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Modo: Corpus Pro

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-012-SCFI-2006. PROCEDE NEGAR LA SUSPENSIÓN SOLICITADA EN SU CONTRA, YA QUE DE CONCEDERSE SE SEGUIRÍA UN PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 180/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20699
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 1491.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 180/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, a contrario sensu, y octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el recurso de queja 106/2007.

TERCERO. Posturas contendientes

1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Al resolver el recurso de queja 106/2007, el cinco de julio de dos mil siete, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. ...

"...

"Por otra parte, del pliego de agravios se advierte que el recurrente aduce, en síntesis, que el auto impugnado adolece de la debida fundamentación y motivación, ya que para negar la suspensión provisional del acto reclamado no basta que se invoque la afectación al interés social u orden público, sino que se debe analizar cada caso en particular atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento de la valoración. Que si se hubiese concedido la suspensión provisional solicitada, no se le estaría privando a la colectividad de un beneficio proveniente de la norma emergente, porque su contenido es cumplido por la quejosa a través de la diversa norma oficial mexicana NOM-142-SSA1-1995, así tampoco se le ocasiona un daño a la colectividad, ‘porque el destilado de agave que mi representada elabora cumple con los estándares de calidad y de información comercial’; que tal norma exige a los productores de destilados de agave, la misma información que exige la norma emergente reclamada. Esgrime, que el a quo no tomó en cuenta los argumentos que se le expusieron ni aplicó las tesis y jurisprudencias firmes que se invocaron al solicitar la medida cautelar; que la suspensión es procedente ‘porque con la ejecución de la norma emergente se estarían causando a mi representada daños de difícil reparación, en razón de que la vigencia de la norma es de seis meses prorrogable con condiciones por una única vez, y al obligarnos a cambiar la formulación del producto que elabora la quejosa, de un 51% de azúcares de agave al 100%, así como a cambiar etiquetas, elaborar los nuevos costos y fijar nuevos precios mas altos, nos estaría eliminando del mercado sin tomar en cuenta los derechos creados’. Que el daño sería irreparable porque el amparo ‘se quedaría sin materia y el daño consumado lo que nos pone en riesgo de cerrar la empresa con la consecuente pérdida de los empleos actuales’. Aduce, que la norma que se combate no intenta evitar riesgos para la seguridad de las personas, sino esencialmente se enfoca a que se le de información suficiente al consumidor respecto del producto que adquiere, pues se trata de una norma de carácter comercial (normas que expide la Secretaría de Economía) y no una norma de tipo sanitario (normas que expide la Secretaría de Salud). Argumenta, que ‘no pone en riesgo la salud o integridad de las personas consumidoras de destilado agave que elabora mi representada el hecho de que la etiqueta que se usa actualmente y que cumple con las normas NOM-142-SSA1-1995 y NMX-046-NORMEX-1995’; que no se ha recibido una sola reclamación de los distribuidores de sus productos en el que (sic) se hayan quejado de algún problema reportado por los consumidores respecto del producto. Que se omitió atender la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; así como lo dispuesto en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, ‘pues de no concederse la suspensión se causarían a mi representada, daños y perjuicios de difícil reparación’. Aduce, que la sola expedición de nuevas regulaciones no justifican el que se impida la producción y venta realizadas bajo los lineamientos de normas anteriores, porque la sociedad está interesada también en la seguridad jurídica que implica el acato a las disposiciones regulatorias de las actividades de la sociedad; y, que dado que la quejosa acató la normatividad vigente, no se afecta a la sociedad con la suspensión en contra de nuevas normas. El recurrente apoya su argumentación, en el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 15/2007; así como en la interlocutoria dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el expediente 730/2007. Y, en las tesis de rubros: ‘CERVEZA, SUSPENSIÓN EN CASO DE VENTA DE.’, ‘SUSPENSIÓN EN AMPAROS INDIRECTOS EN MATERIA DE TRABAJO.’, ‘SUSPENSIÓN. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APORTAR PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.’, ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PROCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE QUE SE REMITAN LOS AUTOS AL NOTARIO PARA LA ESCRITURACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE UN INMUEBLE, PORQUE ESA EJECUCIÓN ENTRAÑA UNA DIFÍCIL REPARACIÓN.’, ‘REMATE, SUSPENSIÓN CONTRA SUS EFECTOS, CUANDO HA SIDO EJECUTADO AQUÉL.’ y ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL QUEJOSO.’. Los sintetizados argumentos de agravio son jurídicamente ineficaces. Como una cuestión previa, resulta importante establecer que del relato inmediato anterior, se observa que el recurrente alega insistentemente, que el auto recurrido se encuentra deficientemente fundado y motivado; lo cual, de la lectura integral al acuerdo impugnado se advierte inexacto, debido a que el Juez Federal, para efectos de negar la medida cautelar solicitada, se apoyó en lo dispuesto por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, así como en las jurisprudencias que invocó -las cuales se integran a la fundamentación-; asimismo, expresó los motivos que, a su consideración, se adecuaron a los fundamentos citados. Empero, aún más, de estimarse que el auto recurrido adolece de la debida fundamentación y motivación, en todo caso, es una cuestión que debe ser reparada por este Tribunal Colegiado al asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda; de ahí que las consideraciones que enseguida se expondrán, complementen la determinación impugnada. Al respecto, es menester invocar la jurisprudencia P./J. 10/2001 -obligatoria para este tribuna federal (sic), conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo- sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, página 13, que al tenor, epígrafe y sinopsis, expresa: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA. El análisis sistemático de los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que respectivamente determinan la naturaleza de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como las reglas de procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja contra el acuerdo en que se concede o niega esa medida, permiten establecer que la omisión de fundar y motivar el acuerdo que resuelve la suspensión provisional de los actos reclamados, alegada como agravio, debe ser reparada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el trámite del recurso de queja correspondiente. Esto es así, porque la omisión apuntada se constriñe a una violación procesal cometida en el dictado del acuerdo impugnado, que lo nulifica, permitiendo al tribunal de alzada asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda, esto es, sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente, si niega o concede la medida suspensional, al contar con las constancias pertinentes, es decir, toda pieza de autos relacionada con esa medida, que el Juez de Distrito tiene obligación de enviarle junto con el escrito de queja, para fundar y motivar su determinación y así cumplir con la finalidad de decidir con celeridad y urgencia la medida suspensional, para evitar que quede sin materia y sobre todo que los actos reclamados se ejecuten o se sigan ejecutando causando al quejoso notorios daños y perjuicios de difícil reparación, en caso de obtener la concesión del amparo.’ -lo resaltado corresponde a este tribunal Federal-. Así como el criterio -que, por analogía en el caso concreto, se comparte-, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2003, (sic) tesis IV.3o.A.8 K, página 1785, cuyo rubro y texto, a la letra, establece: ‘QUEJA. EL TRIBUNAL QUE CONOCE DEL RECURSO TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, AUN BAJO CONSIDERACIONES DIVERSAS A LAS EXPUESTAS POR EL A QUO. En el conocimiento del recurso de queja hecho valer contra la negativa de conceder la suspensión provisional declarada por el Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado está facultado para analizar la procedencia de la suspensión provisional y confirmar dicha negativa, aun desde un aspecto diverso al considerado en la resolución recurrida, si de las constancias de autos se advierte que el sentido de la resolución impugnada, pese a estimarse correcto, no puede sostenerse en las consideraciones expuestas por el a quo.’ -lo resaltado corresponde a este órgano colegiado-. Sentado lo anterior, este tribunal Federal considera que, como objetivamente correcto lo sostuvo el juzgador de primer grado y contrario a lo aducido por el quejoso recurrente, la suspensión provisional solicitada respecto de ‘la ejecución de la norma oficial que se reclama’ deviene improcedente, por lo siguiente: Como una cuestión previa, es menester establecer que este órgano colegiado acata la jurisprudencia 2a./J. 81/2002 -obligatoria para este Tribunal Colegiado, conforme lo dispone el artículo 192, de la Ley de Amparo-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 357, cuyo rubro y texto, al tenor, expresa: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Colegiado-. Pues bien, para dar sustento a la determinación que este Tribunal Colegiado asume, resulta importante tener presente lo que al respecto dispone el artículo 124, fracción II, inciso d), de la Ley de Amparo: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"‘...

