I. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. CORRESPONDE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES RECONOCER SUS DERECHOS Y EL ACCESO A LAS PRERROGATIVAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA). II. FACULTADES DELEGABLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "… CUANDO DICHA FACULTAD SEA DELEGADA POR EL INSTITUTO NACIONAL, …", DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA). III. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS CARECEN DE FACULTADES PARA EMITIR NORMAS SOBRE SU CONSTITUCIÓN Y REGISTRO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16, FRACCIÓN II, Y 18, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA). IV. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA REQUERIDO PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 40, PÁRRAFO PRIMERO, 44, FRACCIÓN II, Y 85, PÁRRAFO PRIMERO, TODOS DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, Y 256, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA LA MISMA ENTIDAD, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE SEÑALAN, RESPECTIVAMENTE: "Y AYUNTAMIENTOS"). V. PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULAR EL PLAZO RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE AQUÉLLOS, EN CASO DE PERDERLO, AL NO HABER ALCANZADO EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 85, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y 256, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ?SALVO EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE DICEN, RESPECTIVAMENTE: "Y AYUNTAMIENTOS"?). VI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. DESTINO DE LOS ACTIVOS DE LOS PARTIDOS QUE PIERDAN SU REGISTRO O ACREDITACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48, PÁRRAFO PRIMERO, Y 145, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN IV, INCISO F), DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA). VII. FINANCIAMIENTO PRIVADO DE PARTIDOS POLÍTICOS. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE REALICE POR PERSONAS MORALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA). VIII. PARTIDOS POLÍTICOS. LAS DISPOSICIONES DE LOS CONGRESOS LOCALES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS QUE RECIBEN NO INVADEN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117 ?SALVO EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS LA FISCALIZACIÓN SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:"?, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 Y 129 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA). IX. FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CAMPAÑAS DE CANDIDATOS. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DELEGAR ESTA ATRIBUCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117 -ESTE ÚLTIMO, SALVO EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA: "… EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS LA FISCALIZACIÓN SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES: …"-, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 Y 129 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA). X. FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CAMPAÑAS DE CANDIDATOS. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PUEDE DELEGAR ESTA ATRIBUCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, PERO LOS CONGRESOS LOCALES NO PUEDEN GENERAR OBLIGACIONES A CARGO DEL CITADO INSTITUTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS LA FISCALIZACIÓN SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:"). XI. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, SÓLO POR CUANTO SE REFIERE A LA FIGURA DE COALICIONES). XII. COALICIONES. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, SÓLO POR CUANTO SE REFIERE A AQUELLA FIGURA, PROCEDE HACERLA EXTENSIVA AL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN VI, DE ESE ORDENAMIENTO. XIII. CANDIDATURAS COMUNES. LAS LEGISLATURAS LOCALES SON COMPETENTES PARA REGULARLAS (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 130, FRACCIÓN II, 137, FRACCIONES II Y V, Y 138, PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA XIV. PARIDAD DE GÉNERO. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES DESARROLLAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN DE CAND
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 103/2015. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 3 DE DICIEMBRE DE 2015. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de diciembre de dos mil quince.
VISTOS; para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demanda. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil quince, en el domicilio particular del autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Navarrete Ruiz, quien se ostenta como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Decretos 130 y 131, mediante los cuales se expidieron, respectivamente, la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad, de tres de septiembre de dos mil quince; asimismo, señaló como autoridades demandadas al Congreso y gobernador del Estado de Tlaxcala.
SEGUNDO.-Artículos constitucionales violados. El promovente señaló que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los artículos 1o., 9o., 14, 16, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. El partido político expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados al estudio de fondo.
CUARTO.-Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, con el número 103/2015; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
QUINTO.-Admisión de la demanda. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de seis de octubre de dos mil quince, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria; asimismo, requirió al Poder Legislativo del Estado, para que, al rendir su informe, remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados; así como dio vista a la procuradora general de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.
