I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 12, FRACCIONES I Y XX, DE LA LEY DE ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HAN CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉLLA. VII. ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. VIII. JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. IX. DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. X. VIOLACIONES A DERECHOS DE LA MUJER. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN COLMAR LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO CUANDO AQUÉLLAS SE ACTUALICEN. XI. DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. XII. ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. DESESTIMACIÓN POR NO ALCANZAR LA VOTACIÓN CALIFICADA RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN VII, 42, FRACCIÓN III, 60, PÁRRAFO SEGUNDO, 66, PÁRRAFO TERCERO, 69 TER, 69 QUÁTER, 71 QUÁTER, PÁRRAFO SEGUNDO, 75, ÚLTIMO PÁRRAFO, 86, PÁRRAFO SEGUNDO, 96, 178 BIS Y 181 TER, ÚLTIMO PÁRRAFO, TODOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; 5, FRACCIÓN II, 14 TER, 25, FRACCIONES I, III Y V, 26, FRACCIÓN I, 55, FRACCIÓN I, 59, FRACCIÓN I, 60 BIS, FRACCIONES I, II, III, IV, Y VI, 79, 80, 81, 82 Y 83 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 7, PÁRRAFO SEGUNDO, 44, PENÚLTIMO PÁRRAFO, 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, 69, PRIMER PÁRRAFO, Y 81 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. XIII. ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE REGULAN LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA PENAL RELATIVAS A MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE NIÑAS O MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, ASÍ COMO DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS EN SITUACIÓN DE RIESGO, NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA NI EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL APLICARSE DE MANERA SUPLETORIA AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. XIV. ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN REGULADAS EN LA LEY RELATIVA PUEDEN SER APLICADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN TODOS LOS CASOS QUE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN CONTRA DE NIÑAS Y MUJERES, SIN QUE SU APLICACIÓN SE LIMITE EXCLUSIVAMENTE A LA MATERIA PENAL (ARTÍCULO 63, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XV. ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. VALIDEZ DEL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN XI, DE LA LEY RELATIVA AL NO VIOLENTAR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA NI LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LA MATERIA PROCEDIMENTAL PENAL. XVI. ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES REGULA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN TRATÁNDOSE DE DELITOS CON IMPLICACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ACORDE CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ESE PRECEPTO, LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA APLICA DE MANERA SUPLETORIA A ESE ORDENAMIENTO NACIONAL. XVII. REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORES SEXUALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LE CORRESPONDE LA ELABORACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS CON EL OBJETO DE FORMULAR ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL Y PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO REGISTR
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 187/2020 Y SU ACUMULADA 218/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 20 DE FEBRERO DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veinte de febrero del dos mil veintitrés.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y normas que impugna. Por oficio presentado a través del Buzón Judicial de este Alto Tribunal el tres de agosto de dos mil veinte y recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(1) por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"Artículo 63, fracción XI, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, reformada mediante decreto publicado el veinte de marzo de dos mil veinte en la Gaceta Oficial de la citada entidad federativa, cuyo texto es el siguiente:
"‘Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección en materia penal, se consideran personalísimas e intransferibles y podrán ser: ...
"‘XI. Ordenar al agresor que entregue el pasaporte si existiere de sus hijas e hijos menores de 18 años, para el resguardo del mismo, hasta en tanto el Juez de lo familiar no determine la custodia o el régimen de visitas según sea el caso.’ ..."
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que la Comisión Nacional estima violados. La Comisión Nacional accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7, inciso d), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención Belém do Pará").
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su único concepto de invalidez, la Comisión accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
"ÚNICO. El artículo 63, fracción XI, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México regula la materia procedimental penal, al establecer medidas de protección para las víctimas de hechos probablemente constitutivos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres o niñas, de manera que dicho precepto vulnera el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y la competencia exclusiva del Congreso Federal para regular la materia referida."
