AGRAVIOS INOPERANTES EN LOS RECURSOS DERIVADOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL AMPARO INDIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO.
QUEJA 679/2021. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y OTROS. 8 DE JULIO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SUSANA LAURA ROJAS CASTRO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26, PÁRRAFO SEGUNDO Y 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES. SECRETARIA: JENYFER MAYRÉN JUÁREZ GALÍNDEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Del sentido de la resolución adoptada.
Este Tribunal Colegiado de Circuito considera ineficaces los agravios formulados para revocar el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a la parte quejosa, conforme a los fundamentos y motivos que se exponen a continuación:
Previo a ello, conviene destacar que el artículo 107, fracción X, primer párrafo,(38) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria; para lo cual, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, realizará un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
En tanto el artículo 128(39) de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran, que la solicite el agraviado (I) y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (II).
De los anteriores preceptos se desprende que para conceder la suspensión es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no puede ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos y declarativos, entre otros.
Asimismo, para otorgar la suspensión de los actos reclamados debe verificarse que se encuentren satisfechos los requisitos que establece el ya transcrito artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social y, finalmente, conforme al artículo 131(40) de la ley en comento, verificar que la parte quejosa acredite tanto el daño inminente e irreparable a su pretensión, como el interés que justifique el otorgamiento de la medida cautelar, cuando al solicitarla aduzca contar con un interés legítimo.
Cabe señalar que el análisis del requisito previsto en el aludido artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se debe realizar concomitantemente con la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo establecido en el texto vigente del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; principio que ha sido definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009,(41) de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."
A propósito de lo que se refiere en el aludido precepto constitucional y en la citada tesis, es preciso señalar que la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.
Este requisito implica que para la concesión de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos contenidos en los artículos 128 y 131, ambos de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la parte quejosa; de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.
Por lo cual, debe atenderse al derecho que se dice violado, esto es, lo que no sólo comprende el concepto de violación aducido por la parte quejosa, sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia.
Sin embargo, el análisis debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones.
La apariencia del buen derecho debe sopesarse, simultáneamente, con el requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión.
En conclusión, de acuerdo con lo expuesto, para conceder la suspensión de los actos reclamados, el Juez de Distrito debe tomar en cuenta los siguientes elementos:
a) Que la solicite el agraviado.
b) La existencia del acto reclamado.
c) Que el acto reclamado o sus efectos, de acuerdo a su naturaleza, sean susceptibles de ser suspendidos.
d) Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, caso en el cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita.
e) Que el quejoso acredite tanto el daño inminente e irreparable a su pretensión, como el interés social que justifique el otorgamiento de la medida cautelar, cuando al solicitarla aduzca contar con interés legítimo.
A partir de tales directrices, se debe analizar la concesión de la suspensión provisional recurrida, en relación con los agravios esgrimidos por las autoridades recurrentes.
I. Congruencia y exhaustividad.
Ahora bien, en el agravio segundo, relativo a que la resolución carece de congruencia y exhaustividad respecto del cumplimiento de los requisitos necesarios para su concesión, manifiestan las autoridades inconformes que si bien es cierto que el Juez de Distrito realizó un estudio previo de los requisitos mínimos exigidos para determinar la procedencia en el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que lo realizó de manera indebida y deficiente.
Señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como de los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo, advierte que para conceder la medida cautelar es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:
1. Expresamente la solicite el quejoso.
2. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita.
3. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión.
4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto, bajo la apariencia del buen derecho.
Argumentan que el Juez Federal estableció que, previo a determinar la procedencia de la concesión de la medida cautelar, se debía cumplir con ciertos requisitos, los cuales, consideran, no se cumplieron a cabalidad, lo cual constituye el estudio de la procedencia de la medida suspensional.
Refieren que no se cumplió con el requisito de que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión, lo que es motivo suficiente para negar la medida cautelar, toda vez que señalan que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, lo relativo al seguro de gastos médicos mayores no subsiste, pues la aludida prestación sólo mantuvo su vigencia hasta el dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, por lo que, estiman, reviste el carácter de un acto consumado, respecto del cual no procede la suspensión provisional ni definitiva.
