GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. NO DEBE EXIGIRSE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA LA RETENCIÓN DE UN DOCUMENTO U OBJETO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO. SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE NORMAS GENERALES EN MATERIA DE TRÁNSITO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 59/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO (PRESIDENTA), QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 59/2024, suscitada entre los sustentados por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.
2. Las problemáticas jurídicas que deben ser resueltas consisten en determinar, en un aspecto, si procede o no conceder la suspensión –provisional o definitiva– respecto de normas generales en materia de tránsito, movilidad y seguridad vial, reclamadas con motivo del primer acto de su aplicación, para que no se apliquen en la esfera jurídica de la persona quejosa los efectos y consecuencias del sistema normativo impugnado y, en otro, si a fin de que siga surtiendo efectos la suspensión concedida –por el juzgador federal– para que sea devuelta a la parte quejosa la licencia de conducir o la placa vehicular retenida por la autoridad de tránsito como garantía de pago de una multa derivada de una infracción administrativa, debe establecerse como requisito de efectividad la previa constitución de garantía del interés fiscal respecto de la multa también reclamada.
I. ANTECEDENTES
a. Denuncia de la contradicción de criterios
3. A través de escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, la persona quejosa del juicio de amparo indirecto 2007/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla, del que derivó la queja 443/2022, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, denunció ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el órgano colegiado aludido en el recurso antes referido y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al dictar sentencia en el incidente en revisión 376/2023.
b. Trámite
4. Por acuerdo de veintisiete de febrero posterior, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó el registro del asunto con el consecutivo 59/2024; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados; también, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto, aunado a que se realizó el turno electrónico de éste.
5. Vía oficio 3195/2024 de seis de marzo de la presente anualidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informó que el criterio que sustentó al resolver la queja 443/2022 continúa vigente, aunado a que puso las actuaciones de dicho asunto a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
6. Por oficio DGCCST/X/264/03/2024, de once de marzo de dos mil veinticuatro, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con los señalados en el auto de radicación del presente asunto.
7. Mediante oficio 13/2024 de veinte de marzo inmediato pasado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informó que el criterio que sostuvo al pronunciar sentencia en el incidente en revisión 376/2023, está vigente; también comunicó que puso a disposición de este órgano colegiado resolutor el citado expediente para su acceso electrónico a través del sistema antes indicado.
8. Mediante auto de veinticinco de marzo de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico del asunto a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano colegiado ‘por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio’; en virtud de que se denunció respecto de los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito, sobre los cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción por razón de la materia y del territorio.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por la persona física quejosa en el juicio de amparo indirecto 2007/2022, de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla, del cual derivó la queja 443/2022, en cuya ejecutoria se sustentó uno de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios, se formula una breve referencia de los antecedentes relevantes de cada asunto y, posteriormente, se sintetizan las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.
12. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció de la queja 443/2022. Los antecedentes del caso son:
13. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto contra los siguientes actos y autoridades:
Ver cuadro actos y autoridades
14. El Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla radicó el juicio de amparo indirecto 2007/2022 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que mediante auto de diez de noviembre de dos mil veintidós concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, al tenor de lo que se expone:
• En la fracción I del artículo 128, en relación con el diverso numeral 139, ambos de la Ley de Amparo, se establece que la medida cautelar procede a petición de parte y la persona juzgadora debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos que se solicite.
• La suspensión provisional se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva; lo que implica que no se realicen en contra de la persona quejosa actos de cobro respecto de la multa impuesta mediante la boleta de infracción; suspensión que surtirá efectos siempre y cuando aquélla haya constituido o constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por la ley fiscal aplicable, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, sólo por el importe relativo a la multa impuesta. La medida surtirá efectos de inmediato, pero su efectividad está sujeta a que dentro del plazo de cinco días se constituya la citada garantía.
• Respecto a la solicitud de devolución de la licencia de conducir retenida, al estimar que no hay afectación alguna al orden público o al interés social, pues no se trata de infracción grave (no respetar la luz roja del semáforo) y sólo dio causa a sanción económica, se concede la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable devuelva el referido documento personal, previa constitución de la garantía del interés fiscal en relación con la multa impuesta.
15. Determinación que fue impugnada a través del medio recursivo correspondiente y en sesión de quince de noviembre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito dictó sentencia, en la que declaró fundada la queja porque:
• La expresión "créditos de naturaleza fiscal", inserta en el artículo 135 de la Ley de Amparo, no implica que el requisito de efectividad sólo sea exigible a los créditos por infracciones a las disposiciones tributarias, en virtud de que las multas por infracciones de tránsito, de origen administrativo, también quedan comprendidas dentro de lo previsto por el citado numeral; por ello, para que siga surtiendo efectos la medida cautelar concedida, será necesario que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
• Por lo que hace a la multa reclamada, fue correcto que la persona juzgadora condicionara la medida a la constitución de la garantía del interés fiscal; sin embargo, son fundados los agravios, toda vez que la devolución de la licencia de conducir debe hacerse sin condicionamiento alguno, en virtud de que no forma parte de los requisitos para garantizar el interés fiscal correspondiente, en términos del mencionado artículo 135 de la Ley de Amparo. Es decir, éste no resulta aplicable, pues en lo que atañe a la multa, la persona juzgadora ya fijó la garantía del citado interés fiscal.
