VALOR AGREGADO. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "QUE SEAN DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 205/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que resolvió uno de los asuntos que participa en esta contradicción.
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver en sesión del dieciséis de octubre de dos mil seis, el amparo directo 270/2006, en la parte que interesa, estableció:
"En cambio, son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, los motivos de inconformidad en los cuales la persona moral quejosa aduce, en síntesis, que la Sala Fiscal responsable en forma indebida reconoció la validez de la resolución impugnada mediante la cual le fue negado el derecho al acreditamiento o devolución del total de las cantidades solicitadas, respecto del impuesto al valor agregado; porque, agrega, tiene derecho a esa prerrogativa respecto del impuesto trasladado, en tanto se ubica en los supuestos del artículo 4o. de la ley relativa, respecto del cual realizó una incorrecta interpretación dicha Sala.
"Resultan fundados, pues del análisis del acto impugnado se advierte, que la autoridad demandada realizó una indebida interpretación del artículo 4o. de la ley que regula dicha contribución, en tanto al efecto señaló que si el contribuyente, conforme a lo establecido por el artículo 32, fracción II, en relación con el 81, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se encontraba exento del pago de dicho impuesto, sobre cierta porción que representaban sus ingresos, no era deducible lo relativo a esa porción para efectos de dicha contribución, y en ese sentido, no podía pretender el acreditamiento o devolución del total del impuesto al valor agregado respecto del cual solicitaba devolución; determinación que avaló la autoridad responsable en el acto reclamado, al haber declarado su validez.
"Así, el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, textualmente señalaba lo siguiente:
"‘Artículo 4o.’ (se transcribe).
"Del análisis del segundo párrafo de la fracción IV del artículo transcrito, que es la porción normativa avalada por la Sala Fiscal responsable, y en la que se basó la autoridad administrativa para negar la devolución del total del impuesto al valor agregado solicitado, no obstante encontrarse exenta del pago del impuesto sobre la renta, se advierte el siguiente supuesto:
"El impuesto al valor agregado será acreditable, conforme a la siguiente mecánica:
"Se parte del monto equivalente al impuesto al valor agregado que hubiese sido trasladado al contribuyente, y del propio impuesto que el contribuyente hubiese pagado con motivo de la importación, en la medida que dichas erogaciones sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
"De lo expuesto en la porción normativa citada, que se reitera, fue avalada por la Sala Fiscal responsable para declarar la validez de la resolución administrativa, a través de la cual fue negada parcialmente la devolución formulada por la gobernada, aquí quejosa, en el sentido de que no resultaba posible que al encontrarse exenta del impuesto sobre la renta en términos del artículo 32, fracción II, en relación con el último párrafo del 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pudiera acreditar o solicitar en devolución el total del impuesto al valor agregado que le fue trasladado en dos mil tres y parte de dos mil cuatro; se advierte que, para el acreditamiento del impuesto al valor agregado a favor de la contribuyente, se sumarán el monto total equivalente al impuesto al valor agregado que le fue trasladado al contribuyente, y el impuesto que el contribuyente hubiese pagado con motivo de la importación, en el mes de que se trate, correspondiente a erogaciones deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
"De igual forma, de los supuestos destacados en el párrafo anterior, se acota, por un lado, que la condicionante ‘correspondiente a erogaciones deducibles’, se refiere exclusivamente al impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente, o pagado por éste respecto de la importación efectuada en el mes de que se trate, y por otro lado, que dicha connotación, únicamente se ciñe a señalar que, para que el impuesto al valor agregado pagado por el gobernado sobre la adquisición o la importación efectuada, pueda ser tomado en cuenta para la acreditación del tributo, éste debe considerarse como deducción para efectos del impuesto sobre la renta, lo que no se puede confundir con el hecho de que el contribuyente sujeto al impuesto al valor agregado, sea o no sujeto obligado al pago del impuesto sobre la renta, pues el artículo 4o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no lo prevé de esa forma.
"Es así, pues, como en efecto lo hace valer la quejosa, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, son contribuciones autónomas e independientes entre sí.
"El impuesto sobre la renta es una contribución que grava la utilidad o ganancia de una persona física o moral en determinado ejercicio fiscal, y dicho gravamen se impone una vez que el contribuyente ha determinado cuáles fueron sus ingresos acumulables en el ejercicio, y qué conceptos de deducción estuvo en posibilidad de disminuir a dichos ingresos, lo cual significa que el impuesto sobre la renta se limita a gravar la utilidad o ganancia real que el contribuyente obtiene en determinado ejercicio fiscal.
