REVISIÓN FISCAL. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD EN LOS QUE PLANTEA CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD NO INVOCADAS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu, y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, al resolver la revisión fiscal 45/2006 de su índice, que es una de las ejecutorias en conflicto (fojas 3, 41 y 42 de la contradicción de tesis 115/2007-SS).
TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria de siete de septiembre de dos mil seis, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, al resolver por unanimidad de votos, la revisión fiscal 45/2006, en lo conducente, son las siguientes:
"QUINTO. Los conceptos de agravio esgrimidos por la autoridad recurrente resultan en una parte infundados, en otra fundados pero inoperantes y en el resto inoperantes. La autoridad recurrente aduce que la sentencia recurrida fue dictada en contravención del artículo 202, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 202, fracción I, del ordenamiento legal invocado, ya que la actora no acreditó su interés jurídico; por tal motivo, este órgano colegiado debe abordar su estudio, dado que la procedencia del juicio de nulidad es una cuestión de orden público que debe examinarse previamente al fondo, lo aleguen o no las partes, a pesar de que la aludida causa de improcedencia no se haya hecho valer en primera instancia, porque en relación con tal aspecto sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no, en términos del último párrafo del precepto legal citado con antelación. Es inoperante el agravio de que se trata. Con el fin de poner en claro la conclusión anterior, es necesario señalar cuál es la naturaleza del recurso de revisión fiscal. Este medio de defensa se encuentra previsto en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco. Dichos preceptos legales dicen así: ‘Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: ... I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.’. ‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce. II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación. d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo. e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación. IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo. El recurso de revisión también será procedente contra resoluciones o sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los casos de atracción a que se refiere el artículo 239-A de este código. En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’. De la reproducción anterior se advierte que el legislador previó en los referidos artículos, a favor de la autoridad que obtenga un fallo adverso de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, un medio de defensa de la legalidad, es decir, un recurso mediante el cual la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo puede controvertir la interpretación y aplicación que de las normas respectivas haya realizado el respectivo órgano jurisdiccional, al emitir la sentencia en la que declare la nulidad del acto dictado por aquélla, del que conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, al resolver tal recurso los Tribunales Colegiados de Circuito no ejercen una función de control constitucional, sino de legalidad, pues el sentido de su resolución dependerá de que la sentencia recurrida se haya emitido conforme al marco jurídico establecido en las leyes ordinarias aplicables, sin constatar, en momento alguno, la sentencia impugnada en relación con lo dispuesto en la Carta Magna. Esto es, el recurso de revisión fiscal se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional a favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso y dicho medio de impugnación se constriñe al estudio de cuestiones de legalidad de la sentencia recurrida, por lo que para esos efectos tal medio de defensa constituye una segunda instancia a cargo de los Tribunales Colegiados de Circuito. En esa tesitura, si el recurso de revisión fiscal constituye una instancia de mera revisión de lo resuelto en la primera, es evidente que el Tribunal Colegiado de Circuito no puede ocuparse de una cuestión que no fue propuesta ante la Sala del conocimiento, pues, además de que es ajena a la litis natural, ello implicaría examinar la legalidad de la sentencia recurrida a la luz de un razonamiento que no conoció la Sala Fiscal, ya que al no formar parte de la litis no tuvo la oportunidad legal de analizarla ni pronunciarse al respecto. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número cuatrocientos tres en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, visible en la página doscientos noventa y ocho del Tomo III, Parte SCJN, que establece: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. Si las autoridades hacen valer como agravios en la revisión fiscal cuestiones que no fueron planteadas ante el Pleno responsable, como violaciones cometidas por la Sala Fiscal del conocimiento, y que son por ello ajenas a la litis de la revisión intentada ante dicho tribunal en Pleno, tales cuestiones no pueden ser materia de la revisión fiscal.’. En otro aspecto, debe decirse que es cierto que, como lo aduce la recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202, última parte, del Código Fiscal de la Federación, las causas de improcedencia del juicio de nulidad son de orden público y de estudio preferente, sea que las partes las planteen o que éstas se adviertan de oficio y que de resultar fundada alguna de ellas, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 203, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo cual impediría abordar el estudio de la validez del acto impugnado. Sin embargo, la obligación de analizar las causas de improcedencia, previamente a las violaciones atribuidas al acto impugnado a través del juicio de nulidad, es exigible únicamente a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y no alcanza a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando conocen de la revisión fiscal, en virtud de que para abordar su examen tendrían que sustituirse en el criterio de las referidas Salas, lo cual no les está permitido, dada la jurisdicción especial con que cuentan y la naturaleza excepcional del medio de defensa de que se trata. Sobre el particular, la otrora integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia sustentó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 6/91, visible en la página cuarenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación VIII (sic) correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, «se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...», ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.’. La tesis de jurisprudencia anterior pone de manifiesto que el juicio de amparo directo y la revisión fiscal, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, tienen idéntica finalidad cuando se trata de la impugnación de sentencias pronunciadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y la identidad que presentan ambas instituciones jurídicas, es lo que llevó a concluir que al pronunciarse el fallo correspondiente en asuntos de esa naturaleza, sólo podrán ser objeto de examen las cuestiones estudiadas por la autoridad común, resultando por ello inaplicable a las revisiones fiscales lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual significa que no les está permitido sustituirse en las facultades propias de las Salas Fiscales y, por ello, no pueden pronunciarse con plenitud de jurisdicción sobre algún aspecto que no haya sido abordado previamente por esas Salas. Por lo anterior, puede decirse que para que un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de la revisión fiscal, esté en aptitud legal de abordar el estudio de una causa de improcedencia, es necesario que haya sido analizada con anterioridad por parte de la Sala del conocimiento, ya que de no ser así, sustituiría a la referida Sala, lo cual pugna con la jurisdicción especial de que se encuentran investidos y atenta a la naturaleza propia del medio de impugnación aludido. Además, cabe mencionar que si un Tribunal Colegiado de Circuito al conocer de un recurso de revisión fiscal, asumiera plena jurisdicción para abordar una causa de improcedencia, que no fue objeto de examen en la sentencia recurrida mediante ese medio de defensa, haría nugatorio el contenido de los artículos 103 y 107 constitucionales, que conceden el derecho a los particulares de promover el juicio de amparo, pues contra las ejecutorias que pronuncian esos órganos jurisdiccionales no procede juicio o recurso alguno, en términos del diverso precepto legal 104, fracción I-B, de la Carta Magna. En tal virtud, cabe concluir que es inoperante el agravio hecho valer en el recurso de revisión fiscal, cuando lo que en él se plantea no fue propuesto por la autoridad demandada ante la Sala del conocimiento, aun cuando se haga valer la improcedencia del juicio, en razón de que constituye un aspecto ajeno a la litis natural, y si la Sala no tuvo la oportunidad de examinarlo, menos puede hacerlo un Tribunal Colegiado de Circuito, pues en ese medio de impugnación se debe analizar si lo resuelto es o no correcto, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, lo cual no es posible si se permite la introducción de cuestiones novedosas que no se hicieron valer ni en el texto del acto impugnado, ni en la contestación de demanda. Estimar lo contrario, o sea, entrar al estudio de una cuestión no propuesta, aunque se trate de la improcedencia del juicio de nulidad, no sólo significaría una sustitución en el criterio de la Sala Fiscal por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual no está permitido, dada la jurisdicción especial con que cuentan y la naturaleza propia de la revisión fiscal, sino implicaría también determinar la ilegalidad de la sentencia recurrida con base en un aspecto que no fue planteado y que, por tanto, la Sala no tuvo la oportunidad de tenerlo en cuenta, lo que es inadmisible desde cualquier perspectiva. Cabe acotar que si bien el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República, establece que el recurso de revisión fiscal debe sujetarse a los trámites que la Ley de Amparo fija para la revisión en amparo indirecto y que en dicha instancia el tribunal revisor debe examinar oficiosamente las causas de improcedencia, lo cierto es que ello no implica que tal medio de impugnación deba resolverse con las reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a esas reglas. En efecto, es claro que únicamente para el trámite de las revisiones fiscales se deben seguir las reglas que fija la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, pero ello en forma alguna significa que dicha legislación sea aplicable en cuanto a los restantes aspectos, entre estos, el relativo a la obligación de examinar oficiosamente las causas de improcedencia, pues, como se vio, el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República, es categórico al establecer que las revisiones fiscales sólo se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales fije para la revisión en amparo indirecto. Lo expuesto encuentra apoyo en diversas tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las que se encuentra la reproducida en párrafos previos, en las que al resolver problemas procesales concretos respecto del recurso de revisión fiscal, sostuvo el principio de que la remisión que hace el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República, sólo se refiere a aspectos de mero trámite. Dichas tesis son del tenor literal siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL, CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. VACACIONES. De acuerdo con los artículos 104, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución General de la República, 242 y 243 del Código Fiscal de la Federación, el recurso de revisión fiscal ante la Suprema Corte de Justicia se sujetará a la tramitación que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales fija para las revisiones en amparo indirecto; pero su interposición debe regirse, en cuanto a plazo y forma, dado el texto del mencionado artículo 242, por lo establecido en el ya citado ordenamiento de lo contencioso administrativo federal. Ahora bien, conforme a lo preceptuado en el propio código, las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que se hayan hecho (artículo 179), los términos empezarán a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación (artículo 181, fracción I), y todos los plazos «se contarán por días naturales, excluyendo los inhábiles y aquellos en los que se suspendan las labores del tribunal» (artículo 181, fracción II); y si el reglamento interior del mismo Tribunal Fiscal de la Federación previene, en su artículo 27, que las vacaciones concedidas a los empleados y funcionarios del mismo serán en la época que el calendario del Poder Ejecutivo señala para el personal de éste, para computar el término que la ley otorga para hacer valer la revisión fiscal habrá que descontar, además de los días inhábiles, los del periodo de vacaciones en que se suspenden las labores en el mencionado tribunal administrativo, independientemente de que dicho periodo coincida o no con alguno de los dos recesos anuales del Poder Judicial Federal.’. (Fuente: Apéndice de 1995, Tomo Tomo (sic) III, Parte SCJN, tesis 543, página 393). ‘REVISIÓN FISCAL. SON IMPROCEDENTES LOS RECURSOS QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE EN ELLA DICTAN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. El artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dispone: «... Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno.», de ahí se desprende que las revisiones fiscales únicamente se sujetarán a los trámites que señale la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, pero ello en forma alguna autoriza que para lograr el debido cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en dichas revisiones fiscales, se deban agotar los recursos que establece la citada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ello tomando en consideración, por una parte, que éstos son procedentes sólo en los juicios de amparo, mas no en las revisiones fiscales que son un medio de control de legalidad y, por otro lado, que no existe disposición legal que establezca tal extremo, por el contrario, la Carta Magna dispone que sólo su trámite se debe seguir en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo para las revisiones en amparo indirecto, por tanto, contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que cumplan deficientemente o incumplan lo resuelto por el Tribunal Colegiado, se debe promover nueva revisión fiscal.’ (Fuente: Apéndice 2002, Tomo Tomo (sic) III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, tesis 47, página 81). Luego, si la causa de improcedencia que la recurrente pretende que se analice en el presente recurso no fue propuesta por la autoridad demandada en el juicio de nulidad y, por ello, no fue objeto de estudio en la sentencia recurrida, es inconcuso que este órgano colegiado está imposibilitado legalmente para abordar su examen, pues, como se apuntó, sólo pueden tomarse en consideración las cuestiones analizadas por la potestad común, razón por la cual lo procedente en el caso es declarar inoperante el agravio de que se trata. No es obstáculo a la conclusión alcanzada, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consistente en que el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de una revisión fiscal, debe ocuparse de las causas de improcedencia invocadas en los agravios, a pesar de que no se hayan hecho valer ante la Sala del conocimiento, porque además de que jurídicamente es factible diferir de la opinión de otro órgano jurisdiccional de igual jerarquía, al no ser obligatorio para este tribunal federal, en términos de lo expuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, ya se expusieron las razones por las que este tribunal mantiene un punto de vista distinto. El criterio aludido está contenido en la tesis II.1o.A.120 A, visible en la página mil ochocientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE OCUPARSE DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA INVOCADAS EN LOS AGRAVIOS, AUN CUANDO NO SE HAYAN HECHO VALER ANTE LA SALA FISCAL EN EL JUICIO DE NULIDAD. Atento a los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República y 248 del Código Fiscal de la Federación en vigor este último hasta el 31 de diciembre de 2005, la revisión fiscal se prevé como un medio de impugnación para las autoridades demandadas en el juicio de nulidad, el cual se constriñe al estudio de cuestiones estrictamente de legalidad de la sentencia recurrida, por lo que para esos efectos dicho recurso constituye una segunda instancia a cargo de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por otra parte, si del diverso artículo 202, último párrafo, del mismo código y vigencia se advierte que las causas de improcedencia constituyen una cuestión de orden público, que debe analizarse aun de oficio, es evidente que no existe impedimento para que en la revisión fiscal el Tribunal Colegiado de Circuito se ocupe de las invocadas en los agravios, aun cuando no se hubieran hecho valer ante la Sala Fiscal durante la tramitación del juicio de nulidad.’." (fojas 73 vuelta a 81 vuelta de la contradicción de tesis 115/2007-SS).
CUARTO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria de dos de marzo de dos mil seis, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, al resolver por unanimidad de votos la revisión fiscal 103/2005, en lo conducente, son las siguientes:
"SÉPTIMO. Los agravios propuestos son infundados en parte e inoperantes en otra. En primer lugar afirma la autoridad recurrente que el juicio de nulidad era improcedente en términos del artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación (antes de su más reciente reforma), porque la acción se ejerció fuera del término de cuarenta y cinco días que como regla genérica establece el artículo 207 de dicha legislación, el cual comenzaba a computar a partir del día siguiente al en que se configuró la confirmativa ficta materia del juicio contencioso, y que al no advertirlo así, la sentencia recurrida le irroga agravio. Al efecto, se estima pertinente transcribir el artículo 131 que prevé la resolución confirmativa ficta materia del juicio de origen, así como el diverso 207 que invoca la recurrente, ambos del Código Fiscal de la Federación, aplicable al caso: ‘Artículo 131. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.’ (énfasis añadido). ‘Artículo 207. La demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.’. Como se ve, la configuración de la resolución confirmativa ficta prevista en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, constituye un acto silente de la autoridad que tiene como consecuencia legal la de considerar confirmado el acto materia de la revocación, evidentemente con la finalidad de no dejar al gobernado en estado de incertidumbre por tiempo indefinido, sin conocer el resultado del recurso de revocación que hubiere intentado. De tal suerte, ante esa resolución confirmativa ficta el propio precepto legal establece dos opciones para el particular afectado: esperar resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la confirmación tácita. Sin embargo, para ninguna de esas dos opciones la ley prevé algún término específico y por el contrario, en lo que aquí interesa, establece que para impugnar la confirmativa tácita, el particular puede acudir a inconformarse en cualquier tiempo, señalamiento este último que por definición desde luego que no deja lugar a interpretación o inferencia subjetiva alguna. De tal suerte, resulta evidente que la impugnación de ese tipo de resoluciones tácitas constituye una excepción a la regla genérica que prevé el transcrito artículo 207 del código tributario federal, e incluso tiene su explicación lógica y jurídica en el hecho de que según este dispositivo, el plazo para presentar la demanda de nulidad comienza a computar a partir del día siguiente al en que cause efectos la notificación del acto, cuestión que desde luego no podría cobrar vigencia tratándose de un acto negativo configurado con la conducta silente de la autoridad, pues tratándose de un acto negativo de tracto sucesivo, por su naturaleza carece de una notificación al particular a quien afecta, a partir de la cual pudiera comenzar a realizarse el cómputo de la regla general; de ahí lo infundado del agravio. Además, no obstante que el referido artículo 207 no establezca en su texto dicha excepción, pues lo cierto es que conteniéndose en el diverso artículo 131, tiene la misma eficacia legal y resulta de observancia obligatoria, incluso sin necesidad de acudir a algún tipo de interpretación legal, como la histórica que se sugiere en el agravio pues, como se dijo, el precepto es claro al establecer que la confirmativa ficta se puede combatir en cualquier tiempo. No pasa inadvertido que al plantear la analizada causa de improcedencia, el agravio en estudio introduce un argumento que la autoridad demandada, ahora recurrente, no hizo valer durante la tramitación del juicio de nulidad, pues ni en su contestación de demanda -que era donde en principio debió hacer valer la improcedencia en términos de la fracción II del artículo 213 del Código Fiscal de la Federación- ni en la contestación a su ampliación o en algún otro momento del procedimiento, hizo alusión a lo que ahora propuso. Sin embargo, a efecto de estimar que no existe impedimento para analizar ahora dicha causa de improcedencia, debe tomarse en consideración que la procedencia del juicio de nulidad es una cuestión de orden público, que además debe ser examinada aun de oficio, según lo prevé el último párrafo del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, conforme al texto anterior a su más reciente reforma; aunado a ello, como el recurso de revisión fiscal es un medio extraordinario de defensa para las autoridades demandadas, que constituye una segunda instancia en el juicio contencioso administrativo, su interposición implica que la sentencia recurrida se encuentre aún sub júdice, sometida a estudio en una instancia diversa, y es por ello que, como se dijo, se considera válido el análisis de las causas de improcedencia que se hagan valer en los agravios, aun cuando no se hubieran planteado antes de emi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20398-662036c7/revision-fiscal-son-inoperantes-los-agravios-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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