SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS DESDE QUE SE DICTA EL ACUERDO RELATIVO CUANDO SE IMPUGNA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES, SIN QUE PARA SU EFECTIVIDAD SE REQUIERA LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ Y GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. PONENTE: IRMA LETICIA FLORES DÍAZ. SECRETARIO: MARTÍN R. CONTRERAS BERNAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) pues fue formulada por el Magistrado Arturo César Morales Ramírez, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Primer Circuito.
TERCERO.-Posturas contendientes. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presente las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QA. (I-b) 130/2015-607, en sesión de treinta de abril de dos mil quince, interpuesto con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, por el titular de la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, en contra de la falta de exigencia inmediata en el auto de veintiuno de abril de dos mil quince, por el que se concedió la suspensión provisional en el incidente de suspensión relativo al amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,(3) para que la quejosa acreditara el interés fiscal, sostuvo, por unanimidad de votos, lo siguiente:
"SEXTO.-Solución. En su único agravio, la autoridad inconforme señala que es ilegal la resolución recurrida sólo en la parte en la que se determinó que la autoridad responsable debía dar cumplimiento a la suspensión provisional concedida dentro del término de veinticuatro horas, para el efecto de que se levante la orden de inmovilización de las cuentas bancarias propiedad de la parte quejosa, y ésta pueda disponer de sus fondo, pues para ello, asegura, el juzgador debió constatar la veracidad de los expresado por la demandante en cuanto a que ya estaba garantizado el crédito fiscal ante la autoridad exactora.
"Además, expresa que dicho plazo se torna incongruente e inequitativo, en virtud de que a la justiciable se le otorga el plazo de tres días para que acredite con las constancias correspondientes que efectivamente se encuentra garantizado el crédito fiscal; habida cuenta de que la garantía de trato no le fue aceptada.
"Concluye señalando que el Juez de Distrito debió otorgar la medida cautelar impetrada, en términos de lo que dispone el artículo 135 de la Ley de Amparo, es decir, condicionar su efectividad a la constitución de la garantía del adeudo reclamado.
"A efecto de dar contestación a tales planteamientos, se estima conveniente señalar que la figura de la suspensión del acto reclamado a que se refiere la Ley de Amparo, se traduce como una garantía a favor de los particulares para el efecto de que se logre detener la ejecución del acto de autoridad que se estima contrario a la Constitución, y así mantener viva la materia del amparo, impidiendo que la ejecución del acto reclamado cause perjuicios de difícil reparación jurídica al quejoso; por ende, atento a estas características esenciales que identifican la medida cautelar, es posible señalar que sólo puede suspenderse o paralizarse aquello que jurídicamente no ha acontecido plenamente.
"Ahora bien, es necesario distinguir dos requisitos que se presentan en la suspensión del acto reclamado, a saber: los relativos a la procedencia y a la eficacia de la medida cautelar.
"Los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, las cuales se encuentran previstas en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, y consisten en las siguientes: a) solicitud del agraviado; b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) que sean de difícil reparación los perjuicio que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.
"Por su parte, los requisitos de eficacia de la suspensión se refieren a las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia, los de efectividad se refieren al aspecto de la causación de los efectos de dicha medida. Dichos requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo.
"En este sentido, puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que; sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad.
"Al respecto, resulta necesario destacar que en materia tributaria los requisitos de eficacia de la suspensión, se encuentran previstos en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:
"‘Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"‘El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:
"‘I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;
"‘II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y,
"‘III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.
"‘En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.’
"Del artículo transcrito se desprende que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado cuando el amparo se pida contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o de créditos de naturaleza fiscal, y que dicha medida surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"Sobre esta base, cabe recordar que en la resolución recurrida, el secretario encargado del despacho por ausencia temporal del titular, decidió otorgar la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables levanten la inmovilización de las cuentas bancarias relacionadas en el propio auto y, por tanto, la quejosa pueda disponer del numerario que contienen, precisando que dicha medida surtiría efectos desde luego, y hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva.
"Enseguida, el juzgador señaló que la justiciable no exhibió ninguna constancia para acreditar que el interés fiscal se encontraba garantizado ni que estuviera ofrecida ante la autoridad exactora ‘la obligación solidaria de un tercero’, por tanto, impuso como requisito de efectividad la obligación de que la quejosa acreditara dentro del plazo de tres días tales circunstancias, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo dejaría de surtir efectos la medida cautelar impetrada. Y acotó, que para el caso de que la quejosa no demostrara dicha garantía, la efectividad de la suspensión estaría sujeta a que se constituyera la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por la cantidad total de los créditos fiscales de trato, por cualquiera de los medios permitidos por la ley.
"Son fundados los argumentos que hace valer la recurrente en vía de agravio, dado que el juzgador incurrió en una incongruencia al proveer lo relativo a la efectividad de la medida cautelar.
