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Modo: Corpus Pro

RETENCIÓN DEL SALARIO. POR SER DE NATURALEZA DE TRACTO SUCESIVO Y NO CONSUMADO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN.

Tipo de asunto: QUEJA 9/2015. · Registro digital (IUS): 25675
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-06-12
Promovente: PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, TITULAR DE LA INSPECCIÓN GENERAL Y ASUNTOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, Pág. 1750.

QUEJA 9/2015. PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, TITULAR DE LA INSPECCIÓN GENERAL Y ASUNTOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, TODOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 15 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANTONIO CEJA OCHOA. SECRETARIA: PRISCILA PONCE CASTILLO.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Estudio de los agravios. Los agravios se analizarán conjuntamente por estar estrechamente relacionados, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Los agravios son infundados.

En cuanto al argumento de la autoridad recurrente, Comisión de Honor y Justicia, en el sentido de que el Juez de Distrito al resolver sobre la suspensión provisional, omitió establecer en forma clara y precisa la garantía que la ahora quejosa debe otorgar, para el caso de que no obtuviera sentencia favorable a sus intereses, toda vez que el salario que devengaría proviene de recursos públicos que ocasionarían perjuicio a la hacienda municipal.

El argumento anterior es infundado, porque en el caso particular, del contenido de la demanda de amparo se advierte que no existen terceros interesados, por tanto, el Juez de Distrito no estaba en condiciones de fijar garantía, como lo dispone el artículo 132 de la Ley de Amparo, dado que si bien dicho dispositivo obliga al Juez a fijar una garantía en los casos en que decrete la suspensión del acto reclamado, también lo es que la condición para exigirla es que dentro del juicio de amparo exista un tercero interesado, que con motivo de la suspensión se pueda ver afectado, figura jurídica que en el juicio no aparece designada ninguna persona con ese carácter.

Por tanto, si en el caso particular no se actualiza, porque no se encuentra demostrado en el sumario que existan terceros interesados a quienes se les pueda causar daño o perjuicio con el otorgamiento de la medida cautelar provisional, sus agravios se tornan infundados.

En otra parte, la autoridad recurrente alega que con la medida provisional concedida por el Juez de Distrito se constituyen actos restitutorios del salario en favor de la quejosa.

El argumento anterior es infundado, porque la suspensión temporal del salario no tiene el carácter de restitutorio, sino de tracto sucesivo en atención a lo que enseguida se indica.

La afirmación anterior se sostiene, en la medida en que la retención del salario de la quejosa sigue existiendo y, por tanto, evidentemente no puede tratarse de un acto consumado, sino de tracto sucesivo.

Son actos de tracto sucesivo aquellos cuya realización no tiene unicidad temporal, sino que para la satisfacción íntegra de su objeto requiere de una sucesión de hechos entre cuya realización medie un intervalo, por lo que la suspensión podría paralizar o cesar el inicio o nacimiento del acto reclamado, evitándolo desde su comienzo, antes de que se actualice, o bien, de haberse ya iniciado y producido algunas consecuencias, impedir la realización de hechos y consecuencias a futuro, dependiendo del estado de las cosas al dictarse la suspensión provisional.

En el caso, de acuerdo a las manifestaciones de la quejosa, bajo protesta de decir verdad, la autoridad responsable, Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la suspendió cautelarmente de sus funciones y de sus remuneraciones, derivado del inicio de un procedimiento de responsabilidad instruido en su contra, por lo que la quejosa solicitó la suspensión para no ser privada de la remuneración como elemento policiaco de la Fuerza Civil.

Como se aprecia entonces, la suspensión temporal del pago del salario de la quejosa desde el dos de diciembre de dos mil catorce, constituye un acto de tracto sucesivo, pues se trata de una sucesión de hechos entre cuya realización media un intervalo, ya que el acto se materializa en la retención del pago de cada quincena; de ahí que si la retención del salario se materializa de momento a momento, en cada quincena, se está en presencia de un acto que por su naturaleza de tracto sucesivo, sí puede ser suspendido.

