SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA OMISIÓN O NEGATIVA DE DAR CUMPLIMIENTO Y TOTAL EJECUCIÓN A UN LAUDO.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 209/2015. 11 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ALBINO LAGUNES MENDOZA. SECRETARIA: LUCÍA DEL SOCORRO HUERDO ALVARADO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Los agravios expuestos por la recurrente son jurídicamente ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la recurrente la parte trabajadora.
En principio, resulta inoperante lo argumentado por la inconforme en el sentido de que la resolución que se combate es violatoria de sus derechos fundamentales tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues resulta inadmisible que el órgano jurisdiccional a quien se encarga tutelar los derechos subjetivos públicos mediante el juicio de amparo, viole los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y tratados internacionales en los que nuestro Estado sea Parte, así como las garantías para su protección, en virtud de que, precisamente, la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados deben estudiarse siempre a la luz de las disposiciones relativas de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 35, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 28, con número de registro digital: 917569, de título y contenido:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otra parte, la quejosa afirma que el juzgador federal hizo una incorrecta valoración y apreciación del acto reclamado, pues determinó que es de carácter negativo, y que de conceder la suspensión definitiva se le estarían otorgando efectos restitutivos, sin atender que el acto que reclama reúne todos los requisitos que al efecto establece el numeral 128 de la Ley de Amparo, pues es susceptible de ser suspendido, que no se sigue perjuicio al interés social y existe interés jurídico, cuenta habida que de no detenerse el acto o dejarse las cosas en el estado que guardan se propiciarían consecuencias de imposible reparación, como es que las autoridades responsables ordenen o dicten actuaciones tendentes a dar cumplimiento, los cuales consisten, esencialmente, en dictar autos de requerimiento de pago o embargo, y que no se acaten, lo que violenta su derecho plasmado en el artículo 17 constitucional.
Agrega que, con base en los informes previos, ya fuere por aceptación de las autoridades, omisión o presunción, se tuvo por cierto el acto reclamado, lo cual es suficiente para que el juzgador federal, atento a los principios de buena fe y apariencia del buen derecho, anticipando actos futuros, decretara la suspensión definitiva, sin perder de vista que lo solicitado no es un acto restitutorio, sino paralizante, tendente a detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo.
Son infundados los agravios planteados, por las razones que se exponen a continuación.
La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y ejecución de otra providencia principal, que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de garantías en lo principal.
Así, el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso mientras se decide si es violatorio o no de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si tal consumación ocurre, no pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en el caso de que se conceda el amparo (artículo 77 de la Ley de Amparo).
Esto es, la suspensión no solamente tiene como único objeto mantener viva la materia del amparo, sino que también se propone evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio de amparo, los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle.
Los efectos de la suspensión, entonces, son obrar sobre la ejecución del acto reclamado, ya que afecta las medidas tendentes a su ejecución, paralizándolas, impidiendo que el acto reclamado se ejecute, o haciendo cesar tales medidas si la ejecución ya se ha iniciado.
Ahora bien, el artículo 107, fracción X, constitucional, establece lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;"
Disposición constitucional de la que se advierte que el legislador instituyó en favor de los quejosos la figura de la suspensión de los actos reclamados en la controversia a que se refiere el artículo 103 constitucional, dejando al juzgador la facultad para determinar los casos, condiciones y garantías correspondientes para su otorgamiento, tomando en cuenta la naturaleza de la relación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, y los que la suspensión origine a terceros perjudicados y al interés público.
A su vez, la Ley de Amparo, en sus artículos 128, 139, párrafo primero, 147 y 157 establece lo siguiente:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."
"Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo."
"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."
"Artículo 157. En lo conducente, se aplicará al auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva."
Transcripción de la que se colige que la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que se tramita a través de un incidente en el procedimiento del juicio de amparo, por cuerda separada, y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de garantías.
Esto es, que el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio, e impedir que se consuma irreparablemente, evitando se causen al quejoso perjuicios que la ejecución del acto le pudiera ocasionar; así, los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado en que se encuentren al otorgarse la providencia, por lo que su materia la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo.
