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Modo: Corpus Pro

AFIRMATIVA FICTA. LA PERSONA QUE ADUCE TENER UN DERECHO INCOMPATIBLE CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL RELATIVO, TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO SU FALTA DE LLAMAMIENTO A ÉSTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2017. · Registro digital (IUS): 28058
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-09-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Pág. 1282.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RENÉ OLVERA GAMBOA, HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. DISIDENTES: ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO Y JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. PONENTE: ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO; CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. ENCARGADO DEL ENGROSE: HUGO GÓMEZ ÁVILA. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis número 26/2017; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho órgano colegiado en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 149/2017 y el diverso sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 86/2014.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecisiete,(1) el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió la denuncia de contradicción de tesis, registrándola con el número de expediente 26/2017, al tenor de los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(2)

En el mismo acuerdo, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitiendo copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 149/2017. Se solicitó a la presidencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, remitiera copia certificada de la sentencia que dictó al resolver el amparo en revisión 86/2014, e informara si el criterio sustentado en dicho asunto materia de la denuncia, se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y, por último, se ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara sobre la existencia o no, de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País, que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete,(3) se tuvo por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual, remitió la copia certificada de la ejecutoria que le fuera solicitada, informando que el criterio ahí sustentado se encuentra vigente.

Por último, mediante proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho,(4) la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se encontró radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alguna contradicción relacionada con el tema a tratar en este asunto.

En el mismo acuerdo se ordenó turnar los autos al Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues son los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito quienes la formulan.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario puntualizar previamente algunos antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios relativos, así como las consideraciones conducentes que sustentaron las sentencias que, respectivamente, dictaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, destacando las que, a continuación, se indican:

• Primera postura: Recurso de revisión 149/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Antecedentes:

**********, por su propio derecho y como administrador general único de **********, promovió amparo indirecto contra actos de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco y otras autoridades, consistentes en todo lo actuado en el juicio administrativo **********, relativo al procedimiento especial de negativa ficta, así como las consecuencias inherentes, alegando violación al derecho de audiencia por falta de llamamiento a ese procedimiento, dentro del cual tiene el carácter de tercero con derechos incompatibles, respecto de la pretensión deducida por el promovente.

Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo del Tercer Circuito, en donde se admitió a trámite y registró con el número de expediente **********; y seguido el juicio por sus cauces, el día uno de diciembre de dos mil dieciséis, luego de celebrada la audiencia constitucional, se dictó la resolución relativa concediendo el amparo solicitado, para los efectos siguientes:

"1. Las autoridades responsables dejen insubsistentes las sentencias reclamadas, así como todo lo actuado en los procedimientos de origen, incluyendo la resolución dictada en el expediente Pleno número **********, por la que resolvió confirmar la sentencia emitida por la Cuarta Sala Unitaria de dicho tribunal, en el citado juicio administrativo **********;

"2. Y una vez hecho lo anterior, den intervención a la aquí parte quejosa, con el carácter de tercero interesado que quedó elucidado en este fallo, cuidando que la defensa y audiencia se extiendan en los términos que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto, esto es, cumpliendo con lo necesario para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"Concesión que se hace extensiva a los diversos actos reclamados a las responsables Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco; y, Comisión de Dictaminación Ventanilla Única de dicha Secretaría, mismos que precisados quedaron en el considerando segundo de la presente sentencia, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino como consecuencia de los anteriormente analizados."(5)

En desacuerdo con esa sentencia, el tercero interesado –promovente en el procedimiento de origen– interpuso recurso de revisión que, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 149/2017; y en sesión plenaria de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió confirmar el fallo protector recurrido.

Para resolver en ese sentido, se apoyó en las siguientes consideraciones medulares:

I. Luego de desestimar las causas de improcedencia que hizo valer el tercero interesado recurrente, relativas al cambio de situación jurídica por el dictado de la sentencia en el procedimiento de origen y al consentimiento tácito de los actos reclamados (aspectos que, como más adelante se verá, no son materia de la presente contradicción), declaró infundado el agravio en que se planteó la diversa causa de improcedencia basada en que la parte quejosa carecía de interés jurídico o legítimo, porque, para ello, debió ejercer previamente los derechos regulados por los artículos 357 del Código Urbano para el Estado de Jalisco y 57 de la Ley General de Asentamientos Humanos, atinentes al desarrollo urbano y legalidad, en relación con la jurisprudencia de rubro: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO, DE LOS RESIDENTES DE UN ÁREA AFECTADA EN RELACIÓN CON LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 47, COINCIDENTE CON EL ACTUAL 57 DE LA LEY RELATIVA, SÓLO SE ACREDITA CUANDO SE DEMUESTRA QUE PREVIAMENTE SE ACUDIÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE.";(6) y que, por tanto, el Juez de Distrito no debió determinar que la quejosa debía ser llamada a juicio, porque de ser así sólo se lesionarían los derechos de quien solicitó el permiso de construcción, en virtud de que sólo causa agravio a quien lo tramita.