De igual forma solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de diez días naturales, dicha Sala expresara su opinión en relación con el presente asunto; requirió al presidente del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días naturales, informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en dicha entidad federativa; al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que dentro de similar plazo, enviara copia certificada de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, así como la certificación de su registro vigente, precisando quiénes son los integrantes del comité ejecutivo nacional de dicho partido político.
SEXTO.-Auto que tiene por desahogados los requerimientos formulados al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo por agregados los oficios y anexos de la consejera presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y del secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio de los cuales desahogaron los requerimientos formulados; así, tuvo a la primera de esas autoridades informando que el próximo proceso electoral en el Estado de Tlaxcala iniciará el cuatro de diciembre de dos mil quince; y por lo que hace a la segunda de ellas, tuvo por exhibidas las copias certificadas de los estatutos del partido político actor, la certificación de su registro vigente y de la de los integrantes de su comité ejecutivo nacional.
SÉPTIMO.-Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades demandadas. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados.
OCTAVO.-Acuerdo que tiene por presentada la opinión del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo por rendida la opinión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el mismo proveído tuvo por formulados los alegatos del partido político promovente de la acción.
NOVENO.-Informes del Gobernador Constitucional y del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. En los referidos informes, las autoridades demandadas expresaron, en síntesis, lo siguiente:
I. Informe del gobernador del Estado de Tlaxcala
1. Que son ciertos los actos reclamados, consistentes en promulgar y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el tres de septiembre de dos mil quince, de los decretos impugnados; agrega que los actos reclamados son constitucionales, ya que no se impugnaron por vicios propios, ni se señalaron como actos de autoridad aislados, aunado a que en su emisión se observaron los requisitos de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Carta Magna.
2. Que el precepto 15, fracciones II y III, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no es contrario a lo dispuesto por el numeral 34 de la citada normatividad, ya que el primero hace referencia al reconocimiento de derechos y acceso a prerrogativas de los partidos políticos, y el segundo alude a la posibilidad que se otorga a los partidos para solicitar al instituto electoral local que organice la forma de elegir a sus directivas estatales o municipales; es decir, regulan aspectos del derecho electoral distintos.
Agrega que mientras el numeral 15 del cuerpo legal en cita menciona la palabra "reconocimiento", lo cierto es que los derechos y prerrogativas de los partidos políticos no pueden estar supeditados al reconocimiento que ahí se refiere; por lo que no se transgrede el principio de certeza en materia electoral; asimismo, señala que en cuanto a la facultad originaria del Instituto Nacional Electoral para organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos, si bien el apartado B, número 7, del artículo 41 (sic) de la Carta Magna establece que éste podrá organizar las referidas elecciones, lo cierto es que esa disposición es enunciativa y no limitativa, dado que no excluye a los organismos locales electorales para que desarrollen esa función.
3. Que los artículos 16, fracción II, y 18, fracción I, inciso a), de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no vulneran el principio de constitución de un partido político local, dado que en cuanto al número de militantes en la entidad federativa, se establece un 3% (tres por ciento), y de agremiados asistentes a las asambleas estatales el 1% (uno por ciento), lo que en comparación con los numerales 10, inciso c), y 13, apartado 1, de la Ley General de Partidos Políticos establece que requiere como mínimo el 0.26% (cero punto veintiséis por ciento), es decir, la ley secundaria local no establece mayores requisitos que los indicados en la ley general, por lo que no se infringen los artículos 73, fracción XXIX-U, y 133 de la Carta Magna.
Señala que, con motivo de la reforma constitucional en materia electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se ajustaron las normas locales respectivas; además, no se estableció ninguna disposición por la que se constriñera a las Legislaturas Locales a incorporar en el ámbito de su competencia el porcentaje establecido en la ley general secundaria, de ahí que los Congresos de los Estados tienen facultad para determinar el porcentaje mencionado.
