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Modo: Corpus Pro

EMBARGO MERCANTIL. EL JUEZ DE INSTANCIA PUEDE REVISARLO DE OFICIO, NO OBSTANTE QUE EL PROCESO SE RIJA PREPONDERADAMENTE POR EL PRINCIPIO DISPOSITIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 22/2023. · Registro digital (IUS): 31498
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-06-09
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCU
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, Pág.5164.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 22/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. DISIDENTE: MAGISTRADO ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

PRIMERO.—Competencia.

8. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

9. Lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimoséptimo y Noveno Circuito; Circuitos los cuales se encuentran comprendidos dentro de la referida Región Centro-Norte.

SEGUNDO.—Legitimación.

10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por Erick Alberto Parada Díaz, titular del Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en su calidad de autoridad responsable en el amparo en revisión civil 94/2021 del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoséptimo Circuito, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Criterios en probable contradicción.

11. Los asuntos en oposición se resolvieron en los términos siguientes:

12. Amparo en revisión civil 94/2021 del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito.

a) El juicio de origen es un juicio ejecutivo mercantil tramitado ante el Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, en el Estado de Chihuahua que lo radicó con el expediente **********.

b) Las partes presentaron convenio para su aprobación judicial y ante el incumplimiento denunciado por la actora, el Juez del conocimiento ordenó la ejecución forzosa.

c) El once de mayo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la diligencia en la que se trabó embargo sobre el cincuenta por ciento de los derechos que corresponden al demandado respecto de un título de concesión minera, así como todos y cada uno de los derechos y producción de mineral propiedad del demandado amparados por tal título; y el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad del inmueble inscrito bajo el número 83, folio 85, libro 3419 de la sección primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, por lo que se emitió oficio al Registro Público de Minería y al Registro Público de la Propiedad a fin de que realizaran las anotaciones del embargo.

d) Mediante oficio de treinta de julio de dos mil dieciocho, el subdirector del Registro Público de Minería remitió al juzgado de origen la constancia de inscripción del embargo relativo al cincuenta por ciento de los derechos de la concesión referida.

e) Posteriormente, la parte actora solicitó que se emitiera oficio a la Secretaría de Economía para que informara sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Minera y su reglamento, respecto de la citada concesión.

f) En determinación del veintisiete de julio de dos mil veinte, el Juez de primera instancia determinó que no era procedente acordar de conformidad la petición formulada por la parte actora, y ordenó regularizar el procedimiento y levantar el embargo respecto del cincuenta por ciento de los derechos del título de concesión minera, porque ésta es inembargable.

g) La parte actora interpuso recurso de revocación y el ocho de diciembre de dos mil veinte el Juez dictó sentencia en la que se declaró infundado.

h) La parte actora promovió juicio de amparo indirecto (que se radicó en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua con el expediente **********). El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dictó sentencia que otorgó el amparo para que el Juez responsable dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera otra en la que declarara fundado el recurso de revocación y comunicara a la autoridad competente que quedaba sin efectos el levantamiento de embargo.

i) El tercero interesado –demandado en el juicio natural– interpuso recurso de revisión del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito (expediente 94/2021). El ocho de noviembre de dos mil veintiuno se confirmó la sentencia recurrida que otorgó el amparo.

13. Amparo en revisión civil 217/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito.

a) El proceso de origen es un juicio ejecutivo mercantil tramitado ante el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y en cuya diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en que el actor señaló como garantía de lo reclamado el treinta por ciento del salario mínimo de la demandada, quien es empleada del Estado.

b) El seis de marzo de dos mil veinte el Juez del proceso determinó que el salario de la demandada es inembargable.

c) Contra ese proveído el actor interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el veintiséis de octubre de dos mil veinte, se declaró infundado y confirmó el auto impugnado de seis de octubre de ese año.

d) El actor promovió juicio de amparo indirecto (se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua con el expediente **********). El siete de junio de dos mil veintidós se dictó sentencia, cuyo primer punto resolutivo sobreseyó en el juicio de amparo indirecto respecto del auto de primera instancia y en el segundo resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de lo resuelto en el recurso de revocación.

e) La parte quejosa –actor en el juicio natural– interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, el cual confirmó la sentencia recurrida.

