SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DE UN PORCENTAJE DE LA DIETA QUE RECIBE UN SERVIDOR PÚBLICO, DECRETADA EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INCOADO EN SU CONTRA, SIN QUE SE HAYA PROVEÍDO SOBRE LA SUSPENSIÓN DE SU CARGO.
QUEJA 16/2024. 9 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: CLEMENTINA FLORES SUÁREZ. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIA: ANGÉLICA TORRES FUENTES.
CONSIDERANDO:
9. SEXTO.—Previo a realizar el pronunciamiento respectivo, este tribunal colegiado estima necesario precisar la técnica que debe seguirse para el estudio de la suspensión en el juicio constitucional.
10. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.—Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
"Artículo 129. Se considerará entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
"I. Continúe el funcionamiento de centros de vicios o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;
"II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
"III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;
"V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;
"VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;
"VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;
"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;
"IX. Se impida el pago de alimentos;
"X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;
"XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;
"XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno del procedimiento, procederá la suspensión.
"XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El Órgano Jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."
11. De la interpretación sistemática de dichos preceptos se obtiene que para el estudio de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, debe verificarse, en su orden, lo siguiente:
a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos (premisa).
b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales).
c) Si se satisfacen las exigencias previstas por los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y,
d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros interesados (requisitos de efectividad).
12. Tiene aplicación al respecto, en lo conducente y por igualdad de razón en términos de lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 199, Volúmenes 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisitos de efectividad)."
13. Igualmente, es conveniente destacar que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, cuando la naturaleza del acto lo permita, debe realizar un estudio ponderado de la apariencia del buen derecho con la posible afectación que pueda ocasionarse al interés social con motivo de la suspensión provisional del acto reclamado.
14. Sobre tal punto jurídico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204/2009, destacó la necesidad de efectuar un análisis simultáneo de la apariencia del buen derecho, así como del peligro en la demora,(1) con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, para lo cual la Superioridad sostuvo que ese estudio debe realizarse concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización.
15. El criterio en cuestión, que es aplicable por igualdad de razón en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicado en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el Artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."
16. Los anteriores elementos relativos a la técnica de la suspensión definitiva, son aplicables a la medida cautelar provisional, en lo conducente, a partir de los datos con que se cuenta en el momento procesal para la procedencia de esta última suspensión –provisional–.
17. Una vez destacada la técnica que debe seguirse en el análisis de la suspensión provisional en cuestión, los efectos y consecuencias, procede analizar el fondo de la litis planteada.
18. Es menester narrar los siguientes antecedentes:
(i) En la demanda de amparo, el quejoso ********** señaló como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes:
Ver autoridad responsable y actos reclamados
(ii) En el capítulo de suspensión de los actos reclamados, el quejoso la pidió en los siguientes términos:
Ver capítulo de suspensión
(iii) Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Octava de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, radicó la demanda en el expediente 2123/2023 y, entre otros acuerdos, previno al quejoso para que informara lo siguiente:(2)
"1. Precise con claridad que abarca el rubro que hace consistir en ‘de la dieta que percibo’ esto es, especifique si es parte de su salario o alguna prestación adicional.
"2. Manifieste si actualmente se encuentra activo, suspendido temporalmente o separado del cargo, con motivo del procedimiento HACH/21-24/EXP-018/UA04."
(iv) En cumplimiento a dicha prevención, el quejoso informó lo siguiente:
Ver informe
(v) A través del acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, entre otras determinaciones, la juez de distrito admitió la demanda de amparo y ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión.
(vi) En el cuaderno incidental, la jueza de distrito dictó un acuerdo en la misma fecha –veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés–, en el que, entre otros puntos, negó la suspensión provisional solicitada, por las siguientes razones:
• El quejoso acreditó el interés suspensional con la exhibición del oficio **********, mediante el cual se le notifica la medida cautelar impuesta por Contralor Municipal, consistente en la retención del 65 % de la dieta que percibe como Regidor de Agricultura y Ganadería del Municipio de Chiautzingo, Puebla, decretada dentro del expediente: **********, relativo a la presunta responsabilidad administrativa.
• De concederse la suspensión provisional se causaría perjuicio al interés social y al orden público, en razón de que el quejoso pretende que se le permita continuar desempeñando el cargo, a pesar de que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa, con lo que se ocasionaría un daño irreparable a la Hacienda Pública Municipal.
