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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS (ISSSTEZAC) DE PAGAR EL AGUINALDO A SUS PENSIONADOS.

Tipo de asunto: QUEJA 74/2023. · Registro digital (IUS): 32060
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-01-12
Promovente: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, Pág.5843.

QUEJA 74/2023. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS. 31 DE ENERO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. SECRETARIO: JUAN GERARDO MARTÍNEZ COVARRUBIAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Los motivos de agravio son infundados, sin que en el caso en estudio se actualice alguna hipótesis de la institución procesal de rango constitucional de suplencia de la queja que conduzca a diversa conclusión.

De las copias certificadas del cuaderno incidental, derivado del juicio de amparo indirecto **********, se muestra que la secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado que hizo consistir en la omisión de pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil veintidós, derivado de su pensión por jubilación, para el efecto de que la autoridad responsable realice las gestiones y trámites correspondientes para que efectúe el pago de la prestación que le corresponde a aquélla con motivo de la pensión de la que aduce ser beneficiaria.

La parte recurrente expresa, en lo medular, que esa decisión es improcedente por lo siguiente:

• Resulta contraria a la naturaleza de la medida suspensional, dado que ésta satisface la función, además de evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo, de conservar la materia de la controversia, y esta última parte la desatendió la juzgadora, en franca inobservancia a lo que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo.

• No se demostró la falta de pago de la prestación indicada, ni que se haya causado un daño económico e irreparable que afectara su subsistencia o la de su familia.

• En todo caso, es la prestación principal (pensión) la que puede incidir en la subsistencia de la impetrante y de su familia, pero ésta ya ha sido cubierta por el instituto con la debida oportunidad.

• Por lo que hace al régimen de seguridad social, la promovente del amparo tiene la posibilidad de aspirar a una doble pensión por jubilación, pues además de la prestación que le corresponde por haber cotizado ante el instituto, también es posible que se perciba, porque así es en algunos casos, una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por ello, ningún sustento sólido existe para asumir que la falta de pago de una prestación complementaria, como lo es el aguinaldo, afecte su subsistencia, así como la de su familia, con mayor razón cuando no existe un indicio que haga presumir la retención de su pensión por jubilación, con lo cual tiene asegurada su subsistencia.

• La concesión de la medida deja sin materia el fondo del asunto, pues la Jueza de Distrito ordenó que se pague la prestación que reclama la promovente, lo cual tendría que precisarse en la sentencia que llegue a dictarse en definitiva, pues es hasta entonces cuando la operadora jurisdiccional tendrá que pronunciarse si le asiste o no el derecho a la quejosa de percibir la prestación denominada aguinaldo y ordenar la restitución de la prestación reclamada.

• De la interpretación del artículo 147 de la Ley de Amparo se colige que la permisión excepcional de que la suspensión del acto reclamado tenga un efecto restaurativo, provisional y anticipado, se encuentra condicionada a que la naturaleza del acto revele que ello es jurídica y materialmente posible, lo que implica ponderar no sólo la apariencia del buen derecho, sino también el peligro en la demora que pueda ocasionar el riesgo de que las violaciones se consumen, se tornen imposible o difícilmente reparables y se frustre la pretensión de fondo deducida por la quejosa, perdiéndose la materia del amparo.

• En atención a la naturaleza del acto reclamado, en el particular no existe peligro en la demora, pues jurídica y materialmente es posible obtener la restauración al derecho presuntamente vulnerado en la sentencia que llegue a dictarse, pues no existe peligro de que se consume o desaparezca y se pierda la materia del amparo, lo cual hace que la suspensión provisional sea improcedente, dado que sólo se otorgó sin que se advirtiera objetivamente el peligro en la demora, ni el riesgo objetivo de que desapareciera la materia del amparo.

• Considerar legal el pronunciamiento de la juzgadora desvirtúa el propósito considerado por el legislador para prever la medida con el alcance excepcional, el cual es justificado sólo si la medida es necesaria y que sea jurídica y materialmente posible, en tanto constituyen los elementos normativos de control dispuestos por el legislador.

