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Modo: Corpus Pro

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DE RETENCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DICTADAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE CUANTÍA MENOR. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 90/2025. · Registro digital (IUS): 33949
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.335.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 90/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 21 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

Ciudad de México, veintiuno de enero de dos mil veintiséis.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México resuelve la contradicción de criterios citada al rubro conforme a lo que en lo sucesivo se expone:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. El Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito (en adelante Segundo Tribunal Colegiado) denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el referido órgano jurisdiccional en el amparo en revisión 173/2024 y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil de ese mismo Circuito (en adelante Primer Tribunal Colegiado) al resolver el amparo en revisión 226/2024.

SEGUNDO. Trámite. El asunto se radicó con el número de expediente 90/2025, se admitió a trámite, se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si ante el Alto Tribunal está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema: “Determinar si, al señalar como acto reclamado, la orden de embargo como medida precautoria en un juicio ejecutivo mercantil, procede el juicio de amparo indirecto o bien, para cumplir con el principio de definitividad, se debe agotar previamente el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio”. El asunto se turnó para su estudio al magistrado Jorge Alberto Orantes López; turno que fue confirmado en proveído de doce de enero de dos mil veintiséis.

TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes.

No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en que listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 38, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y artículos 1o., fracción II, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, este último reformado en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, en su artículo 3 (Acuerdos Generales aplicables conforme al artículo décimo noveno transitorio de la mencionada Ley Orgánica). Lo anterior, porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por dos Tribunales Colegiados semiespecializados en materia civil pertenecientes al Vigésimo Circuito, al resolver asuntos de la misma índole (mercantil) y cuya territorialidad y especialización se encuentran asignadas a este Pleno Regional.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por servidor público con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue instada por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado, el cual es uno de los tribunales contendientes, como se advierte en el respectivo expediente electrónico.

TERCERO. Antecedentes de las resoluciones.

Criterio 1. Amparo en revisión civil 173/2024 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, resuelto el doce de junio de dos mil veinticinco.

Antecedentes. Una persona física promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como autoridades responsables a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Director General de Atención a Autoridades de dicha comisión, así como al banco que administra una cuenta bancaria en donde se deposita su pensión jubilatoria; de las que reclamó la orden de embargo precautorio, bloqueo, inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria.

Al advertir en los informes justificados la participación de otra autoridad, el juzgado de amparo dio vista a la parte peticionaria para que manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo. La parte quejosa así lo hizo, reclamando de un juzgado federal en el estado de Chiapas y la actuaria adscrita, la falta de emplazamiento y todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, así como la orden de embargo y/o bloqueo de la cuenta bancaria en donde se depositada su pensión jubilatoria.

La sentencia de amparo sobreseyó en el juicio por lo que hace a la falta de emplazamiento y lo actuado en el proceso mercantil, al advertirse que éste se encontraba en la etapa de realizarse el emplazamiento, por lo que el quejoso estaba en posibilidad de comparecer al juicio a defender sus derechos.

En cambio, concedió la protección constitucional para el efecto de que el embargo subsista únicamente respecto del treinta por ciento del excedente del salario mínimo de la pensión jubilatoria depositada en la cuenta bancaria.

El quejoso interpuso recurso de revisión, a fin de que la protección constitucional se extendiera a la totalidad del monto de la cuenta bancaria; no controvirtió el sobreseimiento por los demás actos.

Sentencia. La materia del recurso de revisión quedó circunscrita al tema de la retención de bienes de la cuenta bancaria. El Tribunal Colegiado no emitió consideraciones expresas con relación a alguna causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto; analizó el fondo de la impugnación, desestimó los agravios que se hicieron valer y confirmó los alcances del otorgamiento de la protección constitucional.

Criterio 2. Amparo en revisión civil 226/2024 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, resuelto el doce de septiembre de dos mil veinticinco.