Lo anterior, toda vez que, por mandato de la Constitución Federal, es el Código Nacional de Procedimientos Penales el ordenamiento encargado de establecer las normas que han de observarse durante la investigación, procesamiento y sanción de los delitos.
El derecho a la seguridad jurídica se viola cuando una legislación determina regular cuestiones que no le corresponden y establece una duplicidad de regulaciones sobre una misma materia, lo cual provoca incertidumbre para la población y los operadores jurídicos.
La disposición impugnada regula una medida de protección que podrá dictar el representante social para salvaguardar a las víctimas del delito, es decir, aborda un supuesto propio de la materia procedimental penal, lo cual, por mandato constitucional es una cuestión que debe regularse en la codificación nacional única correspondiente.
Para sustentar lo anterior se desarrolla el contenido del derecho humano a la seguridad jurídica y su correlativo principio de legalidad, para posteriormente analizar su transgresión en el caso.
A. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en el artículo 14, en relación con el 16 de la Norma Fundamental, constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.
Con base en lo anterior, se exige, paralelamente, la obligación de las autoridades legislativas de establecer leyes que brinden certidumbre jurídica y se encuentren encaminadas a la protección de los derechos de las personas.
Así, las leyes deben asegurar a las personas que la autoridad sujetará su actuar dentro del marco de atribuciones acotado, para que el aplicador de la norma pueda ejercer su labor sin arbitrariedad alguna y, además, para que el destinatario tenga plena certeza sobre su actuar y situación ante las leyes.
El respeto a la seguridad jurídica y a la legalidad constituyen dos pilares fundamentales para el desarrollo del Estado constitucional democrático de derecho. La inobservancia de estas premisas fundamentales hace imposible la permanencia y el desarrollo adecuado del Estado, precisamente cuando el actuar de la autoridad no se rige por estos mandatos de regularidad, el Estado de derecho desaparece y es sustituido por la arbitrariedad.
Por tanto, las disposiciones jurídicas generales que se determinen en un ordenamiento deben provenir de aquel Poder que conforme a la Constitución Federal está habilitado para llevar a cabo tal función legislativa, de manera que cuando una autoridad carece de sustento constitucional para afectar la esfera jurídica de las personas, se conduce arbitrariamente.
En consecuencia, conforme a nuestro régimen federal, las entidades federativas, en el ámbito legislativo, pueden emitir normas que regulen todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario, estarían transgrediendo el orden constitucional al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados sin estar habilitados para ello, en detrimento del derecho fundamental a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
B. Análisis de la norma a la luz del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad
El artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión es el órgano habilitado para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común; esto es, las leyes en estas materias deben ser aplicadas tanto por las autoridades de la Federación como por aquellas de los Estados y la Ciudad de México.
Así, es el Congreso de la Unión quien debe expedir la legislación única al respecto, excluyendo de esta forma la concurrencia de las entidades federativas para regularla. En acatamiento a ello se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce.
Dicho Código Nacional contiene un capítulo que detalla las medidas de protección idóneas que puedan aplicar las autoridades cuando se estime que el imputado representa un riesgo contra la seguridad de la víctima u ofendido, en específico su artículo 137, tema que pretende regular la ley que se impugna.
En ese sentido, los Estados han dejado de estar habilitados para legislar en la materia, toda vez que tal como el Pleno de ese Alto Tribunal ha sostenido, las normas en materia de procedimientos penales no pueden formar parte de las leyes estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en razón de que esas disposiciones se encuentran reguladas en el Código Nacional, el cual es de observancia en toda la República para todos los delitos, sean de competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales.
Es decir, las Legislaturas sólo tienen capacidad, desde el punto de vista constitucional, para ejecutar las disposiciones de la legislación única emitida por el Congreso de la Unión para efecto de la implementación de aquélla o para regular temas orgánicos que le estén relacionados.
