SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ Y J. REFUGIO ORTEGA MARÍN. PONENTE: MARTÍN ALEJANDRO CAÑIZALES ESPARZA. SECRETARIA: ELVIA LAURA GARCÍA BADILLO.
Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, correspondiente al día nueve de diciembre de dos mil catorce.
VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis 10/2014, suscitada entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; y
RESULTANDO:
ÚNICO.-Denuncia y trámite de la contradicción.
1. Mediante oficio número 174/2014, de ocho de abril de dos mil catorce, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sostenido, al resolver el recurso de queja 62/2014 y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio circuito, al resolver el recurso de queja 36/2014.
2. Por acuerdo de diez de abril de dos mil catorce, la presidencia del Pleno del Cuarto Circuito ordenó formar y registrar el expediente de la contradicción de tesis con el número 10/2014, admitió a trámite la denuncia y solicitó al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa remitiera copia certificada de la ejecutoria emitida en la queja 36/2014 de su índice, y archivo digital que la contenga, e informara si el criterio sustentado en ese asunto continuaba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
3. Por auto de presidencia de veintidós de abril de dos mil catorce, se ordenó agregar a los autos el oficio 3348/2014, signado por el secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, mediante el cual se dio cumplimiento al requerimiento.
4. En proveído de doce de mayo de dos mil catorce, se determinó que el expediente de contradicción se encontraba debidamente integrado y se reservó su turno hasta en tanto se establecieran las bases relativas a la especialidad del circuito.
5. Posteriormente, en auto de treinta de mayo de dos mil catorce, de conformidad con el artículo 49 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se ordenó la entrega de los autos al presidente del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien el nueve de septiembre siguiente lo tuvo por recibido y, debidamente integrado, en la misma fecha se turnó al Magistrado Martín Alejandro Cañizales Esparza, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
6. La presidencia del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, en nueve de septiembre de dos mil catorce, turnó el presente asunto a la ponencia del Magistrado Martín Alejandro Cañizales Esparza para el proyecto de resolución respectivo; y el doce de noviembre de dos mil catorce, fue listado para verse en la siguiente sesión de veinticinco del mismo mes y año, donde quedó aplazado a fin de reflexionar sobre el tema de la competencia, listándose nuevamente para la sesión del nueve de diciembre siguiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
7. El Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este circuito, respecto de criterios en materia común.
SEGUNDO.-Legitimación.
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que originaron la denuncia.
TERCERO.-Criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito.
9. Al denunciar la posible contradicción de tesis, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, refirió que ese órgano jurisdiccional estableció procedente la suspensión de la retención del pago de salario a la parte quejosa, en virtud de considerar que se está en presencia de un acto que, por su naturaleza, es de tracto sucesivo; mientras que el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en igual materia del propio circuito, estimó que se trata de actos negativos simples, por referirse al rechazo por parte de las responsables, de una solicitud del particular, mismos que no son susceptibles de suspenderse porque se daría efectos restitutorios.
10. Por tanto, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender los antecedentes de los asuntos que dieron origen a los criterios en posible contienda y a las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.
11. Según se desprende de las ejecutorias relativas, ambas resoluciones derivan del juicio de amparo indirecto 628/2014 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, promovido en contra del Municipio de Apodaca, Nuevo León y otras autoridades, por la retención, desposesión y suspensión temporal de salario y demás prestaciones que el quejoso percibe como oficial de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de ese Municipio, entre otros actos.
12. En lo que aquí interesa, el quejoso solicitó la suspensión provisional para efecto de que la orden de retención fuese paralizada y así poder disponer de las percepciones retenidas durante el periodo que menciona en su demanda y las que se sigan generando. Actos respecto de los que el Juez de Distrito negó la medida cautelar. Siendo concedida la suspensión por cuanto a los demás actos reclamados.
13. Inconforme con aquella determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, donde se radicó con el número 36/2014, y mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil catorce, se declaró infundado.
14. Posteriormente, el quejoso presentó escrito de ampliación de demanda, señalando como autoridades responsables a la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, Policía y Tránsito, su presidente y el secretario de Seguridad Pública y Vialidad; y como actos reclamados: el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su contra, y las órdenes para que se suspenda del cargo y el pago del sueldo, salarios y demás prestaciones que el quejoso percibe como oficial de tránsito, así como la orden de baja y terminación del nombramiento. Y pidió la suspensión de tales actos.
