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Modo: Corpus Pro

INTERÉS SUSPENSIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO O ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE ACREDITA CON LA SOLA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 206/2023. · Registro digital (IUS): 32100
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCER Y PRIMER, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo V, Pág.4397.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 206/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCER Y PRIMER, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA) Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTRUITA FLORES.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, en sesión del día siete de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción 206/2023, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercer y Primer, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León.

ANTECEDENTES

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio 180/2023, recibido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, mediante el registro 1602, en este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León denunció ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer y Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver los recursos de queja QA. ********** y QA. **********, de sus respectivos índices.

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano jurisdiccional ordenó formar el expediente electrónico y registrar el asunto con el número de contradicción 206/2023, asimismo solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción de criterios, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

En ese mismo proveído, se turnó el expediente a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.

Asimismo, la presidencia de este Pleno Regional solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar tratara sobre: "DETERMINAR SI EN MATERIA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA TENER POR JUSTIFICADO EL INTERÉS TRATÁNDOSE DE BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS".

TERCERO.—Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual hizo del conocimiento de este Pleno Regional que el criterio en la queja QA. **********, continuaba vigente.

Por su parte, con relación al diverso Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, según se advierte del expediente electrónico, no obra oficio alguno en el que se exponga a este órgano jurisdiccional, la vigencia del criterio contenido en el recurso de queja QA. **********.

CUARTO.—Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El siete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6o. del Acuerdo General 17/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que de la consulta al sistema correspondiente, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por la presidencia del Alto Tribunal, no se encontró asunto relacionado con el tema a dilucidar en el presente.

QUINTO.—Confirmación del turno electrónico. Una vez concluida la integración del asunto, mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO.—Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

CONSIDERANDO:

COMPETENCIA

PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es decir, pertenecientes a la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde también a este Pleno Regional en función de su especialidad.

LEGITIMACIÓN

SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, Monterrey, quien resolvió la suspensión provisional en el asunto que dio origen al recurso de queja **********, y que constituye uno de los criterios contendientes.

CRITERIOS DENUNCIADOS

TERCERO.—Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es importante formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir algunas cuestiones relevantes de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

• Recurso de queja ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en Monterrey, Nuevo León (sesión de treinta de octubre de dos mil diecisiete) y

• Recurso de queja ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en Monterrey, Nuevo León (sesión de doce de junio de dos mil veintitrés).

A. Recurso de queja ********** Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Juicio de amparo indirecto.

La parte quejosa y recurrente demandó en la vía de amparo indirecto –con solicitud de suspensión– la protección de la Justicia de la Unión, en contra de **********, Institución de Banca Múltiple, **********, **********, *********** y **********, respecto de los siguientes actos:

"... De la Administración Local de Recaudación de Monterrey del Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, el mandamiento de ejecución, y el procedimiento administrativo en general, por medio del cual se practicó el embargo de la cuenta bancaria ********** el cual bajo protesta de decir la verdad, declaro que jamás me fue notificado y jamás tuve conocimiento del mismo.

"De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reclama, la autorización del embargo de la cuenta bancaria número ********** de lo cual me hice sabedor en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete. ..."

Cabe precisar que la quejosa solicitó la suspensión para el efecto siguiente:

"... de que se me permita la utilización de la misma y no se lleve a cabo el procedimiento coactivo que la autoridad fiscal inconstitucionalmente pretende llevar a cabo ..."

El Juzgado Primero en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, dentro del expediente **********, de su índice, negó la suspensión provisional esencialmente por lo siguiente:

- Consideró que lo procedente era negar a la inconforme la suspensión provisional, toda vez que no acreditó ni aun de manera presuntiva contar con el interés suspensional necesario para el otorgamiento de la medida cautelar, incumpliéndose en consecuencia con el requisito previsto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, que establece como uno de los requisitos para la procedencia del juicio de amparo y, por tanto, de la suspensión, que se siga a instancia de parte agraviada.

- Añadió, que carecía de elementos para considerar que la parte quejosa contaba, aun presuntivamente, con un derecho jurídicamente tutelado por alguna norma legal, que se viera afectado por el acto de autoridad y que se traduzca en el interés jurídico necesario para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, pues no exhibía constancia alguna en la que se advirtiera que es titular de la cuenta bancaria **********, que según el dicho de la promovente le fue embargada, por consiguiente, lo que procedía era negar la suspensión provisional solicitada.

