SALARIO. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RETENCIÓN EN EL PAGO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN.
QUEJA 41/2015. 19 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANTONIO CEJA OCHOA. SECRETARIO: LUIS ALBERTO MATA BALDERAS.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Análisis de los agravios. Son infundados.
El quejoso manifestó en su escrito de demanda de amparo, que es un elemento activo perteneciente a la Dirección General de Policía del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, sin embargo, que fue privado de desarrollar su actividad laboral a partir del catorce de enero del actual.
Conforme a lo anterior, el propio quejoso reconoce que en la actualidad no desarrolla su actividad como elemento de policía.
En razón de lo cual, no es posible conceder la suspensión provisional otorgada por el Juez de Distrito, (sic) el alcance que pretende el quejoso, es decir, para que se le pague su salario íntegro, como si desarrollara su actividad laboral.
Cierto, partiendo del hecho de que el quejoso se encuentra separado de la actividad que desarrollaba como policía adscrito a la Dirección General de Policía del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no es posible conceder la suspensión a efecto de que se le pague el salario diario como si prestara activamente el servicio.
En el caso, debe tomarse en consideración lo que al efecto dispone el artículo 220, fracción VIII, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, numeral que da la pauta para suspender el pago de haberes que se reclama con motivo de la suspensión de labores a la que fue sujeto el quejoso, que dice:
"Artículo 220. Las sanciones son:
"...
"V. Suspensión temporal: Que consiste en aquella que procede en contra de aquellos elementos que incurran reiteradamente en faltas o indisciplinas que por su naturaleza no ameritan la destitución del cargo. En este caso, la suspensión será de quince días a tres meses.
"La sanción a que se refiere esta fracción será sin la percepción de su retribución; pero en el supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad por la instancia competente, se le pagaran las percepciones retenidas y se le reincorporará inmediatamente a su puesto, recuperando sus derechos de antigüedad;
"VI. Inhabilitación: ...
"VII. Destitución del cargo: Que consiste en la separación y baja definitiva del elemento policial, por causa grave en el desempeño de sus funciones; lo anterior sin que proceda ningún medio de defensa legal ordinario para su reinstalación, quedando impedido para desempeñar el servicio policial; y
"VIII. Suspensión cautelar: Que consiste en la medida cautelar con el elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o de averiguación previa, por actos u omisiones graves que pudieran derivarse en presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar a la corporación policial o a la comunidad en general; será decretada por la autoridad que conozca del procedimiento interno, mediante resolución fundada y motivada y, en todo caso, respetando la garantía de audiencia del elemento sancionado.
"La suspensión cautelar subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, de conformidad a lo establecido en la ley. En caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le pagaran los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, por motivo de la suspensión cautelar, y en caso contrario se declarará la sanción que conforme a las constancias resulte procedente aplicar."
Del contenido de este precepto se aprecia que se faculta a la autoridad para dejar de pagar al quejoso los salarios y prestaciones a que tuviere derecho, pues establece, en lo conducente, que la suspensión temporal o cautelar subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, de conformidad con lo establecido por la ley.
Del mismo modo, señala que en caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le pagarán los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, por motivo de la suspensión cautelar y, en caso contrario, se declarará la sanción que conforme a las constancias resulte procedente aplicar.
Lo hasta aquí expuesto pone de relieve que esta norma tiene un fin específico, que autoriza a la autoridad administrativa a suspender los salarios cuando se actualice la hipótesis en él contenida; de manera que, al no haber reclamado el quejoso su inconstitucionalidad, es evidente que debe partirse del supuesto de que la norma es legal y autoriza a la autoridad a aplicarla.
En efecto, de la lectura a los hechos que manifiesta en su demanda de garantías, sin el requisito de expresarlos "bajo protesta de decir verdad", conforme a la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, reconoce que fue separado de su cargo, impidiéndole desarrollar su labor y pidiéndole que abandonara las instalaciones, lo cual dice, es injustificado, y que no hay un procedimiento legal que sustente esa determinación.
Empero, esas manifestaciones no son suficientes para que pueda gozar del beneficio de la suspensión provisional en los términos que pretende, pues, como se destacó, reconoce estar separado de su cargo como oficial de policía.
Esta información que proporciona el propio quejoso, da pauta para aplicar en su contra la norma cuya inconstitucionalidad no reclamó y, esa situación, pone en evidencia su legalidad, precisamente por no haberse impugnado; adicionalmente, en un análisis preliminar se puede concluir, para los efectos de la suspensión, que la actuación de la autoridad no es arbitraria, sino que la separación temporal o definitiva de su cargo, con la consecuente suspensión en el pago de los haberes -goce de sus derechos-, se encuentra justificada por el hecho de no prestar el servicio.