Sobre el tema vinculado con la noción de los actos de tracto sucesivo, es conveniente traer a colación la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que comparte este cuerpo colegiado, que aparece publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, página 627, que a la letra dice:

"SUSPENSIÓN, ACTOS DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA.-En materia de suspensión cabe distinguir entre actos de tracto sucesivo, es decir, los que se consuman de momento a momento, y aquellos actos que se consuman de una sola vez pero que al hacerlo crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo. En el primer caso (por ejemplo la intervención de una negociación) el acto reclamado se repite una y otra vez en el tiempo, consumándose y perfeccionándose reiteradamente, de manera que la suspensión puede otorgarse, sin que la medida tenga efectos restitutorios pues los actos ya realizados quedan intactos (la intervención se consuma en cada una de las operaciones verificadas por el interventor y la suspensión hace cesar la intervención sin invalidar sus actos anteriores). En el segundo caso (embargo sin intervención o clausura) el acto se consuma una sola vez, no necesita repetirse en el futuro y sus efectos se prolongan en el tiempo creando un estado jurídico determinado respecto del cual es improcedente la suspensión pues equivaldría a privar de eficacia el acto ya realizado (el embargo se traba una sola vez y también una sola ocasión se entregan al depositario los bienes, pero éstos quedan en lo sucesivo sujetos a un estado jurídico; en la clausura, ejecutada la orden y colocados los sellos, se prolongan en el tiempo sus efectos al impedir el funcionamiento del giro; en ambos casos es improcedente la suspensión porque con ella se dejaría sin efectos los actos de traba del embargo y entrega de bienes al depositario, o la ejecución de la orden de clausura y colocación de sellos, siendo por tanto la medida suspensiva de naturaleza restitutoria)."

Al respecto es aplicable, por analogía y en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 102/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1782 del Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro digital 2002050, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y BAJA CALIFORNIA).-El pago del salario es una prestación de tracto sucesivo, ya que el derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge día con día; en consecuencia, su pago parcial derivado de su disminución, por supresión total de uno de sus elementos integradores o reducción de éstos, también tiene aquella naturaleza, porque el empleado tiene derecho de recibirlo de manera total y la posibilidad de reclamar su percepción íntegra, la cual se actualiza mientras subsista ese decremento. En ese orden de ideas, el derecho para reclamar el pago total del salario se genera de momento a momento, mientras subsista la disminución alegada, no así el derecho al pago de las diferencias vencidas y no reclamadas dentro del plazo de prescripción de un año a que se refieren los artículos 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí y 94 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, el cual inicia al día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, conforme al numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente en términos de los artículos 4o. y 12 de las citadas legislaciones estatales."

En otra parte de los agravios, las autoridades recurrentes coinciden en sostener que con la concesión de la medida cautelar se afecta al erario público, toda vez que el salario mínimo proviene de recursos públicos.

El argumento anterior es infundado, porque con el otorgamiento de la medida cautelar no se causa perjuicio al erario público, por la circunstancia de que se le concedió a la quejosa el derecho de percibir el salario mínimo que le permita cubrir sus necesidades esenciales, pues al dejar de percibir su sueldo, derivado del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa y como una medida cautelar, aún no se determina que la quejosa haya incurrido en alguna falta administrativa que amerite la suspensión definitiva de su empleo, sino que el procedimiento está en la etapa de investigación, por lo que tiene derecho a percibir un salario mínimo que le permita subsistir.

Sin que con ello se afecte la hacienda pública, en virtud de que la quejosa sigue perteneciendo a la institución policiaca de Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hasta en tanto se resuelva en definitiva el procedimiento disciplinario que se sigue en su contra, por ende, la quejosa sigue siendo empleada de la institución y tiene derecho durante el procedimiento de responsabilidad a que se le pague un salario mínimo vital para su subsistencia, sin que se afecte a la hacienda pública, porque el salario de la quejosa está contemplado en el presupuesto otorgado para la Secretaría de Seguridad Pública a la que pertenece la quejosa.

Por tanto, la fijación del salario mínimo impuesto por el Juez se encuentra justificada totalmente con lo establecido por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues por su conducto se garantiza el derecho humano de la quejosa al mínimo vital para su subsistencia.

El titular de la Inspección General y Asuntos Internos de la Institución Policial Estatal de Fuerza Civil y el director de Recursos Humanos y Financieros, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, aducen en sus agravios que con la medida cautelar provisional otorgada a la quejosa no se valoró adecuadamente el interés social y el orden público, que se está anteponiendo el interés particular sobre el interés social, ya que dicha medida se traduce en que se le esté pagando a la quejosa un sueldo sin que preste un servicio o labor.

El argumento anterior es infundado, porque con la medida cautelar provisional, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.

Esto es así, porque de las constancias probatorias que obran en autos se advierte que la impetrante del amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, que se desempeñaba como elemento de la Institución Policial Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y que el día once de diciembre de dos mil catorce se le notificó la suspensión cautelar de sus funciones y de sus remuneraciones, derivado de un auto dictado por la Comisión de Honor y Justicia en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, en donde se le informa del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa número **********, del que se duele de la transgresión a su derecho de defensa y a la garantía de audiencia, previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora, de los datos que obran en autos se hace evidente que tal supuesto no es uno de los previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, en los que se considera que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.