- Ello, porque si en el caso la impetrante manifestaba ser titular de la cuenta bancaria que refería, dicha titularidad era susceptible de acreditarse indiciariamente con las documentales correspondientes a la apertura de dicha cuenta bancaria, o bien, con el estado de cuenta respectivo que pudieran ser suficientes de manera indiciaria para cumplir con el extremo a que se contrae la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por ende, para obtener la suspensión provisional, porque la finalidad de esa medida solamente estriba en decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación a la agraviada.

- Precisó, que no pasaba inadvertido que a su demanda de garantías la promovente de amparo acompañó una documental relativa a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se observaba que se decretó la nulidad del crédito fiscal que ahí se indicaba, así como al proveído en el que se determinó la firmeza de dicho fallo; sin embargo, dichas documentales en esa estadía procesal no resultaban aptas para acreditar, ni aun de manera presuntiva, que la parte quejosa era titular de la cuenta bancaria que describía en su escrito de demanda, amén de que tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, se estimaba que las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, relacionadas con la exhibición del contrato relativo a la apertura de la cuenta sobre la que se solicitaba la protección de la Justicia Federal, firmado entre la peticionaria de garantías y la institución de crédito correspondiente, pueden ser elementos idóneos para acreditar aunque sea de manera indiciaria el referido interés suspensional, pues con dicha probanza podía inferirse que quien ostenta su titularidad es el directamente agraviado y que, además, la cuenta se encontraba vigente.

- Luego, estimó que al no haberse acompañado a la demanda constancia que acreditaran tales extremos, se determinaba que la inconforme no acreditó el interés presuntivo necesario para la obtención de la medida cautelar solicitada, de ahí que lo procedente era negar la suspensión provisional de los actos reclamados, con apoyo en la tesis de rubro: "ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE."

- El Juzgado de Distrito sostuvo que la circunstancia de que todo lo declarado en el escrito inicial de demanda se hubiera hecho bajo protesta de decir verdad, no implicaba necesariamente una presunción que acreditara el interés jurídico y, por ello, procediera el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues el hecho de que se haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto, dado que esa situación, únicamente tenía como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tanto, la mencionada protesta era insuficiente para acreditar presuntivamente el interés en el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, en términos de la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN, PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE."

Recurso de queja

El Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja interpuesto por el amparista calificó como infundados e inatendibles los agravios, y resolvió infundado el recurso de queja, conforme a lo expuesto en la transcripción siguiente:

"... Reseñado lo anterior, como se adelantó, los referidos argumentos resultan unos infundados y otros inatendibles.

"A fin de acreditar lo anterior, en primer término, resulta conveniente remembrar que la quejosa **********, por su propio derecho, ocurrió en demanda de amparo contra actos de ********** (sic), Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León, Administración Local de Recaudación de Monterrey del Servicio de Administración Tributaria y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de quienes reclamó esencialmente el embargo de la cuenta bancaria número ********** y su autorización, así como el mandamiento de ejecución y el procedimiento administrativo por medio del cual se llevó a cabo dicho embargo.

"En su demanda, la peticionaria de amparo solicitó la suspensión de los actos reclamados medularmente para el efecto de que se le permitiera la utilización de la cuenta bancaria en cuestión y no se llevara a cabo el procedimiento coactivo correspondiente.

"De dicho juicio de amparo correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien le asignó el número estadístico **********; asimismo, por auto dictado el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, dentro del incidente de suspensión, negó la suspensión provisional solicitada.

"Tal determinación obedeció, fundamentalmente, a que el referido juzgador determinó que la quejosa no exhibió constancia alguna de la que se pudiera advertir que dicha inconforme era titular de la cuenta bancaria a que hacía alusión; como sería por ejemplo las documentales correspondientes a la apertura de tal cuenta bancaria o con el estado de cuenta respectivo; sin que de las documentales que acompañó, relativas a la sentencia de un juicio de nulidad y el auto que la declaró firme, se desprendiera la titularidad que la quejosa afirmaba contar respecto a la mencionada cuenta bancaria; además de que las manifestaciones bajo protesta de decir verdad resultaban insuficientes para acreditar tal extremo.

"Ahora bien, en relación con la litis que nos ocupa, resulta pertinente invocar la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:

"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).’ (texto)

"Ahora bien, al resolverse la contradicción de tesis 175/2013 que dio origen al criterio transcrito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la parte que ahora interesa, lo siguiente.

