SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE OTORGA CONTRA EL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE CUENTAS BANCARIAS, DEBE CONDICIONARSE A LA CONSTITUCIÓN DE UNA GARANTÍA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 239/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 14 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIA: MARIANA GUTIÉRREZ OLALDE.
I. COMPETENCIA.
12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como lo establecido en los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial.
13. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer y Segundo Circuitos; los cuales se encuentran dentro de la región y especialidad sobre la que este Pleno ejerce jurisdicción.
II. LEGITIMACIÓN.
14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
III. CRITERIOS CONTENDIENTES.
15. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios propuesta y, en su caso resolverla, en este apartado se desarrollan los elementos relevantes de los asuntos que dieron origen a los criterios denunciados como contradictorios, de los cuales se dará cuenta en atención al orden de su emisión.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el incidente en revisión 134/2021, en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno.
16. Juicio de amparo indirecto. Una persona física, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:
17. Autoridades responsables. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de la Ciudad de México 3 del Servicio de Administración Tributaria; Subadministrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de la Ciudad de México 3 del Servicio de Administración Tributaria; Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Gerente de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; de igual forma, señaló como responsables a diversas instituciones bancarias.
18. A dichas autoridades reclamó: "la orden de embargo, bloqueo, aseguramiento, inmovilización, congelamiento, retención o cualquier otra actividad similar", así como su respectiva ejecución, en relación con las cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa registradas en el sistema bancario mexicano.
19. Admisión y apertura del incidente de suspensión. De dicho juicio de amparo indirecto correspondió conocer al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; quien el catorce de abril de dos mil veintiuno, lo registró con el número de expediente 436/2021 y admitió, asimismo, con motivo de la medida cautelar solicitada, ordenó formar por separado el incidente de suspensión.
20. Concesión de la suspensión definitiva con garantía. Seguidos los trámites correspondientes, veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Juez dictó la interlocutoria correspondiente, en la que por una parte negó y por otra concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, y respecto a los requisitos para su efectividad precisó:
"Cabe destacar que la medida que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal del que deriva la presente incidencia.
"Por lo que hace al último de los requisitos para determinar si resulta procedente fijar alguna garantía para que surta efectos la suspensión, se debe precisar que de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto Reclamado, la cual surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"En ese sentido, toda vez que del análisis integral de las constancias de autos, se advierte que a la parte promovente le fue determinado un crédito fiscal por la cantidad de $**********, mediante oficio con número de Identificación de Requerimiento ********** con folio **********, la presente medida cautelar que se concede surtirá sus efectos desde este momento y hasta por un plazo de CINCO DÍAS hábiles, mismo que se considera prudente para que la quejosa exhiba la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por las cantidades a que ascienden los créditos fiscales referidos, por lo que una vez trascurrido dicho plazo, la presente determinación dejará de surtir sus efectos, es decir, su efectividad quedará condicionada a la exhibición de la garantía del referido interés fiscal; de lo contrario, las autoridades responsables podría ejecutar los actos reclamados.
"Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que no se encuentra acreditado que el peticionario sea objeto del cobro de algún crédito o prestación a cargo de alguna autoridad fiscal, pues lo cierto es que derivado del análisis integral que se realiza en la presente resolución interlocutoria, se observa que el acto reclamado deriva de determinación de un crédito fiscal del que se ha dado noticia, por lo que se encuentra obligada a garantizar las cantidades a que se refiere dicho crédito.
"De igual forma, de las constancias que integran el presente sumario, no se tiene documental alguna de la cual se advierta que el citado crédito fiscal haya sido garantizado ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo, se reitera que la efectividad de la presente medida cautelar queda condicionada a que la parte quejosa exhiba la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por las cantidades a que ascienden los créditos fiscales referidos."