Así, mencionan que no resulta procedente la suspensión provisional, porque sería darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que en definitiva se emita en el juicio.
Arguyen que les causa agravio que el juzgador no consideró el requisito consistente en la certeza del acto reclamado, ya que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa reclamó la eliminación de prerrogativas y prestaciones laborales, establecidas en los numerales 7 y 8 del Manual de Percepciones de las y los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el año dos mil veintiuno; sin embargo, consideran que dichos numerales fueron eliminados en comparación con el manual de percepciones del año dos mil veinte, del cual aducen que no existe disminución alguna, puesto que el texto de ambos instrumentos es idéntico, por tanto, refieren que no existe la certeza del acto reclamado.
Además, mencionan que el Juez de amparo dejó de observar que las prestaciones denominadas seguro de gastos médicos mayores, fondo de separación individualizado, apoyo para el desarrollo personal y cultural, vales de despensa, entre otros, no forman parte de sus remuneraciones, razón por la que concluyen que no están obligadas por mandato de ley a otorgarlas.
Ahora, al contrario de lo que sostienen las autoridades recurrentes, tales obligaciones constitucionales fueron observadas por el Juez de Distrito Auxiliar en el auto recurrido en el que concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, al estimar satisfechos los requisitos previstos en el arti´culo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la medida cautelar fue debidamente solicitada por la parte quejosa (I) y con su otorgamiento no se segui´a perjuicio al intere´s social, ni se contraveni´an disposiciones de orden público (II).
Las anteriores consideraciones fueron plasmadas dentro del acuerdo que se revisa y que se sintetizan a continuación:
a) Precisó los actos reclamados respecto del decreto que expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, los artículos 10, 14, 15, 20 y anexo 23.9, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil veinte y la emisión del Manual de Percepciones de las y los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el año dos mil veintiuno, en específico, los artículos 7 y 8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.
b) Consideró satisfechos los requisitos previstos en el arti´culo 128 de la Ley de Amparo, los que estimo´ se encontraban colmados, toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa y con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.
c) Enseguida, considero´ que la parte quejosa acredito´ el intere´s suspensional, al tener el cara´cter de trabajador en activo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que refirió acreditó con los recibos de pago electrónicos expedidos por la citada Comisión, anexos a su demanda.
d) Estimo´ que los efectos de las normas reclamadas impactarán en la estabilidad salarial del quejoso, ante el riesgo de que sus ingresos sean disminuidos, lo que era suficiente para considerar procedente la suspensión, al poder producir una afectación en su esfera jurídica.
e) Señaló que la medida otorgada únicamente suspendía de manera temporal los efectos de los actos reclamados, pero no impedía el desarrollo de las funciones del Estado, por tanto, no implica una afectación grave a la sociedad, en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener el solicitante.
f) Estimo´ que la medida cautelar no contraveni´a disposiciones de orden pu´blico ni afectaba el interés social.
g) Así, con fundamento en el arti´culo 148 de la Ley de Amparo, concedió´ la suspensión provisional a la parte quejosa.
Lo anterior, para el efecto de que no se le apliquen las disposiciones del decreto que expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, los artículos 10, 14, 15, 20 y anexo 23.9, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil veinte; así como el Manual de Percepciones de las y los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el año dos mil veintiuno, en específico, los artículos 7 y 8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, hasta tanto se resolviera la suspensión definitiva, lo cual conlleva que no se inicie procedimiento penal o administrativo alguno con motivo del pago que reciba y que derive de la aplicación de los artículos materia de análisis constitucional en el cuaderno principal del que deriva la incidencia.
De la resen~a anterior se sigue que, al contrario de lo argumentado por las autoridades inconformes, el Juez de amparo si´ motivo´ y fundo´ su determinación, pues para ello expuso las razones que lo llevaron a considerar que, con el otorgamiento de la suspensio´n provisional no se segui´a perjuicio al intere´s social, ni se contraveni´an disposiciones de orden pu´blico, para lo cual, cito´ los preceptos legales y criterios que estimo´ aplicables al caso; asimismo, atendió a la valoración de las pruebas y de las circunstancias de hecho que se le expusieron.