Antecedentes. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra de la determinación de un juez federal en el estado de Chiapas, dictada en un juicio ejecutivo mercantil, consistente en la medida precautoria de retención de bienes de una cuenta bancaria en la que se deposita la pensión por jubilación de la parte peticionaria.

También reclamó la ejecución atribuida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al banco en donde se encuentra radicada la cuenta.

La sentencia de amparo concedió la protección constitucional para ordenar que en la cuenta bancaria intervenida únicamente puedan retenerse recursos distintos a los provenientes de la pensión jubilatoria.

La parte tercera interesada interpuso recurso de revisión.

Sentencia. El Tribunal Colegiado revocó la resolución recurrida y sobreseyó en el juicio, al advertir de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, consistente en que la peticionaria no agotó el recurso de revocación.

Las consideraciones esenciales son las siguientes:

- (...) sin embargo, dicho acto reclamado, la quejosa debió impugnarlo a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, previamente a acudir a esta instancia constitucional, por lo que debió agotar el principio de definitividad.

(...)

- En primer lugar, el artículo 1334 del Código de Comercio prevé el recurso de revocación como un medio ordinario de impugnación idóneo para obtener la revocación de los autos o decretos que no fueren apelables.

Asimismo, los referidos numerales 1336, 1337,1338 y 1339 del Código de Comercio, establecen la procedencia del recurso de apelación, el cual procede contra resoluciones dictadas en el procedimiento y en sentencias cuya suerte principal exceda a $851,710.18 (ochocientos cincuenta y un mil setecientos diez pesos 18/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, sin tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

Por lo que, tratándose de autos dictados en los juicios mercantiles cuya suerte principal sea inferior a la cantidad señalada en el párrafo que antecede, no procede el recurso de apelación, por lo que la parte inconforme puede impugnarlos a través del recurso de revocación.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 401, registro digital 2005047, con rubro y texto siguientes:

‘REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)’ (se transcribe)

(...)

En efecto, si la cuantía del proceso es menor al monto indicado en el artículo 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación; de ahí que, la parte quejosa, debió haber interpuesto el recurso de revocación previamente a acudir al juicio de amparo.

Para dar sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/15 C, emitida por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con Residencia en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 46, febrero de 2025, tomo III, Volumen 1, página 539, registro digital 2029969, del título y contenido siguientes:

‘PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SON RECURRIBLES LAS DETERMINACIONES QUE LAS CONCEDAN O NIEGUEN EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL.’ (Se transcribe)

(...)

Asimismo, la diversa jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, verificable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 886, registro digital 2017693, que dice:

‘MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’

Por lo anterior, se arriba a la conclusión que la parte promovente de amparo debió interponer el recurso de revocación establecido el artículo 1334 del Código de Comercio, previamente a instar el juicio constitucional, por lo que de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar el auto por el cual se ordenó la providencia precautoria de aseguramiento de dinero de que se duele la quejosa y al no haberlo hecho así, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente.”

CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.

De acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 22/2010(1) de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”, los elementos para que se presente una contradicción de criterios son:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre una cuestión común, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Además de los elementos típicos que anteceden, en la jurisprudencia P./J. 93/2006(2) el Pleno de la Corte sostuvo que es admisible tener por configurada una contradicción de criterios aun cuando uno de éstos haya sido sostenido de manera implícita por parte de alguno de los órganos jurisdiccionales; lo cual se explica en el texto de la referida tesis:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.

De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición.”

Este Pleno Regional considera que en el caso es factible tener por configurada la contradicción de criterios, toda vez que los órganos jurisdiccionales adoptaron posturas opuestas respecto a un tema de procedencia del juicio de amparo indirecto, en el que se reclama la determinación dictada en juicio ejecutivo mercantil que concede la providencia precautoria de retención de bienes en cuentas bancarias.

El punto jurídico común se refiere a la procedencia de un recurso ordinario que debe ser agotado, en esos casos el de revocación en atención a la cuantía, so pena de actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo,(3) por inobservancia del principio de definitividad.