21. Recurso de revisión. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente 134/2021 y seguida la secuela procesal, en sentencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, modificó la interlocutoria recurrida y concedió la suspensión definitiva, sin garantía, bajo las siguientes consideraciones:
• Al ocuparse de los agravios del inconforme relativos a la sujeción de la medida cautelar a una garantía fijada por el juzgador, explicó que el artículo 132 de la Ley de Amparo prevé que en los casos en que sea procedente la concesión de la medida cautelar, pero se puedan ocasionar daño o perjuicios a un tercero, el quejoso deberá otorgar garantía suficiente para responder e indemnizar en caso de que la sentencia definitiva no le sea favorable.
• Asimismo, puntualizó que el diverso 135 del ordenamiento en cita dispone que cuando se solicite la protección constitucional contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
• Retomó que, el recurrente aducía que no se reunían las condiciones establecidas en los referidos preceptos, pues el embargo de sus cuentas bancarias derivó de que la autoridad tributaria no lo localizó en su domicilio, por lo que no pudo ejercer sus facultades de comprobación, y que no se había determinado un crédito fiscal exigible; ni existía un tercero a quien se le pudiera perjudicar.
• Para evaluar si asistía razón al recurrente, retomó lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 223/2006-SS, y de la jurisprudencia 2a./J. 26/2007 de rubro: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA.", que derivó de ese mismo asunto.
• Bajo esos argumentos, consideró que cuando se reclama el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias ordenado por una autoridad hacendaria, resulta procedente condicionar la efectividad de la suspensión al otorgamiento de una garantía sólo en el supuesto de que existan un crédito fiscal firme o un tercero interesado a quien se pueda ocasionar un daño o perjuicio; de no reunirse esos requisitos, el quejoso no estará obligado a garantizar el interés fiscal.
• En ese tenor, se precisó que en el caso, al rendir su informe previo, las autoridades responsables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aportaron copia del oficio del que se advertía que la autoridad hacendaria requirió a dicha comisión, el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias, de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósitos de valores en administración y fideicomisos que tuviera a su favor en quejoso, en todas las entidades financieras, instituciones de crédito y casas de bolsa a nivel nacional por determinada cantidad, en virtud de que se le tuvo como contribuyente no localizado, situación que impidió el inicio de las facultades de comprobación.
• Indicó que la autoridad fiscal precisó que la determinación del monto por el que se había solicitado el requerimiento constituía únicamente una determinación provisional de adeudos fiscales para efectos del aseguramiento, en términos de las disposiciones fiscales aplicables.
• En ese tenor, el tribunal colegiado determinó que ello era suficiente para declarar fundado el argumento del recurrente, puesto que en términos de lo definido por el Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 26/2007, era innecesario el otorgamiento de una garantía para que surtiera plenos efectos la suspensión concedida, en virtud de que, el motivo por el cual se solicitó el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias del quejoso, no era la existencia de un crédito fiscal firme; ya que el monto asegurado constituía solo un adeudo determinado en forma provisional derivado de que la autoridad no pudo iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación por no localizar al contribuyente.
• Además, se precisó que no existía un tercero interesado al que se pudiera ocasionar un daño o perjuicio con la concesión de la medida cautelar, puesto que la autoridad fiscal revestía el carácter de responsable ordenadora para efectos del juicio de amparo.
22. En ese tenor, se determinó que lo procedente era en la materia del recurso modificar la interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva, sin garantía alguna.
B. Criterio del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el incidente en revisión 255/2021, en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintidós.
23. Juicio de amparo indirecto. Una persona física, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes:
24. Autoridades responsables. Cámara de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; a dichas autoridades les reclamó el dictamen, discusión, aprobación y expedición de los artículos 40 primer párrafo, fracción III, y 40-A primer párrafo fracción I, inciso c), II, y III, inciso a), ambos del Código Fiscal del Federación, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de diciembre de dos mil veinte.
25. De igual forma, señaló como autoridades responsables a la Administración Central de Fiscalización Estratégica; Administración de Fiscalización Estratégica "4" y "5"; Director General Adjunto de Atención a autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a quienes les reclamó el aseguramiento precautorio de la cuenta bancaria de la quejosa, y los depósitos bancarios existentes en la misma.