Además, no se considera que se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, por el hecho de que la suspensión del pago de su salario derive de la suspensión temporal decretada en virtud de la instauración de un procedimiento de responsabilidad administrativa que se le sigue a la quejosa.

Lo anterior, porque le asiste a la quejosa el derecho constitucional a recibir, por lo menos, el salario mínimo, en tanto que dure dicho procedimiento, toda vez que al estar sujeta a un procedimiento de responsabilidad no puede trabajar, en la medida en que está suspendida; en ese sentido, debe concederse la medida cautelar para que la quejosa pueda obtener los haberes que le permitan subsistir mientras se resuelve el procedimiento de responsabilidad instruido en su contra y no vulnerar en su perjuicio el derecho humano contenido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa tesitura, se estima que con la concesión de la medida cautelar no puede, por lo menos en un análisis preliminar, seguirse perjuicio al interés social, pues con ello no se advierte que se prive de un derecho a la sociedad o se le cause un daño, máxime que en el caso lo que la quejosa reclama es una cuestión económica; esto es, la suspensión temporal de su salario.

Aunado a lo anterior, tampoco se contravienen disposiciones de orden público, pues el otorgamiento de la medida cautelar en estos términos no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera directa, es decir, permitir que se siga prestando el mismo, ni tampoco paralizar dicho procedimiento, sino que valorado con la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se considera que sí procede la suspensión provisional para el efecto de que se le pague a la quejosa el salario mínimo.

Lo que se sustenta en el hecho de que con la medida cautelar provisional no se ocasiona un perjuicio al interés social y, en cambio, sí se garantiza el medio principal de subsistencia de la quejosa.

Avala lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/2007-PL, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, página 315, que a la letra dice:

"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."

Así, el acto reclamado materia de la suspensión recurrida atañe a la suspensión temporal del goce de su sueldo impuesta a la quejosa, derivado de la medida precautoria con motivo del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa y, en esa medida, si en el caso aún no se determina que la quejosa ha incurrido en alguna falta administrativa, sino que el procedimiento relativo está en etapa de investigación, se estima que tiene derecho a obtener sus percepciones mientras no se demuestre lo contrario.

Bajo ese entendido, se estima que sólo para efectos de resolver sobre la concesión de la medida cautelar puede, en un análisis preliminar de constitucionalidad, establecerse que la privación del salario implica la vulneración del derecho humano establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya atención sí es de orden público, pero en beneficio de la quejosa.

Así, la suspensión temporal del salario de la quejosa podría causarle daños y perjuicios de difícil reparación, en la medida en que se le dejaría en un estado de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia de la propia quejosa y de sus dependientes económicos de ahí que sí sea posible conceder la suspensión del acto reclamado.

Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia, autoría del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 924, cuyos rubro y texto dicen:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO. SI DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO O DE SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE UN CUERPO POLICIAL O DE UN ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SE DECRETÓ SU SEPARACIÓN PROVISIONAL DEL CARGO QUE DESEMPEÑA, ES FACTIBLE CONCEDER ESA MEDIDA ÚNICAMENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN EN EL PAGO DE SUS HABERES.-Es facultad de la autoridad instructora de un procedimiento de tal naturaleza suspender provisionalmente al servidor público hasta que se resuelva en definitiva su permanencia o separación del servicio, determinación que trae como consecuencia su separación propiamente dicha, en las funciones que desempeña, así como la interrupción del pago de su salario. En el juicio de amparo es factible otorgar la suspensión contra la falta de pago de los haberes del servidor público, ya que el hecho de dejar de percibir ingresos puede poner en riesgo la propia subsistencia del quejoso y la de los que de él dependan, es decir, la ejecución de la separación provisional puede ocasionarle daños y perjuicios de difícil reparación. Tal afirmación tiene sustento en el hecho de que, a consecuencia de la suspensión de sus funciones, el quejoso está impedido para obtener un nombramiento diverso con el objeto de prestar sus servicios en alguna otra dependencia o entidad de la administración pública. Además, el hecho de estar suspendido en el desempeño del servicio, por sí, explica las dificultades que ese funcionario público pueda tener para lograr su acomodo laboral con un patrón distinto al Estado. Por último, la circunstancia de que se le paguen sus emolumentos mientras dure el procedimiento administrativo no vulnera normas de orden público ni lesiona el interés social; lo primero, porque no existe alguna disposición que prohíba que a los servidores públicos que estén suspendidos en sus funciones, con motivo de la instrucción de un procedimiento administrativo, se les paguen sus haberes, y lo segundo, ya que si lo que se busca con la separación transitoria es que los funcionarios públicos que están en dicha situación no entorpezcan la continuación o conducción de los procesos o procedimientos instaurados en su contra, tal pretensión queda satisfecha porque la suspensión otorgada no incidirá en ese aspecto."