Así, la disposición combatida, en contraste con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé supuestos normativos que ya se encuentran regulados en dicho ordenamiento nacional, lo que vulnera el derecho de seguridad jurídica y su correlativo principio de legalidad, al generar inseguridad jurídica para modificar el catálogo de medidas de protección durante la investigación de delitos, lo cual es objeto de regulación en materia procedimental penal y, por tanto, son emitidos por una autoridad que no se encuentra habilitada para ello.
No es óbice a lo anterior el hecho de que el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su último párrafo, prevea que en el caso de aplicación de medidas de protección durante la investigación, tratándose de delitos en razón de género, deberá aplicarse de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual contiene diversos artículos que recogen lo relativo a las órdenes de protección para las víctimas de delitos que implican violencia contra las mujeres. Sin embargo, ello no se traduce en una habitación para que los Congresos Locales legislen al respecto, conforme a lo explicado.
Asimismo, el precepto impugnado no admite considerarlo como una disposición que resulte necesaria para la implementación del Código Nacional en comento, ya que regula cuestiones propias de la materia adjetiva, como el catálogo de medidas de protección para las víctimas de delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Sobre este punto, resulta necesario enfatizar que la totalidad del artículo 63 de la ley que nos ocupa, regula cuestiones que escapan del umbral acotado en el cual pueden legislar las entidades federativas en materia procedimental penal; sin embargo, se impugna solamente la fracción XI, al ser la única que fue objeto de modificación.
Finalmente, en cuanto a los efectos, la Comisión accionante solicita que, en caso de declararse la invalidez, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas.
4. CUARTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el número 187/2020, y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. QUINTO.—Demanda presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y normas que impugna. Por oficio presentado a través del buzón judicial de este Alto Tribunal el tres de agosto de dos mil veinte y recibido el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,(2) por conducto de su presidenta, Nashieli Ramírez Hernández, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"Artículos 31, fracción VII, 42, fracción III, 60, párrafo segundo, 66, párrafo tercero, 69 Ter, 69 Quáter, 71 Quáter, párrafo segundo, 75, último párrafo, 86, párrafo segundo, 96, 178 Bis y 181 Ter, último párrafo, del Código Penal del Distrito Federal; reformados y adicionados mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el 20 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
"Artículos 3, fracciones XII y XXV, 5, fracción II, 14 Ter, 15 Bis, fracciones I, III y IV, 25, fracciones I, III y V, 26, fracción I, 55, fracción I, 59, fracción I, 60 Bis, fracciones I, II, III, IV y VI, 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; reformados y adicionados mediante Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el 20 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
"Artículos 7, párrafo segundo, 44, penúltimo párrafo, 46, último párrafo, 69, primer párrafo y 81 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; reformados y adicionados mediante Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el 20 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México."
6. SEXTO.—Preceptos constitucionales y convencionales que la Comisión Local estima violados. La Comisión Local accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 5o., 6o., apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo, 18, 22, 23 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 5.3, 5.6, 11.2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10.3, 17.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador").
7. SÉPTIMO.—Conceptos de invalidez formulados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En su demanda, la citada Comisión Local sostiene que las normas impugnadas, por las que se crea el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México son inconstitucionales, en síntesis, por lo siguiente:
• Primero. Se violan los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, previstos en los artículos 1o. de la Constitución Federal, 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El derecho a la igualdad y no discriminación se traduce en que todas las personas son iguales ante la ley, sin que prevalezca alguna circunstancia personal o social, de manera que, las personas que se encuentren ubicadas en un mismo supuesto deben ser tratadas de forma igual, sin privilegios, favores o discriminación alguna, esto es, permite a las personas acceder a los derechos reconocidos por el orden jurídico mexicano, eliminando desigualdades manifiestas.
Esta noción de igualdad deriva de la unidad de naturaleza del género humano y está íntimamente relacionada con la dignidad de las personas, frente a la que sea incompatible toda situación que otorgue un trato diferenciado a un grupo determinado que se encuentra en la misma situación. El trato será discriminatorio o desigual en la medida en que esa distinción carezca de una justificación legítima, objetiva y razonable.