De ahí que, por regla general, la suspensión no puede tener efectos restitutorios, pues éstos son exclusivos de la sentencia que otorgue al quejoso la protección constitucional solicitada; esto es, que no puede tener el efecto de invalidar el acto reclamado, pues su finalidad se limita a paralizarlo temporalmente, lo cual consiste en impedir para el futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias del acto reclamado a partir de que se concede la suspensión; empero, existe una excepción a tal regla, conforme a lo dispuesto en el artículo 147, en relación con el párrafo primero del 139 y el 157, todos de la Ley de Amparo, en la que el órgano jurisdiccional podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho violado, hasta tanto se emita la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
En el caso particular, se estima legalmente correcto que el a quo negara la suspensión definitiva solicitada, puesto que el acto reclamado consiste en la omisión y negativa de dar cumplimiento y total ejecución al laudo emitido el nueve de septiembre de dos mil once, en el expediente laboral **********, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado y, por ello, no puede ser objeto de suspensión por virtud de su naturaleza, al tratarse de un acto negativo en que presumiblemente la responsable se rehúsa a obrar en favor de la pretensión del gobernado; pues de concederse la medida cautelar, en este supuesto, a la misma se le darían efectos restitutorios, al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la garantía, incluso sustituyéndola en la toma de medidas tendentes a lograr el acatamiento del laudo; cuestión que sólo podría ser propia de la sentencia que se llegue dictar en el expediente principal del juicio biinstancial, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente:
"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:
"I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y
"II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.
"En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.
"En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales.
"En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.
"En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley."
En ese contexto, también resulta infundado lo esgrimido por la recurrente en torno a que de no concedérsele la suspensión definitiva se propiciaría que la autoridad responsable emitiera actos que ocasionaran el sobreseimiento del juicio, ante el dictado de requerimientos de pago y embargo inefectivos, pues el acto que se reclama es la negativa u omisión del cumplimiento o ejecución del laudo, mas no de aquellas medidas tendentes a lograrlo; de ahí que resulte evidente que el único acto que dejaría sin materia el juicio de amparo sería, precisamente, el acatamiento del laudo.
Bajo esa óptica, es que no puede estimarse que la negativa de otorgar la suspensión del acto reclamado de que se duele la inconforme violente el principio de apariencia del buen derecho, entendiendo por éste el examen de la naturaleza de la violación alegada, no sólo en torno a los motivos de inconformidad, sino en atención a sus características y trascendencia, pues su aplicación no implica dejar de observar los requisitos contenidos en los numerales 107 constitucional y 128 de la Ley de Amparo, incluso para que se actualice el caso de excepción a la regla general, mismos que, como se destacó, no se cumplen en la especie, pues la negativa u omisión alegada no es suspendible; de ahí que, aun cuando exista petición por parte de la persona que estime afectado su interés legítimo o jurídico, se reitera, no existe materia que suspender.
En esa tesitura y contrariamente a lo que arguye la recurrente, la determinación del a quo es, en esencia, ajustada a la normatividad aplicable en materia de suspensión en el juicio de amparo, ya que el Juez de Distrito, para arribar a la determinación de negar la suspensión definitiva, realizó un estudio integral de los actos reclamados señalados en la demanda y su aclaración, valoró el carácter que les corresponde a los mismos y apoyó sus razonamientos en diversas tesis jurisprudenciales correctamente aplicables al caso.
En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los agravios vertidos en el recurso de revisión, lo que procede es confirmar la sentencia interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva de los actos reclamados.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la interlocutoria recurrida.
SEGUNDO.—Se niega la suspensión definitiva solicitada por **********.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos originales a su lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Jorge Toss Capistrán, ponente José Albino Lagunes Mendoza y Jorge Sebastián Martínez García, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.
En términos de lo previsto por los artículos 1, 3, 4, 9, 110, 112 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada, confidencial o datos personales que encuadra en estos supuestos normativos.
Nota: La tesis de jurisprudencia 35 citada en esta sentencia, también aparece publicada con la clave P./J. 2/97, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, con número de registro digital: 199492.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30837-78f72f58/suspension-provisional-o-definitiva-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. ES PROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UN LAUDO. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO QUE DEJA SIN EFECTOS LA LISTA DE RESERVA ESTRATÉGI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS. (I.11o.C.44 K (10a.))
- SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS. CUANDO EL ACTO RECLAMADO YA SE HUBIERE EJECUTADO, PROCEDE CONCEDERLA CON ESOS ALCANCES SÓLO SI ELLO TIENE EFECTOS PROVISIONALES Y NO PLENOS. (I.11o.C. J/5 K (11a.))
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA OMISIÓN O NEGATIVA DE DAR CUMPLIMIENTO Y TOTAL EJECUCIÓN A UN LAUDO. (VII.2o.T.19 L (10a.))
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA OMISIÓN O NEGATIVA DE DAR CUMPLIMIENTO Y TOTAL EJECUCIÓN A UN LAUD (VII.2o.T. J/3 L (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis