos de queja correspondientes, e informaran si el criterio sustentado se encontraba vigente.
7. Acuerdo de radicación y avocamiento. Mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, la Segunda Sala de este Alto Tribunal se avocó al conocimiento del asunto.
8. Vigencia de criterios y remisión de autos. Una vez que los órganos involucrados en esta contradicción de criterios comunicaron que los criterios emitidos por cada uno de ellos se encuentran vigentes(1) y remitieron copia de sus resoluciones, por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, esta Segunda Sala tuvo por integrado este expediente, y se ordenó su remisión al Ministro ponente para los efectos conducentes.
I. COMPETENCIA
9. Esta Segunda Sala es competente para resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos en donde es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal.
II. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la jefa del Servicio de Administración Tributaria fungió como autoridad responsable en los juicios de amparo de los que derivaron los recursos de queja que contienen los criterios discrepantes.
11. Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a./J. 77/2010, de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA."(2)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Sentencia 1. Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 32/2022 (sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós).
13. En este caso, una persona moral demandó a través de juicio de amparo la constitucionalidad del artículo 29,(3) párrafo penúltimo, del Código Fiscal de la Federación, así como los numerales 2.7.7.2.,(4) párrafo primero, 2.7.7.3.,(5) párrafos segundo y tercero, 2.7.7.11.,(6) párrafo primero y fracción I y 2.7.7.12.(7) de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós; que regulan la facultad del Servicio de Administración Tributaria para que, mediante reglas de carácter general, establezca la forma en la que los contribuyentes deben cumplir con la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por Internet, se determinan las características de aquellos que sirven para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el trayecto, así como de aquellos comprobantes que amparan operaciones realizadas con el público en general.
14. El Juez de Distrito otorgó la suspensión provisional, pues estimó que con la concesión de dicha medida no se producía perjuicio al interés social, ni se contravenían disposiciones de orden público; y señaló que, de no otorgarse dicha medida, con la ejecución de los actos reclamados se podrían causar daños y perjuicios de difícil reparación a la promovente. Además de que estaban involucrados otros derechos, pues la quejosa alegó que las normas contravenían los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción a la arbitrariedad.
15. Por tanto, otorgó la suspensión para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se le exigiera emitir el comprobante CDFI de tipo ingreso con el complemento carta porte, cuando con motivo de su actividad transportara los productos perecederos que cultiva; sin embargo, señaló que dicha medida dejaría de surtir efectos si la parte quejosa no cumplía con la exhibición de garantía por la suma de diez mil pesos, a fin de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con dicha medida pudieran ocasionar a la parte tercero interesada. Asimismo, añadió que dicha medida no surtiría efectos en el supuesto de que la quejosa sea detenida por alguna autoridad diversa a las señaladas como responsables, que transporte algún producto diverso al que produce y lo haga fuera del Estado de la República donde ejerce su actividad económica.
16. Inconforme con esta resolución, la quejosa presentó recurso de queja, cuya resolución es la que interesa para efectos de la presente contradicción. En tal sentencia, el Tribunal Colegiado se pronunció con los siguientes alcances:
17. • Destacó que existían dos recursos de queja adicionales (ambos presentados por autoridades responsables) al interpuesto por la parte quejosa, pero que éstos no habían sido remitidos por el Juzgado de Distrito, de manera que la litis se circunscribía a la pretensión de la parte quejosa de obtener más de lo conferido en primera instancia.
18. • Estableció que, con base en el principio de que quien insta el recurso no puede verse perjudicado en la situación jurídica con la que acude a la segunda instancia, habría de pervivir la suspensión provisional concedida para el efecto de que no se exigiera a la quejosa el comprobante CDFI de tipo ingreso con complemento carta porte, en los términos precisados por el Juez de Distrito.
19. • Sin embargo, subrayó que en la resolución recurrida existió una incongruencia, pues la suspensión se otorgó en relación con la factura relativa a ingreso, no obstante, la quejosa solicitó que no se le exigiera el comprobante fiscal digital por Internet tipo traslado, dado que es una persona moral dedicada al cultivo de diversas frutas, y moviliza sus productos por medios propios e intermediarios con su respectiva carta porte, y no se dedica a los servicios de transporte.
20. • Aclarado ese punto, el Tribunal Colegiado estimó que no se encontraba en aptitud de reasumir jurisdicción para clarificar la referida incongruencia, pues ante la potestad de ese órgano de segunda instancia no se colmaban los requisitos para otorgar la suspensión provisional en relación con la obligación tributaria de emitir el comprobante fiscal digital por Internet tipo traslado.