• Tiene mayor trascendencia ésta que el perjuicio que se ocasionaría individualmente al quejoso.
• Citó las jurisprudencias PC.III.C. J/54 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS EN UN JUICIO DE RESPONSABILIDAD PROMOVIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES."; y 2a./J. 251/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO."
19. Ésta es la resolución materia del presente recurso de queja.
20. En contra de esa determinación el quejoso argumenta lo siguiente:
• Es incongruente lo resuelto por la jueza de distrito al no concordar con los actos reclamados ni con los efectos para los cuales se solicitó; ello porque se negó la suspensión provisional al estimar que el quejoso pretende continuar desempeñando su encargo, sin embargo, en la demanda no existe manifestación alguna en el sentido de que se encuentre separado del cargo, tampoco pidió la suspensión para ser reinstalado en el cargo; aunado a que en el escrito de cumplimiento de la prevención manifestó encontrarse activo en su cargo.
• Solicita que se dicte una resolución en la que se atienda a lo manifestado en la demanda.
21. Es fundado lo que argumenta el quejoso.
22. Como puede observarse de los antecedentes narrados con anterioridad, el quejoso reclamó el oficio ********** de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se le notifica la medida cautelar impuesta por el Contralor Municipal del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla, consistente en la retención del 65 % de la dieta que percibe, decretada dentro del expediente de presunta responsabilidad administrativa **********, así como su ejecución.
23. Además, en la demanda pidió la suspensión para que (i) las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, (ii) no se ordene la ejecución de la retención económica ordenada y/o no se ejecute la misma, y en caso de que ya se haya llevado a cabo, (iii) se den efectos restitutorios a la suspensión y le sean devueltas las cantidades retenidas.
24. Por su parte, la jueza de distrito negó la suspensión provisional al considerar improcedente permitir que el quejoso continúe desempeñando el cargo público que tiene, pese a que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa, lo que ocasionaría un daño irreparable a la hacienda pública municipal; este pronunciamiento se realizó a pesar de que, según se advierte de la demanda de amparo, la separación del cargo no constituye un acto reclamado ni algún efecto por el que se haya solicitado la suspensión de los actos.
25. Ello, aun cuando en la propia resolución recurrida, la jueza de distrito expresó con precisión los actos reclamados y cuáles los efectos para los que se pidió la suspensión provisional, pero al pronunciarse sobre la suspensión no atendió a los actos reclamados.
26. En consecuencia, ante la incongruencia interna y externa de la resolución recurrida, este tribunal colegiado reasume jurisdicción para resolver sobre la suspensión provisional en relación con los actos reclamados y sus efectos, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo.(3)
27. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 10/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA. El análisis sistemático de los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que respectivamente determinan la naturaleza de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como las reglas de procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja contra el acuerdo en que se concede o niega esa medida, permiten establecer que la omisión de fundar y motivar el acuerdo que resuelve la suspensión provisional de los actos reclamados, alegada como agravio, debe ser reparada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el trámite del recurso de queja correspondiente. Esto es así, porque la omisión apuntada se constriñe a una violación procesal cometida en el dictado del acuerdo impugnado, que lo nulifica, permitiendo al tribunal de alzada asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda, esto es, sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente, si niega o concede la medida suspensional, al contar con las constancias pertinentes, es decir, toda pieza de autos relacionada con esa medida, que el Juez de Distrito tiene obligación de enviarle junto con el escrito de queja, para fundar y motivar su determinación y así cumplir con la finalidad de decidir con celeridad y urgencia la medida suspensional, para evitar que quede sin materia y sobre todo que los actos reclamados se ejecuten o se sigan ejecutando causando al quejoso notorios daños y perjuicios de difícil reparación, en caso de obtener la concesión del amparo."(4)
Requisitos de la suspensión.
28. El artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza de los actos lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
29. Por otra parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso; y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
30. Aunado a ello, el artículo 138 de la Ley de Amparo señala que para resolver sobre la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.
31. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión se requiere lo siguiente:
I. Expresamente la solicite el quejoso;
II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita;
III. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión;
IV. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y;
V. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho.
32. Estos requisitos están previstos en la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía a la suspensión provisional:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley."(5)
33. Sólo de cumplirse todos los requisitos, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley de la materia.
34. Así, la suspensión de los actos reclamados en el amparo, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son que no se afecte el interés social, no se contravengan disposiciones de orden público y la apariencia del buen derecho.