15. El Juez de Distrito resolvió negar la suspensión provisional respecto al efecto de que no le fueran suspendidos los pagos y siguiera percibiendo sus percepciones y contraprestaciones; y concederla en cuanto a los restantes actos por los que se solicitó.
16. En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con el número 62/2014, en cuya resolución de veintisiete de marzo de dos mil catorce, declaró fundada la queja, revocó el auto recurrido y concedió la medida cautelar provisional respecto de la suspensión en el pago del salario, en los términos y para los efectos ahí precisados.
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito
17. Al resolver por unanimidad de votos la queja 62/2014, dicho Primer Tribunal sostuvo el siguiente criterio:
"OCTAVO.-Estudio. Los agravios que hace valer la recurrente son esencialmente fundados.
"En el primer agravio, la inconforme aduce que le causa agravio el auto recurrido ya que niega la suspensión cautelar sin hacer un estudio correcto de la continuidad de los efectos de los actos reclamados, partiendo de la errónea idea de que se darían efectos restitutorios.
"Añade, que el Juez Federal está en un error acorde con los Magistrados del Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto (sic), quienes con motivo de los recursos de queja números 23/2014 y 29/2014-III, 38/2014 y 40/2014-III, en donde se estableció que sí era procedente conceder la suspensión respecto del acto reclamado consistente en la retención, desposesión y embargo del salario.
"Entonces, sostiene que la suspensión que se conceda no tendrá efectos restitutorios, menos aún sobre el salario que se siga generando, porque de no prosperar la acción de constitucionalidad intentada, las autoridades demandadas estarán en aptitud de ejecutar nuevamente esos actos y, en caso contrario, se habrá restituido al quejoso en el goce del derecho constitucional violado, con lo que se habrán evitado los perjuicios que la falta de recursos económicos hubiera seguido provocando durante la tramitación del juicio.
"Insiste en que la concesión no implica una restitución en el goce del derecho violado porque el acto reclamado sigue existiendo, y lo que se hace es mantener la situación jurídica que ya existía antes de que tuviera lugar el acto reclamado, a fin de que la ejecutoria, la que en su caso, permita a la autoridad ejecutar el acto o restituya al agraviado en el goce de sus derechos, siendo además que mi autorizante y poderdante no pide la suspensión porque las autoridades no le dieron la oportunidad de ser escuchado sino por la circunstancia de que es oficial de tránsito, situación que no se pone en entredicho, por lo que no va a ser materia de análisis.
"En el segundo motivo de disenso, la revisionista alega que el auto es ilegal porque el Juez parte de una interpretación estricta, rigorista y equivocada de la naturaleza de los actos reclamados, ya que en la ampliación de demanda se hicieron valer jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito, estando constreñido a razonar por qué no son aplicables y por qué debe prevalecer su criterio en aras del principio de uniformidad, incurriendo en una deficiente impartición de justicia al desatender criterios previamente establecidos por sus superiores jerárquicos, resultando totalmente opuesto al principio interpretativo pro homine contraviniendo lo dispuesto en los artículos 1o. constitucional, segundo párrafo, 17, 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 216, 217 y 224 de la Ley de Amparo.
"Sostiene que las jurisprudencias alfanuméricas 2a./J. 59/2012, 2a./J. 76/2012 y 2a./J. 102/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los criterios sostenidos en las resoluciones derivadas de los recursos de quejas números 62/2012, 66/2012 y 68/2012 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con motivo del juicio de garantías número 450/2012 interpuesto por ********** que son ‘hechos notorios’, así como los criterios de las quejas 4/2013-III, 160/2013, 164/2013 y 23/2014; debieron ser aplicados por ser los que más se adecúan a la realidad, y por ser los que más se aproximan a los valores y derechos humanos del quejoso.
