SALARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO CONTRA SU DESPOSESIÓN O RETENCIÓN, EL JUZGADOR DEBE PARTIR DE LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL QUEJOSO EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO Y REALIZAR UN ANÁLISIS PONDERADO DE SU CONSTITUCIONALIDAD.
QUEJA 95/2014. 14 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: FERNANDO RODRÍGUEZ OVALLE.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Estudio de los agravios. Son fundados los planteamientos expuestos por la quejosa recurrente, por las siguientes consideraciones.
La quejosa recurrente, conforme a la sistematización de sus argumentos, en el primer agravio se duele, básicamente, de que el a quo desatendió las manifestaciones bajo protesta de decir verdad expuestas en su escrito de demanda, las cuales se hicieron consistir en lo siguiente:
"V. Antecedentes del acto reclamado.-Bajo protesta de decir verdad, me permito expresar que el día 4 cuatro de mayo de 2014 dos mil catorce, el compareciente fui informado por parte de las autoridades demandadas, que el suscrito quejoso estaba despedido como empleado del Municipio de Monterrey, N.L., y que con motivo de ese despido, ya no podía seguir ejerciendo el cargo que tenía encomendado para desempeñarlo ante la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, N.L., ni mucho menos otro cargo en ninguna dependencia municipal o estatal, que se relacionara con la seguridad pública; que como consecuencia de ello ya se habían girado las órdenes para que se me suspenda de manera definitiva todo pago salarial o indemnización que me pudiera corresponder por el servicio que venía desempeñando ante las autoridades demandadas, a pesar de que el suscrito quejoso ingresé a laborar para el Municipio de Monterrey, N.L., por tiempo indefinido, en donde siempre he ejercido y cumplido con mis funciones de manera esmerada y cumplidamente, contando con el número de nómina **********; que como consecuencia de esa determinación, las autoridades demandadas han otorgado además la inscripción del suscrito quejoso ante el Registro Estatal de Seguridad Pública, como elemento no apto para ejercer cargo o función alguna relacionada con la seguridad pública."
Por su parte, el Juez de Distrito, para negar la suspensión provisional, medularmente sostuvo que la parte quejosa no acreditó su interés suspensional, ya que fue omisa en acompañar algún elemento de convicción que sirviera para acreditar, aun de manera presuntiva, que cuenta con el carácter de oficial de policía preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad pública y Vialidad de Monterrey, Nuevo León.
De lo anterior se advierte que, efectivamente, son fundados los planteamientos del quejoso, ya que el a quo en su determinación desatendió dichas manifestaciones bajo protesta de decir verdad.
Así es, el a quo desatendió que la parte quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, expuso que fue despedido como empleado del Municipio de Monterrey, Nuevo León; que con motivo de dicho acto, ya no podía seguir ejerciendo el cargo que tenía encomendado en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, ni en ninguna otra dependencia gubernamental; que con motivo del despido se ordenó la suspensión definitiva del pago salarial o indemnización que le pudiera corresponder por el servicio que venía desempeñando; finalmente, como consecuencia de dicha determinación, se ordenó su inscripción de elemento no apto ante el Registro Estatal de Seguridad Pública.
En primer término, resultaba conveniente que el a quo atendiera esas manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa en su demanda de amparo, pues dichas manifestaciones, en la mayoría de los casos son los únicos elementos con que se cuenta para sustentarse el fallo.
Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 12, Número 68, agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 206395, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.-Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."
Por tanto, en el caso, el a quo debió atender esas manifestaciones bajo protesta de decir verdad expuestas por la parte quejosa, ya que al solicitar la suspensión provisional, señalándose como actos reclamados la retención o aseguramiento de su salario, así como el servicio médico respectivo que percibe como servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, fuera de todo procedimiento, el Juez de Distrito, al atender a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debió partir del supuesto de que los actos reclamados eran ciertos, y en acatamiento a lo establecido en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, debió constatar si tales actos agraviaban al quejoso.
De lo anterior se puede advertir, al menos indiciariamente, como lo aduce el quejoso, que presta sus servicios como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey; que le fue retenido su salario como servidor público de dicha dependencia y que le es restringido el servicio médico; al quedar acreditados, al menos indiciariamente, dichas afirmaciones formuladas bajo protesta de decir verdad, por las razones ya expuestas, se debe tener por acreditado el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que, como se vio, la parte quejosa, al menos indiciariamente sí acreditó ser miembro de la corporación de referencia, que le fue retenido su salario, así como la restricción del servicio médico.
Por ello, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender exclusivamente a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado que vulnera sus derechos fundamentales.
Entonces, para resolver la litis suspensional, el Juez tenía la obligación de atender dichas manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, sobre la existencia de dichos actos, sin que le fuera permitido hacer conjeturas sobre la certidumbre de su realización.