14. Amparo en revisión civil 360/2021. Del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

a) El proceso de origen es un juicio ejecutivo mercantil (tramitado ante el Juzgado Cuarto Mercantil en San Luis Potosí, en el Estado de San Luis Potosí). En la diligencia de exequendo de diez de diciembre de dos mil veinte, en la que el actor señaló para embargo el treinta por ciento del salario mínimo de la demandada, quien es empleada del Estado.

b) La demandada promovió incidente de levantamiento de embargo y éste se admitió a trámite el siete de enero de dos mil veintiuno.

c) El actor interpuso recurso de revocación en contra de dicha admisión, alegando la extemporaneidad del incidente. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se declaró fundado el recurso y se desechó el incidente de levantamiento de embargo.

d) La parte demandada promovió juicio de amparo indirecto (se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí con el expediente **********). El nueve de julio de dos mil veintiuno se dictó sentencia que negó el amparo.

e) La quejosa –demandada en el juicio natural– interpuso recurso de revisión del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (expediente 360/2021). El tres de marzo de dos mil veintidós se dictó sentencia que revocó el fallo recurrido y concedió el amparo para que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado, y dictara otra resolución en la que ordenara el levantamiento del embargo trabado sobre el salario de la quejosa.

f) En la parte que interesa para este estudio, la sentencia constitucional se fundamentó en las consideraciones siguientes:

- Declaró fundado el concepto de violación consistente en que la autoridad responsable dejó de observar que el embargo debe ser revisado de oficio por el juzgador, razón por la que su levantamiento puede realizarse en cualquier momento.

- Estimó que de la interpretación a la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.)(3) los órganos jurisdiccionales, deben resolver el tema central sobre el que versa la controversia de fondo y consideró que el salario de la demandada es inembargable con motivo del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra.

15. Amparo en revisión civil 507/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (resuelto el diez de febrero de dos mil veintidós).

a) El acto reclamado proviene de un juicio ejecutivo mercantil (tramitado ante el Juzgado Segundo Mercantil en San Luis Potosí, en el Estado de San Luis Potosí, expediente **********) en donde se trabó embargo en el treinta por ciento del salario de la demandada, quien era empleada del Estado.

b) La parte demandada promovió incidente de levantamiento de embargo y el seis de enero de dos mil veintiuno el Juez natural lo admitió a trámite.

c) Contra esa admisión el actor interpuso recurso de revocación, alegando su extemporaneidad.

d) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno se declaró infundado ese medio de impugnación.

e) El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno se dictó la interlocutoria que declaró fundado el incidente de levantamiento de embargo.

f) La parte actora promovió juicio de amparo indirecto contra los actos señalados como d) y e), (el cual se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí con el expediente **********). El nueve de agosto de dos mil veintiuno se dictó sentencia constitucional en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se dejara insubsistente la interlocutoria precisada en el inciso d), y considerara la extemporaneidad del recurso de revisión.

g) Inconforme contra esa determinación, la tercera interesada –demandada en el juicio natural– interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito el cual admitió y registró bajo el expediente 507/2021 y el diez de febrero del dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida.

16. Lo anterior constituye una breve exposición que pone de manifiesto, que los elementos fácticos de los criterios en oposición, y que provienen de juicios ejecutivos mercantiles en los que se trabó embargo en los derechos de un título de concesión minera y una parte del sueldo de trabajadores del Estado.

CUARTO.—Análisis sobre la existencia de la contradicción de criterios.

17. El análisis sobre la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los juzgadores y a los justiciables; dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.

18. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar, en principio, una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales; con independencia de que exista o no identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.

19. Lo anterior tiene sustento en las tesis siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(5)

20. Si la finalidad de la contradicción de criterios es, precisamente, la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte, es posible afirmar la existencia de una contradicción cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa ejerzan su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

2. Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico y con posturas contrarias o contradictorias; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de un cuestionamiento genuino acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

21. Por otro lado, no es obstáculo para que este Pleno Regional se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que ninguno de los criterios contendientes constituya jurisprudencia, pues para determinar la existencia de una contradicción basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho.

22. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Pleno del Alto Tribunal, la cual continúa en vigor en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, al no oponerse al contenido de la ley de la materia, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(6) así como la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(7)

23. En atención a lo anterior, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.

- Inexistencia de la contradicción de criterios respecto del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito en el amparo en revisión civil 94/2021.

24. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis 2a. CLXXIII/2001,(8) cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo que regulan específicamente las hipótesis en que existe contradicción entre las tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y del contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha interpretado dichos artículos, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, se sigue que se presenta la contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos, siempre que exista oposición entre ellos respecto de una misma cuestión jurídica; que dicha oposición se suscite en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas y, además, que los criterios en oposición deriven del examen de los mismos elementos. Consecuentemente, cuando uno de los tribunales en conflicto no entra al fondo de la controversia planteada, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos en la instancia relativa y el otro órgano colegiado sí aborda la litis propuesta, es claro que no se da la oposición de criterios, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito no se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ni se sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe contradicción de tesis."

25. La tesis aislada que antecede surgió de la contradicción de tesis 40/2001-SS; y si bien no constituye un criterio obligatorio, lo cierto es que sí es apto para orientar la determinación de algunos supuestos en donde no existe contradicción de criterios porque, en realidad, uno de los tribunales no emitió una opinión sustancial sobre determinado tema que estuviera en probable contradicción con otro órgano colegiado.

26. Lo anterior acontece en el caso, porque al resolver el citado recurso de revisión, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito no emitió un criterio propio sobre el tema del principio dispositivo y el análisis oficioso del embargo trabado sobre el salario de un servidor público; sino lo que resolvió fue que las consideraciones del Juez de Distrito no fueron controvertidas con los agravios y, por ende, no fueron desvirtuadas; tal como se advierte en la siguiente transcripción (el énfasis es añadido):

"... Pues bien, como se adelantó, los agravios que se analizan se califican como inoperantes, ya que no combaten en su totalidad las consideraciones que sostienen la sentencia recurrida. En ese sentido, el recurrente debió explicar por qué la regularización del procedimiento en materia mercantil, prevista en el artículo 1055, fracción VIII, del Código de Comercio, también podría decretarse mediante actos positivos, y no como lo dijo el Juez de Distrito sólo en relación de actos negativos, es decir, únicamente cuando se trate de abstenciones, omisiones u otros de índole semejante, pero no cuando esté de por medio uno de carácter positivo.

"- Tampoco el recurrente combatió las consideraciones del Juez de amparo en cuanto a que el órgano jurisdiccional no puede variar ni modificar sus actos después de autorizados, estableciendo sólo la posibilidad de aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión que contengan sobre un punto discutido en litigio, o bien cuando sean oscuros o imprecisos, pero sobre todo haciendo hincapié en que no puede alterar la esencia de lo actuado; que el Juez civil se encuentra imposibilitado jurídicamente para revocar sus propias determinaciones, por lo que el acto reclamado es ilegal, pues supuestamente al haberse afectado con el embargo el tercero interesado estaba en aptitud legal de combatirlo, sin que lo hubiera hecho; de ahí que, al no ser impugnado, la autoridad oficiosamente no podía dejarlo insubsistente; así como que hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, no ha surgido un conflicto relacionado con la titularidad de la concesión (pues incluso ésta no se ha verificado), sino lo sometido a la jurisdicción del Juez es únicamente lo relativo al cumplimiento de un convenio elevado a categoría de cosa juzgada emanado de un juicio ejecutivo mercantil.

"Por tanto, las consideraciones del Juez constitucional deben seguir rigiendo el sentido del fallo, puesto que no aparecen combatidas con los agravios en estudio, por lo que deben permanecer incólumes para continuar rigiendo el sentido del fallo; ya que, se reitera, en los agravios sintetizados, la parte recurrente no controvirtió eficazmente las consideraciones del órgano de control constitucional, por lo que los motivos de disenso devienen ineficaces. "Al respecto tiene aplicación el siguiente criterio:

"‘Registro digital: 159947 ...