• La juzgadora federal omitió considerar que es dable otorgar la medida con efectos restitutorios y/o provisionales, siempre que no se deje sin materia el fondo del asunto, por lo que no le puede dar efectos constitutivos de derechos, como lo hizo al ordenar el pago de la prestación denominada aguinaldo.

• La omisión emanó de una recomendación preventiva ordenada por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, derivada del procedimiento de investigación **********, por lo que sólo agotadas todas las instancias es que habrá de determinarse si, en todo caso, asiste a la quejosa el derecho a percibir la prestación reclamada con efecto retroactivo o si, por el contrario, existe un quebranto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por haberse otorgado la prestación en contravención a la legislación vigente y deba, en consecuencia, el derechohabiente resarcir las cantidades recibidas indebidamente.

• Las tesis en que se apoyó la juzgadora de amparo son inaplicables, porque se refieren a una hipótesis diversa y ni por analogía cobran aplicación.

• En apoyo a esas consideraciones se invocó el criterio IV.2o.A.58 K (10a.), identificado con el título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, SU OTORGAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO PRESUPONE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EXIGIDOS PARA SU CONCESIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN QUEJA O REVISIÓN PUEDE, EXCEPCIONALMENTE, REVISAR DE OFICIO ESE ASPECTO, AUN ANTE LA AUSENCIA DE AGRAVIO, SI NOTORIAMENTE SE APRECIA QUE LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA CONTRAVIENE EL ORDEN PÚBLICO, EL INTERÉS SOCIAL O TIENE EFECTO CONSTITUTIVO DE DERECHOS."

Según se anticipó, los motivos de agravio son infundados, por los razonamientos jurídicos siguientes:

Para resolver sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Esos extremos a analizar implican diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar.

Además, el otorgamiento de la medida no debe seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, aunado a que el otorgamiento de la medida nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda.

Entonces, debe tenerse en cuenta que la noción de interés suspensional, en relación con los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo,(5) corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, y basta la prueba indiciaria para conceder la medida.

Así, es suficiente que la quejosa haya mencionado, bajo protesta de decir verdad y sin más prueba, tener la calidad de jubilada del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y que recibía la prestación de aguinaldo desde antes de la presentación de su demanda de amparo, para que se le reconozca el interés de que se habla.

Lo que además ahora se corrobora, puesto que la recurrente reconoce que la quejosa ha estado recibiendo su pensión con regularidad y que se le retribuía la prestación cuya omisión de pago se reclama.

También debe advertirse que de conformidad con el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal,(6) en relación con los numerales 128 y 139 de la ley reglamentaria aplicable, tratándose de materias como la administrativa, se tiene que los requisitos para conceder la medida cautelar son los siguientes:

a) Que sea solicitada por el quejoso; y

b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan normas de orden público.

El primer aspecto tiene relación íntima con la apariencia del buen derecho, que constituye uno de los presupuestos materiales para obtener una resolución favorable en las medidas cautelares, a las que se asemeja la suspensión en el amparo (atento a que ambas tienen finalidades afines, como lo es la conservación del derecho materia de la contienda). Por lo que ese elemento se sustenta en un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.

En relación con el segundo aspecto, el "orden público" y el "interés social" fue definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) al establecer que esa función le corresponde al legislador al dictar una ley, pero la misma no es ajena a la función del juzgador, ya que éste deberá apreciar la existencia en los casos concretos que se les someta a su consideración, y que el examen de la ejemplificación que se contiene en el artículo 129 de la Ley de Amparo para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez ha señalado el Alto Tribunal en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

Por lo que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno.

Además, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público.

En ese sentido, es dable concluir que el orden público y el interés social se afectan no sólo en los supuestos del artículo 129 de la Ley de Amparo (que es enunciativo, no limitativo), sino también cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

Al respecto, se cita la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 47, Tercera Parte, página 58, registro digital: 818680, cuyo contenido es del tenor siguiente:

"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría."