"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"‘Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

"‘...

"‘d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; ...’ -lo resaltado corresponde a este tribunal federal-. Como se advierte del transcrito dispositivo legal, para decretar la suspensión de los actos reclamados, es menester que, entre otros, se cumpla con el requisito de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Tales aspectos -interés social y orden público-, si bien no se ha establecido un criterio que los defina concluyentemente, debe entenderse que se refiere a la satisfacción de las necesidades de una colectividad. Luego, se contravienen disposiciones de orden público y se produce un perjuicio al aludido interés social cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. La consideración inmediata anterior quedó establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación (sic) Tomo II, tesis 8, página 44, que a la letra, rubro y texto, expresa: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.’ -lo resaltado corresponde a este tribunal federal-. Como quedó apuntado, el precitado numeral -inciso d), de la fracción II del artículo 124, de la Ley de Amparo-, prevé los casos en los que se considera que sí se sigue perjuicio al interés social, cuando de concederse la suspensión definitiva, se impida la ejecución de medidas para combatir la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza o que por ese motivo afecte la salud de las personas. Por tanto, para determinar si con la suspensión solicitada contra la aplicación de la norma oficial mexicana de emergencia reclamada, se sigue perjuicio al interés social, debe atenderse a las consideraciones vertidas en la propia norma oficial que motivó su expedición. Sobre el particular, se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, IV, (sic) noviembre de 1996, página 452, tesis XIV.2o.7 A, que a la letra, título y contenido, expresa: ‘INTERÉS SOCIAL, PARA DETERMINAR SI SE SIGUE PERJUICIO AL, PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN, DEBE ATENDERSE A LOS MOTIVOS DEL DECRETO IMPUGNADO. Para determinar si con la suspensión solicitada contra un decreto del gobernador de un Estado, expedido en relación con la actividad ganadera, se sigue perjuicio al interés social, debe atenderse a las consideraciones vertidas en el propio decreto que motivaron su expedición, como sería, por ejemplo, que la cría de ganado bovino constituye uno de los pilares de la economía del sector rural del Estado, que su consumo representa una de las principales fuentes alimentarias de la población, generando importantes ingresos para numerosas personas dedicadas a su comercialización y que se ha determinado un considerable descenso del número de cabezas de ganado bovino en los diversos agostaderos del lugar; en virtud de que tales manifestaciones evidencian un interés colectivo en la conservación de la producción y comercialización ganadera, lo que se traduce en una medida de interés social, razón por la cual, en esta hipótesis no se cumple con el indicado requisito de procedencia, contenido en la fracción II, del artículo 124 de la Ley de Amparo.’ -lo resaltado corresponde a este tribunal Federal-. Así pues, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-012-SCFI-2006, así como su prórroga, al tenor, disponen: ‘Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-012-SCFI-2006, bebidas alcohólicas-bebidas alcohólicas-destilados de agave-especificaciones, información comercial, etiquetado y métodos de prueba. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y considerando. Que es responsabilidad del Gobierno Federal establecer las características y/o especificaciones que deban reunir los productos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas, así como determinar la información comercial que deben cumplir las etiquetas y los envases de los productos para dar información al consumidor; Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, prevén disposiciones orientadas a salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas, como una finalidad de las normas oficiales mexicanas; Que debido al considerable incremento de la comercialización de las bebidas destiladas de agave que ostentan información incierta, se ha detectado que existe un engaño notable al consumidor, el cual incide directamente en su economía y en el derecho que éste tiene de ser informado. Que esta secretaría tiene bajo su responsabilidad regular los aspectos normativos que garanticen al consumidor la seguridad necesaria en la comercialización y el manejo de los productos, por lo que se considera indispensable contar con una regulación nacional de cumplimiento obligatorio que permita controlar de manera inmediata y eficiente la comercialización de las bebidas alcohólicas destiladas de agave, sin crear obstáculos técnicos al comercio internacional; Que esta Secretaría de Economía ha concluido que existen las condiciones a que hace alusión el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, al considerarse que existe un riesgo inminente en el ámbito nacional del producto en cuestión, el cual puede atentar contra las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que tratándose de un caso de emergencia, esta dependencia ha decidido hacer uso de la facultad que la ley de la materia le confiere y expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-012-SCFI-2006, bebidas alcohólicas-bebidas alcohólicas-destilados de agave-especificaciones, información comercial, etiquetado y métodos de prueba. México, D.F., a 29 de noviembre de 2006. El director general de normas, Miguel Aguilar Romo. Rúbrica.’