De ahi´ que con independencia de la correccio´n intri´nseca de dichas consideraciones, se advierte que el Juez de origen sí fundo´ y motivo´ el acuerdo recurrido, por lo que el agravio que plantean las recurrentes resulta infundado.
Ma´xime, porque las recurrentes no exponen por que´, al contrario de lo determinado por el Juez de Distrito Auxiliar, el quejoso no acredito´ su intere´s suspensional o si alguno de los requisitos de procedibilidad para conceder la medida cautelar solicitada no se encontraban satisfechos.
En esa medida, no queda duda que los efectos de la medida cautelar no implican algún efecto restitutorio.
Asimismo, debe reiterarse que, en aplicación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, puede realizarse un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cual sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información.
II. Perjuicio al interés social y contravención de disposiciones de orden público.
Por otra parte, es ineficaz el agravio cuarto, en el que las autoridades recurrentes sostienen que con la concesión de la suspensión provisional se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, al desconocer un postulado previsto en el artículo 127 constitucional.
Como punto de partida, debe decirse que el interés social, asociado tradicionalmente al orden público, se refiere al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; de modo que se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno.
En este orden de ideas, se considera que el interés social o el orden público se afecta cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Por tanto, corresponde al Juez de amparo, en cada caso, realizar un estudio respecto de la disposición o acto que se reclame para determinar si la suspensión es procedente conforme al artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.
También debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el examen de la ejemplificación que contenía el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al del artículo 129 de la ley vigente, para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio al interés social o se realizan esas contravenciones a disposiciones de orden público, revela que razonablemente se puede colegir, en términos generales, que se generan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
Además, es importante resaltar que, como también lo ha sostenido la indicada Segunda Sala, la apreciación de que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público depende del caso concreto.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 8(42) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."
En relación con lo expuesto, el artículo 129(43) de la Ley de Amparo establece algunos criterios orientadores para determinar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se realizan contravenciones al orden público, en el entendido de que aun en esos supuestos, excepcionalmente, el juzgador puede conceder la suspensión de manera fundada y razonada, de acuerdo con lo establecido por el último párrafo de ese numeral.
En este sentido, corresponde al Juez de amparo, en cada caso, realizar un estudio respecto de las disposiciones o actos que se reclame, para determinar si la suspensión es procedente conforme a la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social.
Además, en esta ponderación debe considerarse la tutela de los derechos humanos y la aplicación del principio pro persona, pues es claro que la suspensión es uno de los mecanismos a través de los cuales se garantiza que el juicio de amparo sea un recurso efectivo, en términos del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Vinculada con la noción de orden público (o interés social) está la apariencia del buen derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 138(44) de la Ley de Amparo, sobre lo cual, en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 antes citada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado.
En este orden de ideas, es dable concluir que la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales.
En este punto, debe anotarse que el análisis de la naturaleza de la violación alegada supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar la materia del juicio, siempre y cuando con la concesión de la suspensión no se lesionen el interés social y el orden público, en el entendido de que si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el accionante del juicio, se deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.
Sobre estas bases, se tiene presente que el quejoso reclamó, entre otros actos, diversos artículos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y la emisión del Manual de Percepciones de las y los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el año dos mil veintiuno y solicitó la concesión de la medida cautelar en relación con sus efectos y consecuencias.
Al respecto, el Juez de Distrito Auxiliar consideró que la medida otorgada únicamente suspendía de manera temporal los efectos de los actos reclamados, pero no impedía el desarrollo de las funciones del Estado, por tanto, no implicaba una afectación grave a la sociedad, en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener el solicitante, por tanto, estimo´ que la medida cautelar no contraveni´a disposiciones de orden pu´blico ni afectaba el intere´s social.
De ese modo, en relación con el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que la suspensión de los actos reclamados se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que dicho requisito se encuentra satisfecho, tal como lo consideró el Juez de Distrito del conocimiento.
