RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER PROVEÍDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL CUAL EL JUZGADOR, DE OFICIO, SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA, ORDENA SU ARCHIVO Y DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 29 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERMÁN TENA CAMPERO, CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA Y LETICIA MORALES GARCÍA. DISIDENTES: MAURICIO BARAJAS VILLA Y RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ. PONENTE: GERMÁN TENA CAMPERO. SECRETARIO: SAÚL CAMACHO SÁNCHEZ.
Santiago de Querétaro, Querétaro. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito correspondiente al día veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 4/2019, entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, al resolver el amparo directo 142/2019, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, al resolver el amparo directo 136/2019, ambos del Vigésimo Segundo Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio número 706/2019-III, recibido por la Secretaría de Acuerdos de este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 142/2019, y el Segundo Tribunal Colegiado de las propias materias y circunscripción territorial, al fallar el amparo en amparo (sic) directo 136/2019, de su índice.
SEGUNDO.—Trámite. La presidencia del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, mediante auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, radicó la denuncia de contradicción de tesis, a la que correspondió el número 4/2019 y la admitió a trámite. Solicitó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, copia certificada de la ejecutoria de amparo respectiva y pidió a las presidencias de ambos órganos jurisdiccionales contendientes informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los cuales se conformó la posible contradicción, se encontraba vigente o, en su caso, la causa por la que se tuvo por superado o abandonado.
Del mismo modo solicitó a la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, informara si en el órgano jurisdiccional que preside, han sido resueltos asuntos en amparo directo relacionados con el tema de la presente contradicción de tesis.
Por auto dictado por la presidencia de este Pleno el cinco de julio de dos mil diecinueve, se tuvo al doctor Ricardo Jesús Sepúlveda Iguíniz, director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo del conocimiento de que le fue informado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de la revisión al Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis pendientes de resolver en ese Alto Tribunal, así como de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se encontró radicada contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el presente asunto.
Por acuerdo de ocho de julio del presente año, la presidencia de este Pleno tuvo al Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, dando cumplimiento al requerimiento efectuado, informando para ello que en el Pleno de ese órgano jurisdiccional no han sido resueltos asuntos en amparo directo respecto del tema de la contradicción de tesis.
Asimismo, mediante proveído dictado el doce de julio del año en curso, la presidencia de este Pleno tuvo al secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado divergente dando cumplimiento al requerimiento efectuado, remitiendo para ello copia certificada de la resolución que le fue solicitada e informando que el criterio sustentado continuaba vigente.
Una vez integrado el presente expediente, el quince de julio de la presente anualidad, se acordó turnar el asunto al Magistrado Germán Tena Campero, integrante del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Bis 2 y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los órganos contendientes.
TERCERO.—Presupuestos para determinar la existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ese respecto, ha sostenido los siguientes requisitos y/o lineamientos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
d) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.
Tales directrices han sido determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de títulos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(3)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
CUARTO.—Posturas contendientes. Para establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es menester precisar los argumentos que sustentan las dos posturas contendientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el tres de mayo de dos mil diecinueve, resolvió el juicio de amparo directo 142/2019, cuyos antecedentes son los siguientes:
1.1. La Comisión Estatal de Aguas, por conducto de sus endosatarios en procuración, en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó a una persona en la vía ejecutiva mercantil, el pago del importe de unos pagarés.
1.2. El Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, a quien correspondió conocer de la demanda respectiva, en la primera determinación, de oficio, se declaró incompetente por razón de materia para conocer de la misma, al considerar, esencialmente, que se trataba de actos de naturaleza administrativa, cuyo cobro debía realizarse a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, quien tenía a su cargo el ejercicio del procedimiento económico-coactivo; en tanto que los adeudos documentados en los pagarés constituían créditos fiscales, al provenir de adeudos por concepto de consumo de agua potable, en términos del artículo 21 del Decreto que creó la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, publicado el trece de marzo de mil novecientos ochenta en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", ordenó su archivo y dejó a salvo los derechos de la actora para que los hiciera valer en la vía y forma correspondientes.