Tampoco tiene razón la autoridad recurrente, titular de la Inspección General y Asuntos Internos, cuando aduce que se está anteponiendo el interés particular sobre el interés social, ya que se le está pagando a la quejosa un sueldo sin que preste servicios a cambio del goce del salario.

El argumento anterior es infundado, porque como ya se dijo, con el otorgamiento de la medida cautelar provisional no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por el hecho de que se le esté pagando a la quejosa el salario mínimo vital, mientras se resuelve en definitiva su situación jurídica.

En razón de que, de no ser así, se causarían a la quejosa daños de difícil reparación, al no contar con recursos necesarios para su subsistencia, además, se reitera, la privación del salario implica la vulneración del derecho humano establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya atención sí es de orden público.

En cuanto al argumento de la autoridad recurrente, de que la suspensión provisional es improcedente, porque no se priva a la quejosa de desempeñar otro oficio o actividad con otro patrón.

El argumento es infundado, porque al estar sujeta a un procedimiento de responsabilidad administrativa, difícilmente podría ser contratada por otro patrón, dados sus antecedentes, además de que no podría dedicar el tiempo suficiente para llevar una adecuada defensa que le permita desvirtuar la conducta que se le atribuye.

En cuanto al argumento de la recurrente, titular de la Inspección General y Asuntos Internos, en el sentido de que no se le está privando total y definitivamente de sus recursos, ya que la Ley de Seguridad Pública del Estado establece que en caso de no haber responsabilidad, se le reintegrarán sus salarios y demás prestaciones.

El argumento anterior es infundado, porque uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una subsistencia digna. Nuestra Constitución Federal, en el artículo 123, apartado B, fracción IV, párrafo segundo, identifica la garantía de un salario vital como una de las condiciones para la paz social y permanente basada en la justicia.

En este sentido, se estima que la privación del salario implica la vulneración a un derecho humano; empero, no en los términos en que lo pretende la quejosa, sino únicamente para el otorgamiento de un salario mínimo que le permita cubrir sus necesidades esenciales.

Desde otro aspecto, todo trabajador que es suspendido con motivo de un procedimiento tiene derecho a percibir lo necesario para su subsistencia, es decir, para que pueda solventar los gastos mínimos de manutención, pues precisamente esa prerrogativa es un derecho humano que debe prevalecer, aun ante la posibilidad de que la conducta que se le atribuye sea cierta y que, en razón de ello, sea separado definitivamente del empleo.

Es decir, la falta de pago a la quejosa, evidentemente causa daños y perjuicios de difícil reparación, en la medida en que se le deja en un estado de vulnerabilidad económica que ocasiona la no respuesta a sus necesidades básicas de subsistencia. De ahí que, en esa medida, sea factible concederle a la quejosa la suspensión provisional, para el efecto de que se le pague el salario mínimo para su subsistencia.

En cuanto a los agravios del director de Recursos Humanos y Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la parte relativa a que los integrantes de las instituciones policiales mantienen con el Estado un régimen especial y representan actos jurídicos condicionados, por tanto no pueden considerarse como contratos de trabajo conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que deben dar cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 21 de la Carta Magna.

El argumento anterior es infundado, porque no guarda relación con la litis, pues el hecho de que los contratos sean actos condición, no es materia del incidente de suspensión, en donde solamente se analiza, a la luz de lo previsto por el artículo 128 de la ley de la materia, si la medida provisional concedida a la quejosa se encuentra o no ajustada a derecho, por tanto, si se transgrede el artículo 21 constitucional y el orden disciplinario, son aspectos que no atañen a la materia de la suspensión, por lo que sus agravios devienen insuficientes.

Consecuentemente, al resultar infundados los agravios de las autoridades recurrentes, se impone confirmar el auto recurrido de siete de enero de dos mil quince y conceder a la quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados.

Criterio similar se sostiene por este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, las quejas 212/2014, fallada el uno de septiembre de dos mil catorce, 263/2014, fallada en sesión de veintidós de septiembre de dos mil catorce y 279/2014, fallada en sesión de seis de octubre de dos mil catorce.

En consecuencia, lo que procede es confirmar el acuerdo sujeto a revisión en los términos antes mencionados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia, se declara infundado el presente recurso de queja.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido.

TERCERO.-Se concede a **********, la suspensión provisional para los efectos precisados por el Juez de Distrito en el auto recurrido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Antonio Ceja Ochoa (presidente y ponente), Sergio Javier Coss Ramos y Sergio Eduardo Alvarado Puente.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25675-da0850e0/retencion-del-salario-por-ser-de-naturaleza-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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