4. Que lo dispuesto en los artículos 17, 40, segundo párrafo, y 85 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no vulnera el principio de certeza, tampoco se invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al establecer distintos parámetros para el registro de los partidos políticos, y para la pérdida del citado registro, que los previstos en la Ley General de Partidos Políticos; aduce que, conforme a la citada reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, no se puede llegar al extremo de que la ley ordinaria del Estado sea una copia fiel de la ley general.
5. Que, contrario a lo planteado por el accionante, las disposiciones normativas que establecen la adjudicación de los bienes en el supuesto de cancelación de registro o de acreditación de los partidos políticos, no vulneran la autonomía en el financiamiento de éstos, lo que implica la no contravención de los principios del numeral 116 de la Carta Magna, ya que si se considera que la finalidad es reintegrar al Estado la aplicación de los fondos públicos locales en bienes muebles e inmuebles, es inconcuso que la adjudicación debe realizarse en la forma planteada en los artículos 48 y 145, fracción IV, inciso f), de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala.
6. Que el artículo 95 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala condiciona a las personas morales que realicen una aportación a dichos partidos, que estén legalmente constituidas y cumplan con sus obligaciones fiscales, está en el mismo plano de igualdad que la Ley General de Partidos Políticos, de ahí que no se esté ante el supuesto de una norma superior y otra inferior, sino de un mismo rango, sólo que una es federal y otra local.
7. Que el artículo 131 del Decreto 130 impugnado, no invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al regular las coaliciones y el supuesto de excepción del primer proceso electoral en el que participe un partido, ya que de ese precepto, en relación con el 85 de la Ley General de Partidos Políticos, no se advierte alguna contradicción, puesto que en ambos se restringe a los partidos de nuevo registro formar coaliciones; aunado a que entre las dos normas no existe relación jerárquica, ya que la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala no está subordinada a la referida ley general.
8. Que el Congreso Local sí está facultado para legislar en materia de candidaturas comunes, apoya dicha aseveración en lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 60/2009 y su acumulada 61/2009.
9. Que el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala no vulnera el principio de paridad de género, ya que con ese método de designación de representantes se garantiza el respeto a la voluntad de los militantes de cada partido, puesto que permite a los agremiados elegir sin distingo a sus dirigentes tomando en cuenta distintos valores de selección, de ahí que constituya un derecho del partido para elegir a sus candidatos por designación directa de sus agremiados.
10. Que, contrariamente a lo señalado por el accionante, la entrega de bienes a los organismos locales, no pone en riesgo la función que desarrollan los consejeros electorales, ya que sería tanto como aducir que, por unos bienes muebles se pudiera tener cierta tendencia en el proceso electoral, dado que debe recordarse el cúmulo de medios de impugnación que en materia electoral permiten garantizar los principios constitucionales de certeza, objetividad e imparcialidad.
11. Que el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, no es contrario al párrafo sexto del artículo 95 de la Constitución de la citada entidad federativa, dado que corresponde al Congreso Estatal en el ámbito de sus facultades, realizar las reformas respectivas para que el titular del Ejecutivo Local las publique.
12. Que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones cuenta con autonomía técnica para imponer sanciones.
13. Que si bien en la Constitución Local no se establecieron los requisitos para ser consejero electoral, ello no implica la invalidez de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.
14. Que, en relación con la reducción de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, lo establecido en el artículo 116, fracciones I y II, de la Carta Magna, no es obstáculo para que las Legislaturas Locales, en el ámbito de su jurisdicción, aprueben la reducción del número de diputados; aunado a que la justificación del actuar del Congreso Local está contenida en la acción de inconstitucionalidad 69/2015 y sus acumuladas 71/2015 y 73/2015.
15. Que los argumentos en los que se impugnan los artículos 191 a 195 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (que regula las boletas electorales), no se pueden analizar sino hasta que se lleve a cabo el proceso y sean elaboradas dichas boletas.
16. Que el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, que prevé la no reelección del contralor del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es contrario al párrafo sexto del artículo 95 de la Carta Magna, por lo que corresponde al Congreso del Estado realizar la reforma respectiva y al titular del Ejecutivo Local sancionar el decreto.
