I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA ESTÁ SUPEDITADA A QUE LA NORMA IMPUGNADA PUEDA VULNERAR DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUISITO DE LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA, ES SUFICIENTE QUE EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. III. RECOMENDACIONES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS. LA FACULTAD DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS O DE LA FEDERACIÓN PARA LLAMAR A COMPARECER A LAS AUTORIDADES QUE SE NIEGAN A CUMPLIR AQUÉLLAS NO ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO [ARTÍCULOS 58, TERCER PÁRRAFO, INCISOS A) Y B), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Y 71, FRACCIÓN VIII, INCISO D), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA]. IV. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SINALOA. EL REQUISITO DE UN DICTAMEN DEL CONGRESO LOCAL, PREVIO A LA COMPARECENCIA DE UNA AUTORIDAD QUE SE NIEGA A CUMPLIR UNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR AQUÉLLA, NO VULNERA SU AUTONOMÍA [ARTÍCULOS 58, TERCER PÁRRAFO, INCISOS A) Y B), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Y 71, FRACCIÓN VIII, INCISO D), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2013. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.-Presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad. Por escrito recibido el veintiséis de diciembre de dos mil trece(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la declaración de invalidez de los artículos 58, tercer párrafo, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa, reformados mediante Decreto 972 publicado en el Periódico Oficial de la entidad mencionada de veintisiete de noviembre de dos mil trece.
2. SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. El promovente de esta acción de inconstitucionalidad, formuló, en síntesis, los siguientes:
Primer concepto de invalidez.
a. Considera que el contenido de las normas impugnadas es inconstitucional, al introducir un requisito adicional a la solicitud del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consistente en un dictamen previo de procedencia, emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, el cual deberá de ser aprobado por el Pleno, para citar a comparecer a los servidores públicos y autoridades que se nieguen a aceptar o cumplir una recomendación, ya que con esa condición se coarta la autonomía de dicho organismo constitucional, en detrimento de las víctimas a los derechos humanos, que motivaron la recomendación respectiva.
b. Considera que otorgar la facultad al Congreso de Sinaloa para determinar si procede o no, una solicitud del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de citar a las autoridades o servidores públicos que se nieguen a cumplir o aceptar una recomendación, por vulneración de derechos humanos hace inconstitucional la norma impugnada, pues limita la autonomía e independencia del organismo estatal.
c. Menciona que tal discrecionalidad puede llegar a tener matices de índole político, que pudiesen alterar el propósito de la recomendación y la protección de los derechos humanos, por ser dichas Comisiones Permanentes, con la aprobación del Pleno, quienes determinen sobre la procedencia de la solicitud realizada por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; derivando, en su caso, en una falta de objetividad y parcialidad en el dictamen correspondiente, al ser los partidos políticos dominantes, quienes resuelvan.
d. Sostiene que los artículos impugnados violan el artículo 29, incisos b), c) y d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
e. Menciona que con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se creó un bloque de convencionalidad, integrado tanto por la Ley Fundamental, como por los instrumentos internacionales, criterio confirmado en la contradicción de tesis 293/2011 en la cual, el Pleno de este Alto Tribunal determinó que los derechos humanos constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad.
f. Señala que la reforma, agregó el principio pro personae, por lo que de existir distintas interpretaciones, para una norma jurídica, se deberá elegir aquella que proteja con mayor amplitud al titular de un derecho humano.
g. Considera que la esfera internacional, se ha definido al principio pro personae, mediante dos variantes: a) preferencia interpretativa, en la que, de las interpretaciones válidas disponibles para resolver un caso concreto se ha de preferir la que optimice más un derecho humano; y, b) preferencia de normas, según la cual el intérprete deberá preferir, en caso de poder aplicar más de una norma al caso concreto, aquella que sea más favorable a la persona, con independencia de su jerarquía.