"En efecto, como se advierte de la relatoría que antecede, por una parte, el a quo estableció que la suspensión provisional de los actos reclamados surtiría efectos desde luego, empero, posteriormente impuso como requisito de efectividad el que la justiciable, dentro del plazo de tres días, acreditara que se encontraba garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora por la cantidad total de los créditos fiscales de trato por cualquiera de los medios permitidos por la ley.
"Tal incongruencia deriva en que, conforme a lo que estatuye el artículo 135 de la Ley de Amparo, la medida cautelar debía surtir efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por la ley fiscal.
"Lo anterior, habida cuenta de que el Juez de Distrito no contaba con los elementos necesarios para concluir que el interés fiscal está garantizado.
"Así pues, este órgano colegiado estima que asiste razón a la recurrente, puesto que al tratarse de la suspensión de actos relativos a la ejecución o cobro de un crédito de naturaleza fiscal, el juzgador debió precisar la condicionante que prevé el artículo 135 invocado, implicando ello que como requisito de efectividad de la medida cautelar, debía garantizarse el interés fiscal, ya sea acreditando que se ha constituido dicha garantía, o bien, que se constituya en los términos que la propia ley prevé.
"Conforme a lo anterior, se impone declarar fundado el recurso de queja y modificar la resolución recurrida, reiterándose la concesión de la medida suspensiva, empero, queda condicionada su efectividad a que la quejosa acredite haber constituido o que constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por la ley fiscal, en términos de lo que dispone el artículo 135 de la Ley de Amparo."
Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de quince de julio de dos mil quince, al conocer del recurso de revisión RI. 187/2015, interpuesto por la responsable, administrador local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, en contra de la interlocutoria de siete de mayo del citado año, dictada también en el incidente de suspensión relativo al amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por unanimidad de votos, resolvió:
"OCTAVO.-En el único agravio hecho valer, la autoridad recurrente administrador local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, señala que interpone el presente recurso de revisión, no porque se haya concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa, sino únicamente porque el Juez de Distrito, determinó que se debe levantar la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa, en el término de veinticuatro horas.
"Al respecto, la promovente del recurso indica que lo resuelto de esa manera es ilegal, porque los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo señalan que cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la suspensión podrá concederse cuando se haya constituido o se constituya la garantía del interés fiscal dentro del plazo de cinco días y no así en el de veinticuatro horas.
"Indica la inconforme que de levantarse la inmovilización de las cuentas bancarias, sin una garantía, se le dejaría en un estado de indefensión, pues, no se encuentran pagados o garantizados los créditos fiscales números **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, determinados a cargo de la quejosa mediante la resolución número **********, de veintiséis de noviembre de dos mil catorce.
"Refiere la recurrente que se le deja en un estado de indefensión, con el hecho de que se le imponga la obligación de levantar la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa en el término de veinticuatro horas, cuando los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente señalan que cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, invocando las tesis de rubros: ‘ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA CORRELATIVOS A ESE DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, ‘PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.’ y ‘CONGRUENCIA PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE.’
"Manifiesta la promovente del recurso que el Juez de Distrito estableció que la suspensión definitiva de los actos reclamados surtiría efectos en veinticuatro horas, empero, posteriormente impuso como requisito de efectividad el que la justiciable, dentro del plazo establecido en los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por la cantidad total de los créditos fiscales por cualquiera de los medios permitidos por la ley, lo que demuestra lo incongruente e inequitativo del plazo que se otorgó para el cumplimiento de la medida suspensional.
"Expresa la recurrente que es necesario distinguir dos requisitos que se presentan en la suspensión del acto reclamado, a saber, los relativos a la procedencia y a la eficacia de la medida cautelar, los de eficacia se refieren a condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida y se refieren al aspecto de la causación de los efectos de dicha medida, mismos que se encuentran en los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo; requisitos de eficacia los cuales establecen claramente que cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables y los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y no así en el término de veinticuatro horas.
"Indica la recurrente que no se debe omitir que cuando los actos reclamados se tratan del cobro de contribuciones y se ordena a la autoridad debiera levantar la inmovilización de cuentas bancarias, sin esperar que la quejosa constituya garantía del interés fiscal, se le dejaría sin garantía alguna, pues la quejosa podría retirar o traspasar a diversas cuentas bancarias dejando en un estado de indefensión a la autoridad fiscal y, por ende, no existiría garantía del interés fiscal, y lo que es peor, incluso, tendría la posibilidad de realizar diversos actos con la finalidad de que la autoridad no contara con medios para hacer efectivos los créditos adeudados, lo que sin duda repercute a la sociedad que es la interesada en que todos los contribuyentes contribuyan al gasto público de manera proporcional y equitativa.
"En apoyo a sus argumentos, la autoridad promovente del recurso invoca el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el expediente QA. (l-b) **********, cuya resolución digitaliza, solicitando sea tomada en consideración, al tratarse de un hecho notorio, para los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, invocando las tesis de rubros: ‘HECHOS NOTORIOS LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.’, ‘HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN.’ y ‘HECHOS NOTORIOS, LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.’