III. Incompetencia del Juzgado de Distrito Auxiliar.
Por otra parte, las autoridades inconformes, en su agravio primero aducen, en esencia, que el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, en virtud de que los actos reclamados son de naturaleza enteramente laboral.
Dichos argumentos se desestiman, pues no se pueden atender cuestiones del litigio principal, tales como la competencia del Juez de Distrito para conocer y resolver el juicio de amparo, toda vez que el artículo 48, último párrafo,(45) de la ley de la materia prevé que admitida la demanda ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.
De ahí que sus argumentos resulten inoperantes.
Sustenta lo anterior la tesis aislada (I Región)4o.20 K (10a.),(46) emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, del tenor literal siguiente:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO. La materia del recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, es la resolución que conceda o niegue la medida cautelar solicitada en el juicio de amparo indirecto y los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. En consecuencia, no se pueden atender cuestiones del litigio principal, como la competencia del Juez de Distrito para conocer y resolver el juicio de amparo, máxime que el artículo 48, último párrafo, de la ley de la materia, prevé que admitida la demanda ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva; de ahí que sean inoperantes los agravios en el recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva, en los que se aduzca la falta de esa competencia, por no ser la vía idónea para plantearla."
Asimismo, las autoridades recurrentes manifiestan que el juicio de amparo es improcedente en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que consideran que no se agotó el principio de definitividad previsto para una controversia eminentemente laboral, en la que tanto la quejosa como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran vinculadas por una relación de coordinación y no de supra a subordinación.
Indican que no se les puede tener como autoridad responsable en un juicio de amparo, ya que la instancia competente para resolver la controversia sería el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Refieren que, al contrario de lo considerado por el juzgador, la resolución por la cual se concedió la suspensión provisional genera un procedimiento no apegado a derecho, lo que implica una invasión de competencias, por lo que estiman que el principio de garantía institucional de autonomía se vulneró en su agravio.
Los argumentos anteriores son inoperantes, atendiendo a la naturaleza urgente del acto reclamado que obliga al Juez de Distrito a realizar un ejercicio interpretativo flexible que salvaguarde el derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el hecho de que el acto reclamado no se ubique en los supuestos del artículo 48, párrafo primero, citado, no puede justificar la dilación en la impartición de justicia en asuntos estimados urgentes por el Consejo de la Judicatura Federal.
Además, la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito que se estime incompetente a que se limite a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio, si se tratara de actos de los mencionados en el artículo 17.
Por lo que no es posible pronunciarse en la presente instancia sobre tales circunstancias, pues hacerlo implicaría abordar cuestiones materia de la litis constitucional planteada.
De igual forma, cabe señalar que la posible improcedencia del juicio de amparo no es un tema que se pueda ventilar en el presente medio de impugnación, sino que, en todo caso, eso será materia del juicio principal.
Por esa misma razón, deviene infundado lo alegado por las autoridades inconformes, en la parte en que aluden que el juicio de amparo no es la vía idónea para controvertir el manual reclamado.
En efecto, dicho manual constituye una norma general, contra la cual procede el juicio de amparo biinstancial, de acuerdo con lo establecido por los arti´culos 103, fraccio´n I,(47) de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. y 107, fraccio´n I, de la Ley de Amparo; de ahi´ que, en oposicio´n a lo manifestado por la parte recurrente, la vi´a intentada por la parte quejosa si´ resulta procedente.
IV. Autonomía de gestión y presupuestaria.
De igual forma, se desestiman los argumentos contenidos en el agravio tercero, relativos a que el Juez de Distrito pretende hacer nugatoria la autonomía de gestión y presupuestaria con la que cuenta el organismo recurrente, consistente en la condición potestativa que se tiene que aplicar un presupuesto de acuerdo a las funciones destinadas, prevista en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal y que no puede exigirse conforme a su competencia.
Dichos argumentos son tópicos que están relacionados con el fondo del asunto, pues involucran el análisis exhaustivo de las actuaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como de las pruebas que ofrezcan para acreditar tal extremo, análisis que es propio de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal, lo cual no es materia de la vía incidental.
Por lo anterior, no es pos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30119-cc06981b/agravios-inoperantes-en-los-recursos-derivados-del-incidente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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