"Indicó que en la diversa contradicción de tesis número 37/97, el Pleno ese Alto Tribunal retomó las razones expuestas tanto por la Segunda Sala como por el propio Pleno, con las que se resolvieron las contradicciones de tesis 34/91 y 3/95, de las que surgieron, respectivamente, las jurisprudencias de rubros: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.’ y ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’

"En ese entendido, destacó que en tales resoluciones se puntualizó que si bien deben tomarse en cuenta las manifestaciones del quejoso hechas en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, respecto de la certidumbre del acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta el órgano de control constitucional sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, de modo que debe partirse del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, ello no significaba dejar de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, para decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional, en virtud de que son dos situaciones distintas, una, la existencia de actos y, otra, acreditar los elementos contemplados en la ley.

"La superioridad en cita indicó que, a fin de demostrar que quien solicita la suspensión sea ‘agraviado’, así como que los actos reclamados o su ejecución le causan daños y perjuicios de difícil reparación, ambos, requisitos exigidos en las fracciones I y III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, era necesario acreditar, únicamente de manera indiciaria, que se es titular del derecho que se invoca como violado y, en ese sentido, en los criterios en cita se precisó, que ‘de manera indiciaria’ implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido, por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.

"Bajo ese orden de ideas, la Primera Sala señaló que se puntualizó que no basta la simple afirmación bajo protesta de decir verdad, para acreditar de manera indiciaria que se es titular del derecho que se invoca, pues aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece, pues no deja de ser una manifestación de las partes en el juicio.

"Asimismo, refirió que dicho criterio sustancial se sostuvo por el Pleno de ese Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 3/95, de la que surgió la jurisprudencia 15/96, pues se estableció que la apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, basada en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, no implica dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, para resolver sobre la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, porque el examen que realice el juzgador, siempre queda sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. "Por otra parte, en relación con la contradicción de tesis que estaba resolviendo, precisó que aun cuando el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, establecía que debe presumirse como cierto el acto reclamado, para el solo efecto de la suspensión, cuando no se rinde el informe previo correspondiente, el que se configure esa ficción legal era inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso en obtener dicha medida cautelar, precisamente, porque son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y, otra, acreditar los elementos contemplados en la ley.

"Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era claro que la presunción de existencia del acto reclamado no conllevaba que deban tenerse por demostrados los requisitos de las fracciones I y III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, porque para ello era menester que exista algún elemento de convicción que permita tener por acreditado, aunque sea indiciariamente, que tal acto agravia al quejoso, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido, en virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.

"Reseñado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que el referido criterio resulta orientador en el caso concreto, pues si bien el mismo se encaminó a resolver una contradicción de tesis derivada de resoluciones dictadas en relación con la suspensión definitiva, lo cierto es que, como se advierte, el Alto Tribunal fue puntual en establecer que la existencia de los actos reclamados y el acreditamiento de los elementos contemplados en la ley para la procedencia de la suspensión de tales actos, son dos aspectos distintos, de manera que la sola afirmación bajo protesta de decir verdad resulta insuficiente para acreditar, aun de manera indiciaria, que la parte quejosa es titular del derecho que invoca a efecto de acreditar su interés suspensional.

"Asimismo, no obstante, el mencionado criterio derivó del análisis de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a esta última.

"En ese sentido, conviene precisar que si bien el numeral 128 de la Ley de Amparo vigente ya no establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, además de que la fracción I del señalado arábigo ya no establece la palabra ‘agraviado’, sino que utiliza el término ‘quejoso’; lo cierto es que el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa siendo aplicable.

"Esto, en tanto que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que evidentemente es menester que la parte quejosa demuestre, aun indiciariamente en el incidente de suspensión, que es titular del derecho que estima se transgredió a través de los actos que reclama.

"Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa recurrente aduce que sí se acreditó su interés suspensional con la documental consistente en la sentencia dictada por la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues de ésta se desprende que se decretó la nulidad de los créditos que existían a su nombre, motivos por los cuales se había embargado la cuenta bancaria ********** del ********** (sic).

"Lo anterior resulta infundado, pues este tribunal advierte que del análisis de dicha documental no se desprende que los créditos fiscales determinados a la ahora inconforme hubiesen originado el embargo de alguna cuenta bancaria perteneciente a dicha impetrante, así como tampoco se hace mención alguna de que la quejosa sea la titular de la cuenta bancaria ********** del ********** (sic), a efecto de que este Tribunal Colegiado pudiera valorar si con tal documental puede acreditarse el interés suspensional de la quejosa.

"En efecto, del análisis de dicha sentencia, dictada el dos de mayo del año en curso por el magistrado instructor de la Segunda Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de nulidad **********, se advierte que **********, mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes Común de dicha sala especializada, demandó la nulidad de los créditos fiscales identificados con los números **********, **********, **********, **********, ********** y **********, atribuyéndoles su emisión a la Unidad Especializada en Comercio Exterior de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, mismos que manifestó desconocer.