26. Admisión y apertura del incidente de suspensión. De dicho juicio de amparo indirecto correspondió conocer al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; quien el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, admitió la demanda y la registró con el número de expediente 721/2021, ordenó formar por separado el incidente de suspensión y en esa misma fecha, se concedió la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental.
27. Recurso de queja. En contra del auto que otorgó la suspensión provisional, la autoridad responsable Administradora de Fiscalización Estratégica "4" del Servicio de Administración Tributaria, interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer, por razón de turno, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien, lo admitió a trámite y lo registró con el número Q.A. -I-(B) 147/2021, y en sesión de trece de julio de dos mil veintiuno, lo declaró infundado.
28. Negativa de la suspensión definitiva. Seguidos los trámites correspondientes, el trece de julio de dos mil veintiuno, el juez del conocimiento dictó la interlocutoria correspondiente en la que negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, bajo las consideraciones siguientes:
"... En el caso, la persona quejosa solicita la suspensión para los efectos:
"a) Para que cesen los efectos del embargo, bloqueo o inmovilización de la cuenta bancaria de la parte quejosa, en tanto se resuelva el juicio de amparo.
"b) Que los efectos de la suspensión consistan en restablecer al quejoso en el uso a manera suspensional de sus bienes contenidos en la cuenta bancaria materia del presente incidente.
"Ahora bien, de las manifestaciones formuladas por las autoridades responsables, se advierte que la orden de embargo de la cuenta bancaria **********, clabe -----, inversión ********** **********, en virtud de que se actualizó la hipótesis del artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es decir, como medida de apremio por no haber proporcionado la información requerida en uso de las facultades de comprobación, considerando además que ya se había multado previamente a la contribuyente sin que ésta haya cumplido con lo que le fue requerido.
"Por lo que se concluye que dichas responsables se encuentran ejerciendo sus facultades de comprobación, pues el aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la justiciable derivó de la conducta omisiva de remitir la información que le fue requerida en uso de éstas; por lo que se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que es del tenor siguiente: ...
"Como puede verse, la suspensión solicitada impacta sobre las facultades de las autoridades fiscales cuando los contribuyentes impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio de las mismas, y por ello se permite a éstas emplear las medidas de apremio previstas en el referido numeral 40; esto es, solicitar el auxilio de la fuerza pública, imponer la multa correspondiente, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente, en términos del artículo 40-A y solicitar a la autoridad correspondiente que se proceda por desobediencia o resistencia a mandato legítimo de autoridad competente, y en el caso, esa facultad de comprobación derivó de que la autoridad fiscal ejerció sus facultades de comprobación.
"Respecto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 159/2009, estableció que la obligación de contribuir a los gastos públicos prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional y, por lo tanto, los ordenamientos que regulan la verificación de su cumplimiento por parte de los gobernados, es decir, los procedimientos de fiscalización, así como las facultades de comprobación, son de orden público, pues su contravención implica infracción a las leyes que establecen derechos a favor de la colectividad y existe un interés general en que las referidas autoridades verifiquen que los gobernados cumplen con las obligaciones que la Constitución les impone, pues a través de su acatamiento se satisfacen necesidades colectivas y se logra un bienestar común.
"En tal sentido, se considera que no procede el otorgamiento de la medida cautelar en contra de las facultades de la autoridad fiscal, en visitas domiciliarias o comprobación, las cuales tienen una conexión con un procedimiento típico fiscalizador, de los previstos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como en el caso acontece, en virtud de que no se reúne el requisito previsto en la fracción II, del artículo 128, de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, relativo a que sólo se debe decretar la medida cautelar cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Ello, puesto que el precepto que regula la obligación de los gobernados de contribuir al gasto público, como los ordenamientos legales que regulan las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias, son disposiciones de orden público, pues tienen como objetivo recaudar los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, y porque a través de ellos se faculta a las autoridades administrativas competentes para comprobar que los gobernados cumplan con las obligaciones previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal;
"aunado a que con su incumplimiento se afecta al interés social, toda vez que la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de los procedimientos administrativos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a las diversas necesidades colectivas, lo que explica que los procedimientos de fiscalización no son susceptibles de ser suspendidos, pues la naturaleza de las normas transcritas y el objetivo que se busca con el desahogo de esos procedimientos justifica la no paralización de los mismos. "Además el aseguramiento precautorio se practica, no como una medida de garantía para un crédito fiscal, sino como una medida de apremio con los límites materiales delimitados, con la finalidad de imponerse mientras dure la conducta contumaz del contribuyente, en el caso, se aplicó atendiendo a que la quejosa no proporcionó la información requerida.
