Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO O CONGELAMIENTO DE UNA CUENTA SI SE ACREDITA EN AUTOS QUE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A", DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES LA RETRANSMITIÓ A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. · Registro digital (IUS): 24990
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-04-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO, PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Pág. 1188.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO, PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. DISIDENTES: CARLOS RONZÓN SEVILLA, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN Y LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. PONENTE: JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS. ENCARGADO DEL ENGROSE: PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA: SECRETARIA: CAROLINA ACEVEDO RUIZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al tenor del artículo 227, fracción III, en relación con el diverso artículo 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, porque quien la interpone se encuentra debidamente facultado en autos para promover a nombre de la autoridad responsable que intervino en cada una de las resoluciones interlocutorias donde se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado los asuntos materia de esta contradicción de tesis.

TERCERO. Para resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente precisar las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas.

Cabe decir que el tema medular al que alude el oficio SSGA-VII-28926/2013, de cuatro de julio de dos mil trece, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere a: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DETERMINAR SI PUEDE OTORGARSE CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALE A DETERMINADA AUTORIDAD RESPONSABLE Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEJE SU CARGO."

Ahora bien, la primera postura asumida en su momento por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente en revisión 2685/88, se precisó, al emitir la tesis publicada bajo el número de registro IUS: 229199, página 803, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, NEGACIÓN DE LA, CUANDO LA AUTORIDAD ORDENADORA DEL ACTO RECLAMADO ES DISTINTA A LA INDICADA EN LA DEMANDA.", el cual quedó superado por ese órgano colegiado, destacando que es un criterio que se adoptó con una integración de Magistrados de Circuito distinta de la actual.

Segunda postura. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, incidente en revisión RA. 49/2013, siendo la parte quejosa Fixit, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la autoridad responsable recurrente, directora general adjunta de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; asunto en el que se resolvió lo siguiente:

"El anterior argumento es fundado, por lo siguiente: De las constancias que integran el cuaderno incidental 8/2013, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se observa, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Fixit, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades siguientes: ‘III. Autoridades responsables. Como ordenadoras y ejecutoras: 1. Director general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2. C. Directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas dos autoridades con domicilio oficial bien conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclama: a) Del director general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le reclamo el cumplimiento y ejecución de la orden de embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento o cualquier otra actividad similar suscritas por las autoridades, en relación con la cuenta de ahorro, inversiones y cheques a nombre de mi representada y ahora quejosa en el sistema financiero y bancario mexicano, específicamente la cuenta bancaria que a continuación se anota y de la cual mi representada es titular: Banamex 9166267061. b) De la C. Directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le reclamo el cumplimiento y ejecución de la orden de embargo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento o cualquier otra actividad similar suscritas por las autoridades, en relación con la cuenta de ahorro, inversiones y cheques a nombre de mi representada y ahora quejosa en el sistema financiero y bancario mexicano, especialmente la cuenta bancaria que a continuación se anota y de la cual mi representada es titular: Banamex 9166267061 ...’