1.3. Inconforme con esa resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo, dentro del cual, la Juez responsable hizo valer como causa de improcedencia, la prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al sostener que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, omitió agotar el recurso de revocación, por virtud del cual la resolución reclamada pudo ser modificada, revocada o nulificada.
1.4. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, que conoció del asunto, emitió ejecutoria en la que, en lo que interesa para la solución del presente asunto, sostuvo que no se actualizaba la citada causa de improcedencia, al actualizarse la excepción a que se refiere el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en que el quejoso quedaba en libertad de interponer el recurso previsto en la ley ordinaria o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia de aquél se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, por las razones siguientes:
• Que conforme al artículo 1334 del Código de Comercio, los autos que no fueren apelables y los decretos podían ser revocados.
• Que el artículo 1077 del Código de Comercio ponía de manifiesto que durante el procedimiento y hasta su resolución final, el juzgador podía dictar varios tipos de resoluciones, como eran los decretos, autos y sentencias, estas últimas definitivas o interlocutorias; y que conforme a los diversos numerales 1321 y 1323 del citado ordenamiento legal, la sentencia interlocutoria es la que decide un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia.
• Que para determinar la procedencia o no del recurso de revocación contra el acuerdo que constituía el acto reclamado, mediante el cual el Juez se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda por razón de materia, era necesario realizar una interpretación adicional, debido a que primero sería necesario dilucidar si dicha resolución constituía un auto o una interlocutoria; ya que, por una parte, el acto reclamado determinaba no admitir a trámite una demanda y dejaba a salvo los derechos de la parte promovente, por lo que pudiera considerarse un auto, en contra del cual, sí es procedente el recurso de revocación; que, sin embargo, ello obedeció a un pronunciamiento de competencia, por lo que pudiera llegar a estimarse que constituye una interlocutoria en términos del artículo 1323 del Código de Comercio, en contra del cual, no es procedente el citado recurso.
2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el trece de junio de dos mil diecinueve, resolvió el juicio de amparo directo 136/2019, que tuvo los siguientes antecedentes:
2.1. La Comisión Estatal de Aguas, por conducto de sus endosatarios en procuración, en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó a una persona en la vía ejecutiva mercantil, el pago del importe de unos pagarés.
2.2. El Juez Décimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, a quien correspondió conocer de la demanda respectiva, en la primera determinación, de oficio, se declaró incompetente por razón de materia para conocer de la misma, al considerar, esencialmente, que se trataba de actos de naturaleza administrativa, cuyo cobro debía realizarse a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, quien tenía a su cargo el ejercicio del procedimiento económico-coactivo; en tanto que los adeudos documentados en los pagarés constituían créditos fiscales, al provenir de adeudos por concepto de consumo de agua potable, en términos del artículo 21 del Decreto que creó la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, publicado el trece de marzo de mil novecientos ochenta en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", ordenó su archivo y dejó a salvo los derechos de la actora para que los hiciera valer ante la autoridad respectiva.
2.3. Inconforme con esa resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo.
2.4. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, que conoció del asunto, emitió ejecutoria en la que sobreseyó en el juicio de amparo, al sostener que se actualizaba la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las razones siguientes:
• Que de las consideraciones emitidas en las contradicciones de tesis 151/2011 y 205/2011, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colegía que los autos eran resoluciones que decidían cualquier punto dentro del proceso y podían clasificarse en provisionales, preparatorios y definitivos, y que estos últimos eran decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio.
• Que conforme a los artículos 1340 y 1334 del Código de Comercio, se advertía que la apelación no procedía en asuntos que se ventilaran en Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto fuera inferior a seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos, con seis centavos, por concepto de suerte principal; así como que los autos y decretos que no fueren apelables podían ser revocados por el Juez que los dictó, respectivamente.
• Que en ese sentido, la resolución reclamada se debía considerar como un auto definitivo, porque el Juez responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda y dejó a salvo los derechos de la parte actora, lo que trajo consigo el impedimento para la prosecución del juicio natural, por lo que en contra de esa determinación procedía el recurso de revocación, pues había sido dictado en un juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor en el que no procede la apelación; máxime que el citado artículo 1334, no hacía distinción alguna respecto de qué o cuáles autos podían ser revocados (provisionales, preparatorios o definitivos).