h. Menciona que las autoridades deben ejercer ex officio el control de convencionalidad para aplicar en sus respectivas competencias, la Convención Americana sobre Derechos humanos y demás tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
i. Señala que el artículo 29, incisos b), c) y d), en relación con el 28, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deriva que las entidades federativas tienen la obligación de hacer efectiva dicha convención, ya sea en el ámbito legislativo o judicial, por lo que, deben incorporar a su régimen jurídico los derechos y libertades mencionadas en ésta y el contenido de dicho tratado, no puede ser interpretado para limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes, excluir otros derechos y garantías que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, o limitar el efecto que pueda producir la convención en comento.
j. Menciona que se viola el inciso b) del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues con las disposiciones impugnadas se limita el goce y ejercicio del derecho de tutela efectiva de los derechos humanos, el cual permite a los organismos de derechos humanos, solicitar al Congreso que llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables de violaciones a derechos humanos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir una recomendación.
k. Considera que se transgrede el inciso c del precepto mencionado renglones arriba, ya que se excluyen derechos y garantías que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, pues queda la facultad de llamar a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables de violaciones a derechos humanos, sujeta al procedimiento y dictamen de las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos del Poder Legislativo Local, lo que tendría un efecto negativo, por la composición política de dicho órgano, por lo que puede ser distorsionada por cuestiones ajenas a la protección de derechos humanos.
l. Señala que las normas impugnadas son contrarias a los estándares internacionales en materia de instituciones de derechos humanos contenidos en los principios de París, los cuales establecen que los organismos protectores de derechos humanos dispondrán del mandato más amplio posible, enunciado en un Texto Constitucional o legislativo, que establezca su composición y su ámbito de competencia. Por lo anterior, dichas normas objetadas, son contrarias al espíritu de independencia y pluralismo de los órganos protectores de derechos humanos, pues en el fondo, someten al procedimiento y dictamen de un órgano político, el ejercicio de una facultad constitucionalmente otorgada.
m. Menciona que viola el inciso d del artículo en cita, ya que se excluye y limita el efecto de la implementación de los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos y otros actos internacionales de la misma naturaleza, pues se restringe el derecho de tutela efectiva de derechos humanos que desarrollan las instituciones nacionales a las que constitucionalmente se les ha dotado de autonomía; sometiendo a un procedimiento de un órgano de una composición eminentemente política, por lo que, las víctimas de una violación de derechos humanos se quedan sin un medio de defensa efectivo contra dichas violaciones, ya que en caso de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que derive en una recomendación se enfrentan a la posibilidad de que sea nula, ante la negativa del Congreso del Estado, de solicitar la comparecencia de los servidores públicos responsables que se nieguen a cumplirla.
Segundo concepto de invalidez.
n. Considera que el artículo 102, apartado B, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal establece la naturaleza jurídica de los organismos protectores de derechos humanos y, especifica, con claridad, que las Constituciones de los Estados deberán establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, dicha autonomía implica la exclusión de injerencias por parte de otras autoridades del Estado, que pudieran determinar su proceder.
o. Señala que los organismos autónomos tienen las siguientes particulares: i) se encuentran establecidos directamente en la Constitución Federal, ii) Mantienen relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, iii) cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera, iv) atienden funciones primarias u originarias del Estado. Tomando en cuenta lo anterior la característica principal de los organismos protectores de derechos humanos, es la autonomía en el desempeño de sus funciones, sin recibir ninguna instrucción de algún otro órgano del Estado.
p. Manifiesta que en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, constitucional, se establece, que cuando no sean aceptadas o cumplidas las recomendaciones por las autoridades o servidores públicos, las Legislaturas de las entidades federativas, los llamarán, a solicitud de los organismos de derechos humanos, para que comparezcan a efecto de explicar el motivo de su negativa.
q. Considera que el legislador de Sinaloa no respetó el espíritu del Constituyente durante la reforma de junio de dos mil once, pues mediante las normas impugnadas, condiciona la facultad de citar a comparecer a la autoridad o servidor público que se hubiere negado a aceptar o cumplir una recomendación, además condiciona la solicitud del organismo de derechos humanos, a que emitan un dictamen las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, los cuales deberán ser aprobados por el Pleno del Poder Legislativo.