II. Esa desestimación se sustentó toralmente en que el numeral 357 del Código Urbano que cita, el recurrente establece un derecho a favor de los habitantes propietarios de predios y fincas que resulten directamente afectados por edificaciones y urbanizaciones realizadas en el área, cambios de uso del suelo u otros aprovechamientos que contravengan las leyes y programas, o planes que originen un deterioro a la calidad de la vida de los asentamientos humanos; y el artículo 293 de la misma legislación, otorga el derecho a moradores y público en general a que se adopten medidas para proteger su seguridad.

III. No obstante, en el caso no son aplicables dichas disposiciones ni la tesis que cita el recurrente, porque de su lectura se advierte que para promover el juicio constitucional, el interés jurídico sólo se afecta a condición de que el derecho sustancial se ejercite ante la autoridad administrativa competente; y mientras ello no suceda, no hay un acto de autoridad que afecte el derecho subjetivo del gobernado que resida en el área.

IV. En ese contexto, bajo la consideración de que en el caso sí se demostró la existencia de esos actos de autoridad, con las documentales relativas al juicio administrativo **********, al recurso de apelación **********, interpuesto en el aludido juicio y al procedimiento especial de afirmativa ficta **********, relacionadas con el dictamen de trazos, usos y destinos específicos emitido por la Comisión de Dictaminación Ventanilla Única de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, así como con la afirmativa ficta respecto de la licencia de construcción; el propio Tribunal Colegiado resolvió que el interés jurídico de la parte quejosa se materializaba, sin necesidad de acudir previamente ante la autoridad administrativa a ejercer su derecho en materia urbanística, ya que esos actos de autoridad generaban una afectación a la parte quejosa, por tratarse de actuaciones tendientes a permitir el funcionamiento de la estación de gasolina de la tercero interesada.

V. Acotó que los dictámenes técnicos, pese a que constituyen actos declarativos, conforme al artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; dichos actos son definitivos, conforme al propio numeral y, por tanto, sí afectan los derechos de la parte quejosa, legitimándola así para acudir a la instancia constitucional, a fin de que se ordene su debido llamamiento al procedimiento de origen y haga valer los derechos incompatibles con la pretensión de la tercero interesada, configurándose con ello el supuesto previsto por el artículo 3, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al quedar justificado que el dictamen sólo favorece a una persona, pero su emisión afecta derechos de terceros en materia urbana.

VI. Advirtió que aun cuando la citada Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no prevé la intervención del tercero que tenga derechos incompatibles; ello no era obstáculo para otorgar la protección constitucional, a fin de que se emplace al juicio a la parte quejosa; pues sobre ello, pesa el derecho humano de audiencia y de defensa, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y para apoyar ese razonamiento, citó la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE."(7)

VII. Por todo ello, concluyó que –opuesto a lo sostenido por el inconforme– no era válido estimar que no se deba emplazar a la quejosa al procedimiento de afirmativa ficta de origen, bajo el argumento de que está en aptitud de comparecer ante la autoridad administrativa, para oponerse a la expedición de la licencia de edificación, o incluso que deba esperar a la emisión de la licencia de funcionamiento a fin de impugnarla; y así, el Tribunal Colegiado confirmó el fallo protector recurrido.

VIII. Finalmente, determinó denunciar la posible contradicción de tesis, entre la sustentada por el propio órgano colegiado en el asunto de trato, y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 86/2014.

• Segunda postura: Recurso de revisión 86/2014, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Antecedentes:

**********, por conducto de su apoderado general **********, promovió amparo indirecto contra actos de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco y otras autoridades, reclamando destacadamente la falta de llamamiento al procedimiento especial de afirmativa ficta ********** y sus consecuencias, alegando ser tercero con derechos incompatibles con la pretensión del promovente.

Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, donde se admitió a trámite y se registró con el número de expediente **********; y seguido el juicio por sus trámites, luego de haberse celebrado la audiencia constitucional, mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil catorce, en razón de la remesa de auxilio establecida en el Programa de Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, se ordenó remitir los autos al Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para el dictado de la sentencia correspondiente, a cuyo efecto se formó el expediente auxiliar 12/2014.