. Asimismo, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, para que: ‘... las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se efectúen las consecuencias que pueden desprenderse del aseguramiento precautorio trabajo, como podría ser la disposición de los saldos de las cuentas de mi representada, con el impedimento de que cumplan con las obligaciones laborales, fiscales, mercantiles, etcétera y cualquier otro acto similar, toda vez que con el otorgamiento de la suspensión que se solicita no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. ... En ese contexto, respecto de los actos reclamados a las autoridades ahora responsables, se solicita la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva para el efecto de que se levante el aseguramiento precautorio sobre la cuenta bancaria que a continuación de anota: Banamex 9166267061 ...’. 2. En consecuencia, por auto de siete de enero de dos mil tres, el secretario encargado del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto- lo admitió a trámite y ordenó abrir por duplicado el incidente de suspensión respectivo. Por tanto, en proveído de misma fecha, se abrió el incidente respectivo, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental y ordenó emplazar a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su respectivo informe previo. Asimismo, concedió la suspensión provisional de mérito. 3. Por oficio 212-1/48208/2013, de nueve de enero de dos mil trece, el director general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rindió su informe previo y manifestó que no eran ciertos los actos reclamados. Igualmente, por oficio 212-1/48205/2013, de nueve de enero de dos mil trece, la directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, rindió su informe previo, en el que indicó lo siguiente: ‘... los actos reclamados por el quejoso y que imputa a la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalada como autoridad responsable, SON CIERTOS, única y exclusivamente, en cuanto a que por conducto de esta dirección general adjunta a mi cargo se retransmitió íntegramente a las correspondientes instituciones financieras -en términos del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito-, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho el oficio 39.57.01.9200/057/93654BQ/734787 (se adjunta copia certificada al presente), mediante el cual el jefe de la oficina para Cobros 5, Centro 39-57, de la Subdelegación 5 Centro, de la Delegación Norte del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó la inmovilización de depósitos en cuentas de la quejosa, requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho’ (foja 58 vuelta del cuaderno incidental). 4. Seguidos los trámites de ley, el catorce de enero de dos mil tres, el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, celebró la audiencia incidental y dictó resolución interlocutoria en la que concedió la suspensión definitiva, para el efecto de que: ‘... se levante el embargo precautorio decretado sobre la cuenta bancaria 9166267061, aperturada en Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integran del Grupo Financiero Banamex ...’. En principio, el Juez Federal indicó que no era cierto el acto reclamado del director general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en la orden de embargo precautorio de la cuenta aludida, pues al rendir el informe previo manifestó que la orden la realizó el jefe de la oficina para Cobros aludido. En el considerando segundo, el juzgador precisó que era cierto el acto reclamado de la directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente por lo que hacía a la retransmisión del oficio 39.57.01.9200/057/93654BQ/734787, de doce de octubre de dos mil doce, suscrito por el jefe de la oficina para Cobros indicado, en el que se ordenó el embargo precautorio de la cuenta bancaria aludida, por así haberlo indicado en su informe previo. Así, en el considerando tercero, el Juez de Distrito del conocimiento sostuvo que procedía conceder la suspensión para el efecto indicado, porque el acto reclamado era susceptible de paralización, porque el quejoso solicitó la medida suspensiva, además de que no se infringían disposiciones de orden público ni se vulneraba el interés social y, por último, la parte quejosa demostró que su ejecución podía causarle daños y perjuicios de difícil reparación, al ofrecer copia del estado de la cuenta bancaria en cita. Por lo que el efecto de la suspensión se traducía en que las autoridades: ‘... en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, emitan las órdenes correspondientes para que la quejosa tenga libre disposición de la cuenta bancaria 9166267961, del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, integrante del grupo financiero Banamex ...’. Finalmente, el juzgador señaló que la suspensión surtía sus efectos, desde luego, pero dejaría de surtirlos si el quejoso en el plazo de cinco días no realizaba el depósito de la cantidad a que ascendían los créditos fiscales, esto es, por veinticinco mil doscientos sesenta y tres pesos 20/100 ($25,263.20/100 M.N.). Visto lo anterior, es dable afirmar que le asiste la razón a la recurrente, al señalar que la resolución interlocutoria de mérito resulta incongruente en atención a los actos que se reclamaron y aquellos que se tuvieron por ciertos. Ello es así, en virtud de que el Juez Federal del conocimiento concedió la suspensión definitiva para el efecto de que: ‘... se levante el embargo precautorio decretado sobre la cuenta bancaria 9166267061, aperturada (sic) en Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integran (sic) del Grupo Financiero Banamex ...’