"Por otro lado, el impuesto al valor agregado, tiene la naturaleza jurídica de ser un impuesto indirecto, pues simplemente grava el valor de actos o actividades que realiza un contribuyente en determinado período (independientemente de los ingresos obtenidos) aplicando al valor de los actos o actividades realizadas en el período de que se trate, la tasa del impuesto que le corresponda, ya sea la del 15%, 10% o del 0%, según lo disponga el legislador para cada tipo de actos o actividades en lo particular.
"Así, el hecho de que la norma de que se trata -artículo 4o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado-, condicione para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, que el impuesto que fue trasladado, o pagado por el contribuyente con motivo de las importaciones que efectuara en el mes de que se trate, sean deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, ello obedece, principalmente, a que dicho impuesto será acreditable siempre y cuando éste sea relativo a la adquisición de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que se utilicen exclusivamente para las actividades primordiales del contribuyente, lo que pretende estimular al mismo para que continúe con sus actividades, y además, que no pretenda el acreditamiento del impuesto al valor agregado pagado por adquisiciones o importaciones que no guarden una relación directa con sus actividades preponderantes.
"Lo anterior se robustece con lo establecido en la fracción I del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, antes transcrita, de la cual se advierte que para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, el contribuyente debe, en principio, identificar las adquisiciones que hubiera efectuado en el mes correspondiente, respecto de materias primas, mercancía, productos terminados y semiterminados que utilice para prestar servicios, para fabricar bienes o enajenarlos, en términos del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tratarse de una persona moral, respecto de los cuales esté obligado al pago del impuesto establecido en esa ley o le sea aplicable la tasa del 0%, incluso cuando dichas adquisiciones las importe, en el entendido de que la quejosa, para efectos del impuesto al valor agregado no está exenta (ni siquiera parcialmente), pues es un aspecto no discutido ni controvertido, que tributa a la tasa del 0% en términos del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
"Luego, el contribuyente deberá determinar el total del impuesto al valor agregado que le hubiese sido trasladado, así como el monto del impuesto por él pagado respecto de la importación de los bienes anteriormente citados, susceptible de ser deducido en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excluyendo el legislador como impuesto acreditable, el que le fuere trasladado, con motivo de la adquisición de bienes que no tienen relación con su actividad preponderante, así como el impuesto pagado por él mismo, por concepto de importaciones de bienes que de igual forma no guardan relación con la actividad primordial del gobernado.
"En ese contexto, si la propia fracción II del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece con claridad que para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, el contribuyente deberá en principio determinar aquellos conceptos que podrán ser objeto de acreditamiento, y cuáles no, identificando entre los primeros, al impuesto al valor agregado que le fue trasladado por adquisiciones de materias primas y productos terminados o semiterminados (empleando sólo como referencia, que sean gravables para efectos del impuesto sobre la renta, para los efectos antes precisados), y al pago del impuesto al valor agregado por concepto de importaciones en el mes de que se trate, señalando que éste podrá ser objeto de acreditamiento cuando los bienes importados sean de aquellos que sean deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y especificando que ello atiende precisamente a que dichos objetos sean estrictamente necesarios para la actividad preponderante del contribuyente, entonces lógico resulta que, al señalar la fracción IV del dispositivo sujeto a análisis que, para el cálculo del acreditamiento, el contribuyente sumará el monto total de impuesto al valor agregado que le fue trasladado y el impuesto que hubiese pagado en el mes por la importación, correspondiente a erogaciones deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ello únicamente puede significar, que el monto erogado por concepto de impuesto al valor agregado por importaciones, en el mes que se determine, debe corresponder a erogaciones deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; es decir, que dichos gastos sean deducibles conforme al capítulo de deducciones que prevé dicha ley, y no que el contribuyente sea sujeto de este último tributo, pues como se dijo, la justificación de ello parte de que, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado que le fue trasladado, o el que él mismo pagó respecto de importaciones, las adquisiciones o la importación debieron realizarse en relación con objetos que hubiesen sido exclusivamente necesarios para la actividad primordial del contribuyente, y no otros que no tengan nada que ver con su giro preponderante, para así evitar la evasión fiscal.