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA.’"

27. En la transcripción que antecede es factible advertir que, en realidad, el Tribunal Colegiado no emitió algún criterio propio respecto de la materia sustancial que fue planteada y resuelta en el juicio de amparo indirecto; sino lo que resolvió fue, que las consideraciones esenciales emitidas por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida no fueron controvertidas ni desvirtuadas en su legalidad, por lo que tales consideraciones permanecían incólumes.

28. En consecuencia, como el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 94/2021, no emitió consideraciones propias sobre la materia sustancial del juicio de amparo indirecto respectivo, entonces no produjo criterio que pudiera estar en oposición con los restantes tribunales, por lo que es inexistente la contradicción de criterios por lo que hace a dicho Tribunal Colegiado.

- Análisis de la existencia de la contradicción de criterios respecto de los otros tres órganos jurisdiccionales (Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito).

29. Como precisión preliminar se destaca, que no es materia de la contradicción el tema consistente en si el salario de los empleados del Estado es embargable o está libre de embargo, ya que sobre ese punto no existió oposición de criterios. Por lo que, en su caso, en este asunto se hará referencia a ese aspecto como mera referencia, sin que lo anterior implique pronunciamiento alguno que dilucide ese punto.

I. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.

30. Este requisito se colma en el caso, toda vez que los tres Tribunales Colegiados de Circuito ejercieron su arbitrio judicial al emitir consideraciones de derecho al resolver las cuestiones que les fueron presentadas.

31. Esto es así, pues los órganos colegiados realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las resoluciones contendientes, en relación con que no obstante el principio dispositivo, el embargo mercantil admite ser revisado de oficio por el Juez de instancia, cuando se ejecuta sobre el salario de un servidor público, tal como se observa en el resumen de sus respectivas consideraciones realizado en el apartado que antecede.

II. Segundo requisito: el ejercicio interpretativo realizado por los tribunales contendientes gira en torno a un mismo problema jurídico y se arriba a soluciones contradictorias o contrarias.

32. Este requisito también queda cumplido en el presente caso, puesto que los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios contradictorios respecto de los mismos temas de derecho.

33. Una contradicción se produce cuando existen dos o más posiciones, las cuales, a la vez, una afirma y la otra niega, igual cualidad respecto de la misma cosa, de tal modo que esas consideraciones resultan incompatibles.

34. Lo anterior acontece en el caso.

35. En primer lugar, porque los tres Tribunales Colegiados realizaron, respectivamente, el análisis de resoluciones con características similares, cuyos actos reclamados provenían de juicios ejecutivos mercantiles en donde se trabaron embargos en el sueldo de servidores públicos.

36. Al examinar las respectivas sentencias recurridas, los tribunales contendientes tuvieron las posturas siguientes:

a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito (amparo en revisión civil 217/2022) consideró que si bien en materia civil el principio dispositivo tiene amplia vigencia, tal situación sólo opera cuando se trata de derechos disponibles, es decir, que sólo atañen al interés privado de las personas, pues en materia civil también existen derechos indisponibles, por estar comprometido un interés general o social, casos en los cuales disminuye la vigencia del principio dispositivo ante la necesidad de una mayor injerencia del Estado en el proceso, en tales supuestos, las partes no pueden disponer a su voluntad del derecho involucrado en la causa.

Sostuvo que el salario es un derecho humano, que debe ser protegido por todas las autoridades de acuerdo con el artículo 1o. constitucional; de tal modo que, si el salario de un trabajador del Estado es inembargable, el Juez ordinario y todas las autoridades no pueden ser pasivas en advertir la violación a un derecho humano consagrado en la Carta Magna (por ende, confirmó la negación del amparo a la parte ejecutante, contra la determinación del Juez natural de no acordar de conformidad la materialización del embargo, al haberse trabado sobre el salario de una trabajadora del Estado).

No emitió consideración alguna respecto a la suplencia de la queja deficiente.

b) El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (amparo en revisión civil 360/2021) suplió la deficiencia de los agravios, y estimó que el embargo del salario de los trabajadores del Estado constituye una violación constitucional de protección al salario, ya que éste es inembargable.

