I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. EJECUCIÓN DE PENAS. ES UNA FACULTAD EXPRESAMENTE CONCEDIDA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. V. EJECUCIÓN DE PENAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LA REGULACIÓN RESPECTIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1o., EN SU PORCIÓN NORMATIVA "E IMPLEMENTAR PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CONTRIBUIR CON LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS, ADEMÁS DE ESTABLECER PAUTAS DE OPERACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DIGNAS TANTO DE LAS PERSONAS PROCESADAS COMO SENTENCIADAS", 3, FRACCIÓN XXXIX, DEL 21 AL 63, 65, 68, DEL 73 AL 75, 88, 89, Y DEL 92 AL 103 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VI. EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LA LEGISLATURA LOCAL, AL DESARROLLAR DISPOSICIONES QUE REGULAN LA OPERACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS; IMPLEMENTAR PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CONTRIBUIR CON LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS; Y ESTABLECER PAUTAS DE OPERACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DIGNAS, TANTO DE LAS PERSONAS PROCESADAS COMO SENTENCIADAS, INCIDE EN UNA MATERIA QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1o., EN SU PORCIÓN NORMATIVA "E IMPLEMENTAR PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CONTRIBUIR CON LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS, ADEMÁS DE ESTABLECER PAUTAS DE OPERACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DIGNAS TANTO DE LAS PERSONAS PROCESADAS COMO SENTENCIADAS", 3, FRACCIÓN XXXIX, DEL 21 AL 63, 65, 68, DEL 73 AL 75, 88, 89, Y DEL 92 AL 103 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO SUJETO A SU CONOCIMIENTO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1o., EN SU PORCIÓN NORMATIVA "E IMPLEMENTAR PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CONTRIBUIR CON LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS, ADEMÁS DE ESTABLECER PAUTAS DE OPERACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DIGNAS TANTO DE LAS PERSONAS PROCESADAS COMO SENTENCIADAS", 3, FRACCIÓN XXXIX, DEL 21 AL 63, 65, 68, DEL 73 AL 75, 88, 89, Y DEL 92 AL 103 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1o., EN SU PORCIÓN NORMATIVA "E IMPLEMENTAR PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CONTRIBUIR CON LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LAS PERSONAS SENTENCIADAS, ADEMÁS DE ESTABLECER PAUTAS DE OPERACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DIGNAS TANTO DE LAS PERSONAS PROCESADAS COMO SENTENCIADAS", 3, FRACCIÓN XXXIX, DEL 21 AL 63, 65, 68, DEL 73 AL 75, 88, 89, Y DEL 92 AL 103 DE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2021. COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE JULIO DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Se resuelve la acción de inconstitucionalidad 148/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de los artículos 1, 3, fracción XXXIX, 65, 68, 73, 74, 75, 88 y 89; así como el título segundo, que comprende los capítulos I –artículos 21 a 26–, II –artículos 27 y 28–, III –artículos 29 a 34–, IV –artículo 35–, V –artículos 36 y 37–, VI –artículos 38 a 49–, VII –artículos 50 a 57–, VIII –artículos 58 a 61– y IX –artículos 62 a 63–; de los capítulos III "De la ubicación" –artículos 92 a 96– y IV "De los traslados" –artículos 97 a 103–, estos últimos del título quinto; todos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, expedida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el dos de septiembre de dos mil veintiuno.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 148/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de los artículos 1, 3, fracción XXXIX, 65, 68, 73, 74, 75, 88 y 89; así como el título segundo, que comprende los capítulos I –artículos 21 a 26–, II –artículos 27 y 28–, III –artículos 29 a 34–, IV –artículo 35–, V –artículos 36 y 37–, VI –artículos 38 a 49–, VII –artículos 50 a 57–, VIII –artículos 58 a 61– y IX –artículos 62 a 63–; de los capítulos III "De la ubicación" –artículos 92 a 96– y IV "De los traslados" –artículos 97 a 103, estos últimos del título quinto; todos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, expedida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el dos de septiembre de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
2. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mediante escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal y registrado el cinco siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, 3, fracción XXXIX, 65, 68, 73, 74, 75, 88 y 89; así como el título segundo, que comprende los capítulos I –artículos 21 a 26–, II –artículos 27 y 28–, III –artículos 29 a 34–, IV –artículo 35–, V –artículos 36 y 37–, VI –artículos 38 a 49–, VII –artículos 50 a 57–, VIII –artículos 58 a 61– y IX –artículos 62 a 63–; de los capítulos III "De la ubicación" –artículos 92 a 96– y IV "De los traslados" –artículos 97 a 103–, estos últimos del título quinto; todos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, expedida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el dos de septiembre de dos mil veintiuno.