"Bajo tales premisas, si en la especie se hizo una interpretación del artículo 4o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, determinándose que la quejosa no se encontraba sujeta al pago del impuesto sobre la renta, debido a que se encontraba exenta de dicha obligación tributaria en la porción que representaran sus ingresos, acorde a lo establecido por la fracción II del artículo 32, en relación con el último párrafo del 81 de esta última legislación, y que debido a ello, no realizaba ningún tipo de deducción respecto de dicho impuesto, y en ese sentido, acorde a lo establecido en el artículo 4o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no podía acreditar dicho tributo respecto de la totalidad del impuesto que le hubiese sido trasladado; cabe precisar que dicha determinación es errónea, pues como se precisó en párrafos anteriores, el artículo 4o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, no condiciona a que el contribuyente sea sujeto obligado al pago del impuesto sobre la renta, ni que deduzca en términos de la ley que regula dicha contribución, sino que los montos relativos al impuesto al valor agregado que pagó por concepto de adquisiciones (en virtud del traslado que le haya sido hecho) o importaciones del mes de que se trate, para que sean considerados en el acreditamiento o devolución de dicha obligación tributaria, deben ser considerados como deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, lo que tiene su plena justificación, al tratar el legislador de evitar que el contribuyente pretenda acreditar el impuesto al valor agregado, por concepto de adquisiciones o importaciones que no guardan una necesaria relación con los productos y materias primas que precisa para realizar la actividad preponderante a la que se dedica.
"En ese contexto, si la autoridad responsable al emitir el fallo combatido, avaló la interpretación errónea del artículo 4o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, acorde a los razonamientos expresados con anterioridad, y con ello determinó la validez de la resolución administrativa combatida en el juicio de nulidad, entonces, como bien lo aduce la quejosa, dicha sentencia se encuentra emitida en contravención al dispositivo 16 constitucional, por encontrarse indebidamente motivada, pues si por motivación se entiende, que en el acto de la autoridad jurisdiccional se han de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para la emisión de la resolución condigna, y dicha motivación, así como la debida fundamentación de tal resolución, acorde a lo establecido por el artículo 16 del Pacto Supremo de la Unión, es una exigencia esencial para establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de aquéllas, y eliminar en la medida de lo posible la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, para permitir a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano resolutor de la impugnación constitucional determinar si existe o no la violación a la garantía constitucional, como en el presente caso acontece, lo que conmina a la autoridad resolutora a hacer una correcta ponderación entre los fundamentos invocados y los hechos génesis de la determinación adoptada, plasmando dicha yuxtaposición en la resolución de mérito, motivando así adecuadamente su sentencia, entonces ante la incorrecta apreciación que la Sala responsable hizo del dispositivo invocado al inicio del presente párrafo, inconcuso resulta, que la resolución combatida carece de la debida motivación a que alude el artículo constitucional citado ..."
Asimismo, resulta pertinente precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el dieciséis de agosto de dos mil siete, la revisión fiscal 83/2007, en lo conducente, sostuvo:
"En el segundo de los agravios, la autoridad recurrente alega que la Sala Fiscal no estuvo en lo correcto al estimar procedente la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, en la proporción que representan los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta por parte de la entonces sociedad actora, respecto de los periodos de enero a diciembre de dos mil cuatro, ya que, según precisó, la Ley del Impuesto al Valor Agregado no condiciona a que el contribuyente sea sujeto obligado del impuesto sobre la renta, ni que deduzca en términos de esta última ley, y las erogaciones donde se trasladó a la aludida sociedad el impuesto al valor agregado no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, en términos de los artículos 32, fracción II y 81 de la ley de este último tributo, por lo cual esa sociedad no tiene derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado, dada la mecánica establecida en el artículo 4o. de la legislación relativa; esto es, si se toma en cuenta que para fines del impuesto sobre la renta no son deducibles las erogaciones efectuadas por la sociedad actora en la proporción que representan sus ingresos exentos, no existe impuesto al valor agregado que acreditar en la proporción que representan los ingresos exentos, de ahí la improcedencia de los saldos a favor solicitados.
"Resulta fundado el agravio anterior.