Además de que el Juez debió partir del presupuesto de existencia de los actos y, por ende, de que la probabilidad de que se ejecuten también es certera, siendo que para la suspensión provisional debe considerarse que la inminencia es connatural al presupuesto de su existencia.
Luego, si el a quo negó la suspensión provisional de los actos, bajo el argumento de que el quejoso fue omiso en acompañar algún elemento de convicción que sirviera para acreditar aun de manera presuntiva, que contaba con el carácter de oficial de policía preventivo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, Nuevo León; empero, dicho requisito no es exigido por la superioridad en el criterio jurisprudencial antes invocado, antes bien, lo que adujo fue que para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, se debe atender exclusivamente a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, por tanto, resulta desacertada la determinación del a quo.
Sin que sea óbice a lo anterior que el Juez Federal, en su determinación, se haya apoyado en el reciente criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 430, registro digital 2005049 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas», cuyos rubro y texto señalan:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).-Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación."
Sin embargo, resulta inaplicable al caso, ya que por principio de cuentas dicho criterio está referido a la suspensión definitiva, en la cual, como lo afirma la superioridad, sí se hace necesario acreditar el interés presuncional para obtener en definitiva la medida cautelar, por tanto, su invocación y apoyo por el a quo resultan erróneos para la emisión del auto en controversia, al no estar referida a la suspensión provisional de los actos reclamados.
Además, porque no supera las consideraciones expuestas por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 5/93 antes invocada, ya que dicho criterio es específico en el tema de la suspensión provisional, por lo que dicha jurisprudencia sí es aplicable y vigente.
Además, tratándose de derechos humanos, como es el relativo a la percepción salarial por un trabajo subordinado, que como derecho fundamental se prevé en la Carta Magna, y conforme al nuevo marco constitucional, no debe estar sujeto a prueba, ya que los derechos humanos gozan de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar su observancia.
Ante lo fundado de los planteamientos de la quejosa, al quedar acreditado su interés presuncional para solicitar la medida cautelar, este tribunal reasume jurisdicción, a fin de determinar la procedencia de la medida cautelar.
Primeramente, es importante destacar que la naturaleza de la medida suspensional, sus reglas de procedencia, tramitación y resolución, contenidas en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 125 a 158 de la Ley de Amparo permiten a este Tribunal Colegiado reasumir jurisdicción para subsanar la omisión destacada, a fin de decidir con celeridad y urgencia sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, en tanto que se cuenta con el duplicado del incidente de suspensión que envió el Juez de Distrito al rendir el informe respectivo.
En relación con la facultad de este Tribunal Colegiado de reasumir jurisdicción para resolver de plano lo que proceda respecto de la suspensión provisional, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 10/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.-El análisis sistemático de los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que respectivamente determinan la naturaleza de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como las reglas de procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja contra el acuerdo en que se concede o niega esa medida, permiten establecer que la omisión de fundar y motivar el acuerdo que resuelve la suspensión provisional de los actos reclamados, alegada como agravio, debe ser reparada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el trámite del recurso de queja correspondiente. Esto es así, porque la omisión apuntada se constriñe a una violación procesal cometida en el dictado del acuerdo impugnado, que lo nulifica, permitiendo al tribunal de alzada asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda, esto es, sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente, si niega o concede la medida suspensional, al contar con las constancias pertinentes, es decir, toda pieza de autos relacionada con esa medida, que el Juez de Distrito tiene obligación de enviarle junto con el escrito de queja, para fundar y motivar su determinación y así cumplir con la finalidad de decidir con celeridad y urgencia la medida suspensional, para evitar que quede sin materia y sobre todo que los actos reclamados se ejecuten o se sigan ejecutando causando al quejoso notorios daños y perjuicios de difícil reparación, en caso de obtener la concesión del amparo."
Primeramente, resulta oportuno para el presente estudio, citar los actos reclamados por el quejoso, los cuales se hicieron consistir en lo siguiente:
Ver actos reclamados
Ahora, la parte quejosa, en su demanda de garantías, en el apartado de protesta de decir verdad, realizó las siguientes afirmaciones:
"V. Antecedentes del acto reclamado.-Bajo protesta de decir verdad, me permito expresar que el día 4 cuatro de mayo de 2014 dos mil catorce, el compareciente fui informado por parte de las autoridades demandadas, que el suscrito quejoso estaba despedido como empleado del Municipio de Monterrey, N.L., y que con motivo de ese despido, ya no podía seguir ejerciendo el cargo que tenía encomendado para desempeñarlo ante la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, N.L., ni mucho menos otro cargo en ninguna dependencia municipal o estatal, que se relacionara con la seguridad pública; que como consecuencia de ello ya se habían girado las órdenes para que se me suspenda de manera definitiva todo pago salarial o indemnización que me pudiera corresponder por el servicio que venía desempeñando ante las autoridades demandadas, a pesar de que el suscrito quejoso ingresé a laborar para el Municipio de Monterrey, N.L., por tiempo indefinido, en donde siempre he ejercido y cumplido con mis funciones de manera esmerada y cumplidamente, contando con el número de nómina **********; que como consecuencia de esa determinación, las autoridades demandadas han otorgado además la inscripción del suscrito quejoso ante el Registro Estatal de Seguridad Pública, como elemento no apto para ejercer cargo o función alguna relacionada con la seguridad pública."