Si bien en el recurso de revisión 173/2024 el Segundo Tribunal Colegiado no emitió consideraciones expresas sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto relacionadas con el principio de definitividad, lo evidente es que realizó el estudio de fondo de los agravios, lo cual implícitamente descarta la existencia de causa de improcedencia alguna cuyo análisis es oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo,(4) incluso en segunda instancia, de acuerdo con lo sostenido por el Pleno de la Corte en la jurisprudencia P./J. 122/99 de rubro “IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.”(5)

Esto aunado a que fue el propio Segundo Tribunal Colegiado el que a través de su Magistrado Presidente realizó la denuncia de contradicción de criterios, en donde manifestó que la postura de ese órgano jurisdiccional es que, en los supuestos descritos, el juicio de amparo es procedente sin que deba agotarse el recurso de revocación.

Por su parte, en el recurso de revisión 226/2024 el Primer Tribunal Colegiado sostiene que en los supuestos descritos sí se actualiza la causa de improcedencia en cita, ya que, por la cuantía, previamente debió interponerse el recurso de revocación a fin de observar el principio de definitividad.

Se advierte entonces que respecto a la misma cuestión jurídica atinente a la procedencia del juicio de amparo indirecto en atención al principio de definitividad, ambos Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial y adoptaron posturas discrepantes, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado al resolver el fondo del recurso consideró implícitamente que no es exigible la interposición previa del recurso de revocación, el Primer Tribunal Colegiado consideró que sí debe agotarse dicho recurso previsto en el Código de Comercio.

Entonces, se desprende que existen criterios discrepantes, siendo el tema a determinar si en el juicio de amparo indirecto en el que se reclama la determinación que concede la providencia precautoria de retención de bienes en un juicio ejecutivo mercantil, que por su cuantía no sea apelable, previamente debe agotarse el recurso de revocación.

Con lo anterior es factible superar la discrepancia existente entre las posturas reflejadas en las respectivas resoluciones al examinar cuestiones esencialmente iguales, aun cuando una de ellas se entienda implícita. Lo anterior con el objeto de remediar el hecho de que asuntos en los que se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales se sigan resolviendo de forma discordante; lo cual constituye la finalidad a la que se refiere la jurisprudencia P./J. 93/2006 citada.

SEXTO. Estudio.

El criterio que debe prevalecer es que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en el que se reclame la providencia precautoria de retención de bienes dictada en un juicio ejecutivo mercantil debe interponerse, por razón de la cuantía, el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, a fin de observar el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

Cabe destacar que, tal como lo expuso uno de los órganos jurisdiccionales contendientes y que más adelante se precisará, existe jurisprudencia en donde se ha abordado el tema de la recurribilidad de las providencias precautorias en juicios orales mercantiles, y otra jurisprudencia sobre la procedencia del recurso de revocación en juicios ejecutivos mercantiles. Pese a ello, no se advierte algún criterio jurisprudencial que de manera específica se refiera a la procedencia del recurso de revocación contra providencias

precautorias, cuando éstas son emitidas en un juicio ejecutivo mercantil. Por tal motivo, se estima pertinente la dilucidación del disenso de criterios. Los artículos 1168 y 1177 del Código de Comercio establecen las providencias precautorias que ordinariamente son susceptibles de operar en los procesos mercantiles -entre las que se encuentra la retención de bienes- y que pueden ser decretadas como actos prejudiciales, o bien, una vez iniciado cualquiera de los juicios previstos en el propio código:

“Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes:

I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código;

II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y

b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.

En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo.

Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo.”

“Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio.”