21. Describió que, de otorgarse la medida cautelar, se permitiría que la quejosa expidiera sus comprobantes fiscales sin acatar las formalidades y requisitos que se establecieron en estricto cumplimiento a la cláusula habilitante contenida en el numeral 29 del Código Fiscal de la Federación, lo que impediría que la autoridad cuente con los mecanismos necesarios que le permitan identificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
22. Consideró que de concederse la suspensión se generaría un perjuicio al interés social, pues podría permitirse la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Al respecto, precisó que el numeral 103(8) del Código Fiscal de la Federación dispone que se genera la presunción de que se comete el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que deba incorporársele el complemento carta porte.
23. Añadió que estos comprobantes fiscales persiguen que las personas obligadas paguen impuestos por el ingreso de mercancía al territorio nacional, lo que a su vez, busca generar un mercado equilibrado para aquellos que cumplen en tiempo y forma con el pago de impuestos, con lo que se combate la competencia desleal de quienes ingresan mercancías por medio del contrabando. Asimismo, consideró que de otorgar la suspensión, se podría impedir la implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y la elusión fiscal en materia de traslado de mercancías.
24. Por identidad jurídica, invocó la tesis jurisprudencial 7/2017(10a.), de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014)."(9)
25. • En diverso aspecto, en relación con las especificaciones de la suspensión provisional otorgada en primera instancia, consistentes en que únicamente tendría efectos en la carretera Guadalajara-Morelia y cuando se trasladaran los productos perecederos que produce la quejosa (arándano, frambuesa, fresa, etcétera), estimó que el planteamiento de la quejosa era fundado, pues tales limitantes no podían extraerse de las normas combatidas (específicamente de lo dispuesto en la referida 2.7.7.11., perteneciente a la miscelánea fiscal), pero al mismo tiempo consideró que el agravio era inoperante, pues ningún fin práctico representaba, pues sería necesario que emitiera y portara el certificado fiscal digital por Internet tipo traslado, pero en términos de lo precisado en la parte previa, de concederse la suspensión para no tener esa obligación se atentaría contra el orden público e interés social.
26. • En la última determinación contenida en la sentencia en comento se consideró que le asistía razón a la parte quejosa sobre la garantía fijada que había sido establecida en primera instancia, por lo cual debía dejarse sin efectos como requisito de eficacia para que surtiera efectos la suspensión provisional.
27. Sentencia 2. Criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2022, (sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós).
28. En este asunto, una persona moral dedicada al cultivo de diversos productos reclamó la inconstitucionalidad de las reglas 2.7.7.2., 2.7.7.3., 2.7.7.11. y 2.7.7.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, que regulan la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) para el traslado de mercancías que deben expedir los contribuyentes que movilizan sus productos por medios propios o a través de intermediarios.
29. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional respecto de toda la sección 2.7.7. denominada "De la expedición de CFDI con complemento carta porte". Contra esta resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de queja, y la resolución emitida con motivo de tal medio de impugnación es la que participa en la presente contradicción, en donde el Tribunal Colegiado dictó sentencia en los siguientes términos:
30. • Estimó fundado el planteamiento de la responsable, relativo a que el Juez de Distrito indebidamente otorgó la suspensión respecto de la integridad de la mencionada sección, cuando lo cierto es que la parte quejosa únicamente impugnó lo propio de la emisión de CFDI de tipo traslado.
31. • Por otra parte, el órgano colegiado también estimó fundado el diverso planteamiento de la autoridad recurrente a través del cual se cuestionaba la concesión de la medida cautelar provisional; sobre tal punto se determinó que la suspensión resultaba improcedente, pues los efectos de ésta podrían permitir la consumación o continuación de delitos o de sus efectos.
32. Determinó que a partir del artículo 103, fracción XXII, del Código Fiscal de la Federación, se genera una presunción legal de que se comete el delito de contrabando cuando se trasladen bienes por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, al que se le incorpore el complemento carta porte, por lo que la medida cautelar solicitada, a efecto de que las reglas combatidas no le sean aplicables a la quejosa, traería como consecuencia la posible consumación de un delito.