. - Esto es, para que las autoridades: ‘... en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, emitan las órdenes correspondientes para que la quejosa tenga libre disposición de la cuenta bancaria 9166267961, del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, integrante del grupo financiero Banamex ...’, siendo que de la atenta lectura de los capítulos de autoridades y actos reclamados de la demanda de garantías -que motivaron la solicitud de suspensión definitiva-, se observa que únicamente se reclamó el cumplimiento y ejecución de la orden de embargo, aseguramiento o inmovilización de la cuenta bancaria indicada por la peticionaria del amparo; además de que en torno a la certeza de dichos actos, la referida directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su informe previo, únicamente reconoció que la retransmisión del oficio 39.57.01.9200/057/93654BQ/734787, de doce de octubre de dos mil doce, suscrito por el jefe de la oficina para Cobros 5, Centro 39-57, de la Delegación Norte del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que determinó la inmovilización de depósitos en cuenta (sin que dicha autoridad y acto -conforme a las constancias que integran el cuaderno incidental de mérito- figuren como responsable y acto reclamado, respectivamente). De lo que se colige que si la orden de embargo, inmovilización y/o aseguramiento de la cuenta bancaria referida por la quejosa no fue señalada como acto reclamado, no era factible que al resolver sobre la medida cautelar de mérito se hiciera pronunciamiento en lo tocante a los efectos y consecuencias de tal acto. Y, por ende, el hecho de que la directora general adjunta de mérito hubiere aceptado que retransmitió un oficio que ordenaba la inmovilización de la cuenta aludida, no llegaba al extremo de facultar al juzgador para conceder la suspensión definitiva para los efectos de que se levantara la orden de inmovilización aludida, pues las consecuencias aludidas no derivan de la retransmisión en sí, sino que son propios de la orden que no se impugnó; razón por la cual no era factible conceder la suspensión en los términos apuntados por el juzgador. En ese tenor, lo procedente es -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Amparo- revocar la resolución interlocutoria de catorce de enero de dos mil trece, dictada por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del cuaderno incidental 8/2013, de su índice y, por tanto, negar la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, Fixit, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que: ‘... levante el aseguramiento precautorio sobre la cuenta bancaria 9166267061 ...’, pues la orden de donde derivan los efectos que solicita se paralicen no fue señalada como acto reclamado. Máxime que el acto que se tuvo por cierto, consistente en la retransmisión del oficio de doce de octubre de dos mil doce, se traduce en un acto consumado, ya que se agotó en el momento en que se materializó la comunicación de dicho oficio a las instituciones bancarias y, por ende, no es factible conceder la medida cautelar aludida, pues se traduciría en dar efectos restitutivos propios de la materia del amparo. Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito las manifestaciones realizadas por la quejosa en el escrito presentado ante el juzgado de mérito el veintinueve de enero de dos mil tres, a través del cual precisa que la resolución interlocutoria relativa se apegó a derecho (fojas 12 a 21 del toca), porque al tratarse de actos prohibidos por la Constitución Federal, de conformidad con sus artículos 14 y 22, operaba el beneficio de la suplencia de la queja, porque se trata de actos carentes de fundamentación y motivación, en los que la autoridad fue más allá de lo que la ley le permite; porque el aseguramiento de las cuentas tiene el carácter de precautorio y se fundamenta en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, que ha sido declarado inconstitucional, y porque se acreditó la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que -como se advierte de lo anteriormente expresado- los actos reclamados no se trataban de aquellos prohibidos por la Constitución Federal, además de que la suplencia de la queja opera respecto de conceptos de violación o agravios, pero no tratándose de actos reclamados. Aunado a que pese a que se demostrara el juicio de probabilidad sobre el derecho discutido contenido, la orden de inmovilización de depósitos o cuentas, lo cierto es que -se insiste- no se reclamó tal orden, por lo que no operaba el postulado aludido. Amén de las restantes cuestiones en torno a la legalidad de los actos, se trata de tópicos que no son propios de la suspensión, sino del fondo del amparo."