r. Señala que la Constitución no facultó a las Legislaturas a dictaminar sobre la solicitud del presidente del organismo de derechos humanos, pues ello transgrediría la actuación de las comisiones de derechos humanos, vulnerando su autonomía de gestión y sometiéndola a las decisiones del Poder Legislativo, lo cual sucede en el presente caso, al establecerse que dicha facultad se encuentra condicionada a un dictamen de procedencia.
s. Considera que las autoridades que se nieguen a aceptar o cumplir recomendaciones de la comisión local de derechos humanos, no enfrentan consecuencias jurídicas ni políticas, pues el congreso local, puede decidir, mediante el dictamen de procedencia, no exigir que comparezcan a rendir cuentas, lo que neutraliza la autonomía del organismo estatal de derechos humanos y deja sin efectos las recomendaciones que emite.
t. Sostiene que el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, faculta lisa y llanamente, que a solicitud de los organismos protectores de derechos humanos, se cite a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
3. TERCERO.-Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El promovente invocó como violados los artículos 1o. y 102, apartado B, párrafos segundo y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29, incisos b), c) y d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. CUARTO.-Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de enero de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 42/2013 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Luis María Aguilar Morales.
5. Por auto de siete de enero siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista con la demanda a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que formulara el pedimento correspondiente.
6. QUINTO.-Informe del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. Al rendir el informe que le fue solicitado, dicho órgano legislativo sostuvo esencialmente, los siguientes argumentos:
a. Los artículos impugnados fueron emitidos en cumplimiento y respeto al artículo 102, apartado B, segundo párrafo, de la Constitución Federal, de tal suerte que la razón para sostener la inconvencionalidad de las normas objetadas, sería la misma para sostener la inconvencionalidad de la propia Constitución.
b. Considera que la solicitud requerida del titular de la Comisión de Derechos Humanos para efectos de considerar si se pide o no la comparecencia del servidor público que haya recibido la recomendación, como la facultad de las Legislaturas de estimarla procedente, encuentra sustento legal en la Carta Magna en su artículo 102, apartado B, segundo párrafo, del cual se desprende una facultad a favor de las Legislaturas de las entidades federativas para que, previa solicitud del respectivo comisionado de derechos humanos hagan comparecer a los servidores públicos que hayan recibido alguna recomendación a efectos de que explique su negativa a acatarla, lo que no implica la obligación de dichos Poderes Legislativos para que de manera indistinta lleven a cabo ese proceder, pues en caso contrario, podría resultar ocioso y perjudicial para las propias funciones de las Legislaturas respectivas.
c. Señala que no se viola la autonomía e independencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues el dictamen a que se refiere los artículos impugnados, obedece a una manera de desahogar el trabajo de una forma especializada.
d. Considera que la Legislatura deba atender toda solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, no obstante su improcedencia podría generar una saturación del Poder Legislativo, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en los asuntos sustanciales propios de la Legislatura. Señala que los artículos impugnados fueron emitidos en estricto apego y cumplimiento a la Constitución Federal y en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 43, fracción II, de la Constitución de Sinaloa, en la que se establece como facultad exclusiva del Congreso de Sinaloa, la de expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la administración pública del Estado.
e. La función del Poder Legislativo es la de elaborar las leyes, en materia local conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal, en el cual se establecen las bases de las entidades federativas, así como las facultades que les corresponden, por exclusión, de las que le son propias al Congreso de la Unión, como se desprende de los artículos 73 y 124 de la Constitución Federal.
f. La Constitución de Sinaloa en sus artículos 22 al 54, se refieren a la organización, estructura y funciones del Poder Legislativo, donde de manera particular se regula todo lo relativo al proceso legislativo, lo cual sirve de fundamento para señalar que el ordenamiento reclamado, ha reunido todos los requisitos legales y, por tanto, es constitucional.
7. SEXTO.-Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Al rendir su informe, sostuvo lo siguiente:
a. Menciona que el gobernador presentó un proyecto de iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución de Sinaloa y de la Ley Orgánica del Congreso de dicho Estado, pretendiendo lograr armonizar a la Constitución Local con la Federal en los puntos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
b. Considera que el Poder Ejecutivo de Sinaloa está de acuerdo con las pretensiones referidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que se adhiere a las mismas.