33. El Tribunal Colegiado precisó que la finalidad perseguida por el legislador federal en el artículo 29, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el aludido numeral 103, fracción XXII, de dicha codificación, al establecer la emisión del CFDI de traslado, es la de dotarle un carácter electrónico a la información respecto de las mercancías que se trasladan, pues a través de éstos se registra la información del transportista, del dueño de la mercancía, de los bienes o mercancías, del medio y modo de transporte, a fin de permitir a las autoridades constatar la legal estancia o tenencia de los bienes o mercancías que se trasladan en territorio nacional, según sea el supuesto.
34. Destacó que lo anterior lo diseñó el legislador en aras de disminuir el contrabando de mercancías en el país, así como permitir la trazabilidad de los productos que ingresan y circulan en territorio mexicano, ya que al implementarse nuevas reglas para la expedición del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) de tipo ingreso (a mano de transportistas) o traslado (a cargo de quienes movilizan mercancías por medios propios e intermediarios como es el caso de la quejosa), las personas obligadas tendrán que pagar impuestos por el ingreso de mercancía al territorio nacional, lo que a su vez generará un mercado equilibrado para aquellos que cumplen en tiempo y forma con el pago de sus impuestos, combatiendo así la competencia desleal de quienes ingresan mercancías por medio del contrabando.
35. Añadió que la medida cautelar podría impedir la implementación de medidas de control orientadas a evitar la evasión y elusión fiscal en materia de traslado de mercancías, lo que no resulta factible dado que la sociedad está interesada en lograr una mayor recaudación para satisfacer sus necesidades.
36. En relación con su determinación, el órgano colegiado estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 88/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."(10)
37. • Finalmente, en relación con las manifestaciones de la parte quejosa de que este tipo de comprobantes carecían de relevancia para efectos fiscales, el Tribunal Colegiado estimó que tal punto sería materia de análisis, en su caso, al momento de dictarse sentencia definitiva.
38. Sentencia 3. Criterio emitido por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 53/2022 (sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós).
39. Una persona moral interpuso juicio de amparo en el que reclamó la constitucionalidad de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil veintidós, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en específico, los artículos 2.7.1.7., fracción IX, 2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6., 2.7.7.7. y 2.7.7.8., en relación con el artículo cuadragésimo séptimo transitorio.
40. La quejosa solicitó la medida cautelar para el efecto de continuar realizando el servicio de transporte de mercancías sin la necesidad de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet con el complemento carta porte, a fin de acreditar dicho transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías, asimismo, continuar haciendo deducibles los comprobantes fiscales digitales que le sean proporcionados con aquellos terceros con quienes contrate el servicio de transporte de mercancías, en los términos y condiciones que regían previo a la emisión de los actos reclamados.
41. En su sentencia, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional del acto reclamado, pues consideró que con el otorgamiento de esta medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público, en perjuicio al interés social.
42. Inconforme con esta resolución, la persona moral quejosa interpuso recurso de queja; en la sentencia que recayó a tal medio de impugnación y que es la que interesa para el presente asunto, el Tribunal Colegiado se pronunció con los siguientes alcances:
43. • Contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, estimó que la concesión de la medida suspensional no contravenía disposiciones de orden público o el interés social, pues las normas combatidas no se encuentran privando a la sociedad de algún beneficio o algún ingreso por determinada actividad, únicamente regulan el transporte de mercancías y la legal tenencia y estancia de bienes mediante la expedición de CFDI (comprobante fiscal digital) y el complemento carta porte, de ahí que el acto sí era susceptible de ser suspendido.
44. Estimó que con la concesión de la medida suspensional se dejaban expeditas las facultades de las autoridades fiscales y aduaneras para conocer y comprobar las operaciones que se manifiestan con los comprobantes electrónicos emitidos por los contribuyentes, pues tiene a su disposición para ese efecto, entre otras: la rectificación, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión de dictámenes, las revisiones electrónicas, la revisión cuando se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes (artículo 69-B), etcétera. Precisó que estos medios les permiten a las autoridades conocer si los contribuyentes están cumpliendo con las obligaciones fiscales que se busca comprobar con los formatos que ahora se pretenden exigir. 45. Consecuentemente, el Tribunal Colegiado determinó revocar la interlocutoria combatida y conceder la suspensión provisional para el efecto de que la quejosa continuara realizando el servicio de transporte de mercancías sin la necesidad de emitir comprobantes fiscales digitales con el complemento carta porte, asimismo, que conforme a derecho, continuara haciendo deducibles los comprobantes fiscales digitales que le sean proporcionados con aquellos terceros con quienes contrate el servicio de transporte de mercancías, en los términos y condiciones que imperaban previo a la emisión de los actos reclamados.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
46. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en la interpretación adoptada por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
47. Sirve de apoyo para esta aproximación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(11) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(12)
48. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
49. Para corroborar, entonces, que una contradicción de criterios es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificarlos, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
50. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
51. Por ende, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que, para que una contradicción de criterios sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
52. Con este test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos, más allá de las particularidades de cada caso concreto. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
53. En este orden de ideas, esta Segunda Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de criterios denunciada entre los adoptados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (al resolver el recurso de queja 32/2022), el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (al resolver el recurso de queja 93/2022), frente a la decisión emitida por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (al resolver el recurso de queja 53/2022).