• Al resolver la contradicción de tesis (ahora contradicción de criterios) 116/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la desposesión de una licencia de conducir es un acto susceptible de ser suspendido sin que se otorguen efectos restitutorios a la medida, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada. Consideraciones que fueron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 59/2012 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO.", aplicable al caso, por la estrecha relación que tiene con el asunto objeto de estudio.
• Si la persona juzgadora estimó procedente conceder la suspensión provisional respecto de la retención de la licencia de conducir, porque no se afecta el orden público ni el interés social, pues la infracción atribuida (no respetar la luz roja del semáforo) no es grave y sólo ameritó imposición de multa, entonces, resulta incorrecto que haya fijado como medida de efectividad que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, en virtud de que ésta ya se constituyó respecto de la multa y, por ende, no puede vincularse también a la devolución de la licencia de que se trata.
• No es obstáculo que se hubiera reclamado, entre otros, el artículo 115 del Reglamento de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla (que establece que para garantizar el pago de las multas impuestas a un conductor se podrá retener la licencia), porque al solicitar su suspensión, la parte quejosa precisó como efecto que no se le aplique el sistema normativo impugnado, lo que incluye el precepto referido; empero, la persona juzgadora no realizó manifestación alguna al respecto, lo que implica una omisión de fundar el acuerdo impugnado.
• Reasumió jurisdicción y conforme al artículo 148, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se aplicaran los efectos y consecuencias del artículo 115 del Reglamento de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, en la esfera jurídica de la parte peticionaria, motivo por el cual la autoridad responsable debía devolver a ésta su licencia de conducir, sin condicionar la citada suspensión a algún requisito de efectividad.
16. Segundo criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció el incidente en revisión 376/2023. Los antecedentes son los siguientes:
17. Una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de:
Ver tabla
18. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla radicó el juicio de amparo indirecto 735/2023 y dio trámite al correspondiente incidente de suspensión, en el que, por resolución interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se negó por una parte y concedió por otra, la suspensión definitiva al considerar que:
• La parte quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que no se le aplicara el sistema normativo impugnado, no se efectuara el cobro de la multa impuesta y se le devolviera la placa de su vehículo.
• En relación con la multa impuesta mediante boleta de infracción, se negó la suspensión al considerar que se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, ya que la sociedad está interesada en que se cumplan los reglamentos, en el caso, el de Tránsito Municipal, Movilidad y Seguridad Vial, pues de lo contrario se correría el riesgo de afectar a los gobernados y a las instituciones relativas al mantenimiento del orden y la paz social, que en parte deriva del cumplimiento de los reglamentos establecidos, dado que el interés de la sociedad está por encima del particular de la persona impetrante de amparo.
• En cuanto al desposeimiento de la placa vehicular, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que dicho objeto se devolviera a la parte quejosa; medida que surtiría efectos siempre y cuando se hubiera constituido o se constituyera la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por la ley fiscal aplicable, en términos de lo dispuesto por el artículo 135, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto se dictara la sentencia definitiva.
19. Lo que se impugnó interponiendo recurso de revisión, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió en sesión de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, en el sentido de dejar intocada la concesión de la suspensión definitiva respecto del desposeimiento de la placa vehicular (ante la falta de agravio) y modificar la interlocutoria recurrida, para negar la suspensión definitiva por un lado y concederla por otro, porque:
• La materia del recurso se centra en: a) El requisito de efectividad impuesto por la persona juzgadora al conceder la suspensión respecto del desposeimiento de la placa vehicular; b) La omisión de resolver sobre una porción de los actos reclamados y c) La negativa de la suspensión de la multa contenida en la boleta de infracción.
• La persona juzgadora omitió pronunciarse sobre la suspensión de los artículos tildados de inconstitucionales, pertenecientes al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (en el apartado relativo al Tránsito Municipal, Movilidad y Seguridad Vial).
• La concesión de la medida para que sea devuelta la placa vehicular no contraviene disposiciones de orden público e interés social, pues su otorgamiento no implica que se dejen de cumplir las normas municipales en materia de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial, ya que el interés fiscal respecto de la multa, ya fue garantizado con la detención de la placa en cita, además en el caso no rige la regla general contenida en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo –que no haya perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público–, sino la norma especial del numeral 135 de la propia ley –cuando el amparo se solicite contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la suspensión podrá concederse discrecionalmente–.