"Con el objeto de poner en claro la conclusión a la que se arribó, en principio, resulta necesario destacar que para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, tratándose de erogaciones por las cuales se hubiere trasladado a la otrora sociedad actora el referido tributo, se requiere que éstas sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
"En efecto, la Ley del Impuesto al Valor Agregado utiliza el sistema de deducciones del impuesto sobre la renta, en virtud de que éstas se originan con las erogaciones estrictamente indispensables para que las empresas lleven a cabo sus actividades, lo cual constituye una característica de las erogaciones susceptibles de ser acreditables, en términos del primero de los requisitos señalados para tal efecto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 4o. de la ley del referido tributo, vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro. Dicho precepto legal dispone lo que sigue:
"‘I. ... Asimismo, el contribuyente identificará el monto equivalente al del impuesto al valor agregado que le hubiera sido trasladado y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, por las adquisiciones señaladas en el párrafo anterior, efectuadas en el mes de calendario de que se trate, que sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.’
"Así pues, el legislador estableció en el numeral antes reproducido que únicamente las erogaciones deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrían ser tomadas en consideración para aplicar el acreditamiento del impuesto al valor agregado, toda vez que al ser dichas deducciones un beneficio para el cálculo del impuesto sobre la renta, pueden reflejarse de igual manera en el impuesto al valor agregado al considerarse como base del impuesto acreditable.
"La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el impuesto a cargo del ejercicio será el que resulte de aplicar la tasa correspondiente a la diferencia de restar las deducciones autorizadas a los ingresos acumulables, lo cual quiere decir que el legislador determinó que sólo los gastos y erogaciones que tienen una relación directa e indispensable para la realización de los fines de los sujetos del impuesto podrían ser deducibles.
"En igual forma, el legislador trasladó tal razonamiento al cálculo del impuesto al valor agregado, al establecer que para obtener el impuesto acreditable únicamente se podrá tomar en cuenta el impuesto al valor agregado pagado por los conceptos que son deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, pues de no preceptuar dicha relación entre los citados impuestos existiría la posibilidad de que gastos o erogaciones que no se pueden deducir en el cálculo del impuesto sobre la renta se acrediten al momento de calcular el impuesto al valor agregado.
"De ese modo, resulta clara la congruencia existente entre los impuestos de que se trata, porque al atender el acreditamiento del impuesto al valor agregado a la deducibilidad de las erogaciones para efectos del impuesto sobre la renta, aquél debe sujetarse a las reglas aplicables para las deducciones previstas en la ley de este último tributo.
"Desde esa óptica cabe concluir que la Sala Fiscal no estuvo en lo correcto al estimar que el artículo 4o., fracción IV, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente para el ejercicio dos mil cuatro, no condiciona a que el contribuyente sea sujeto obligado del impuesto sobre la renta, ni que deduzca en términos de la referida legislación, pues, como se vio, sólo se considerará para efectos de la determinación del impuesto al valor agregado acreditable, el monto equivalente al del impuesto que hubiere sido trasladado al contribuyente, en la proporción en que las erogaciones relativas sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta, lo que de suyo implica que el particular debe encontrarse obligado al pago de este último tributo.
"Por otro lado, debe decirse que la Sala Fiscal tampoco estuvo en lo correcto al estimar procedente la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, en la proporción que representan los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta por parte de la entonces sociedad actora, respecto de los periodos de enero a diciembre de dos mil cuatro, pues tal sociedad no puede aplicar la mecánica para acreditar el impuesto al valor agregado por no contar con erogaciones deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, lo cual se exige para el acreditamiento del impuesto al valor agregado, de conformidad con lo previsto en la ley del tributo antes mencionado.
"Para apoyar esta conclusión, conviene tener presente el texto del artículo 4o., fracciones I y IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, que prevén (sic) el procedimiento para el acreditamiento del citado tributo. Dicho precepto legal dice así:
"‘I. ... Asimismo, el contribuyente identificará el monto equivalente al del impuesto al valor agregado que le hubiera sido trasladado y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, por las adquisiciones señaladas en el párrafo anterior, efectuadas en el mes de calendario de que se trate, que sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. ... IV. El monto identificado en los términos de la fracción I de este artículo y, en su caso, del cuarto párrafo del mismo, adicionado con el monto que resulte en los términos de la fracción III que antecede, será el impuesto acreditable del mes de calendario de que se trate. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos de la determinación del impuesto acreditable, el monto equivalente al del impuesto que hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del citado impuesto sobre la renta. ...’
