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Modo: Corpus Pro

MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21259
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 390.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, porque la formula el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en su calidad de integrante de uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

TERCERO. Los antecedentes y las consideraciones de la ejecutoria de catorce de agosto de dos mil seis, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver por unanimidad de votos, el amparo en revisión administrativo 339/2006 (incidente), en lo conducente, son los siguientes:

La quejosa ********** promovió el juicio de amparo indirecto 285/2005, ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en contra del administrador local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria en ese lugar, al que reclamó la emisión de la convocatoria de remate en primera almoneda de quince de mayo de dos mil seis, publicada en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria ********** que convoca postores al remate del bien inmueble identificado como casa habitación de mediana calidad, sita en ********** respecto del cual adujo ser copropietaria.

La quejosa no fue la parte ejecutada en el procedimiento administrativo, sino tercera extraña al mismo.

La Juez de Distrito admitió la demanda, tramitó por separado y duplicado el incidente de suspensión y el cinco de junio de dos mil cinco, celebró la audiencia incidental.

Negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados consistentes en la convocatoria de remate en primera almoneda de fecha quince de mayo de dos mil seis, así como todas y cada una de las actuaciones, acuerdos, decretos y mandamientos ordenados y llevados a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución anteriores a la publicación del remate en la página del Servicio de Administración Tributaria del inmueble precisado, porque se trata de actos consumados.

En otro orden, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo otorgó a la quejosa, en su carácter de copropietaria proindivisa y por partes iguales del inmueble embargado, la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y en caso de remate, no se adjudicara el 50% que le pertenece, a persona alguna ni fuera desposeída, hasta en tanto la autoridad responsable recibiera notificación del auto que declarara ejecutoriada la sentencia de garantías, sin que esa medida impidiera la continuación del procedimiento administrativo de ejecución reclamado, incluso hasta el remate.

Con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la Juez de Distrito estableció que la suspensión definitiva surtiría efectos, previo depósito ante el Juzgado de Distrito, mediante el billete respectivo, o ante la autoridad exactora, de la cantidad de ********** fijada con base en el valor de avalúo del bien inmueble, para garantizar el interés fiscal.

La Juez de Distrito también estableció que dicha medida no surtiría efectos si la autoridad responsable actuaba en cumplimiento de una ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control constitucional, aunque se tratara de un acto nuevo y distinto para la quejosa, pues existe interés en no entorpecer el cumplimiento de las ejecutorias de amparo tendentes a restablecer el orden constitucional violado.

Inconforme con las condiciones de efectividad de la medida precautoria establecidas por la Juez de Distrito, la quejosa interpuso recurso de revisión.

El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante ejecutoria de catorce de agosto de dos mil seis, emitida en el amparo en revisión administrativo 339/2006 (incidente), confirmó el sentido de la interlocutoria recurrida, con modalidades respecto a las condiciones de efectividad de la medida cautelar.

Al respecto, estableció las siguientes consideraciones esenciales:

El artículo 135 de la Ley de Amparo, fue reformado mediante decreto de veinte de abril de dos mil seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro siguiente, suprimiéndosele el segundo párrafo, conforme al cual, el depósito previsto en el párrafo primero, no se exigiría tratándose de persona distinta del causante obligado directamente al pago, es decir, a los terceros extraños.

Del proceso de reformas a dicho precepto se advierten las siguientes razones para suprimir esa porción del precepto:

A) La necesidad de permitir al fisco el cobro de las contribuciones y el cumplimiento de las normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos que acuden al juicio de amparo.

B) Dar mayor certeza jurídica en la concesión de la suspensión del acto reclamado en materia fiscal.

C) Solucionar el problema de la importación de mercancías al país sin el pago de los impuestos o regulaciones arancelarias, aprovechando la suspensión en el juicio de amparo.

D) El legislador no tuvo la intención de incluir a las personas extrañas al procedimiento económico coactivo.

En el caso no es aplicable el artículo 135 de la Ley de Amparo, pues no se dan los supuestos que originaron la reforma, sino por el contrario, pugna con su propuesta de dar certeza jurídica en la suspensión del acto reclamado, cuando no está inmerso en forma directa el cobro de contribuciones y aprovechamientos, porque la quejosa no es la deudora directa, no es parte en el procedimiento y el inmueble, por sí, garantiza el interés fiscal, al no existir prueba en contrario.

Si el acto reclamado es el remate y sus consecuencias legales, del bien inmueble respecto del cual la recurrente es copropietaria, emanado de un procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra de ********** por la Administración Local de Recaudación de Ciudad Juárez, Chihuahua, dependiente del Sistema de Administración Tributaria, en el cual aquélla no es parte, para sustentar la eficacia de la medida suspensional concedida, no resulta aplicable el artículo 135 de la Ley de Amparo vigente.

No obstante, no es necesario fijar garantía para que surta efectos la suspensión.

No se pueden aplicar los supuestos de los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, porque de conformidad con la interpretación gramatical y teleológica de esos dispositivos, se requiere la existencia de tercero perjudicado, de donde se desprende que cuando no existe éste, la suspensión debe concederse sin fianza.

Debido a la especificidad de esas razones, las reglas contenidas en esos preceptos no pueden aplicarse analógicamente, en caso que los daños y perjuicios los resienta la autoridad responsable y no el tercero perjudicado, porque no existe identidad de razón y sería contrario a la naturaleza del asunto condicionar la eficacia de la suspensión definitiva, al otorgamiento de una garantía, cuando es la autoridad responsable quien puede resentir los daños y perjuicios que la medida cautelar pueda ocasionar, en términos de la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBE OTORGARSE SIN GARANTÍA CUANDO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS LOS RESIENTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO EL TERCERO PERJUDICADO."(1)

No obstante lo anterior, debe ponderarse y verificarse si la suspensión afecta el orden público, especialmente, el interés de la sociedad en el pago de las contribuciones, destinadas al gasto público, el cual debe estar siempre asegurado, para no provocar evasión fiscal.

La interpretación de los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo permite inferir razonablemente que el legislador estableció una presunción juris tantum de que la suspensión concedida contra el cobro de contribuciones no perjudica al interés social, ni contraviene disposiciones de orden público, pues de no haber sido esa su intención, no habría otorgado facultades discrecionales al órgano jurisdiccional, pues ello implicaría inobservancia de la fracción II del artículo 124, en apoyo de lo cual citó la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA COBRO DE CONTRIBUCIONES. PRESUNCIÓN LEGAL JURIS TANTUM DE QUE NO CAUSA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."(2)

Si en el amparo se reclamó el embargo de un bien raíz, en un procedimiento económico-coactivo, la quejosa acredita ser copropietaria del cincuenta por ciento del citado bien y no es parte en el procedimiento, la suspensión debe concederse sin requisito alguno, porque el interés fiscal está garantizado con el embargo del restante cincuenta por ciento del inmueble, al no existir prueba en contrario, en apoyo de lo cual citó las tesis de rubros: "ADEUDOS FISCALES, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE TERCEROS EXTRAÑOS."(3) y "ADEUDOS FISCALES, CUÁNDO PROCEDE SUSPENDER SU PAGO, SIN GARANTÍA ADICIONAL."(4)

De este asunto derivó la tesis número XVII.14 A, de rubro y tenor siguientes:

"No. Registro: 173,874

"Tesis aislada

"Materia(s): Administrativa

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, noviembre de 2006

"Tesis: XVII.14 A

"Página: 1091

"SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PARA LA CONCESIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR ES INNECESARIO FIJAR GARANTÍA ALGUNA SI SE RECLAMA EL REMATE DE UN BIEN INMUEBLE QUE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL Y EL QUEJOSO NO ES EL DEUDOR DIRECTO NI TIENE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO. El texto vigente del artículo 135 de la Ley de Amparo no resulta aplicable cuando se solicita la suspensión del remate y las consecuencias legales de un procedimiento administrativo de ejecución, donde el quejoso no figura como parte y aduce ser copropietario; lo anterior es así, porque en la reforma del 24 de abril de 2006 se suprimió el segundo párrafo de dicho numeral que preveía la forma en que la persona distinta del causante (como las personas extrañas al procedimiento administrativo de ejecución) podía garantizar en el juicio de amparo, por los motivos señalados en la exposición de motivos de la referida iniciativa, en el dictamen y los debates de la Cámara de Diputados, así como en el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, de los cuales se advierte que dicha reforma obedeció en esencia a: A) la necesidad de posibilitar al fisco el cobro de las contribuciones y el cumplimiento de las normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias sin afectar los derechos de los quejosos que acuden al juicio de amparo y solucionar el problema de la importación de mercancías al país sin el pago de los impuestos o regulaciones arancelarias, aprovechando la suspensión en el juicio de amparo; B) que no era intención del legislador incluir a las personas extrañas al procedimiento económico coactivo en el supuesto legal del artículo 135 de la Ley de Amparo y; C) dar mayor certeza jurídica en la concesión de la suspensión del acto reclamado en materia fiscal. Ahora bien, tampoco es válido fijar en contra de dicho copropietario la garantía a que se refiere el artículo 125 de la ley de la materia, toda vez que para exigir una garantía, los artículos 125 y 126 de la citada ley establecen reglas específicas que requieren de la existencia de un posible daño a un tercero perjudicado, por lo que, debido a su especificidad, no pueden ser aplicadas analógicamente cuando los posibles daños y perjuicios los resiente la autoridad responsable, lo que no quiere decir que el juzgador soslaye la posible afectación al orden público de no encontrarse garantizado el crédito fiscal; por tanto, si el quejoso no es el deudor directo, ni tiene el carácter de parte en el procedimiento económico coactivo y reclama el remate de un bien inmueble que de entrada garantiza el interés fiscal (si no existe prueba en contrario), es claro que no es necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la medida suspensional solicitada.

"Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.

"Amparo en revisión 339/2006 ********** 14 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Héctor Manuel Flores Lara."

(fojas 51 a 96 de la contradicción de tesis 115/2008-SS).

CUARTO. Los antecedentes y las consideraciones de la ejecutoria de diez de junio de dos mil ocho, pronunciada por el mismo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de queja administrativo 66/2008, en lo conducente, son los siguientes:

El quejoso ********** por su propio derecho, promovió el juicio de amparo indirecto 345/2008, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en contra de los artículos 1o., 2o., 3o., 21 y 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativo número ********** instaurado en su contra y de otros, por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiente de la Secretaría de la Función Pública; así como sus efectos y consecuencias, consistentes en la suspensión del salario, cargo o comisión del quejoso por el término de tres meses y la imposición de una sanción económica por la cantidad de **********.

Solicitó la suspensión provisional y definitiva de esos actos.

El quejoso fue parte en el procedimiento administrativo origen de los actos reclamados.

El Juez de Distrito admitió la demanda, tramitó por separado y duplicado el incidente de suspensión y el dos de junio de dos mil ocho le concedió la suspensión provisional de los actos reclamados.

Al respecto, tuvo cumplidos los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, así como el interés presuntivo del quejoso y le otorgó la medida cautelar, para el efecto de que no fuera separado de su cargo, tampoco suspendido en el pago de sus emolumentos ni se le hiciera efectivo el cobro de la sanción económica, hasta en tanto se resolviera el incidente de suspensión.

Estableció que la suspensión provisional surtiría efectos, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, previo depósito ante la Tesorería de la Federación, de la cantidad de ********** reclamada a título de sanción económica, fijada en forma discrecional y a satisfacción del Juzgado de Distrito, hasta en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva, con apoyo en la tesis de rubro: "INTERÉS FISCAL. PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, SE DEBE PROBAR FEHACIENTEMENTE QUE ESTÁ GARANTIZADO."

En contra de ese auto, el quejoso promovió recurso de queja.

El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante ejecutoria de diez de junio de dos mil ocho, emitida en el recurso de queja administrativo 66/2008, lo declaró parcialmente fundado.

Al respecto, estableció las siguientes consideraciones esenciales:

En términos del artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deben expedir las leyes de responsabilidades de los servidores públicos que prevean las sanciones administrativas aplicables por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

El artículo 113 constitucional prevé que dichas normas deben establecer sanciones económicas tomando en cuenta los beneficios obtenidos por el responsable, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados, sin exceder de tres tantos de los beneficios o de los daños y perjuicios.