El principio de igualdad sirve de criterio elemental para la elaboración, interpretación y aplicación de normas, pues busca evitar que existan disposiciones cuya aplicación implique un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, produzca efectos similares sobre personas que se encuentran en supuestos dispares (desigualdad jurídica).
El derecho humano a la igualdad jurídica dentro del ordenamiento jurídico mexicano se configura en dos grandes facetas: a) la igualdad formal o de derecho y b) la igualdad sustantiva o de hecho.
La primera constituye una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se configura a partir de dos principios: el principio de igualdad ante la ley y el principio de igualdad en la ley.
El primero se traduce en que las normas se apliquen de manera uniforme a todas las personas que se encuentren en los mismos supuestos; mientras que el principio de igualdad en la ley pretende evitar diferencias legislativas para las personas, sin una justificación constitucional o que sean desproporcionadas.
Las violaciones a esta primera faceta son actos discriminatorios, directos cuando la distinción en la aplicación de la norma está explícitamente prohibida o no tiene justificación constitucional, e indirecto cuando la norma aparenta ser neutra pero su aplicación da como resultado una exclusión desproporcionada de un grupo social, sin justificación alguna.
La segunda faceta pretende alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por igual, lo que conllevaría remover o disminuir obstáculos que impidan a ciertos grupos sociales en situación de vulnerabilidad, gozar y ejercer sus derechos. Las violaciones a esta faceta pueden ser por omisión legislativa, una desproporcionada aplicación de la ley o un efecto adverso y desproporcional de la norma en contra de un grupo social.
De conformidad con lo expuesto, el derecho a la igualdad se encuentra íntimamente ligado al de no discriminación.
Al amparo de los derechos humanos, discriminar constituye un trato diferenciado de inferioridad, exclusión y/o estigmatización, a una persona o sector poblacional, por su género, raza, sexo, etnia, religión, ideología política, lengua, ubicación geográfica, filiación, discapacidad, estatus migratorio, entre otros; es decir, privar el ejercicio de este derecho a una persona o grupo de personas.
Asimismo, el derecho a la no discriminación tiene tres dimensiones, por un lado, es un derecho para las personas; es una obligación para los Estados, respetarlo y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y constituye una prohibición discriminar u otorgar trato desigual a las personas que se encuentren en una misma situación jurídica.
Precisado lo anterior, el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, creado mediante el decreto impugnado, constituye un acto legislativo que vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y no es claro que sea una medida proporcional para garantizar los fines constitucionales que busca proteger: los derechos de acceso a la justicia y además de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Por el contrario, al ser un registro que contendrá datos personales que hará públicamente identificable y ubicable a la persona sentenciada por un delito de naturaleza sexual, estigmatiza a ésta y también a sus familiares, generando condiciones para que sean víctimas de discriminación.
El sistema penitenciario mexicano cuenta ya con un mecanismo administrativo que registra la información que se pretende detente el Registro Público impugnado con naturaleza diversa, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que por el tipo de información que se recaba se pueden realizar estudios para la elaboración e implementación de políticas públicas de prevención y protección de las víctimas y potenciales víctimas de delitos sexuales.
Y si bien, el registro actual del sistema penitenciario mexicano es respecto de todos los delitos y no específicamente de personas agresoras sexuales, lo cierto es que uno de los datos que deben registrarse es precisamente el delito, por lo que es posible identificar a las personas agresoras sexuales sentenciadas, de aquellas que lo fueron por delitos sexuales.
En ese orden de ideas, el legislador no justifica por qué la necesidad de la medida creada ni por qué sólo para este grupo de personas sentenciadas por un delito y mucho menos la necesidad de hacerlo público. Aunado a que tampoco expone las razones por las que necesariamente la inscripción se prolongue por mínimo diez años y máximo 30, posteriores al cumplimiento de la pena. Por el contrario, lejos de prevenir el delito y garantizar el derecho de las personas víctimas, implica la exposición pública de las personas sentenciadas que ya han cumplido una pena privativa de la libertad y su discriminación directa, así como de sus familiares, pues el legislador al crear normas para que se le exhiba públicamente establece una discriminación en su contra, porque ocasiona su estigmatización y la de sus familiares, sin justificar la necesidad de la medida.