Así, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Juez de Distrito auxiliar dictó sentencia definitiva, en la que negó el amparo, por considerar que la afirmativa ficta se verifica en un procedimiento especial en que no se demanda en específico; que la legislación que rige ese procedimiento no contempla la participación de terceros interesados; y que la declaratoria que pudiera afectar a la moral quejosa, al emitirse como un acto regulatorio (ante la omisión de la autoridad de emitir resolución de manera expresa), se encuentra expedito su derecho para impugnar la validez de la licencia.

Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, turnado al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en donde se admitió y registró bajo el número de toca 86/2014, resuelto en sesión de veintidós de enero de dos mil quince, en la que revocó la negativa del amparo y sobreseyó en el juicio por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, tercer párrafo (actual cuarto), de la Ley de Amparo, referida a la improcedencia del juicio cuando no se afectan los intereses jurídicos del quejoso.

Para resolver en ese sentido, el Tribunal Colegiado se apoyó en las siguientes consideraciones torales:

I. La circunstancia de no llamar a la quejosa al procedimiento especial de afirmativa ficta previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no trastoca sus derechos subjetivos de manera personal y directa, motivo por el cual, no se afecta su interés jurídico.

II. Ello, porque la quejosa no es parte formal de la relación jurídico-procesal en el procedimiento especial de afirmativa ficta, pues su intervención no está legalmente establecida en las normas reguladoras de dicho procedimiento, pues en éste se determina únicamente si opera o no la afirmativa ficta, a partir del análisis de las constancias y documentos que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

III. En el caso, no cobra vigencia la regla del "derecho incompatible" previsto en el artículo 3, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, porque dicho procedimiento no es de carácter contencioso, pues no existe una litis o controversia entre partes opuestas; se trata de un procedimiento especial en el que sólo se verificó el cumplimiento de diversos requisitos legales, para resolver afirmativamente sobre la solicitud de cambio de proyecto de licencia de construcción; y al limitarse el procedimiento a esos aspectos, no podría reconocerse tercero interesado alguno. De ahí que, la falta de interés jurídico para reclamar la garantía de audiencia en el procedimiento especial de afirmativa ficta, hace improcedente el juicio de amparo.

IV. Por último, además de que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no prevé la participación de un tercero interesado en el procedimiento de afirmativa ficta, el único objeto de éste, es declarar o no la afirmativa ficta, sin resolver sobre el fondo de la solicitud de trámite del tercero interesado ante la autoridad municipal.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

En principio, sobre la base de que el objeto de una resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica;(8) para determinar si en la especie existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de la si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sobre el tópico, se atiende la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(9) (lo subrayado es propio)

En el caso a estudio sí existe la contradicción de tesis denunciada, por cuanto se materializan los requisitos que al efecto señala el criterio jurisprudencial en cita.

I. Cuestión litigiosa.

En efecto, los órganos jurisdiccionales contendientes decidieron sobre una similar cuestión jurídica, derivada de la litis objeto de los juicios de amparo indirecto respectivos, pues en ambos se reclamaron del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, la falta de llamamiento de los quejosos al procedimiento especial de afirmativa ficta y sus consecuencias, alegando ser terceros con derechos incompatibles respecto de la pretensión de los promoventes.

II. Punto de toque.

No obstante, los órganos de control constitucional contendientes, sostuvieron criterios divergentes en relación con si era factible o no, llamar al procedimiento de afirmativa ficta al tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del promovente.

Así es, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, tercer párrafo (actual cuarto), de la Ley de Amparo, porque el quejoso carecía de interés jurídico para reclamar la garantía de audiencia por falta de llamamiento al procedimiento especial de afirmativa ficta.

Ello, porque el tercero que alega tener un derecho incompatible con la pretensión deducida en ese procedimiento, no es parte formal de la relación jurídico-procesal, ya que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no establece su participación; y que en ese caso, no cobra vigencia la regla del "derecho incompatible" prevista en el artículo 3o., fracción III, del propio ordenamiento legal, porque dicho procedimiento especial no es de carácter contencioso en el que exista una litis o controversia entre partes opuestas, pues su única finalidad es verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley aplicable, para resolver afirmativamente sobre la solicitud de una licencia de construcción y operación de una estación de servicio (gasolinera), sin resolver sobre el fondo de la solicitud relativa, debido a lo cual, no podría reconocerse tercero interesado alguno.