II. Informe del Congreso del Estado de Tlaxcala
1. Indica que el uno y dos de septiembre de dos mil quince, se aprobaron los decretos 130 y 131, mediante los que se expidieron las Leyes de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas para el Estado de Tlaxcala, respectivamente, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno de la citada entidad federativa el tres de septiembre del citado año, observándose todas las etapas legislativas que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tales como la presentación de las iniciativas, turno a las comisiones para la elaboración de los dictámenes, presentación de éstos ante el Pleno, así como la aprobación a través de la votación correspondiente, culminando con la publicación respectiva.
2. Que los decretos impugnados se elaboraron con base en las facultades otorgadas al Congreso del Estado, por los artículos 39, 40 y 41 de la Carta Magna, así como por el 54, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la mencionada entidad federativa; al respecto, el Alto Tribunal ha establecido que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello, como aconteció en la especie.
3. Que el artículo 15, fracciones I y II, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no es contrario a los diversos 41, fracción V, apartados B y C, 116, fracción IV, incisos a) y f), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; agrega que el precepto impugnado se ajustó al numeral 32, base 1, inciso b), fracción II, de la ley citada en último término, la cual se refiere a los partidos políticos nacionales, y el ordinal controvertido a los locales; esto, con el propósito de no violentar el principio de jerarquía.
Añade que no debe perderse de vista que la intención del legislador, al establecer la palabra "reconocimiento", no fue la de investir de legalidad los derechos de los partidos políticos, sino la de distinguirlos de entre los demás, como consecuencia de sus características y rasgos.
Menciona que el artículo 15, fracción III, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala prevé la atribución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para organizar la elección de los dirigentes locales, cuando dicha facultad sea delegada por el Instituto Nacional, lo que no se contrapone con lo dispuesto en el artículo 44, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dado que es criterio del Alto Tribunal, que la interpretación de una norma debe partir de que cuenta con la presunción de constitucionalidad y acoger aquella que la haga compatible con la Carta Magna.
Refiere que la norma impugnada lo que prevé es que en caso de que el Instituto Nacional Electoral considere necesario delegar la elección de la dirigencia local de un partido nacional instituido en el Estado, esa facultad encuentre su fundamento en la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala y pueda ser organizada por los institutos públicos locales, tomando en cuenta que los partidos con registro nacional cuentan con dos dirigencias, la estatal y la nacional; de ahí que esa circunstancia no determina la inconstitucionalidad del precepto impugnado.
4. Que los artículos 16, fracción II, y 18 fracción I, inciso a), de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no son contrarios a derecho, puesto que la Constitución Federal no establece valor porcentual para que las asociaciones que pretendan constituirse como partidos políticos demuestren el respaldo ciudadano con el que cuentan para poder constituirse, sino que el legislador secundario tiene la libertad de configuración respecto a la forma en que se debe acreditar el número de votantes necesarios para obtener el registro, así como que debe demostrar documentalmente la existencia del apoyo.
Agrega que la medida legislativa impugnada no es desproporcional, ni carece de razonabilidad, ya que persigue un fin legítimo que consiste en asegurar que los ciudadanos que pretendan constituir un partido político cuenten con parámetros mínimos de respaldo social; de ahí que la medida sea idónea, al permitir la operatividad de la convivencia de los gobernados con el modelo de partidos políticos y evita que un número indeterminado de éstos acuda a solicitar el registro respectivo; asimismo, indica que la medida es proporcional, porque asegura que los ciudadanos cuenten con partidos que sean realmente representativos, auténticos y competitivos.
5. Que no existe violación al artículo 72, fracción XXI, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, porque el precepto 40, segundo párrafo, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no lo transgrede, al no ser aplicable al caso, ya que el numeral impugnado sienta las bases para la organización interna de las juntas distritales ejecutivas y los Estados cuentan con la facultad de regular en su Constitución y leyes secundarias, la materia electoral, así como establecer las sanciones ante el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en esa materia.
Añade que, si bien el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos señala que un instituto político nacional podrá optar por el registro como local en las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida; lo cierto es que ese precepto no señala a qué tipo de elección se refiere (gobernador, diputados o Ayuntamientos), por lo que, atendiendo al principio de libertad de configuración, el Estado de Tlaxcala estableció en qué tipo de elección se debería tomar el citado porcentaje para obtener el registro local.
6. Que si el Poder Reformador estableció la acción de inconstitucionalidad como medio de control abstracto para analizar la regularidad de las normas generales subordinadas a la Constitución Federal, es claro que las Constituciones Locales no pueden ser analizadas en esa vía.
7. Que la intención del legislador contenida en el artículo 95 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no fue la de contravenir lo dispuesto en el numeral 54 de la Ley General de Partidos Políticos, sino que trató de imponer una restricción más a aquellas personas morales que en procesos electorales y por intereses particulares, pretendieran otorgar financiamiento a los partidos, candidatos o precandidatos, violentando los principios de certeza, legalidad y objetividad.
8. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala no legisló los artículos 97 a 113, y 117 a 129 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, con motivo de la delegación que de dicha facultad pueda hacer el Instituto Nacional Electoral, puesto que con base en el numeral 41, apartado B, de la Carta Magna, tal instituto puede delegar la facultad de fiscalización al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y al efecto éste creó el procedimiento de fiscalización a que se sujetarían los partidos políticos del Estado, sólo con la intención de que no existiera un desfase que les permitiera evadir la comprobación de gastos.
9. Que el artículo 131 de Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al reglamentar las coaliciones, específicamente lo relativo a que en el primer proceso electoral en el que participe un partido político de nuevo registro, no podrá competir en coalición, puesto que el Congreso Local sólo legisló de manera indirecta ese tema, sin violentar ninguna disposición constitucional, dado que la intención fue regular la forma de participación de los partidos de nueva creación, así como el sistema de coaliciones en las elecciones locales.
Añade que no existe disposición legal que impida a las entidades federativas legislar sobre aspectos electorales relacionados indirectamente con las coaliciones; por lo que si el objetivo del precepto cuestionado fue regular directamente la prohibición de que los partidos políticos de nueva creación no puedan coaligarse, ello es razonable y tampoco limita desproporcionalmente los derechos de asociación política, puesto que lo que se pretendió fue que los partidos demuestren su fuerza en un proceso electoral y no así el sistema de coaliciones en las elecciones locales; al respecto, cita como precedentes las acciones de inconstitucionalidad 17/2014, 23/2014, 40/2014 y 65/2014.
10. Que los artículos 130, fracción II, 137, fracciones II y V, así como el 138, párrafos cuarto y quinto, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, no son violatorios del principio de certeza electoral, tutelado por los numerales 41 y 116, fracción IV, de la Carta Magna, al legislar en materia de candidaturas comunes, ya que las reglas establecidas para esa figura se enmarcan en la facultad de libertad configurativa; agrega que las normas impugnadas regulan el cómputo y distribución de los votos respecto de esas candidaturas, lo que es acorde con lo establecido por el Alto Tribunal, respecto a que la implementación de los requisitos y lineamientos para la postulación de éstas, queda a la libre configuración legislativa de los Estados (acciones de inconstitucionalidad 59/2014, así como 17/2015 y su acumulada 18/2015); de ahí que no exista el vicio de inconstitucionalidad alegado.
11. Que el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, no es violatorio de los numerales 1o. y 41, base I, de la Constitución Federal, ya que el partido accionante pretende que se declare la inconstitucionalidad del precepto impugnado sin tomar en cuenta que la elección interna de candidatos de un instituto político es libre y no existe disposición que impida a los partidos llevarla a cabo, ni que se inscriban y participen personas de género distinto, ya que ello implicaría una violación al principio de no discriminación.
Agrega que si se declarara inconstitucional la norma impugnada, ello ocasionaría impedir a algún género participar en la elección interna de un partido político, o en su defecto no se podría garantizar que sea hombre o mujer, según se tratare, el que saliera vencedor en la elección interna, lo cual acarrearía una violación al principio de legalidad.