"En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos 40, fracción III y 40-A del código que nos ocupa, se desprende que el aseguramiento precautorio es una medida de apremio, que será utilizada, prácticamente, sólo como último recurso, pues se incluyeron como medidas previas o de prelación el auxilio de la fuerza pública y la imposición de multas.
"Sin embargo, es verdad que en casos extremos sí se aplica de manera directa el aseguramiento, pero porque resulta como única medida posible para cumplir el fin del legislador, como pudiera ser, el de atraer a un contribuyente no localizable o los demás supuestos de excepción contenidos en la fracción I del artículo 40-A.
"Esto es, tiene como fin lograr vencer la resistencia del contribuyente frente al inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, para lo cual la norma autoriza que se le aseguren sus cuentas bancarias, previa aplicación de otras medidas de apremio, según sea el caso, provisionalmente, y dicha medida se levantará cuando se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al aseguramiento, conforme a lo establecido en la fracción VII del artículo 40-A antes citado.
"Por lo expuesto, se concluye que, de concederse la suspensión respecto de la ejecución de los procedimientos de fiscalización o de comprobación, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, resultando improcedente conceder la medida cautelar, aun cuando con la negativa de la suspensión se puedan causar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso, pues la preservación del orden público e interés de la sociedad están por encima del interés particular que se pueda afectar.
"Determinando así que los actos reclamados consistentes en la ejecución de los procedimientos de comprobación no son susceptibles de suspenderse, dado que la concesión de su suspensión produciría afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, puesto que a virtud de esa suspensión se permitiría a los quejosos evadir las facultades de comprobación por parte de las autoridades hacendarias para que éstas pudieran determinar si incumplieron con sus obligaciones fiscales, haciéndose así nugatorias las facultades previstas en el artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, esto es, se afectaría el ejercicio de las facultades que tienen legalmente encomendadas, lo que traería como consecuencia la paralización del procedimiento de fiscalización respectivo, cuyo objeto es determinar el debido acatamiento de las disposiciones en materia fiscal de los gobernados en aras del interés social y orden público.
"Las anteriores consideraciones derivaron en la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 457, que dispone:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (Se transcribe)
"Así pues, en el caso, de concederse la suspensión de referencia se impediría determinar si los contribuyentes cumplen o no con sus obligaciones de contribuir al gasto público, lo cual atentaría contra el orden público e interés social, dado que no podría cumplirse con la finalidad perseguida por el artículo 31, fracción IV, constitucional, afectando disposiciones de orden público e interés social, como lo son dicho numeral y el 42 del Código Fiscal de la Federación.
"Aunado a que el negar la suspensión del acto reclamado, no afecta, al menos de un estudio preliminar del mismo, derechos fundamentales de la persona solicitante de amparo.
"Por otra parte, el negar la suspensión tampoco implica afectaciones irreparables a la parte quejosa, de tal manera que ello llevara a que el presente juicio quedase sin materia dado que en el supuesto de concederse la protección constitucional, el efecto sería que la resolución del procedimiento de fiscalización y su ejecución, quedarían insubsistentes a partir de que quedara firme la sentencia concesoria del amparo.
"De igual forma, se considera que en el caso no aplica en favor de la parte quejosa la apariencia del buen derecho, que hiciera procedente conceder a su favor la medida cautelar solicitada, dado que una lectura preliminar de las disposiciones reclamadas no se advierte afectación a derechos fundamentales.