Como se ve el quejoso, en su demanda de amparo, en el apartado de referencia, fue enfático al señalar que: "el día 4 cuatro de mayo de 2014 dos mil catorce, el compareciente fui informado por parte de las autoridades demandadas, que el suscrito quejoso estaba despedido como empleado del Municipio de Monterrey, N.L...", esto es, que fue informado que se encontraba despedido como empleado municipal y, además, manifestó que: "como consecuencia de ello ya se habían girado las órdenes para que se me suspenda de manera definitiva todo pago salarial o indemnización que me pudiera corresponder por el servicio que venía desempeñando ante las autoridades demandadas."
A la manifestación anterior se le confiere valor de confesión, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, pues en ella se refieren hechos propios aseverados por el quejoso en su demanda, y de los que se advierte que se le hizo de su conocimiento que había sido despedido del puesto que desempeñaba como servidor público del citado Municipio de Monterrey; por tanto, el hecho de que el quejoso en sus conceptos de violación aduzca la inconstitucionalidad de dicho acto por violación a la garantía de audiencia, al no existir procedimiento administrativo alguno en su contra, no supera su confesión de que tuvo conocimiento de que había sido lisa y llanamente despedido del servicio público municipal; de ahí que al tratarse el acto de interés social y público, no resulta procedente otorgar la suspensión solicitada.
Cabe señalar que aunque su manifestación bajo protesta de decir verdad, que fue despedido sin seguirle un procedimiento, puede servir para esbozar un análisis de constitucionalidad en su favor, pues debe regir la audiencia previa, no es posible conceder la suspensión para el efecto que se pretende, porque se vulnerarían disposiciones de orden público, pues implicaría establecer una relación de trabajo que se reconoce, bien o mal, concluida.
En efecto, como el acto del que se duele el quejoso tuvo como consecuencia el haber sido dado de baja, según su propia manifestación, entonces no es factible conceder la medida suspensional para los efectos que solicita, como es que no se le retuviera, o se le siguieran reteniendo o embargando las remuneraciones o haberes económicos, precisamente porque no se surte el requisito que señala el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará por separado y por duplicado."
Sobre este punto, es importante traer a colación el criterio que este cuerpo colegiado comparte en la tesis I.3o.A 31 A del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, página 624, que dice:
"SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PÚBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.-De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, procederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, la baja o cese de un servidor público es un acto de interés social y público en contra del cual no procede otorgar la suspensión provisional, porque involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública. Esto es, la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, por ello, se requiere que existan, en tratándose de servidores públicos, la confianza no sólo de sus superiores, sino de la población. En estas condiciones, si el cese de un servidor público presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, es improcedente otorgar la suspensión provisional, porque de concederla se contravendría el interés social, ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tienen como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, como miembro de la policía auxiliar, de proteger y cuidar la seguridad pública de los habitantes del Distrito Federal."
Esto es, la sociedad está interesada en que, en casos como los de la especie, los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público, para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la sociedad, de manera que es evidente que no se satisface el requisito que señala el artículo 128, fracción II, de la ley de la materia, pues de otorgarse el beneficio se contravendría el interés social, en tanto que efectivamente la sociedad se encuentra interesada en que, tratándose de los cuerpos de seguridad pública, cumplan debidamente con las funciones públicas encomendadas; lo anterior con apoyo en la jurisprudencia I.3o.A J/27 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este cuerpo colegiado comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 449, que a la letra dice:
"SERVIDORES PÚBLICOS, ORDEN DE BAJA DE LOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.-Cuando se reclaman en el juicio constitucional los efectos y consecuencias de la orden de baja dictada en contra de un servidor público, es improcedente conceder la suspensión, ya que no se satisface el requisito exigido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que la sociedad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, que tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública como actividad del Estado, independientemente del perjuicio que resientan los interesados, porque, en todo caso, es mayor el que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva."
Por su parte, el artículo 123, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, como miembro de una institución policial de la Federación, fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
Es pertinente aclarar que este tribunal, al resolver los diversos recursos de queja 23/2014, 38/2014 y 62/2014, en sesiones plenarias de cuatro de febrero, tres y veintisiete de marzo de dos mil catorce, respectivamente, sostuvo conceder la medida cautelar a los quejosos, al realizar precisamente una ponderación de la constitucionalidad del acto; empero, en dichos asuntos no existía la baja definitiva del servicio público como aquí sí existe, conforme a las propias afirmaciones efectuadas por el quejoso en su escrito de demanda.