• Segundo. Se transgrede el principio a la reinserción social establecido en el artículo 18 de la Constitución Federal. Este derecho implica proporcionar a las personas oportunidades para reanudar su vida, lejos del delito, modificando sus tendencias delictivas para dejar los hábitos que las llevaron a delinquir, a través del ejercicio pleno de otros derechos, como son el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Así, al obtener su libertad, contarán con herramientas que les ayudarán a ser personas socialmente útiles y tener un mejor desempeño en la sociedad para no volver a delinquir.
La Constitución Federal tuvo reformas trascendentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y el diez de junio de dos mil once. De ello se puede desprender que con el cambio del término "readaptación social" a "reinserción o reintegración del sentenciado a la sociedad apoyado en el respeto a los derechos humanos y el trabajo", como fin de la pena, el Constituyente abandona la concepción de persona culpable, como una persona degenerada, desadaptada o enferma, que necesita sanar para obtener la compurgación de la pena y los beneficios preliberacionales que prevea la norma. Por el contrario, reconoce que la delincuencia es un problema social no individual, por lo que el fin de la prisión ya no es readaptar, sino garantizar los derechos de la persona para su reinserción a la vida en sociedad, a través de medios que constituyen una herramienta y motor de transformación de la persona sentenciada y su entorno.
El derecho de las personas a reinsertarse a la sociedad implica proporcionarles oportunidades para reanudar su vida, lejos del delito, modificando sus tendencias delictivas para dejar los hábitos que las llevaron a delinquir, a través del ejercicio pleno de otros derechos, como el derecho al trabajo, la educación, salud y al deporte. Así, al obtener su libertad, contarán con herramientas que les ayudarán a ser personas socialmente útiles y tener un mejor desempeño en la sociedad para no volver a delinquir.
La Ley Nacional de Ejecución de Penas, en su artículo 4, prevé como principios rectores del sistema penitenciario la dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y la reinserción social.
En lo que respecta a los medios por los cuales el sistema penitenciario logrará garantizar el principio o derecho a la reinserción social, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone en su artículo 73, que durante los procedimientos todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, acorde con el artículo 1o. constitucional.
Por otro lado, uno de los derechos fundamentales a garantizar por el sistema penitenciario será la salud, para asegurar la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad, como lo establece el artículo 74 de la ley nacional citada.
De igual manera, el artículo 81 de dicha ley nacional dispone que las personas privadas de su libertad participen en actividades físicas y deportivas, para mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales.
En lo que respecta al derecho a la educación, el artículo 83 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que la que se imparta deberá ser laica, gratuita y con contenidos académicos, cívicos, sociales, higiénicos, artísticos, físicos y éticos, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos; debiendo permitir a las personas privadas de la libertad alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo personal.
Sobre la capacitación para el trabajo, la ley nacional referida prevé en su artículo 87 que las personas privadas de su libertad adquieran los conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesaritas para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad. La metodología debe estar basada en la participación, repetición, pertinencia, transferencia y retroalimentación, de manera tal, que los sujetos desarrollen aptitudes y habilidades propias.
Asimismo, acorde con el artículo 91 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el trabajo es otro de los derechos de las personas privadas de la libertad para concretizar su derecho a la reinserción social. Siendo uno de la reinserción social, que tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral, una vez que obtengan su libertad.
Ahora, para demostrar las violaciones alegadas al principio o derecho de reinserción social, se observa que del contenido de las normas impugnadas al registro impugnado se le dota de la siguiente naturaleza, características y finalidad:
• Como medida de seguridad, con efectos de protección y seguridad.