Por tanto, no es posible otorgar la medida suspensional en los términos solicitados por el quejoso.
Por esos motivos, la fijación del salario mínimo vital por parte del juzgador se encuentra ajustada a derecho.
Debe recordarse que el quejoso solicitó la suspensión provisional para que "se le siga pagando su salario diario", es decir, en forma íntegra, y no como ahora lo pretende, que el salario mínimo vital otorgado debe comprender una ponderación entre los gastos de sustento de su familia y los suyos, para efecto de cubrir las necesidades fundamentales como son: canasta básica, gasolina, luz, agua, gas y educación.
En razón de lo cual, resultan inoperantes sus argumentos en ese sentido.
Sirve de apoyo la contradicción de tesis 31/2003-PL, con los datos siguientes:
"Novena Época. Registro digital: 182529. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, materia común, tesis 2a./J. 111/2003, página 98.
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.-De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos."
No obstante, es importante señalar que la figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI, bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente "...para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia..."
Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.
La Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, retoma el precepto constitucional y establece, en su artículo 90, que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
Asimismo, señala que éste deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado, creado mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el mismo diario el 31 de diciembre del mismo año.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es el organismo encargado de fijar y actualizar los salarios mínimos generales y profesionales; los primeros, de conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regirán en las áreas geográficas que se determinen y, los segundos, se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Con este propósito, la dirección técnica de esa comisión nacional, realiza trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan al salario mínimo.
En este sentido, se encuentra ajustado a derecho el actuar del Juez de Distrito, pues con independencia de lo suficiente o no del monto por concepto de salario mínimo, lo cierto es que esa determinación es realizada por el organismo encargado de fijar y actualizar los salarios mínimos generales y profesionales, quien lo fija considerando que a través de dicho monto se satisfacen las necesidades normales de la vida de quien lo recibe.
De ahí que solamente, como lo resolvió el Juez de Distrito, la suspensión concedida es para que el quejoso disfrute de un salario mínimo, para poder enfrentar las obligaciones de subsistencia; es decir, el salario mínimo general vigente para la región, previsto en el área geográfica del Estado.
Lo anterior, considerando que todo trabajador que es suspendido con motivo de un procedimiento, tiene derecho a percibir lo necesario para su subsistencia, es decir, para que pueda solventar los gastos mínimos de manutención, pues precisamente esa prerrogativa es un derecho humano que debe prevalecer, aun ante la posibilidad de que la conducta que se le atribuye sea cierta y que, en razón de ello, sea separado definitivamente del empleo.
Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver por unanimidad el recurso de queja **********, visto en sesión de seis de octubre de dos mil catorce, que en lo conducente dice:
"En este sentido, si la Constitución Federal en su artículo 123, apartado A, fracción VI, prevé el otorgamiento de un salario mínimo general; y considerando que para un oficial de policía adscrito a dicha secretaría, esta situación no está prevista, es de atender a la regla que aplica para los trabajadores en general.
"De ahí que solamente podrá concederse la suspensión para que disfrute el quejoso de un salario mínimo, para poder enfrentar las obligaciones de subsistencia, es decir, el salario mínimo general vigente para la región, prevista en el área geográfica del Estado.
"Desde otro aspecto, todo trabajador que es suspendido con motivo de un procedimiento, tiene derecho a percibir lo necesario para su subsistencia, es decir, para que pueda solventar los gastos mínimos de manutención, pues precisamente esa prerrogativa es un derecho humano que debe prevalecer, aun ante la posibilidad de que la conducta que se le atribuye sea cierta y que, en razón de ello, sea separado definitivamente del empleo.
"Es decir, la falta de pago al quejoso, evidentemente causa daños y perjuicios de difícil reparación, en la medida en que se le deja en un estado de vulnerabilidad económica que ocasiona la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia. De ahí que, en esa medida, sea factible concederle al quejoso la suspensión provisional, para el efecto de que se le pague el salario mínimo general vigente para la región."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara infundado el presente recurso de queja.
SEGUNDO.-En la materia se confirma el acuerdo recurrido.
TERCERO.-Se concede a **********, la suspensión provisional, en los términos en que lo resolvió el Juez de Distrito.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Antonio Ceja Ochoa (presidente y ponente), Sergio Eduardo Alvarado Puente y Sergio Javier Coss Ramos.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25676-9b6e0c13/salario-al-ser-un-derecho-fundamental-establecido-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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