54. Para demostrar lo anterior, es necesario determinar si los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en torno a un mismo problema jurídico, por lo que enseguida se destacan los razonamientos más relevantes que expusieron para apoyar el criterio que sustentó su decisión.
55. En lo que interesa al presente asunto, los dos primeros Tribunales Colegiados a los que se hace referencia (y cuyas decisiones fueron reseñadas como sentencia 1 y 2) sostuvieron que la obligación contenida en las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, que regulan la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) y su complemento carta porte, que deben expedir los contribuyentes que movilizan sus mercancías por medios propios o a través de intermediarios, no son actos susceptibles de suspenderse.
56. En esa línea de apreciación, estimaron que no se colmaban los requisitos previstos en el artículo 128(13) de la Ley de Amparo, en específico en su fracción II, que prevé que la suspensión se decretará siempre que no se siga perjuicio al interés público ni se contravengan disposiciones de orden público. Luego, estimaron que si el artículo 129(14) de este mismo ordenamiento establece que se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos (fracción III), luego entonces, la suspensión del acto reclamado resulta improcedente.
57. En vinculación con lo anterior, expusieron que el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, prevé que se presume cometido el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta porte (fracción XXII).
58. Por su parte, de lo resuelto por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierte lo siguiente, reseñada líneas atrás como sentencia 3. Este órgano, a diferencia de lo determinado por los otros Tribunales Colegiados a que se ha hecho referencia, argumentó que la finalidad de la miscelánea fiscal es facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes para emitir dichos comprobantes, por lo que no puede entenderse que genere obligación o carga adicional a las establecidas en la ley.
59. A partir de esa aproximación, consideró que el acto reclamado sí era susceptible de ser suspendido, pues no contraviene disposiciones de orden público o el interés social, dado que las normas combatidas no se encuentran privando a la sociedad de algún beneficio o algún ingreso por alguna actividad, pues únicamente se emplearán para regular el transporte de mercancías y la legal tenencia y estancia de bienes mediante la expedición de comprobante fiscal digital y el complemento carta porte.
60. Estimó que ello lo confirma el hecho de que se dejan expeditas las facultades de las autoridades fiscales y aduaneras, quienes tienen los medios legales para conocer si los contribuyentes están cumpliendo con las obligaciones fiscales que se busca comprobar con dichos formatos.
61. Como se puede advertir, los Tribunales Colegiados se pronunciaron en torno a una misma cuestión litigiosa, esto es, si en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, el acto reclamado consistente en las reglas de la Miscelánea Fiscal de 2022 que obligan a los contribuyentes que transporten mercancías en el territorio nacional, a la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet con su complemento de carta porte, es susceptible o no de suspenderse.
62. De esta forma, conforme al estándar de esta Segunda Sala de la Suprema Corte para determinar la existencia de un diferendo jurídico, se tiene:
63. Punto de toque:
64. • Existió identidad en el tipo de problemática que propició la respuesta de los órganos jurisdiccionales, esto es, ante todos esos tribunales se solicitó la suspensión provisional de normas en una mecánica de heteroaplicación.
65. • Asimismo, esa solicitud versó sobre la posibilidad de no observar un sistema normativo dispuesto en las mismas normas, concretamente en relación con la emisión del CFDI de tipo traslado.
66. • En todos los casos se trató de una solicitud respecto de la medida cautelar de naturaleza provisional.
67. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial:
68. • Finalmente, revelada la identidad en la problemática jurídica, en las primeras dos sentencias se negó la medida provisional y en la tercera se concedió, lo que revela el diferendo en la solución de un mismo problema jurídico, pues mientras dos de los órganos consid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31598-0a6ddc73/suspension-provisional-de-normas-fiscales-no-debe-concederse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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