"Son infundados los argumentos anteriormente resumidos, de conformidad con las consideraciones siguientes:
"Del análisis integral de la interlocutoria recurrida, se aprecia que el Juez de Distrito determinó lo siguiente:
"En el considerando séptimo:
"Que en el caso particular, los actos reclamados consisten en la inmovilización de las cuentas bancarias defendidas y la intervención con cargo a la caja de la negociación quejosa, eran actos positivos con ejecución de tracto sucesivo, toda vez que de seguir bloqueadas la parte quejosa no estaría en aptitud de cumplir con los compromisos contraídos con terceros, además, no existe certeza de que ya se haya ejecutado la intervención y menos aún que ya hubiera cesado, por lo que sí existía materia para proveer sobre la medida cautelar solicitada.
"En el considerando octavo:
"Que se cumplía con el requisito relativo al peligro en la demora, si se consideraba que la inmovilización de las cuentas de la parte quejosa y la intervención con cargo a la caja afecta su patrimonio, pues se ve mermada en su economía al no estar en aptitud de cumplir con los compromisos previamente contraídos y, por ende, no poder continuar con el objeto propio de la sociedad quejosa.
"Que respecto del requisito relativo a la apariencia de buen derecho, debía señalarse que la parte quejosa impugna, en esencia, el incumplimiento a la suspensión provisional de seis de abril de dos mil quince, otorgada por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictada en el juicio contencioso administrativo federal número ********** y el embargo, aseguramiento o inmovilización de las cuentas que por esta vía defiende.
"Que el monto del crédito fiscal asciende a ********** (********** moneda nacional).
"Que respecto del requisito relativo a interés social y orden público, también se cumplía, porque del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que con el otorgamiento de la presente medida no se contravienen disposiciones de orden público, pues la medida cautelar tiene efectos provisionales y no definitivos, a efecto de analizar en el expediente principal del que deriva este incidente los actos de que se duele la moral quejosa, ya que en caso de negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal, las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar los actos de molestia en contra de la peticionaria del amparo.
"De igual forma, con la concesión de la medida solicitada no se afecta el interés social, toda vez que del análisis de los actos aquí reclamados se aprecia que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad o se le priva de un beneficio que de otro modo obtendría.
"En el considerando noveno:
"Que con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, se concedía la suspensión definitiva, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del plazo de veinticuatro horas, levantaran la inmovilización de las cuentas bancarias siguientes, en el entendido que la parte quejosa podrá disponer de sus fondos:
"a. Cuenta bancaria número **********, aperturada en la institución bancaria **********.
"b. Cuenta bancaria número **********, aperturada en **********.
"c. Cuenta bancaria número **********, aperturada en **********.
"d. Cuenta bancaria número **********, aperturada en **********.
"e. Cuenta bancaria número **********, aperturada en **********.
"f. Cuenta bancaria número **********, aperturada en **********.
"Que la suspensión definitiva decretada surte sus efectos desde luego y en tanto se resolviera el expediente principal del juicio de amparo indirecto.
"En el considerando décimo:
"Que la medida cautelar no surtirá efectos en las siguientes hipótesis:
"1. Si el embargo, aseguramiento o inmovilización de la cuenta bancaria deriva de actos distintos a los señalados en el oficio reclamado;
"2. Si se trata de actos tendientes al cobro de un crédito fiscal exigible diverso del señalado en el oficio reclamado; o bien,
"3. Si el embargo, aseguramiento o inmovilización de la cuenta bancaria deriva de un acto de naturaleza distinta a la administrativa o si se trata de un aseguramiento ministerial o judicial decretado en materia penal.
"En el considerando décimo primero:
"Que el artículo 132 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea concedida, y ello pueda causar perjuicio a tercero, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren.
"Que el artículo 135 de la Ley de Amparo señala que cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"Que el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que el auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso correspondiente; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.
"Por lo que la efectividad de la medida cautelar concedida estaba sujeta a que la parte quejosa constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por la cantidad total de los créditos fiscales fincados, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"En apoyo a lo anterior, se invocó la jurisprudencia de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).’
"Como es fácil observar, en el considerando noveno de la interlocutoria recurrida, el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del plazo de veinticuatro horas, levantaran la inmovilización de las cuentas bancarias que defiende la quejosa, en el entendido que ésta podría disponer de sus fondos.
"Mientras que en el considerando décimo primero, el Juez de Distrito determinó que la efectividad de la medida cautelar concedida, estaba sujeta a que la parte quejosa constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por la cantidad total de los créditos fiscales fincados, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"Ahora bien, el artículo 135 de la Ley de Amparo establece:
"‘Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"‘El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos:
"‘I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;
"‘II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y
"‘III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.
"‘En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía.’
"El precepto legal transcrito establece que tratándose de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 135 de la Ley de Amparo abrogada, sostuvo que la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones, surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de cinco días, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad.
"Lo anterior así se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 74/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diecinueve de mayo de dos mil seis, publicada en la página 330, Tomo XXIII, mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: «SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.», criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26088-2a112570/suspension-en-el-juicio-de-amparo-surte-sus · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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