"Asimismo, de la referida resolución se colige que el magistrado instructor de dicha sala especializada, en lo que ahora interesa, indicó que la autoridad demandada respectiva, al emitir su contestación a la demanda de nulidad, fue omisa en acompañar las copias de traslado respecto a la resolución administrativa de donde derivaban tales créditos, así como sus constancias de notificación, no obstante se le requirió para que subsanara tal omisión, además de que posteriormente se declaró precluido el plazo para que presentara la contestación a la ampliación de demanda que formuló la entonces actora.

"Por tales motivos, el mencionado resolutor determinó que se había dejado en estado de indefensión a la accionante, al no haber estado en posibilidad de hacer valer argumentos tendentes a desvirtuar la fundamentación y motivación legal en que se sustentaba el acto administrativo impugnado y sus constancias de notificación, por lo que lo procedente era declarar la nulidad de la referida resolución.

"En ese sentido, si bien de dicha sentencia se desprende que se declaró la nulidad de los mencionados créditos fiscales, determinados en contra de la ahora quejosa, la cual quedó firme según se vislumbra de la copia del auto dictado por el Magistrado instructor de la sala en cuestión el veintitrés de junio de dos mil diecisiete; lo cierto es que, insístase, de tales documentos no se observa que en virtud de los referidos créditos o de algún procedimiento diverso relacionado con éstos, se haya embargado alguna cuenta bancaria de la impetrante o, inclusive, que se hubiese hecho mención de que la inconforme es la titular de la cuenta bancaria a la que hace referencia, a fin de que este órgano colegiado estuviera en posibilidad de valorar si con ello pudiera acreditarse el interés suspensional necesario para obtener la suspensión provisional que se solicita.

"Atento lo anterior, como se dijo, los argumentos en estudio resultan infundados.

"En otro orden de ideas, también debe desestimarse lo manifestado por la recurrente en el sentido de que de conformidad con la tesis XVII.52 K, sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA EL EMBARGO PRECAUTORIO TRABADO POR LA AUTORIDAD HACENDARIA EN UNA CUENTA DE CHEQUES. CASO EN EL QUE LAS COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA, DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y DE LAS IMPRESIONES ELECTRÓNICAS EN LAS QUE APARECE LA LEYENDA «CUENTA BLOQUEADA» RELACIONADAS CON OTROS ELEMENTOS, ACREDITAN EL INTERÉS JURÍDICO DE LA QUEJOSA PARA OBTENER DICHA MEDIDA.’, de la cual refiere se desprende que el interés suspensional no se acredita con las documentales consistentes en copias del contrato de apertura de la cuenta bancaria embargada, de los estados de cuenta o de las impresiones electrónicas en las que aparece la leyenda ‘cuenta bloqueada’, dado que de esas constancias no se advierte la orden de embargo reclamada; argumento que este tribunal advierte se encuentra dirigido a combatir la consideración del Juez de Distrito relativa a que el interés suspensional pudo haberse demostrado a través de las documentales correspondientes a la apertura de la cuenta bancaria o con el estado de cuenta respectivo; además de que, añade la recurrente, manifestó bajo protesta de decir verdad que no tenía conocimiento de ningún acto relativo a algún procedimiento administrativo de ejecución.

"Como se dijo, el anterior argumento resulta infundado.

"Ello es así, pues en primer término, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la tesis aislada en la que se basa dicho razonamiento no resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional, al haberse emitido por un diverso Tribunal Colegiado.

"Además, se advierte que el argumento en cuestión resulta contrario al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reseñado en párrafos anteriores.

"En efecto, al referir la recurrente que con las documentales consistentes en copias del contrato de apertura de la cuenta bancaria, de los estados de cuenta o de impresiones de pantalla, no puede acreditarse el interés suspensional, pues de tales documentos no se advierte la orden de embargo reclamada, ello evidencia que la inconforme confunde el tema relativo a la certeza de los actos reclamados con el diverso consistente en la acreditación del interés suspensional, siendo que este último implica la demostración, aun presuntiva, de que la parte quejosa es titular del derecho que estima se transgredió a través de los actos combatidos; aspectos que, acorde a lo resuelto por el Alto Tribunal son distintos, según se precisó.

"En ese sentido, en el caso de trato, la negativa de la medida cautelar no obedece

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32100-da1a2ccc/interes-suspensional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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