Respecto a la retención de bienes se precisa que es una providencia precautoria que admite ser decretada de manera independiente al embargo en un juicio ejecutivo mercantil. Así lo consideró la otrora Primera Sala de la Corte al resolver la contradicción de tesis 3/2022, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 48/2023 (11a.)(6) que es como sigue:

“RETENCIÓN DE BIENES. ES UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA APLICABLE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, LA CUAL OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE A LA FIGURA DEL EMBARGO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron asuntos en los que se pronunciaron sobre la posibilidad de implementar la medida de retención de bienes prevista en el artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio en el juicio ejecutivo mercantil. Uno de los tribunales consideró que la retención de bienes es procedente porque está prevista dentro de las reglas generales de los juicios mercantiles, dentro de los cuales se ubica el juicio ejecutivo. En cambio, el otro órgano jurisdiccional determinó que es improcedente la medida de retención de bienes ante la existencia del embargo que es una medida especial aplicable para ese tipo de juicios, por lo que se trata de figuras que no pueden coexistir.

Criterio jurídico: En el juicio ejecutivo mercantil es procedente la medida precautoria consistente en la retención de bienes prevista en el artículo 1168, fracción II, inciso b), del Código de Comercio, siempre que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, debido a que está regulada para ese tipo de juicios, sin que exista alguna norma que limite o module la posibilidad de su implementación, de tal modo que con su aplicación no se transgrede el principio de especialidad de la ley, por lo que dicha medida aplica con independencia de la existencia del embargo aplicable a ese tipo de juicios, ya que esas medidas persiguen fines distintos.

Justificación: Del análisis sistemático de los artículos 1168 a 1189 y del 1391 al 1414 del Código de Comercio, que regulan respectivamente las providencias precautorias y el juicio ejecutivo mercantil, se arriba a la conclusión de que las primeras se previeron en el capítulo de disposiciones generales para que pudieran implementarse en cualquiera de los juicios contemplados en ese Código, entre los cuales, se encuentra el juicio ejecutivo mercantil.

Situación que se ve reforzada en el artículo 1410 de la norma citada porque establece que con motivo de la sentencia de remate que se dicte en el juicio ejecutivo mercantil, se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados, lo cual no deja duda de que el legislador contempló la posibilidad de que dentro de un juicio de esta naturaleza pueda ordenarse la medida de retención de bienes.

En ese sentido, el empleo de la retención de bienes dentro del juicio ejecutivo mercantil no impide que también se haga uso del embargo, pues más allá de que la norma no lo prohíbe y por ello no se vulnera el principio de especialidad de la ley, se trata de figuras distintas que tienen propósitos diferenciados.

En efecto, el embargo es una medida aparejada a los títulos ejecutivos que requieren del emplazamiento previo de la parte demandada para proceder a su ejecución, en muchos casos, previo citatorio, lo que puede dar lugar a que la parte demandada pueda ocultar sus bienes. Mientras que la retención de bienes constituye un acto prejudicial que permite asegurar o inmovilizar los bienes retenidos para evitar que el futuro demandado tenga la posibilidad de ocultar, dilapidar, disponer o enajenar sus bienes, con lo cual se garantiza el eficaz cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria.

En el entendido de que el demandado tiene a su alcance los respectivos medios de defensa para remediar una caución desproporcionada respecto del crédito reclamado.”

De acuerdo con los preceptos citados y el criterio que antecede, se tiene entonces que la retención de bienes es una medida precautoria que puede ser decretada antes o durante cualquiera de los procesos previstos en el Código de Comercio; entre ellos, el juicio ejecutivo mercantil.

Del propio código en cita se desprende el sistema de impugnación de las determinaciones que recaigan a las providencias precautorias, al prever la procedencia del recurso de apelación en términos de los artículos 1183 y 1345, fracción IV (el énfasis es añadido):

“Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente.”

“Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan:

(...)

IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo;”

El citado precepto 1183 hace remisión al 1339 del propio ordenamiento, el cual dispone:

“Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $890,462.99 (ochocientos noventa mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 99/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente.

Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año.

Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión.

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.

Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante.

Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aqu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33949-ee0e45c6/providencias-precautorias-de-retencion-de-cuentas-bancarias-dictadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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