"‘Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-012-SCFI-2006, bebidas alcohólicas-bebidas alcohólicas-destilados de agave-especificaciones, información comercial, etiquetado y métodos de prueba

"‘Índice del contenido

"‘Número del capítulo

"‘0. Introducción

"‘1. Objetivo y campo de aplicación

"‘2. Referencias

"‘3. Definiciones

"‘4. Métodos de prueba

"‘5. Información comercial

"‘6. Vigilancia

"‘7. Bibliografía

"‘8. Concordancia con normas internacionales

"‘Transitorios

"‘0. Introducción

"‘Durante el presente año, la Procuraduría Federal del Consumidor, en ejercicio de sus facultades de verificación y con labores previas de inteligencia, ha llevado a cabo programas ordinarios y especiales de verificación a bebidas alcohólicas, así como operativos conjuntos con otras dependencias del Gobierno Federal y, atendiendo las denuncias de particulares, ha realizado más de 2,934 visitas de verificación en diversos Estados de la República mexicana. Así, durante los últimos 15 meses, se ha ordenado la prohibición de la comercialización -previo dictamen de laboratorio- de 83 marcas de dichos productos, además de haber destruido 392,514 litros de pseudotequilas, pseudomezcales, aguardientes, destilados y licores de agave, caña y otros sucedáneos. Asimismo, se puede observar que, en los últimos meses, ha habido un crecimiento exponencial e inesperado en la producción y comercialización de bebidas que se ostentan como espirituosas producidas a partir de materias primas vegetales de la familia de las agaváceas, y que no provienen de dicha materia prima, ocasionando con ello un engaño al consumidor y lesión de sus derechos. 1. Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de esta NOM-EM es el de determinar las especificaciones, información comercial, etiquetado y métodos de prueba, de las bebidas alcohólicas producidas a partir de materias primas vegetales de la familia de las agaváceas que se produzcan y/o comercialicen en territorio nacional, a efecto de dar información veraz al consumidor o usuario. Esta NOM-EM no aplica a aquellas bebidas alcohólicas que se encuentran protegidas por una denominación de origen declarada en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, o a aquellas que les resulte aplicable una norma oficial mexicana específica. 2. Referencias. Para la comprobación de las especificaciones establecidas en la presente NOM-EM, se aplicarán las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas que se mencionan a continuación: NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. NOM-030-SCFI-1993. Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta-especificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 1993. NOM-117-SSA1-1994. Bienes y Servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. NOM-142-SSA1-1995 Bienes y servicios-bebidas alcohólicas-especificaciones sanitarias-etiquetado sanitario y comercial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 1997. NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996. NMX-V-004-NORMEX-2005 Bebidas alcohólicas-determinación de furfural-métodos de ensayo (prueba), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005. NMX-V-005-NORMEX-2005 Bebidas alcohólicas-determinación de aldehídos, ésteres, metanol y alcoholes superiores-métodos de ensayo (prueba), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005. NMX-V-006-NORMEX-2005 Bebidas alcohólicas-determinación de azúcares reductores directos y totales-métodos de ensayo (prueba), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005. NMX-V-013-NORMEX-2005. Bebidas alcohólicas-determinación del contenido alcohólico (por ciento de alcohol en volumen a 293 K) (20º C) (% Alc. Vol.)-métodos de ensayo (prueba), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005. NMX-V-017-NORMEX-2005 Bebidas alcohólicas-determinación de extracto seco y cenizas-métodos de ensayo (prueba), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005. 3. Definiciones. Para los efectos de esta NOM-EM se establecen en orden alfabético las definiciones siguientes: 3.1 Agave. La planta de la familia de las agaváceas, de hojas largas y fibrosas, de forma lanceolada, de cualquier especie, cuya parte aprovechable es la piña o cabeza. 