Consideró que de acuerdo con los artículos 67 y 68 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, la cumplimentación de las resoluciones judiciales que deba tener lugar fuera del local del tribunal, cuando no esté encomendada especialmente a otro funcionario, estará a cargo del ministro ejecutor, en cuyo caso, su actuación será revisada de oficio por el tribunal a efecto de subsanar cualquier irregularidad; lo cual patentiza que, en este supuesto, no impera el principio dispositivo y la necesidad de que la parte afectada plantee la impugnación, sino que opera la revisión oficiosa del juzgador de subsanar y/o corregir las ilegalidades cometidas por el ministro ejecutor en la cumplimentación de las determinaciones ordenadas en juicio (por tanto, revocó la sentencia que negó el amparo a la ejecutada, y concedió la protección constitucional en contra del acto que ordenó el desechamiento del incidente de levantamiento de embargo, al promoverse de forma extemporánea).

c) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (amparo en revisión civil 507/2021) consideró que el embargo no admitía ser analizado de oficio, porque la materia mercantil pertenece al derecho privado que se rige por el principio dispositivo, por lo que es de litis cerrada y, por lo general, se limita la intervención oficiosa del juzgador a las cuestiones estrictamente relacionadas con la procedencia de la acción o con el control difuso de la constitucionalidad y, en esa medida, el Juez no puede analizar oficiosamente cuestión alguna relativa al embargo, que no le haya sido planteada por las partes.

Estimó también que no se estaba en el caso de suplir la deficiencia de la queja (por consiguiente, confirmó la sentencia que concedió el amparo al ejecutante, contra la resolución que había levantado el embargo).

37. Como se observa, en las determinaciones de los Tribunales Colegiados existe contradicción, ya que dos de ellos (a y b) sostienen que es admisible la revisión oficiosa por parte del juzgador de instancia, del embargo trabado en el salario de trabajadores del Estado, sin que constituya obstáculo el principio dispositivo.

38. En cambio, el otro tribunal (c) considera que en atención al principio dispositivo que rige en la materia mercantil, el Juez no puede analizar oficiosamente el embargo, que no le hubiese sido planteada por las partes.

39. Ambas posturas se contraponen y son incompatibles, porque una sostiene, que no obstante el principio dispositivo, el embargo admite ser revisado de oficio; y la otra postura considera que por virtud del principio dispositivo el embargo no debe revisarse de oficio por el juzgador.

40. De ahí la existencia de la contradicción en ese punto.

41. En cambio, no se advierten posiciones contradictorias respecto a la suplencia de la queja deficiente, pues uno de los tribunales no hizo pronunciamiento sobre ese punto, y los restantes no hicieron alguna interpretación jurídica respecto de la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, sino que simplemente en un caso se consideró que sí se actualizaba el supuesto jurídico del 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, y en otro caso se consideró que no se actualizaba tal supuesto.

42. En este sentido se considera, que respecto del tema de la revisión oficiosa del embargo mercantil sí se cumple el segundo requisito para la existencia de la contradicción de criterios, pues los Tribunales Colegiados sostuvieron criterios opuestos respecto de iguales puntos jurídicos y, por ende, se hace necesario que este Pleno Regional dilucide la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.

Tercer requisito: Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento del cuestionamiento que produce la procedencia de la contradicción.

43. De acuerdo con los criterios en contradicción de los Tribunales Colegiados, el problema a dilucidar en el caso es: "si no obstante el principio dispositivo, el embargo del salario admite ser revisado de oficio por el juzgador".

CUARTO.—Estudio de la contradicción.

44. Por las razones contenidas en este considerando se arriba a la conclusión de que el principio dispositivo no constituye obstáculo para que el embargo mercantil sobre el salario de un empleado del Estado pueda ser revisado de oficio por el Juez de instancia.

45. La justificación de esta tesis se realizará conforme a la siguiente temática:

I. El principio dispositivo (o proceso dispositivo).

II. El pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31498-85fb278d/embargo-mercantil-el-juez-de-instancia-puede-revisarlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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