8. SÉPTIMO.-Opinión de la Procuraduría General de la República. No se emitió opinión alguna.
9. OCTAVO.-Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de la parte actora, así como del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
10. NOVENO.-Returnos. Por auto de cinco de enero de dos mil quince, el Ministro Luis María Aguilar Morales ordenó returnar la presente acción de inconstitucionalidad al Ministro Juan N. Silva Meza, por haber asumido su lugar en la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
11. Por acuerdo de la presidencia de este Alto Tribunal de cinco de enero de dos mil dieciséis, y en atención a que el Ministro Juan N. Silva Meza concluyó el periodo para el que fue designado, se ordenó el returno del presente asunto al Ministro Javier Laynez Potisek, para formular el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
12. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 58, tercer párrafo, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso de la misma entidad, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13. SEGUNDO.-Oportunidad. El artículo 60(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, en esencia, que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la ley o tratado impugnados en el medio oficial correspondiente, y precisa que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
14. En el caso, el accionante combate los artículos 58, tercer párrafo, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambas de Sinaloa, que fueron reformados mediante Decreto Número 972, publicado en el Periódico Oficial de Sinaloa el miércoles veintisiete de noviembre de dos mil trece, como se desprende de las copias que, de dicho medio de difusión, obran agregadas en autos.(5)
15. En esta lógica, el término de treinta días naturales para promover el presente medio de control de constitucionalidad transcurrió entre el jueves veintiocho de noviembre, y el viernes veintisiete de diciembre, ambos de dos mil trece. Ahora bien, como ha sido señalado con anterioridad en el cuerpo de la presente ejecutoria, la demanda promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue recibida en este Alto Tribunal el veintiséis de diciembre de dos mil trece, esto es, dentro del plazo legal conferido al efecto.
16. TERCERO.-Legitimación. A efecto de analizar si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación procesal para iniciar esta acción de inconstitucionalidad debe atenderse a lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso g),(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierte que dicho organismo podrá promoverla para impugnar leyes federales, estatales y del Distrito Federal -hoy Ciudad de México- así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en el propio Texto Fundamental y en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
17. De dicho numeral fundamental se advierte entonces que la legitimación de dicha Comisión Nacional para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales como es el caso, está circunscrita a que tales ordenamientos "vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte", lo cual es acorde con la función primordial que tiene encomendada dicho organismo.
18. Al respecto, debe señalarse que este Tribunal Pleno, al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 22/2009(7) y 49/2009,(8) estableció que basta con que la citada comisión aduzca en su demanda una violación a derechos humanos, para considerarla como legitimada para promover este medio de defensa constitucional. Es decir, para tener por satisfecho el requisito de legitimación, no es necesario que se realice un análisis preliminar sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, ni hacer un pronunciamiento sobre si ésta tutela o no derechos humanos, puesto que ésa es una cuestión que atañe al fondo del asunto; sino más bien, determinar si la impugnación que realiza en cada caso, está dirigida precisamente a la salvaguarda de esos derechos fundamentales, pues de no ser así -como pudiera ser el caso en que se alegara una invasión de ámbitos competenciales, desvinculada de la protección a derechos humanos-, se actualizaría su falta de legitimación para iniciar este medio de control, pues dicha comisión tiene una limitación constitucional en materia de legitimación que se verifica en atención al tipo de violación constitucional que pretende impugnar, al señalar específicamente el Texto Constitucional que sólo podrá interponer acción cuando se aleguen violaciones de leyes o tratados internacionales a derechos humanos y no de otro tipo.
19. En la especie, como se advierte a partir de una revisión del escrito inicial, así como de la síntesis visible en el resultando segundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectivamente formuló conceptos de invalidez donde sostuvo que los artículos 58, tercer párrafo, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambas de Sinaloa violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente lo dispuesto en los artículos 1o. y 102, apartado B. Entre otras cuestiones, se aduce centralmente que se violan derechos fundamentales del procedimiento establecido para obtener la comparecencia ante la Legislatura Local de los funcionarios públicos que no acepten o se nieguen a cumplir con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, privan de efectividad a la citada garantía no jurisdiccional en detrimento de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el Estado de Sinaloa.