Ahora, el primer y segundo presupuestos mencionados, que la medida sea solicitada por el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan normas de orden público, no deben analizarse de forma aislada, sino que deben valorarse en conjunción, como se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, registro digital: 165659, cuyo rubro y texto se leen:

"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."

También, como aspectos básicos relacionados con la figura de la suspensión de los actos reclamados, se señala que su objeto es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, desde luego, siempre que se reúnan los requisitos de procedencia.

Asimismo, debe ponderarse que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y que cuando se trata de resolver sobre la suspensión del acto reclamado el juzgador debe ponderar simultáneamente el interés del quejoso frente al perjuicio al interés social o al orden público, atendiendo justamente a los principios mencionados de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

Así las cosas, el marco normativo invocado (artículo 107, fracción X, de la Constitución General de la República, así como los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo) muestra que el legislador dispuso aspectos a considerar por el juzgador en cuanto a los requisitos que el solicitante de la suspensión peticionario de amparo debe reunir para su concesión, a saber: la naturaleza de la violación alegada; la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros interesados y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Además, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo sus efectos y que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

Considerando lo anteriormente expuesto, se precisa que en el caso particular la secretaria encargada del despacho por vacaciones del Juez de Distrito, al proveer sobre la suspensión provisional solicitada en la demanda de amparo, destacó que sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pero con apoyo en el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho de la quejosa que se encuentra en una situación especial, debía partirse de la base de que existe peligro en la demora porque, de negarse la medida, aquélla resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar.

Por su parte, la autoridad recurrente, como ya se dijo, no desconoce la condición de jubilada con que se ostenta la quejosa en su demanda de amparo, por el contrario, admite expresamente que a aquélla se le ha efectuado el pago de la pensión de manera puntual, de donde debe tenerse por satisfecha la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por el acto reclamado, como lo exige el artículo 128 de la Ley de Amparo.

Por lo que es inexacto sostener que la prestación denominada "aguinaldo" es un concepto o prestación accesoria y parcial de la pensión, cuya omisión de pago no pone en riesgo la subsistencia de la jubilada y su familia, pues ese concepto es una remuneración o retribución inherente al salario del trabajador como pago de los servicios prestados y, en este caso, de la persona por jubilación.

Lo anterior, porque de los artículos 74 y 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas,(8) se observa que los pensionados del Issstezac tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a sesenta días de pensión y que se pagará en dos parcialidades, la primera equivalente a cuarenta días de pensión, antes del veinte de diciembre, y la segunda equivalente a veinte días de pensión, que se pagará a más tardar el quince de enero de cada año.

Entonces, el aguinaldo es una remuneración otorgada a los trabajadores jubilados de manera ordinaria y por mandato de la ley, aun cuando ello ocurra una vez al año.

Por lo que no puede considerarse ajena a la pensión que percibe la jubilada y mucho menos prescindible como lo sugiere la autoridad recurrente o que se trate de una concesión graciosa o discrecional, pues al ser parte de las remuneraciones que percibe la trabajadora jubilada de manera ordinaria en las fechas señaladas, su privación sí puede ser susceptible de ocasionar un daño económico irreparable y, por ende, verse en riesgo su subsistencia o la de su núcleo familiar.

Sin que para deducir la existencia del mencionado daño sea necesaria la justificación en la demanda de amparo, con la exhibición de algún elemento o dato de prueba que así lo revele; en tanto que acorde con la apariencia del buen derecho, el Juez tiene facultad para deducir de manera provisional la existencia del derecho cuestionado y la probabilidad de que en la sentencia de amparo se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado. Además, no debe perderse de vista que, en el caso, la quejosa es persona jubilada o adulta mayor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, pues el Más Alto Tribunal del País ha precisado, conforme a los artículos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono, razón por la cual, debido a ese estado de vulnerabilidad merecen una especial protección real y efectiva.