El Estado impone las sanciones económicas a los servidores públicos, a través de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2o., 3o., fracción III, 13, fracción IV, 15 y 16, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Esas sanciones económicas pertenecen al ámbito de los aprovechamientos federales, en términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pues son ingresos percibidos por el Estado por funciones de derecho público (resultante de un procedimiento administrativo de responsabilidad), distintos de los obtenidos por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y los de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora porque el artículo 2o. del propio código, clasifica las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, pero no comprende aquellas sanciones, las cuales tampoco considera accesorias de las contribuciones, porque su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionadoras, establecidas legalmente en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Las sanciones económicas en cuestión, son multas no fiscales, pues son multas fiscales aquellas relacionadas con la materia tributaria.

El artículo 135 de la Ley de Amparo, no alude a créditos fiscales en general, sino a dos de sus especies: las contribuciones y los aprovechamientos y debe elucidarse si aquellas sanciones económicas pueden conceptuarse como los aprovechamientos a los cuales quiso referirse el legislador federal en el proceso de reformas a dicho precepto, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de abril de dos mil seis.

Del proceso legislativo de dicha reforma, se advierte que la intención del legislador fue impedir la utilización del juicio de amparo como un medio legal para evadir el pago de contribuciones y aprovechamientos o el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, como efecto de la suspensión.

Esto, porque la Ley de Amparo preveía que las autoridades debían acatar los mandamientos judiciales de suspensión de la ejecución o aplicación de aranceles y cuotas compensatorias, o ambos, cuando se concedían en el juicio de garantías y este hecho justifica la reforma, según expresa el legislador, para que el fisco federal pueda exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, sin afectar los derechos de los quejosos.

Si el legislador quiso asegurar la posibilidad jurídica del fisco federal, para exigir el pago de los ingresos fiscales, es evidente que al referirse en el texto del artículo 135 de la Ley de Amparo a los aprovechamientos, lo hizo en forma exclusiva respecto de aquellos considerados por la ley como ingresos fiscales, concretamente, los derivados de las cuotas compensatorias, por haber tenido la reforma la finalidad de proteger a la industria nacional contra las prácticas desleales en comercio internacional.

La sanción económica impuesta al quejoso no puede considerarse un aprovechamiento, para efectos del artículo 135 de la Ley de Amparo, pues nada tiene que ver con la evasión del pago de cuotas compensatorias ni con la protección a la industria nacional, por tanto, dicho precepto es inaplicable y la suspensión contra su imposición o cobro debe regirse por la regla general establecida en los artículos 122, 124 y 130 de la Ley de Amparo.

En esa tesitura, los agravios son fundados, pues la sanción económica de cuya suspensión se trata, no es una contribución, de conformidad con el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, y aun cuando es un aprovechamiento, no es un ingreso fiscal, respecto del cual el legislador aseguró la posibilidad jurídica del fisco federal para exigir su pago.

Por tal motivo, asiste razón al inconforme cuando señala que el Juez de Distrito le impuso una condición no prevista en la ley, al establecer que la suspensión concedida surtirá efectos previo depósito en efectivo, a nombre de la Tesorería de la Federación, de la cantidad total de los aprovechamientos.

Sin embargo, las sanciones económicas son multas no fiscales, pues únicamente se entiende por multas fiscales, las establecidas por la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria, en términos de la tesis de rubro: "MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA."

No obstante, las sanciones económicas en cuestión dan lugar a un crédito fiscal, pues en términos del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación son créditos fiscales los que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados, provenientes de contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios, incluyendo los derivados de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos.

Aunque las sanciones económicas impuestas por el Estado a los servidores públicos no son aprovechamientos vinculados con cuotas compensatorias o con la seguridad de la industria nacional, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive, a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal de la Federación, porque el artículo 16, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dispone que serán ejecutadas por la Tesorería de la Federación.

En términos del párrafo noveno del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, las multas administrativas no fiscales no causarán recargos, por tanto, lo único que debe garantizarse es su monto.

Si las sanciones económicas impuestas por el Estado serán cobradas por la Tesorería de la Federación, ello implica la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el juicio de garantías.

Conforme a los artículos 125, párrafo primero y 130, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios causados, si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo y el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible.