"Según se advierte de la fracción I del precepto legal ya reproducido, se entiende por impuesto acreditable el monto que resulte conforme al procedimiento señalado en tal artículo, para lo cual deben determinarse las adquisiciones que se hubieren efectuado en el mes de calendario, siempre que se trate de las materias primas y productos terminados o semiterminados a que se refieren los artículos 29, fracción II, primer párrafo y 123, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los cuales se establece que se podrán deducir dichas adquisiciones de mercancías tanto por personas morales como físicas con actividades empresariales o que presten servicios profesionales.
"Por su parte, la fracción IV del numeral antes transcrito, dispone la forma como se determina el monto del impuesto acreditable por el mes de que se trate, y en relación con las erogaciones establece que únicamente se considerarán para los efectos de la determinación del impuesto acreditable, el monto equivalente al del impuesto que hubiera sido trasladado al contribuyente en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta.
"Así las cosas, puede decirse que para la determinación del impuesto al valor agregado acreditable, tratándose de erogaciones por las cuales se hubiere trasladado el tributo al contribuyente, se requiere que éstas sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, lo que implica que el particular debe encontrarse obligado al pago de este último tributo, lo que no sucede en el caso.
"En efecto, en este caso la entonces sociedad actora no está obligada al pago del impuesto sobre la renta, atento a lo dispuesto por el artículo 81, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por gozar de una exención con motivo de las actividades ganaderas que llevó a cabo en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro y por no haber obtenido ingresos superiores a veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica de la citada contribuyente elevado al año por cada uno de sus socios o asociados, sin exceder en su totalidad de doscientas veces el salario mínimo general, correspondiente al área geográfica por el Distrito Federal elevado al año, lo cual no fue impugnado en modo alguno por la propia sociedad en el juicio de nulidad.
"En tal virtud, resulta claro que la otrora sociedad actora no llevó a cabo procedimiento alguno para efectos de enterar el impuesto correspondiente, lo que se traduce en que efectivamente no realizó ninguna deducción, motivo por el cual jurídicamente se encontraba impedida para aplicar la mecánica del acreditamiento para efectos del pago del impuesto al valor agregado, en la proporción que representan sus ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta, pues, como se vio, conforme a dicha mecánica sólo se podrán considerar para determinar el impuesto acreditable las erogaciones deducibles en términos del impuesto sobre la renta.
"Consecuentemente, es dable concluir que, adverso a lo considerado por la Sala Fiscal, el hecho de que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado no se establezca en forma sacramental que para poder acreditar las erogaciones o adquisiciones, éstas se deben haber deducido efectivamente para efectos del impuesto sobre la renta, ello no implica que por tal motivo el requisito de erogaciones deducibles pueda cumplirse por una persona exenta del pago de impuesto sobre la renta.
"Se explica de mejor manera lo anterior, si se tiene en cuenta que quienes no contribuyen en materia de impuesto sobre la renta, en el caso por gozar de una exención, no pueden contar con erogaciones que participen del requisito de deducibilidad, atento a que dichas deducciones tienen como finalidad disminuir la base de la imposición y en el caso al encontrarse la entonces sociedad actora exceptuada del supuesto de la imposición en función de lo establecido por el legislador en el artículo 81, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es evidente que la contribuyente legal y materialmente no puede contar con erogaciones deducibles para el ejercicio de dos mil cuatro.
"Por lo anterior, puede decirse que la Sala Fiscal no estuvo en lo correcto al estimar procedente la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, en la proporción que representan los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta por parte de la entonces sociedad actora, respecto de los periodos de enero a diciembre de dos mil cuatro, pues, como se pudo ver, en el presente caso la otrora sociedad actora está exenta del pago de este último impuesto, de ahí que no puede aplicar la mecánica para acreditar el impuesto al valor agregado al no contar con erogaciones deducibles, lo que exige la Ley del Impuesto al Valor Agregado para la determinación del impuesto acreditable y, ante ello, es claro lo fundado del agravio que nos ocupa ..."
CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual deba pronunciarse tratándose de contradicción de tesis, es decir, para que se pueda dirimir qué criterio debe prevalecer, debe existir una oposición respecto de una misma situación legal, debiendo suscitarse, además, entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provenga del examen de los mismos elementos.
Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."(1)
Con base en lo expuesto, se arriba a la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20702-028ea04c/valor-agregado-interpretacion-de-la-expresion-que-sean · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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