Entonces, la juzgadora federal ciertamente se encontraba en la obligación de preservar el derecho aparentemente violado, como así lo consideró, al tomar en cuenta esa condición específica y las consecuencias que podía generar la privación de ese derecho al aguinaldo.

De ahí que sean infundadas las aseveraciones que se expresan en el pliego de expresión de agravios en el sentido de que no existe un sustento sólido para asumir que la falta de pago de una prestación como la del aguinaldo afecte la subsistencia de la quejosa jubilada y la de su familia.

En otro aspecto, deviene inoperante el motivo de inconformidad en el que se expresa que la impetrante de amparo tiene la posibilidad de aspirar a una doble pensión por jubilación, o bien, que puede estar en el caso de percibir otra pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo así manifestado constituyen meras conjeturas y afirmaciones sin sustento lógico y jurídico que puedan justificar el presunto proceder de la autoridad responsable.

También es infundado lo que se expresa, en el sentido de que la medida suspensional deja sin materia el fondo del amparo, porque se traduce en un efecto restitutorio a favor de la quejosa y que ello, en todo caso, tendría que ser resuelto en la sentencia definitiva si la promovente tiene o no derecho a percibir la prestación denominada aguinaldo.

Lo anterior es así, en primer lugar, porque como ya se precisó en párrafos precedentes de esta ejecutoria, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la determinación del juicio, y que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

Así, el citado numeral prevé la posibilidad de restablecer provisionalmente a la promovente en el derecho violado, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible.

Por lo que si, en el caso, la secretaria encargada del despacho por vacaciones del titular consideró factible restablecer materialmente a la quejosa el derecho violado, pues incluso este tribunal advierte que se trata de un acto de naturaleza omisiva con efectos positivos que, sin justificación legal, se traduce en no pagar el aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno, el cual constituye una prestación de seguridad social que afectaría su subsistencia (como ya se explicó con antelación), ello no se traduce en una restitución definitiva, menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, como lo aduce la autoridad recurrente, debido a que se trata del restablecimiento de un derecho que ya tenía o conservaba la quejosa antes de la presentación de su demanda y cuya tutela solicita, pues el otorgamiento de la medida nunca podrá tener por efecto modificar, restringir ni constituir algún derecho que haya tenido antes de la presentación de dicho libelo.

Entonces, el objeto de la medida es que continúe o prevalezca esa situación de hecho hasta la decisión que dirima el fondo de la cuestión debatida que decida sobre la legalidad del acto reclamado, al asistirle a la quejosa la apariencia del buen derecho. Se reitera, la prestación de aguinaldo que defiende mediante la promoción del juicio de amparo, le asiste como un derecho consagrado por el artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

Por ello, es infundado lo apreciado por la autoridad inconforme en el sentido de que con la concesión de la suspensión se constituyó en favor de la quejosa un derecho o que se le dieron a la suspensión efectos restitutorios que eventualmente dejarán sin materia el juicio de amparo.

Máxime cuando la medida provisional otorgada permite que la impetrante alcance transitoriamente un beneficio, o bien, le sea restituido un derecho que tenía previo a solicitarla, como es el pago de su aguinaldo que ya había adquirido, pero los efectos de la suspensión no son definitivos, ya que ello puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensivos puedan actualizarse momento a momento; de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 286 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019, Décima Época, registro digital: 2021263, así como en la diversa P./J. 19/2020 (10a.), definida en contradicción por el Pleno del mencionado Máximo Tribunal del País, consultable en la página 9 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Tomo I, enero de 2021, Décima Época, registro digital: 2022619, de los epígrafes y razonamientos jurídicos siguientes:

"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior."

"SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO. Hechos: Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron respecto al siguiente problema jurídico: ¿Conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión? La Primera Sala consideró que la acreditación de daños de difícil reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia (otorgamiento) de la suspensión en un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado; en cambio, la Segunda Sala sostuvo que sí constituye un requisito para tal efecto. Criterio jurídico: La acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. Justificación: De acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32060-bfaef429/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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