• Como sistema de información público, que contendrá datos de personas sentenciadas por la autoridad judicial, por la comisión de delitos relacionados con violencia sexual.
• Prohibición de incluir en el sistema datos personales de las personas víctimas de delitos relacionados con violencia sexual que las hagan identificables o localizables y ocasionen una revictimización.
• Como mecanismo de prevención y protección para atender el factor riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas.
• La inscripción es independiente a la reparación del daño.
• La autoridad judicial que ordena la inscripción deberá disponer la supervisión correspondiente.
• La inscripción procede sólo cuando se ordena en una sentencia ejecutoriada emitida por delitos como feminicidio (sólo un supuesto); violación, acoso sexual, violación y abuso de personas menores de doce años, turismo sexual y trata de personas.
• Procedencia de su cancelación: i) concluya el plazo de su vigencia o, ii) por orden de autoridad jurisdiccional correspondiente, señalando el motivo.
• Inicia a partir de que cause ejecutoria la sentencia.
• Duración mínima de diez años y máxima de treinta años.
• Subsiste durante el tiempo de la pena privativa de la libertad, aun cuando ésta sea sustituida o suspendida.
• No es sustituible por otra medida de seguridad.
• No se extingue aunque ocurra con la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad sean susceptibles de extinción.
• En el caso del delito de abuso sexual, procede siempre y cuando el caso no sea de los perseguidos por querella.
• Como derecho de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia sexual.
• Como derecho de niñas, niños y adolescentes a consultarlo.
• Se debe garantizar los derechos humanos de la persona registrada.
• Deberá contar con mecanismos de protección y auditoría de la información, para garantizar su calidad e impedir cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.
• Confiabilidad.
• Encriptación.
• Gratuidad en su uso y acceso.
• Público, a través de portales de Internet.
• Aplicación del principio del interés superior de la niñez para efectos de seguridad más amplia, en especial en lo referente a violencia sexual, de lo que pueden ser víctimas o potenciales víctimas.
• Su consulta será previa petición escrita.
Precisado lo anterior y considerando que: i) el artículo 18 de la Constitución Federal prevé que el sistema penitenciario tiene como principio garantizar el derecho a la reinserción social; ii) que la reinserción parte de la premisa de que la delincuencia es un problema social y que el fin de la prisión es retomar a la persona sentenciada a la vida de la sociedad, a través de diversos medios y iii) que la finalidad de la pena es la reinserción social; resulta claro que un sistema de información público que tiene como finalidad evidenciar a las personas sentenciadas ejecutoriadas por delitos sexuales, está lejos de coadyuvar a cumplir con el principio o derecho a la reinserción social, y por el contrario su naturaleza, características y finalidad, en los hechos constituiría una pena para exhibir, estigmatizar y avergonzar, y no una medida de seguridad.
Ello es así, pues, aunque a la persona sentenciada se le aplique una pena disminuida o la autoridad judicial prescinda de imponerle pena privativa o restrictiva, o la sustituya por una menos grave, ello no implicará que no se registre a la persona sentenciada, incluso, aunque la pena fuera sustituida o la pretensión punitiva fuere susceptible de extinción, el registro tal como se creó y promulgó la norma no seguirá la misma suerte.
De igual manera, aun cuando el Constituyente haya definido bajo la garantía del derecho a la reinserción social que con la compurgación de la pena o sanción impuesta por el Juez, a través de los medios que constituyen una herramienta de transformación de las personas sentenciadas (el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, educación, salud y deporte), es posible regresarla a la vida en sociedad; tal parece que para el legislador de la Ciudad de México ello es irrelevante, pues estimó necesario crear un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales que evidencie a las personas sentenciadas por tales delitos, para prevenir la comisión de nuevos delitos de esa naturaleza, lo que se considera una medida trascendental y carente de proporcionalidad que vulnera, entre otros, el principio de reinserción socia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32021-1a6c0fc9/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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