Tercera postura. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, incidente en revisión RA. 51/2013-565, relativo al incidente de suspensión del juicio de amparo promovido por Sidras y Vinos, Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo la autoridad recurrente, la directora general adjunta de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Resolución interlocutoria cuyas consideraciones son las siguientes: "En el considerando cuarto, el juzgador tuvo por acreditadas las manifestaciones del director general adjunto de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativas a que únicamente retransmitió a las instituciones bancarias el oficio DF/INMOV/0675/2011, a través del cual el gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda solicitó la inmovilización de los depósitos en cuentas de la quejosa, toda vez que es deudora del crédito fiscal DRF/SRFDF/DICTF/3294/09, por la cantidad de $3'961,170.41 (tres millones novecientos sesenta y un mil ciento setenta pesos, cuarenta y un centavos). Sobre esa base, el Juez de Distrito procedió a verificar los supuestos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, al considerar que las consecuencias del acto son susceptibles de paralizarse. Respecto a la hipótesis primera estableció que se cumple, ya que de la demanda de garantías advirtió que fue la quejosa quien solicitó la medida cautelar. En cuanto al segundo requisito dispuso que se satisface, en razón de que, con la concesión de la medida suspensiva, no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Por lo que hace al último supuesto, consideró que, de no otorgarse la medida, se causarían a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación consistentes en que no pueda disponer de sus cuentas bancarias para enfrentar sus obligaciones pecuniarias; máxime que acreditó su interés suspensional con las copias certificadas de los estados de cuenta a su nombre. En esos términos, el Juez Federal concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se permita a la quejosa disponer libremente de sus cuentas bancarias y continúe cubriendo sus obligaciones económicas. Explicó que, atendiendo a que la inmovilización se produjo por el adeudo de un crédito fiscal, se hace exigible a la quejosa una garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, por lo que si en el plazo de cinco días no garantizaba la cantidad de $3'961,170.41 (tres millones novecientos sesenta y un mil ciento setenta pesos, cuarenta y un centavos), la medida cautelar dejaría de surtir sus efectos. Para controvertir las consideraciones anteriores, en los agravios la recurrente aduce, en esencia, que la decisión que asumió el Juez Federal en la resolución impugnada es ilegal, ya que concedió la suspensión definitiva, pasando por alto que la inmovilización de las cuentas bancarias fue ordenada por el gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, a través del oficio DF/INMOV/0675/2011; y no por ella, esto es, que ordene se interrumpan los efectos de la inmovilización, cuando su única actuación consistió en retransmitir a las instituciones financieras la instrucción consignada en el oficio de mérito, por lo que no puede actuar en los términos establecidos en la interlocutoria. Continuó explicando la recurrente que, si su actuación derivó de una solicitud u orden que no se reclamó, de quien la emitió y no guarda relación de jerarquía con aquella autoridad, es inaceptable que ella ordene se suspendan los efectos de un acto ordenado por una autoridad distinta a la señalada en la demanda de garantías; máxime que carece de facultades para realizar movimientos sobre cuentas bancarias, en términos del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. La recurrente añade que, la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sólo funge como intermediaria entre las autoridades ordenadoras y los bancos, con la finalidad de que los oficios dirigidos a las instituciones financieras sean atendidos conforme a derecho, sin que para ello pueda ampliar, limitar, modificar o interpretar sus alcances. Del informe previo rendido por la directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advierte que reconoció la retransmisión del oficio DF/INMOV/0675/2011, del gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el cual ordenó la inmovilización de depósitos localizados a favor de la quejosa, en las cuentas bancarias a su nombre. En la interlocutoria, el Juez Federal concedió la medida cautelar respecto de las consecuencias del acto combatido, esto es, en relación con la inmovilización de los recursos depositados en las cuentas bancarias de la que es titular la quejosa para el efecto de que se le permita manejarlas libremente. De conformidad con lo expuesto, debe considerarse que al conceder el Juez la suspensión definitiva respecto de la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa, la autoridad a la que se atribuyó el acto reclamado lleva implícita la obligación de ajustar su actuación en los términos de lo decidido, que en el asunto se traduce en que la quejosa tenga libre acceso a los recursos depositados en sus cuentas bancarias. Es decir, el mandato del Juez Federal impuso a la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, interrumpir la inmovilización de las cuentas bancarias, a fin de que la quejosa pueda disponer libremente de ellas, como lo estableció en el considerando quinto de su decisión: ‘... y el efecto de la suspensión será interrumpir el embargo (sic) de las cuentas bancarias mientras se resuelve el fondo del juicio ...’, lo que significa que en acatamiento a la medida suspensiva, está obligada a ajustar su actuación a los lineamientos de la resolución impugnada. Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que el proceder del Juez Federal no se apega a derecho, ya que concedió la medida suspensiva respecto de un acto cuyas consecuencias derivan de la actuación de una autoridad diversa a la señalada en la demanda de garantías, es decir, su decisión giró en torno al señalamiento realizado por la directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su informe previo, siendo que del oficio DF/INMOV/0675/2011, se advierte que fue el gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, quien solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa a través del oficio de mérito. Para demostrar lo anterior, a continuación se reproduce la copia certificada del oficio DF/INMOV/0675/2011, anexo al informe previo: (se reprodujeron). Lo anterior muestra que, el siete de marzo de dos mil once, el gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitió el oficio DF/INMOV/0675/2011, por medio del cual ordenó la inmovilización de los depósitos de la contribuyente Sidras y Vinos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de que es deudora del crédito fiscal DRF/SRFDF/DICTF/3294/09, por un monto total de $3'961,170.41 (tres millones novecientos sesenta y un mil ciento setenta pesos, cuarenta y un centavos), lo cual hace patente que la actuación de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistió en retransmitir la información contenida en el oficio citado. Por tanto, si la consecuencia respecto de la cual se concedió la suspensión definitiva derivó de la instrucción consignada en el oficio DF/INMOV/0675/2011, es inexacto que el Juez vincule a la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a dejar sin efectos la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa, cuando quedó demostrado que la orden de inmovilización fue instruida por el gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. De ahí lo fundado de los agravios hechos valer. En consecuencia, al resultar fundados los agravios en estudio, lo procedente es revocar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva."