20. A partir de estos planteamientos centrales, se evidencia que la parte accionante expone los motivos por los cuales considera que los artículos que impugna violan diversos derechos fundamentales; por tanto, tiene legitimación para promover el presente medio de defensa constitucional, en términos de lo establecido en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
21. Precisado lo anterior, debe señalarse que el escrito inicial fue suscrito por Raúl Plascencia Villanueva, quien fungió como presidente de la indicada Comisión Nacional.(9) Ahora, del artículo 59,(10) en relación con el 11, primer párrafo,(11) de la Ley Reglamentaria de la Materia, se advierte que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que de conformidad con las normas que los rigen, estén facultados para representarlos; de esta forma, los artículos 15, fracción I,(12) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18(13) de su reglamento interno, establecen que la representación de la mencionada institución corresponde a su presidente. En consecuencia, debe estimarse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad y su presidente cuenta con las facultades necesarias para representarla legalmente en este medio de control constitucional.
22. CUARTO.-Causas de improcedencia y sobreseimiento. Tanto la autoridad emisora como promulgadora no hicieron valer alguna causal de improcedencia, y en virtud de que no se advierte que se actualice alguna, lo conducente es realizar el análisis de los conceptos de invalidez planteados por el accionante.
23. QUINTO.-Estudio de fondo. El accionante aduce, en esencia, que debe declararse la invalidez de los artículos 58, tercer párrafo, incisos a) y b),(14) de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y 71, fracción VIII, inciso d),(15) de la Ley Orgánica del Congreso de dicha entidad federativa, los cuales prevén:
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa
"Artículo 58. ...
(Adicionado, P.O. 27 de noviembre de 2013)
"Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:
"a) La autoridad o servidor público de que se trate, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, además, atender los llamados del Congreso del Estado, previo dictamen emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno, a comparecer ante dichas Comisiones Permanentes, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa;
"b) La comisión determinará, previa consulta con las Comisiones Permanentes referidas en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso."
Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa
"Artículo 71. Las Comisiones Permanentes, además de lo establecido en el artículo anterior, tendrán las siguientes atribuciones:
"...
(Adicionada, P.O. 27 de noviembre de 2013)
"VIII. La Comisión de Derechos Humanos se encargará de atender y resolver los asuntos siguientes:
"...
"d) El desahogo del procedimiento relativo a la negativa de una autoridad o servidor público a aceptar o cumplir una recomendación que le emita la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión Permanente relativa al cargo que desempeñe dicha autoridad o servidor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 bis, tercer párrafo de la Constitución Política del Estado y 58, tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos."
24. En los conceptos de invalidez el promovente adujo esencialmente que, al preverse en las normas combatidas la existencia de un dictamen de procedencia previo para que comparezcan ante el Congreso de Sinaloa las autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que expliquen los motivos de su negativa de aceptar sus recomendaciones, el Legislativo Local se irroga la facultad de rechazar la solicitud de dicha comisión, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, el cual no faculta a las Legislaturas Locales para dictaminar la procedencia de las solicitudes que hagan los presidentes de los organismos protectores de derechos humanos locales, pues ello implica calificar la actuación de dichos organismos, limitar o neutralizar su autonomía y supeditar sus decisiones al Poder Legislativo Local, dejando sin efectos las recomendaciones que emiten.
25. Por su parte, los artículos impugnados en lo que a este estudio interesa, prevén esencialmente, que a efecto de que la autoridad o servidor público que se hubiere negado a aceptar o cumplir una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, comparezca ante el Congreso de la entidad a explicar el motivo de su negativa, a solicitud del presidente de la citada comisión, debe mediar un dictamen de procedencia del Congreso, emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, además, señalan que previa consulta con las Comisiones Permanentes mencionadas, la Comisión de Derechos Humanos determinará si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes.
26. A fin de analizar los argumentos de invalidez, debe acudirse, en primer lugar, al texto de los artículos 1o., párrafo primero y 102, apartado B, de la Constitución Federal, que el accionante estima vulnerados, los cuales prevén, en lo que al caso interesa, lo siguiente:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."
"Artículo 102.
"...
"B. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27405-f659be0d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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