3.2 Adulteración. Cualquier modificación al proceso de elaboración de los destilados de agave o a las especificaciones de los destilados de agave, en términos de esta NOM-EM. 3.3 Destilación. La separación de los constituyentes de una mezcla líquida por vaporización parcial de la misma y recuperación de los vapores y residuos; es decir, la separación de una mezcla de sustancias en donde se fraccionan las volátiles de un residuo no volátil. La destilación alcohólica está basada en que el alcohol etílico, siendo más ligero que el agua, vaporiza a una temperatura menor que el punto de ebullición del agua, por lo que los vapores que suben pueden ser condensados y convertidos a forma líquida con un alto contenido alcohólico. 3.4 Destilados de agave. Es la bebida alcohólica obtenida de la destilación de mostos fermentados preparados con azúcares provenientes de agaves de diferentes especies silvestres o cultivadas en cualquier entidad federativa, cuyos límites mínimo y máximo en alcoholes superiores (aceite de fusel o alcoholes de peso molecular superior al etílico, como alcohol amílico) van de 20 mg/100 ml a 500 mg/100 ml de alcohol anhidro y límites mínimo máximo de metanol van de 30 a 300 mg/100 ml de alcohol anhidro. Su contenido alcohólico es de 25% a menos de 35% de Alc. Vol.; su límite máximo en azúcares reductores totales (g/l) es de 15 (excepto, en aquellos destilados de agave adicionados cuyo límite máximo es de 75 g/l); su límite mínimo de acidez volátil (como ácido acético) de 5 mg/100 ml y el máximo de 120 mg/100 ml de alcohol anhidro; su límite máximo de aldehídos (como acetaldehído) de 40 mg/100 ml de alcohol anhidro y el de furfural de 4 mg/100 ml de alcohol anhidro. Los destilados de agave pueden ser incoloros o coloreados; con aroma y/o sabor, utilizando productos vegetales naturales, aditivos y/o productos de origen animal permitidos por la Secretaría de Salud. Los mostos no son susceptibles de ser enriquecidos con otros azúcares y tampoco se permiten las mezclas en frío. 3.4.1 Destilado de Agave Blanco. Producto sin maduración, con un contenido alcohólico comercial que, en su caso, debe ajustarse con agua de dilución y cuyo límite mínimo de extracto seco (g/l) debe ser de 0,01 y el máximo de 0,30 y límite mínimo y máximo de ésteres (como acetato de etilo) va de 2 mg/100 ml a 200 mg/ml de alcohol anhidro. 3.4.2 Destilado de Agave Maduro. Producto sometido a maduración por un periodo mínimo de dos meses en contacto directo en recipientes de madera de roble blanco o encino y cuyo límite mínimo de extracto seco (g/l) debe ser de 0,01 y el máximo de 5 y límite mínimo y máximo de ésteres (como acetato de etilo) va de 2 mg/100 ml a 250 mg/100 ml de alcohol anhidro. 3.4.3 Destilado de Agave Añejo. Producto sometido a maduración por un periodo mínimo de doce meses en recipientes de madera de roble blanco o encino y cuyo límite mínimo de extracto seco (g/l) debe ser de 0,01 y el máximo de 5 y límite mínimo y máximo de ésteres (como acetato de etilo) va de 2 mg/100 ml a 250 mg/100 ml de alcohol anhidro. 3.4.4 Destilado de Agave adicionado de: Aquel destilado de agave, ya sea blanco, maduro o añejo, que es adicionado con aromatizantes, saborizantes, edulcorantes o colorantes, permitidos por la Secretaría de Salud, cuyo límite mínimo de extracto seco (g/l) debe ser de 0,01 y el máximo de 85 y límite mínimo y máximo de ésteres (como acetato de etilo) va de 2 mg/100 ml a 200 mg/100 ml de alcohol anhidro. 3.4.5 Cualquier desviación a las especificaciones contenidas en los numerales 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 y 3.4.4 se considera como adulteración. 3.5 Etiqueta. Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra forma descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, graba

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20699-026d3442/norma-oficial-mexicana-de-emergencia-nom-em-012-scfi-2006-procede-negar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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