"Entonces, considera que se debe revocar el auto recurrido en razón de que en la resolución nada se dijo de las jurisprudencias y de los criterios que se hicieron valer, y menciona que si se trata de jurisprudencias el Juez está obligado no sólo a observarlas, para lo cual debe verificar su existencia y determinar si es aplicable al caso concreto, y en el caso el Juez no determinó las razones por las cuales no se acogió a las mismas o se apartó de ellas, es decir, no definió sobre su aplicabilidad o inaplicabilidad.
"Como se adelantó, le asiste razón a la recurrente por cuanto, contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito, en el caso, el efecto solicitado por la quejosa consistente en que no le sea suspendido el pago de sus percepciones, es decir, para que las siga percibiendo no se trata de un acto de naturaleza negativa, que de concederse, implique darle efectos restitutorios, sino por el contrario se trata de un acto de tracto sucesivo que es susceptible de suspenderse.
"En efecto, este órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 23/2014, en sesión de cuatro de febrero de dos mil catorce, reiterando en el recurso de queja 38/2014 fallado el tres de marzo de esta anualidad, determinó que el acto reclamado constituía un acto de tracto sucesivo, bajo las siguientes consideraciones:
"‘Contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, en el caso el acto reclamado no tiene el carácter de consumado, sino de tracto sucesivo, en atención a lo que enseguida se indica.
"‘La afirmación anterior se sostiene, en la medida en que la retención del salario del quejoso sigue existiendo y, por tanto, evidentemente no puede tratarse de un acto consumado, sino de tracto sucesivo.
"‘Son actos de tracto sucesivo aquellos cuya realización no tiene unicidad temporal, sino que para la satisfacción íntegra de su objeto requiere de una sucesión de hechos entre cuya realización medie un intervalo, por lo que la suspensión podría paralizar o cesar el inicio o nacimiento del acto reclamado, evitándolo desde su comienzo, antes de que se actualice, o bien, de haberse ya iniciado y producido algunas consecuencias, impedir la realización de hechos y consecuencias a futuro, dependiendo del estado de las cosas al dictarse la suspensión provisional.
"‘En el caso, de acuerdo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, la autoridad responsable está efectuando la retención a su salario en el periodo del dieciséis de abril de dos mil doce, al quince de enero de dos mil catorce, por lo que el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que la autoridad responsable le realice el pago de las percepciones correspondientes desde la primer fecha señalada.
"‘Como se aprecia entonces, la retención del pago de salario del quejoso desde el dieciséis de abril de dos mil doce, constituye un acto de tracto sucesivo, pues se trata de una sucesión de hechos entre cuya realización media un intervalo, ya que el acto se materializa en la retención de pago de cada quincena; de ahí que si la retención del salario del quejoso se materializa de momento a momento en cada quincena, se está en presencia de un acto que, por su naturaleza de tracto sucesivo sí puede ser suspendido; de ahí lo fundado del argumento del quejoso.
"‘Sobre el tema vinculado con la noción de los actos de tracto sucesivo, es conveniente traer a colación la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que comparte este cuerpo colegiado, que aparece publicada en la Séptima Época; que aparece publicada Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, página 627, que a la letra dice:
"‘«SUSPENSIÓN, ACTOS DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA.-En materia de suspensión cabe distinguir entre actos de tracto sucesivo, es decir, los que se consuman de momento a momento, y aquellos actos que se consuman de una sola vez pero que al hacerlo crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo. En el primer caso (por ejemplo la intervención de una negociación) el acto reclamado se repite una y otra vez en el tiempo, consumándose y perfeccionándose reiteradamente, de manera que la suspensión puede otorgarse, sin que la medida tenga efectos restitutorios pues los actos ya realizados quedan intactos (la intervención se consuma en cada una de las operaciones verificadas por el interventor y la suspensión hace cesar la intervención sin invalidar sus actos anteriores). En el segundo caso (embargo sin intervención o clausura) el acto se consuma una sola vez, no necesita repetirse en el futuro y sus efectos se prolongan en el tiempo creando un estado jurídico determinado respecto del cual es improcedente la suspensión pues equivaldría a privar de eficacia el acto ya realizado (el embargo se traba una sola vez y también una sola ocasión se entregan al depositario los bienes, pero éstos quedan en lo sucesivo sujetos a un estado jurídico; en la clausura, ejecutada la orden y colocados los sellos, se prolongan en el tiempo sus efectos al impedir el funcionamiento del giro; en ambos casos es improcedente la suspensión porque con ella se dejaría sin efectos los actos de traba del embargo y entrega de bienes al depositario, o la ejecución de la orden de clausura y colocación de sellos, siendo por tanto la medida suspensiva de naturaleza restitutoria).»