• En el caso, las sanciones decretadas por la autoridad de Vialidad y Transporte, cuya ejecución le corresponde a la exactora correspondiente, pertenecen al concepto de ingresos como aprovechamientos que percibe el Estado por funciones de derecho público –vigilancia y seguridad vial–. Por tanto, si las multas son aprovechamientos, entonces la reclamada es un crédito fiscal.
• Cuando se solicita la suspensión definitiva respecto de multas administrativas, para proveer sobre su otorgamiento, el órgano de amparo no debe aplicar la regla general contenida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, no debe analizar si la medida precautoria afecta o no el interés social y las disposiciones de orden público; la que debe aplicar, es la norma específica que el legislador previó en el artículo 135 de la citada ley, relativa a que en los casos en que se involucren actos inherentes a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la suspensión podrá concederse de forma discrecional.
• Ante lo fundado del agravio, suficiente para revocar la negativa de la suspensión respecto de la multa reclamada, reasumió jurisdicción a efecto de pronunciarse sobre la medida solicitada en relación con dos de los actos reclamados y el requisito de efectividad, del tercero.
• La parte quejosa solicitó la concesión de la providencia cautelar para el efecto de que no se le aplique el sistema normativo impugnado, no se efectúe el cobro de la multa impuesta y le fuera devuelta la placa vehicular. El interés suspensional se acreditó presuntivamente. Los actos reclamados son ciertos y sus efectos susceptibles de suspensión. Las normas impugnadas no son objeto de prueba.
• En cuanto a la solicitud de la medida para que no se aplique el sistema normativo impugnado, de concederla, se contravendrían disposiciones de orden público y causaría perjuicio al interés social, toda vez que excluir a la quejosa, aun de manera temporal, de cumplir con la normativa que regula la seguridad vial, el tránsito municipal y la movilidad de las personas, provocaría un riesgo de afectación para los gobernados y las instituciones relativas al mantenimiento del orden y la paz social, que en parte deriva del cumplimiento de los reglamentos establecidos, toda vez que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por tanto, negó la suspensión definitiva respecto de los artículos que se reclamaron como inconstitucionales. • Respecto de la multa impuesta, con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se hiciera efectiva hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia del juicio principal; medida que surtió efectos de inmediato, pero la continuación de su efectividad quedó sujeta a la constitución de la garantía del interés fiscal ante el Tesorero Municipal de Puebla, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
• Una vez que la parte quejosa garantice el interés fiscal respecto de la multa reclamada, se generará como consecuencia que se le devuelva la placa vehicular, en virtud de que su retención no constituyó una sanción, sino una garantía impuesta por el agente de tránsito para el pago de la multa contenida en la boleta de infracción, en términos de lo establecido en los artículos 331, fracción VIII y 352, fracción I, del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. De modo que, al garantizarse el interés fiscal respecto de la multa reclamada en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, resulta procedente que se devuelva la placa vehicular.
• En la ejecutoria de la entonces denominada contradicción de tesis (contradicción de criterios en la actualidad) 202/2021, se aprecia que la Segunda Sala del Alto Tribunal puntualizó que la medida suspensiva surte efectos desde el momento en que se decreta, pero si dentro del plazo de cinco días, siguiente a la notificación de dicha determinación no se garantiza el interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales, dejará de surtir efectos. Así, el requisito de efectividad como condicionamiento de la suspensión que fue otorgada por la persona juzgadora no es desvinculable de la medida cautelar, de ahí que, a fin de que continúe surtiendo efectos, se debe garantizar el pago de la multa impuesta y hecho lo anterior, se debe entregar a la persona quejosa la placa vehicular, ya que su retención constituyó una medida de seguridad para garantizar el pago de la sanción económica impuesta.
V. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
20. La intervención de este Pleno Regional al resolver una contradicción, se justifica por la necesidad de unificar criterios para dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia; de ahí que sea imperativo establecer si aquélla se configura, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo para determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.
21. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias razonamientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales. Es decir, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe una necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sea necesariamente contradictorias en términos lógicos.
22. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Agosto de 2010, página 7, de contenido siguiente:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
23. Por ende, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
24. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Marzo de 2010, página 122, que a continuación se transcribe:
CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
25. A partir de los lineamientos expuestos para determinar cuándo existe una contradicción entre criterios, enseguida se emprende el análisis relativo del caso que nos ocupa.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
26. El desarrollo de los lineamientos precedentes conduce a este Pleno Regional a sostener que sí se actualizan los requisitos que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32596-36d7941d/garantia-del-interes-fiscal-no-debe-exigirse-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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