Mientras que el denunciante Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó que no se materializaba la señalada causa de improcedencia, porque los actos de autoridad consistentes en el dictamen de trazos, destino y usos específicos de obras públicas, y el procedimiento de afirmativa ficta de la licencia de construcción pretendida, sí afectaban el interés jurídico del quejoso, por generar actuaciones tendientes a permitir la construcción y funcionamiento de una estación de gasolina de la tercero interesada en el amparo; y de ahí que el quejoso sí debía ser llamado al procedimiento de afirmativa ficta, en términos del artículo 3, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y al amparo del derecho fundamental de audiencia, por tener derechos incompatibles con la pretensión del actor, siendo irrelevante que la ley no prevea nada al respecto, porque sobre ello pesa ese derecho fundamental.

Como se ve, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron una cuestión litigiosa similar en la que ejercieron su arbitrio judicial interpretativo, en torno a la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, referida al interés jurídico necesario para demandar la protección constitucional, cuando el quejoso reclama una violación al derecho fundamental de audiencia, por su falta de llamamiento a un procedimiento especial de afirmativa ficta, alegando ser tercero con derechos incompatibles, respecto de la pretensión deducida en dicho procedimiento.

No obstante, ambos Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones opuestas, pues uno de ellos determinó que en el supuesto indicado, el quejoso carecía de interés jurídico para acudir al amparo, porque la legislación que regula el procedimiento especial de afirmativa ficta no contempla al tercero con derechos incompatibles como parte de la relación jurídico procesal; y que, por tanto, sí se actualizaba la señalada hipótesis de improcedencia. Mientras que el otro tribunal resolvió lo contrario, bajo la consideración de que, conforme al artículo 3, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y al amparo del derecho fundamental de audiencia, el tercero con derechos incompatibles con la pretensión del promovente del procedimiento de afirmativa ficta, sí debe ser llamado en respeto a su derecho fundamental de audiencia.

III. Cuestión jurídica.

Las premisas apuntadas conducen a este Pleno de Circuito a formular una pregunta general y genuina, en términos de la jurisprudencia invocada al inicio de este apartado, a saber:

¿La persona que se considere con un interés incompatible con la pretensión deducida en el procedimiento especial de afirmativa ficta que regula la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, tiene o no, interés jurídico para demandar la protección constitucional por violación a la garantía de audiencia, debido a su falta de llamamiento?

** No se inadvierte que, mediante Decreto 26437/LXI/17, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el veintiuno de octubre del dos mil diecisiete, se adicionó el artículo 109 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para incorporarse de manera expresa la figura jurídica de terceros afectados, o con un interés incompatible al acto regulativo que se solicita en el procedimiento especial de afirmativa ficta; no obstante, atendiendo a la época en que se dictaron las sentencias que participan en la presente contradicción de tesis, este Pleno de Circuito resolverá el presente asunto, tomando en cuenta la legislación vigente, antes de la reforma apunta.

QUINTO.—Estudio de fondo.

Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el sentido de que la persona que se considere con un interés incompatible al del promovente de una afirmativa ficta, sí tiene interés jurídico para reclamar en el amparo su falta de llamamiento; y, consecuentemente, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo,

Para dar sustento a este criterio, en principio, resulta importante puntualizar que las disposiciones inmersas en el capítulo XVII de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, específicamente, sus artículos 108 a 114, al regular el procedimiento especial de afirmativa ficta, no disponía expresamente la figura jurídica del tercero que tiene un derecho incompatible con la pretensión ahí deducida; y en ese sentido, haciendo una simple interpretación aislada de la normativa contenida en dicho capítulo, se podría llegar a pensar prima facie, que ese tercero no es parte formal de la relación jurídico procesal en tal procedimiento y que, por tanto, no existiría razón válida alguna para considerar su llamamiento.

Sin embargo, a la luz de una verdadera interpretación sistemática y armónica de dichos preceptos con las demás normas de la misma Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, especialmente lo que previenen sus numerales 2 y 3, se descubre que no se produce la alternativa apuntada, pues habrá de llegarse a la indudable conclusión, que el tercero que tiene un derecho incompatible con la pretensión deducida en el procedimiento especial de afirmativa ficta, sí es parte formal de la relación jurídico-procesal, y ciertamente debe ser emplazado en respeto a su derecho fundamental de audiencia y defensa eficaz.

Así es, a propósito de los procedimientos especiales, los artículos 108 a 11

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28058-7c90f771/afirmativa-ficta-la-persona-que-aduce-tener-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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