"‘Al respecto, es aplicable por analogía y en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 102/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1782 del Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro digital: 2002050, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘«SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE GENERA DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA DISMINUCIÓN ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y BAJA CALIFORNIA).-El pago del salario es una prestación de tracto sucesivo, ya que el derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge día con día; en consecuencia, su pago parcial derivado de su disminución, por supresión total de uno de sus elementos integradores o reducción de éstos, también tiene aquella naturaleza, porque el empleado tiene derecho de recibirlo de manera total y la posibilidad de reclamar su percepción íntegra, la cual se actualiza mientras subsista ese decremento. En ese orden de ideas, el derecho para reclamar el pago total del salario se genera de momento a momento, mientras subsista la disminución alegada, no así el derecho al pago de las diferencias vencidas y no reclamadas dentro del plazo de prescripción de un año a que se refieren los artículos 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí y 94 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, el cual inicia al día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, conforme al numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente en términos de los artículos 4o. y 12 de las citadas legislaciones estatales.»
"‘Así entonces, al establecerse que en la especie, por su naturaleza de tracto sucesivo, el acto reclamado consistente en la retención, desposesión y embargo del salario del quejoso, del dieciséis de abril de dos mil doce al quince de enero de dos mil catorce y en lo subsecuente, sí puede ser suspendido, este tribunal reasume jurisdicción para determinar si en el caso se surten los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión provisional del acto reclamado.
"‘En esa medida, al haber quedado superada la aseveración del juzgador de que los actos serían restitutorios, procede ahora examinar si en el caso se reúnen los requisitos que señala el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. ...’
"Con ello, se evidencia que en tal precedente se examinó un caso similar al que nos ocupa, pues en ambos juicios de amparo se reclamó la retención y desposesión tanto del salario como de las demás prestaciones a que los respectivos quejosos, acto respecto del cual solicitó la medida cautelar.
"Al respecto, cabe señalar además que apoya la naturaleza mencionada, y desestima la calificativa dada por el juzgador federal al respecto, las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcriben:
"‘SUELDOS, SUSPENSIÓN EN CASO DE FALTA DE PAGO DE.-Es verdad que los actos consistentes en que no se paguen unos sueldos, son en apariencia negativos, pero en realidad son positivos, al traducirse en el hecho de que el afectado se ve privado de ellos y como no se perjudica el interés general si se concede la suspensión contra tales actos, y en cambio se causan perjuicios graves al interesado al no percibir su salario, necesario para subsistir, debe concederse la suspensión contra la negativa a pagar dichos sueldos.’ (Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Registro digital: 330081. Segunda Sala. Tomo LXI, página 3183, tesis aislada)
"‘EMPLEADOS PÚBLICOS, SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE LOS SUELDOS DE LOS.-Procede conceder la suspensión, tratándose de la suspensión de sueldos de empleados, ya aunque la orden dada para tal suspensión de sueldos, es una sola, como los pagos se verifican quincenalmente, es indudable que la percepción de ellos, por su naturaleza, es de tracto sucesivo, por tener lugar de periodo en periodo, y por lo mismo, procede la medida, por tratarse de hechos continuos, que emanan, como ya se dijo, de una sola orden dictada en ese sentido; pero para que surta efectos el beneficio, debe exigirse fianza, para garantizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la hacienda pública federal.’ (Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Registro digital: 325769, Tomo LXXIV, página 3004, tesis aislada)
"Por tanto, es evidente que tal como lo estimó la superioridad sí es factible la suspensión de tales actos, partiendo de la naturaleza de los mismos, de ahí que sea incorrecta la determinación del Juez de Distrito de tratarse de actos negativos u omisivos cuya concesión implicaría darle efectos restitutorios.