12. Que el artículo 27, párrafo primero, fracciones III, IV, V y VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, es conforme al artículo 116, fracción IV, incisos b), c) y g), de la Constitución Federal, ya que, contrario a lo aducido por el demandante, en las acciones de inconstitucionalidad se resuelve la posible contradicción entre normas de carácter general expedidas, entre otros, por los órganos legislativos estatales y la Constitución Federal, lo que no ocurre en el caso, dado que los preceptos impugnados no violentan precepto constitucional alguno ni disposición contenida en la ley general.
Añade que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tiene la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, propiciar y suministrar el mínimo de elementos; además, su finalidad es promover que su patrimonio esté integrado con los bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto; de ahí que los beneficios derivados de las donaciones en dinero o especie, herencias o legados procedentes de personas físicas o jurídicas que pudiera recibir el referido instituto, no tienen por qué influir en la toma de decisiones por parte de éste, ya que su autonomía no está condicionada a recibir aportación alguna.
13. Que los artículos 80 y 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, no contravienen el principio de legalidad tutelado en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que, de conformidad con lo previsto en el diverso 105, fracción II, las Constituciones Locales no pueden ser analizadas en una acción de inconstitucionalidad.
Agrega que el objetivo del legislador local, al equiparar en el artículo 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, a la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones con un área técnica, fue sólo para regular aspectos administrativos, por ejemplo, para homologar las prestaciones que el contralor general perciba durante su encargo, y para lo cual, se respetó la autonomía otorgada por la constitución local a éste.
14. Que el artículo 87 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, no infringe los numerales 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Federal, porque no desconocen la autonomía técnica, ni de gestión del contralor general del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ya que el consejo general del citado instituto es el órgano superior de éste, al cual le corresponde tomar las decisiones relacionadas con el funcionamiento de ese órgano, y su ejercicio no implica que se trastoque la autonomía de la contraloría, sino que, por el contrario, se pretende garantizar que el titular de ésta se sujete a los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad, transparencia y máxima publicidad; de ahí que el precepto impugnado sea válido.
15. Que el artículo 93 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, es constitucional, al establecer que el consejo general del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el que emite la convocatoria para designar al presidente, secretario o consejero electoral de los consejos estatales o municipales, ya que ello no contraviene los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, puesto que tal organismo cuenta con la autonomía que le permita establecer los parámetros que debe observar el consejo general para emitir la citada convocatoria.
16. Que, contrariamente a lo aducido por el accionante, se respetó el procedimiento legislativo a través del cual, se redujo el número de diputados para integrar el Congreso del Estado de Tlaxcala; además se cumplió el requisito de fundamentación, ya que la soberanía representada por el legislativo, aprobó esa reforma, quedando quince de mayoría relativa y diez de representación proporcional, tal como lo establecen los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
En la publicación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales se respetó lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, 32, párrafo primero, y 54, fracciones I y II, de la Constitución Local, así como 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; además, se cumplió con el requisito de motivación tal como se advierte del dictamen elaborado por las comisiones respectivas, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso.
Añade que el Alto Tribunal ha establecido que tratándose de leyes, el fundamento no debe buscarse en cada acto legislativo, sino en la Constitución Federal o en la de los Estados si son locales, asimismo, indica que el Constituyente Ordinario de Tlaxcala en todo momento tomó en cuenta el mínimo de habitantes que en relación con el número de diputados debe integrar el Poder Legislativo, lo que encuentra fundamento en el artículo 116, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, del cual se advierte que el número de representantes en los Congresos de los Estados, debe ser proporcional al número de habitantes en cada uno de ellos.
De modo que, si de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, obtenidos en el Censo General de Población y Vivienda en dos mil diez, el Estado de Tlaxcala tiene una población de 1'169,936 (un millón ciento sesenta y nueve mil novecientos treinta y seis) ha
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26215-e6ec4af7/i-partidos-politicos-locales-y-candidatos-a-cargos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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