Si la Ley de Amparo garantiza el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a los terceros en general, cuando se concede la suspensión del acto reclamado, con mayor razón se debe hacer respecto de las partes.

Tratándose del cobro de una multa administrativa no fiscal, de reunirse los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debe concederse la suspensión del acto reclamado, pero condicionarse su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal o acredite haberlo garantizado ante la Tesorería de la Federación, en términos del artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, en observancia de la obligación del Juez de Distrito de resguardar los derechos de los terceros y de las propias partes, como en el caso del interés fiscal, de conformidad con los artículos 125 y 129 de la ley de la materia y la tesis de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO."

Con base en estas consideraciones, el Tribunal Colegiado concedió la suspensión provisional solicitada por el quejoso para el efecto de que no sea separado de su cargo ni suspendido en el pago de sus emolumentos y no se haga efectivo el cobro de la cantidad de ********** hasta en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva.

También estableció que dicha suspensión provisional surtiría efectos desde luego, pero dejaría de hacerlo si el quejoso, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución no acreditara haber garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

Finalmente, el Tribunal Colegiado calificó de inoperante el agravio en el cual el quejoso planteó que de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, el depósito no es cuando se trate del cobro de sumas que exceden a las posibilidades del quejoso, pues dicho numeral no trata el tema referido por el recurrente.

(fojas 97 a 129 de la contradicción de tesis 115/2008-SS).

QUINTO. Los antecedentes y las consideraciones de la ejecutoria de diecisiete de mayo de dos mil siete, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, al resolver por unanimidad de votos, el incidente en revisión 84/2007-II, en lo conducente, son los siguientes:

La quejosa ********** por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, promovió el juicio de amparo indirecto 1088/2006, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en esa entidad federativa, en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados:

En su carácter de ordenadoras:

1. Secretario de finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León.

2. Subsecretario de ingresos de la Tesorería General en el Estado de Nuevo León.

3. Director de recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

4. Jefe o encargado del Departamento de Cobranzas Especiales, de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

5. Jefe del Departamento del Registro de Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

A estas autoridades, la quejosa reclamó:

El mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, y embargo de bienes, respecto del crédito número ********** emitido el trece de noviembre de dos mil seis, por la cantidad de ********** con motivo de la boleta de infracción ********** de cinco de mayo de dos mil uno, por la cantidad de ********** consignada por el jefe del Departamento de Autotransporte Federal, de la Subdirección de Operación, del Centro S.C.T. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) Nuevo León, en aplicación del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales.

6. Jefe del departamento de Autotransporte Federal, de la Subdirección de Autotransporte, de la Dirección General del Centro S.C.T. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) Nuevo León, a quien reclamó:

La violación a la garantía de audiencia, mediante la imposición, determinación y calificación de la boleta de infracción ********** al aplicar los artículos 197 y 204 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales.

La consignación a las autoridades responsables ordenadoras señaladas con los número 1, 2, 3 y 4 de la boleta de infracción precisada, para el cobro de la cantidad de ********** mediante oficio número ********** de veintiséis de octubre de dos mil uno.

En su calidad de ejecutora:

7. Ejecutor ********** adscrito al Departamento de Cobranzas Especiales, de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, a quien reclamó:

La diligencia efectuada el siete de diciembre de dos mil seis, en la cual notificó el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, y embargo de bienes del crédito número ********** emitido el trece de noviembre de dos mil seis, por la cantidad de ********** con motivo de la boleta de infracción ********** de cinco de mayo de dos mil uno.

El embargo de la camioneta **********.

Solicitó la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados.

El Juez de Distrito admitió la demanda, tramitó por separado y duplicado el incidente de suspensión, celebró la audiencia incidental el once de enero de dos mil siete y dictó sentencia en la cual le concedió la suspensión definitiva respecto del embargo efectuado por el notificador adscrito a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León y estableció, con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que dicha medida no surtiría efecto alguno, hasta en tanto la quejosa exhibiera ante la autoridad fiscal municipal la cantidad de **********.

En contra de esa resolución, el autorizado de la quejosa interpuso recurso de revisión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21259-9fb48566/multas-administrativas-son-aprovechamientos-y-la-suspension-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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