Que, en la especie, no se actualizaba la excepción para cumplir con el principio de definitividad, prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la procedencia del recurso o medio de defensa se encontrara sujeto a una interpretación adicional, ya que sobre el tema en cuestión existían las jurisprudencias números 1a./J. 70/2013 (10a) y 1a./J. 59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecían que en contra de los autos que no sean apelables dictados en los juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en Juzgados de Paz o de cuantía menor y su monto sea inferior a lo señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio, procedía el recurso de revocación.
QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito considera que, en la especie, sí existe contradicción de tesis, pues los contendientes arribaron a conclusiones distintas sobre un mismo punto jurídico, relativo a si se actualiza la excepción a la obligación de agotar el principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, por sujetarse a una interpretación adicional la procedencia del recurso de revocación contenido en el artículo 1334 del Código de Comercio, en contra de la primera determinación emitida en un juicio ejecutivo mercantil, que por su cuantía no admite el recurso de apelación, en la cual, el juzgador, de oficio, se declara incompetente por razón de materia para conocer de la demanda, ordena su archivo y deja a salvo los derechos de la parte actora; o bien, si no se actualiza dicha excepción y debe interponerse el citado recurso ordinario, previo a la promoción del juicio de amparo directo, para satisfacer dicho principio, porque es clara la procedencia de la revocación para controvertirlo.
Ello, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito arribó a la conclusión de que sí se actualizaba esa excepción al principio de definitividad, dado que para establecer la procedencia del recurso de revocación se requería de una interpretación adicional, consistente en determinar, si dicha resolución constituye un auto o una interlocutoria, pues consideró que, por una parte, la consideración relativa a no admitir a trámite una demanda y dejar a salvo los derechos de la parte promovente pudiera constituir un auto, en contra del cual, sí es procedente el recurso de revocación; no obstante, por lo que veía al pronunciamiento de competencia, pudiera llegar a estimarse que constituye una interlocutoria en términos del artículo 1323 del Código de Comercio, en contra de la cual, no es procedente el citado recurso.
Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito consideró que la procedencia del recurso era clara y no se requería de ninguna interpretación adicional, dado que dicha determinación constituía un auto definitivo porque el Juez responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda y dejó a salvo los derechos de la parte actora, lo que trajo consigo el impedimento para la prosecución del juicio natural, y el artículo 1334 del Código de Comercio, no hacía distinción alguna respecto de qué o cuáles autos podían ser revocados (provisionales, preparatorios o definitivos).
Consecuentemente, debe estimarse existente la contradicción de tesis, para lo cual, las preguntas por resolver en el presente asunto son las siguientes:
1. ¿Qué tipo de resolución constituye la primera determinación emitida en un juicio ejecutivo mercantil, en la cual el juzgador, de oficio, se declara incompetente por razón de materia para conocer de la demanda, ordena su archivo y deja a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer ante la autoridad respectiva?, esto es, un auto o una sentencia interlocutoria.
2. ¿Si cabe algún recurso en contra de esa determinación, en aquellos casos en los que, por la cuantía del negocio, no proceda el recurso de apelación?
3. ¿La procedencia de ese recurso se sujeta a una interpretación adicional? A efecto de establecer si se actualiza la excepción al principio de definitividad, prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.
SEXTO.—Determinación del criterio a prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, lo sustentado por este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, que coincide con el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, en atención a lo siguiente:
I. El principio de definitividad en el juicio de amparo y la hipótesis de excepción a la observancia de ese principio ante la dudosa procedencia del recurso o medio de defensa ordinarios.
El juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de que México es Parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general.
La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta.
Asimismo, el juicio de amparo es una acción constitucional en la que privan diversos principios, que le imprimen sus notas características, entre los más relevantes están: 1) El de iniciativa o instancia de parte agraviada; 2) El de existencia de agravio personal y directo; 3) El de relatividad de la sentencia; 4) El de estricto derecho; y, 5) El de definitividad. Aquí importa referirnos a este último.