35. En el caso se reúnen los requisitos para conceder la suspensión provisional solicitada.
36. El quejoso solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados y exhibió el oficio del que se desprende que la medida cautelar reclamada se encuentra dirigido a él, con lo cual se demuestra (I) el interés suspensional; existe (II) certeza de la existencia del acto reclamado a través de la exhibición del mencionado oficio ********** de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, aunado a lo anterior, en esta etapa procesal es dable, de ser el caso, presumir su existencia a partir de las manifestaciones del quejoso formuladas en la demanda bajo protesta de decir verdad, las cuales constituyen una confesión expresa.(6) Por la (III) naturaleza de los actos podrían ser suspendibles; asimismo, de concederla no existe (IV) afectación al orden público ni al interés social en los términos del artículo 129, fracción II, de la Ley de Amparo.
37. En la jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las medidas cautelares tienen por objeto facilitar el curso del procedimiento de responsabilidades y las investigaciones correspondientes; que por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, tales medidas cautelares buscan proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública, y que las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia.
38. La jurisprudencia referida es del siguiente contenido:
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial."(7)
39. Este criterio es aplicable cuando el particular ha sido suspendido o separado de sus labores, por lo tanto, es entendible que no disfrute de la totalidad de la remuneración que recibía al encontrarse activo, aunque sí debe percibir por lo menos un mínimo vital para subsistir. Aunado a ello, al encontrarse separado de su cargo, el particular tendría oportunidad de laborar en un diverso lugar a fin de obtener un mayor ingreso al mínimo vital, de no tener ninguna limitación legal.
40. En cambio, en el presente caso, el quejoso continúa activo en su encargo, tal como lo manifestó bajo protesta de decir verdad al desahogar el acuerdo de prevención emitido en el juicio principal el quince de diciembre de dos mil veintidós.
41. Esto significa que el quejoso está integrado a sus labores de forma total, por lo que resulta gravoso para su sustento y el de su familia (en caso de que la tenga) que le sea retenido el pago de la dieta que percibe por laborar en el cargo de Regidor de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Chiautzingo, Puebla.
42. Máxime que del contenido del oficio reclamado se advierte que existe instaurado un "expediente de presunta responsabilidad administrativa" en su contra dentro del cual se pidió y otorgó "... como medida cautelar que mitigue el daño causado a la Hacienda Municipal tras el incidente vial que se señala en el numeral 2 de las documentales del escrito referido ..."
43. El contenido del oficio es el siguiente:
Ver contenido del oficio
44. Las circunstancias narradas que se desprenden del oficio reclamado permiten concluir en este momento procesal que (i) la medida cautelar podría constituir una consecuencia en la esfera de derechos del quejoso que es de mayor gravedad que las que pudiera resentir la sociedad, en tanto que ésta se encuentra interesada en el debido cumplimiento de los derechos que protege la Constitución General de la República, particularmente el de presunción de inocencia, debido a que es una medida que implicaría colocar al quejoso en una situación de hecho equiparable a la culpabilidad; y (ii) si bien en el oficio reclamado se aduce un perjuicio a la hacienda municipal presumiblemente imputable al quejoso por un incidente vial, el cual no se encuentra en autos hasta este momento procesal en qué consistió, lo cierto es que es de mayor entidad el perjuicio que sufriría el quejoso al despojarlo del 65 % de la dieta que percibe por el cargo en el que sigue activo y que es su sustento que el que podría afectar al erario municipal.
45. En consecuencia, este tribunal colegiado estima que con la concesión de la suspensión provisional en los términos solicitados no se causa perjuicio al interés social ni se contraviene el orden público.
46. Además, este tribunal colegiado considera que la concesión de la suspensión provisional es un instrumento útil para la preservación del interés social, al asegurar provisionalmente que se respete el principio de presunción de inocencia a favor del quejoso.
47. En las condiciones apuntadas, procede declarar fundado el recurso de queja y conceder la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea retenido al quejoso el 65 % de la dieta que percibe y, en caso de que ya haya sido aplicado, le sea devuelta la cantidad correspondiente, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo,(8) lo anterior, mientras no se emita la interlocutoria rel
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32168-23d2ee85/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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