Así es, no se está en el supuesto de las quejas que concedieron la suspensión, porque la relación laboral estaba inacabada y esa relación de dependencia laboral condicionada con la suspensión de actividades sin salario les impedía desempeñar a los quejosos otro empleo y no tener el salario que como derecho humano sirve para el sustento.
De ahí que mientras se decidía sobre la separación o no, debía suspenderse la actuación omisiva de la dependencia o autoridad para que pagara los haberes económicos, hasta en tanto resolviera la autoridad, en el procedimiento, lo correspondiente.
Supuesto que, como ya se dijo, en el presente caso no se configura, debido a que el quejoso en su escrito de demanda confiesa bajo protesta de decir verdad que ya no hay relación de trabajo.
En las quejas de referencia se concedió valor probatorio precisamente a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expusieron los quejosos en su escrito de demanda, como se advierte de las siguientes reproducciones:
"Queja 23/2014
"...
"En adición a todo lo anterior, en términos del artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se estima que conceder la suspensión provisional en los términos solicitados por el quejoso, con el consecuente pago del salario retenido, no implica constituir derechos de los cuales carezca, precisamente porque al establecer -bajo protesta de decir verdad- que es elemento activo del Municipio de Apodaca, Nuevo León, le asiste el derecho constitucional a recibir la remuneración económica por el servicio prestado, según se advierte del contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Así entonces, al reunirse los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder al quejoso la suspensión provisional, para el efecto de que la autoridad responsable realice el pago de las prestaciones sociales y salariales a que el quejoso tiene derecho como elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, Nuevo León. Pago que deberá comprender desde el dieciséis de abril de dos mil doce al quince de enero del presente año, y los pagos salariales subsecuentes, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.
"En la inteligencia de que la medida cautelar se concede con base en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, pues no se aprecian elementos que permitan advertir el motivo de la retención, disposición o embargo salarial reclamados; de ahí que la medida cautelar queda condicionada a la certeza de las manifestaciones realizadas, por lo que no surtirá efectos la suspensión concedida si el quejoso no es elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, Nuevo León, o bien, que siendo elemento activo no hubiere trabajado en el periodo que señale o, habiendo trabajado, exista alguna condición que conforme a la ley hubiere provocado la suspensión o retención de su salario."
"Queja 38/2014
"...
"Es de reiterar que la medida cautelar se concede con base en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del apoderado del quejoso porque, por el momento, no se aprecian elementos que permitan advertir el motivo de la retención, disposición o embargo salarial reclamados, ni los motivos que han permitido que el quejoso trabaje como agente de tránsito sin salario. Por tanto, el otorgamiento de la medida cautelar no tiene el alcance de que el quejoso ‘pueda disponer’ de percepciones que correspondan a un periodo respecto del que no hubiera prestado realmente sus servicios como oficial de tránsito. Es decir, si es falso que haya trabajado durante el periodo que indica, es claro que la suspensión no tiene el efecto de constituir algún derecho de salarios que no tiene derecho a percibir.
"En otras palabras, la medida cautelar que en este acto se otorga, se encuentra condicionada a la certeza de las manifestaciones realizadas por el apoderado del quejoso, en el sentido de que ********** tiene el carácter de servidor público, que actualmente se encuentra adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, Nuevo León, y que su nombramiento se encuentra activo con el número de nómina **********; que su cargo y función no se encuentran suspendidos ni prorrogados y que el salario o remuneraciones diarias de las que pretende ‘disponer’ con motivo de la suspensión de los actos reclamados, corresponde a esa función y, fundamentalmente, que durante el periodo que indica ha estado laborando como agente de tránsito.
"Por tanto, la medida cautelar que se otorga, no surtirá efectos si el quejoso no es elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Apodaca, Nuevo León, o bien, que siendo elemento activo no hubiere trabajado bajo los efectos de un nombramiento válido en el periodo que señala le ha sido retenido su salario, o bien, exista alguna condición que conforme a la ley hubiere provocado válidamente la suspensión o retención de su salario."
"Queja 62/2014
"...
"Además, como para la concesión de la suspensión provisional se atiende parcialmente a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del apoderado del impetrante de amparo, si alguno de los hechos resultase falso y se haya expuesto con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, pues el quejoso manifiesta ser aún agente de tránsito, el Juez de Distrito deberá dar vista al Ministerio Público de la Federación, para que proceda en términos de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, pues ahí se establece que se impondrá una pena de dos años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el referido propósito, en la demanda afirman hechos falsos u omitan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25701-5415a9ed/salario-de-los-servidores-publicos-para-resolver-sobre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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