El principio de definitividad entraña la premisa de que el juicio de amparo no puede promoverse, si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley ordinaria que rige el acto reclamado prevea como vía para obtener la modificación, revocación o nulificación del mismo; es decir, dicho principio desemboca en la improcedencia del juicio de amparo.
Ese principio encuentra su justificación en el carácter excepcional y extraordinario del juicio de amparo, que exige que el quejoso acuda, en primer término, a las instancias de jurisdicción ordinaria que puedan producir la insubsistencia del acto u omisión que le produce afectación, cuando existan, salvo los casos de excepción previstos en el marco legal y jurisprudencial que resulte aplicable.
La Constitución General de la República recoge este principio en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b),(5) y la Ley de Amparo en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, según se trate de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, o de actos de autoridades distintas a los anteriores. Esas fracciones del artículo 61 disponen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"Se exceptúa de lo anterior:
"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
"d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."
En la especie, corresponde centrar nuestro estudio en la fracción XVIII del numeral 61, ya que se trata de dilucidar la aplicación del principio de definitividad respecto de un acto dictado por tribunales judiciales en relación con procesos jurisdiccionales mercantiles.
Dicha fracción legal, como se observa, contempla diversos supuestos de excepción a la exigencia de agotar el referido principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo, enunciados bajo los incisos a), b), c) y d). Asimismo, en su último párrafo incluye una hipótesis más de excepción, en la que confiere al gobernado la libertad de elegir entre instar el recurso o medio ordinario de defensa contra el acto de que se trate, o acudir directamente al juicio de amparo para impugnarlo.
Prerrogativa que se actualiza cuando la procedencia del recurso o medio de defensa ordinario se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Es decir, cuando para decidir sobre la procedencia del recurso no baste simplemente atender a la literalidad de la ley, porque la norma aplicable contenga la previsión expresa en ese sentido, o la regla procesal clara para ubicar la resolución de que se trate en el supuesto de procedencia de cierto recurso, sino que, la determinación sobre la procedencia del recurso o medio de defensa, conforme al sistema jurídico observable, requiera ser justificada mediante argumentos y/o fundamentos adicionales, por ofrecer duda al justiciable sobre la misma.
En ese sentido, al resolver la contradicción de tesis 102/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la inclusión de esa parte final de la fracción XVIII del artículo 61, tiene como finalidad el otorgar seguridad jurídica al justiciable y garantizar su acceso al juicio de amparo, en aras de favorecer el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional.
Ello, atendiendo a la circunstancia de que, en aquellos casos en que la procedencia del recurso o medio de defensa ordinario pudiere ser incierta o dudosa para el justiciable, al resultar necesario realizar una interpretación adicional para justificarla o cuando su fundamento legal apareciere como insuficiente para determinarla, el gobernado podría quedar en estado de indefensión, pues, por una parte, la procedencia del recurso dependería del criterio jurídico y el arbitrio judicial del juzgador de instancia, y en caso de que el recurso o medio de defensa finalmente se estimare improcedente, el interesado ya habría perdido la oportunidad de acudir al juicio de amparo para impugnar oportunamente la resolución que pretendió combatir por el medio ordinario; por otra parte, si el interesado acudiera directamente al juicio de amparo prescindiendo de intentar el recurso o medio de defensa ordinario por estimar incierta o dudosa su procedencia, de igual modo correría el riesgo de que su demanda de amparo se desechara o el juicio se sobreseyera, por considerar, en el criterio del órgano de amparo, que debió agotarse el principio de definitividad y no se hizo.
De manera que lo que el legislador tomó en cuenta para incluir en la Ley de Amparo el supuesto normativo que se examina, es la incertidumbre jurídica en la que se encuentra colocado el gobernado que pretende combatir un acto de autoridad cuya procedencia de recurso o medio de defensa ordinario conforme a la legislación que lo rige es incierta o dudosa; circunstancia que se propuso remediar facultando al gobernado para que, en tal situación, pudiera optar por intentar, en primer término, la vía de recurso o medio de defensa ordinaria, o bien, prescindir de ella para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29243-2f43c293/recurso-de-revocacion-previsto-en-el-articulo-1334 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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