Cuarta postura. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El incidente en revisión RA. 105/2013-1517, derivado del incidente de suspensión en el juicio de amparo promovido por Sidras y Vinos, Sociedad Anónima de Capital Variable, señalando como autoridad responsable, recurrente en el asunto materia de la presente contradicción, a la directora general adjunta de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, en la parte considerativa, sostiene:

"Con fundamento en el precepto de mérito, este órgano jurisdiccional advierte que durante la tramitación del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 1499/2012, se cometió una violación manifiesta, que dejó sin defensa a la quejosa, como se verá a continuación: Para demostrar este aserto, es necesario tener en cuenta que en la demanda de amparo la quejosa señaló como acto reclamado la orden de aseguramiento de sus cuentas bancarias, el cual atribuyó a la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Del informe previo rendido por la responsable directora general adjunta de Atención a Autoridades ‘A’, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se advierte que reconoció la retransmisión del oficio DF/INMOV/0675/2011, por medio del cual el gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ordenó la inmovilización de depósitos localizados a favor de la quejosa, lo que dio pauta a que la quejosa ampliara la demanda de garantías. Y solicitó la suspensión de los actos reclamados, en los términos siguientes: ‘Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 122, 124, 130 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como la fracción X del artículo 107 constitucional, solicito de manera expresa la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva de los actos reclamados y sus consecuencias legales, es decir, de la inmovilización de los depósitos dinerarios correspondientes a la cuenta bancaria ya descrita.’. Por auto de veinte de febrero de dos mil trece, el Juez Federal tuvo por ampliada la demanda de garantías; concedió la medida provisional solicitada y requirió al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que rindieran su informe previo, respectivamente. Mediante oficio recibido el veintiséis de febrero de dos mil trece en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento, el gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Metropolitana del Valle de México, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores manifestó que, conforme al organigrama de esa dependencia, no existe autoridad alguna con la denominación ‘gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores’, por lo que el Juez Federal acordó lo siguiente: ‘Asimismo, hágase del conocimiento del quejoso la anterior determinación, a efecto de que manifieste lo que a su derecho legal convenga respecto de la autoridad que señaló como «gerente de Fiscalización de la Coordinación de Fiscalización y Cobranza Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores», quedando expedito su derecho a señalarla en su denominación correcta.’ (folio 86 del cuaderno principal). De la transcripción anterior se observa que el juzgador dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, este órgano colegiado advierte que, dada la trascendencia de la inexistencia de la autoridad que nos ocupa, pone de manifiesto que debió hacerse de su conocimiento de manera personal, lo que no sucedió, ya que se le notificó por lista en el estrado que ocupa el juzgado. Lo anterior revela que el Juez de Distrito incurrió en una omisión que provoca una inadecuada fijación de las autoridades responsables, dejando sin defensa a la quejosa; máxime que el Juez Federal está obligado a examinar todas las cuestiones propuestas en la demanda de amparo, y las que surjan durante la sustanciación del juicio. En efecto, no se advierte que el juzgador haya dado a la quejosa la oportunidad de a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24990-15888b14/suspension-definitiva-procede-decretarla-contra-la-orden-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.