"En ese tenor, la alegada inconstitucionalidad del acto reclamado no es evidente, y en todo caso es motivo de un estudio acucioso, el que es propio de la sentencia de amparo.
"En esas condiciones, al contravenirse disposiciones de orden público y de interés social, no se satisface la segunda de las exigencias que dispone el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, y, por lo tanto, es procedente negar la suspensión definitiva solicitada."
29. Recurso de revisión y concesión de la suspensión definitiva con garantía. Inconforme con la determinación anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente 255/2021 y seguida la secuela procesal, en sentencia de veintiuno de enero de dos mil veintidós, revocó la interlocutoria recurrida y concedió la suspensión definitiva con garantía, bajo las siguientes consideraciones:
• Calificó de fundados el agravio del recurrente en los que afirmó que el aseguramiento precautorio fue decretado como una medida de apremio, por lo que con la concesión de su suspensión no se afectaba el orden público.
• Para sustentar esa calificativa, reseño las consideraciones de la interlocutoria recurrida, expresó el contenido de orden público e interés social conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal, reseñó los antecedentes del acto reclamado, expuso el contenido de los artículos reclamados, así como de la jurisprudencia 8/2018 (10a.) de rubro "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).", y retomó consideraciones de la ejecutoria de la que emanó.
• Después de esa metodología, el tribunal afirmó que contrariamente a lo que determinado por el Juez de Distrito, con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por el quejosa para el efecto de disponer de los recursos financieros depositados en su cuenta bancaria, no se impedía de forma alguna a la autoridad hacendaria ejercer sus facultades de comprobación.
• Para demostrar lo anterior, indicó que una de las innovaciones de la legislación vigente a partir del dos mil catorce, en cuanto al aseguramiento precautorio, era la relativa a que ahora se requería de la existencia de un adeudo fiscal presunto, el cual es determinado por la autoridad y marca el límite material a dicha medida.
• Precisó que en el caso, mediante la orden de aseguramiento precautorio de cuentas bancarias reclamada, que derivó de una orden de revisión de gabinete, la autoridad responsable determinó un monto provisional de adeudos fiscales por parte de la contribuyente quejosa.
• Luego expuso, que si la medida de apremio denominada aseguramiento precautorio tiene la finalidad de hacer cumplir las determinaciones de la autoridad, la cantidad de adeudo determinada presuntamente es la que se considera pudiera afectar al Fisco Federal, por el incumplimiento a la determinación que se pretende tenga eficacia con esa medida.
• Señaló que era oportuno tener en cuenta el contenido del artículo 135, párrafo primero, de la Ley de Amparo, precepto que establece que cuando el amparo se solicita contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución, o cobro de contribuciones o créditos fiscales, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá efectos si se ha constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
• Por lo tanto, estimó que con la concesión de la suspensión definitiva no se seguía perjuicio al interés social, ni se contravenían disposiciones de orden público, en la medida que, si bien las cuentas bancarias de la quejosa recurrente fueron aseguradas precautoriamente, como medida de apremio de conformidad con el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, derivado de su conducta omisiva de remitir la información que le fue requerida por la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación; lo cierto era que la concesión de la suspensión no se solicitaba ni se decretaría para que se impidiera u obstaculizara a las autoridades responsables el ejercicio de sus facultades, ni para que se dejara de ejercerlas, tampoco para que con la medida cautelar decretada se dejara insubsistente, ni para impedir a la autoridad poder imponer nuevas medidas de apremio para el cumplimiento de sus determinaciones.
• Indicó que la providencia cautelar sólo se concedía para que la quejosa pudiera disponer de los recursos existentes en sus cuentas bancarias, sin dejar insubsistente la medida de apremio decretada, ni para que la responsable dejara de ejercer sus facultades de comprobación.
• En esa virtud, se consideró que no se actualizaba la hipótesis establecida en la jurisprudencia 2a./J. 84/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PR
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32429-d2d8ab01/suspension-definitiva-en-amparo-indirecto-cuando-se-otorga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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