"A más de que, se advierte que el propio juzgador reconoce en dicho proveído que tal acto, implica la realización de un acto positivo por parte de la autoridad que lo es la entrega de las percepciones, por lo que resulta incongruente que determine que sea una ‘negativa simple’ sin ejecución alguna, de ahí que se corrobore que se está en presencia de actos positivos de tracto sucesivo como se ha venido mencionando.
"En esa medida, al haber quedado superada la aseveración del juzgador de que los actos serían restitutorios, procede ahora examinar si en el caso se reúnen los demás requisitos legales.
"Así, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece en lo que interesa:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"‘I. Que la solicite el quejoso; y
"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"‘La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’
"Por lo que hace al requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, el mismo se tiene por satisfecho, pues la medida cautelar fue solicitada por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda.
"En efecto, como se narró en los antecedentes del análisis de la ampliación de demanda se observa que el impetrante de garantías solicitó la suspensión ‘para que no sean suspendidos los pagos de ********** con motivo del cargo de oficial de tránsito, de manera que siga percibiendo debidamente las percepciones y contraprestaciones económicas para el sustento de él y de su familia’.
"Entonces, en la especie se estima actualizado el requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo.
"Por su parte, en el caso se estima actualizado también el requisito previsto en la fracción II del referido numeral 128 de la Ley de Amparo, pues con el otorgamiento de la medida cautelar, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, como enseguida se detalla.
"En primer término, es conveniente atender a los elementos particulares que hasta este momento obran en autos, así como también el requisito de la demanda de amparo indirecto contenida en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, consistente en la obligación del quejoso de manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación.
"Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Número 68, agosto de 1993, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.-Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.’
"La jurisprudencia invocada se estima vigente y aplicable al presente caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a sus disposiciones, porque el recurso de queja interpuesto con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, tiene como finalidad facultar al Tribunal Colegiado de Circuito, para juzgar si el Juez de Distrito, al resolver sobre el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada por el quejoso, lo hizo ajustándose a los preceptos legales correspondientes y con base en el escrito por el que se interpone la demanda de amparo y las constancias que lo acompañan; y para realizar esta función el Tribunal Colegiado deberá tomar en cuenta, precisamente, los documentos de los cuales tuvo conocimiento el Juez, quien tiene además la obligación de remitirlos en términos del artículo 101, párrafo primero, de la referida Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
"En el caso, se observa que el quejoso amplió la demanda en razón de que -según su dicho bajo protesta de decir verdad- se enteró a través de las actuaciones del juicio de amparo de que se le instauró un procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente 96/2012, y que aún se considera oficial de tránsito, es decir, no está dado de baja o cesado.
"Asimismo, la delegada de las autoridades responsables informó que el quejoso se encontraba suspendido temporalmente, siendo su estatus activo sin devengar salario, y que se encontraba sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa porque no se ha presentado a laborar desde el cuatro de septiembre de dos mil doce y días subsiguientes (foja 107 del cuaderno incidental) y que se corrobora con el diverso informe de las autoridades en que corroboran que se le sigue un procedimiento por faltas injustificadas, estando suspendido desde el dieciséis de agosto de dos mil doce (fojas 109 y 115 del cuaderno incidental).
"Sin embargo, con independencia de la verosimilitud o falsedad de las manifestaciones de la parte quejosa sobre el conocimiento de los actos reclamados en la ampliación, para efectos de resolver sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, dada la naturaleza de la medida, se atiende de manera destacada que el Juez Federal admitió la ampliación de demanda y ya se pronunció en relación con la suspensión provisional de los actos reclamados. En esa medida, corresponderá al propio Juez de Distrito dilucidar esos aspectos en el juicio de amparo en lo principal, pues la materia del presente recurso se ciñe exclusivamente a determinar sobre la suspensión de los actos reclamados con atención a las manifestaciones, hechas bajo protesta de decir verdad, de ahí que no sea posible emitir, por el momento, pronunciamiento sobre el particular.
"Ahora, de los datos que obran en autos se hace evidente que tal supuesto no es uno de los previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, en los que se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuya literalidad dispone:
"‘Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
"‘I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;
"‘II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
"‘III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"‘IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;
"‘V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25673-4ecb4c1e/suspension-en-el-amparo-tratandose-de-un-servidor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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