3. La promovente señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos de la Ciudad de México.
4. Preceptos constitucionales y convencionales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima violados. La Comisión accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión promovente expuso lo siguiente:
• La Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México tiene el objeto de desarrollar el contenido de los artículos 1o. y 18 de la Constitución General a través de disposiciones que regulen la operación y funcionamiento de los centros penitenciarios de la ciudad, además de implementar programas, acciones y actividades necesarias para contribuir con la reinserción social y familiar de las personas sentenciadas.
Así, varias de las disposiciones que contiene la ley, inciden en la materia de ejecución penal, tales como la ubicación y derechos de las personas privadas de su libertad, el régimen de visita y comunicación con la persona defensora, traslados, medidas para alcanzar la reinserción social de la persona sentenciada, entre otros.
Sin embargo, por mandato constitucional, es la Ley Nacional de Ejecución Penal, expedida por el Congreso de la Unión, el único ordenamiento encargado de regular todas las cuestiones relacionadas con las normas que deberán de observarse en el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; sobre los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.
Por tanto, la referida ley vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad toda vez que, por un lado, establece una doble regulación respecto a diversos supuestos ya previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y, por otro, fue emitido por una autoridad que no se encuentra constitucionalmente habilitada para ello.
A juicio del accionante, el derecho de seguridad jurídica se ve vulnerado cuando una legislación determinada regula cuestiones que no le corresponden y establece una duplicidad de regulaciones sobre una misma materia que tiene vedada. Ello, debido a que la existencia de dos ordenamientos que regulan esencialmente el mismo supuesto o hipótesis, pero de forma distinta, provoca incertidumbre para los gobernados y para los operadores jurídicos que aplicarán la norma.
En el caso, las disposiciones que se impugnan establecen una doble regulación respecto de temas que ya se encuentran establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber:
• Ubicación de las personas privadas de su libertad.
• Régimen de visitas en general y comunicación con la persona defensora.
• Tratamiento de personas inimputables.
• Del programa de actividades.
• Respecto de las normas a seguir en materia de traslados.
• Bases de datos del registro de personas privadas de la libertad.
• De las bases que rigen el sistema penitenciario conforme al principio de reinserción social:
• Derecho a la capacitación y al trabajo.
• A la educación.
• A las actividades deportivas, culturales, recreativas y religiosas.
• A la salud.
Ello demuestra que la legislación combatida aborda supuestos relacionados con el internamiento de las personas privadas de la libertad y de su reinserción social en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, no obstante, por mandato constitucional, esa materia solamente puede regularse por el Congreso de la Unión, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Con el propósito de demostrar esa conclusión, la accionante expone los siguientes argumentos:
a. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en el artículo 14, relacionado con el 16, ambos de la Norma Fundamental, constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.
Así, con base en el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, se erige la obligación de las autoridades legislativas de establecer leyes que brinden certidumbre jurídica y se encuentren encaminadas a la protección de los derechos de las personas.
Las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, deben asegurar a las personas que la autoridad sujetará sus actuaciones dentro de un marco de atribuciones acotado, para que el aplicador de la norma pueda ejercer su labor sin arbitrariedad alguna y, además, para que el destinatario de la misma tenga plena certeza sobre su actuar y situación ante las leyes.
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se hacen extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer normas claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley, siempre guiadas bajo los cauces determinados en la Constitución General.
Ahora bien, en el Estado Federal Mexicano todo aquello que no esté expresamente concedido por la Constitución General a las autoridades federales, se entiende reservado a los Estados o a la Ciudad de México, según corresponda.
En consecuencia, las entidades federativas, en el ámbito legislativo, pueden emitir normas que regulen todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario estarían transgrediendo el orden constitucional al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados sin estar habilitados para ello, en detrimento del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
b. Análisis de las normas a la luz del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad
El dos de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se abrogó la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y se expidió la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
La principal justificación del Congreso Local fue materializar la transición de la administración de los centros penitenciarios, pasando de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por tanto, el legislador estimó necesario emitir una nueva legislación que se adecuara a dicha modificación.
La ley impugnada está diseñada para regular diversos supuestos que permitan la adecuada administración y operación de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México; no obstante, del análisis general de la ley, la Comisión accionante señala que el Congreso Local reglamentó distintos supuestos que no corresponden a su esfera de atribuciones, toda vez que reguló cuestiones constitucionalmente reservadas al Congreso de la Unión en materia de ejecución de penas.
Por lo anterior, mediante la expedición de la ley que se impugna, se creó una doble regulación en temas ya previstos por la Ley Nacional de Ejecución Penal, aunado a que fueron legislados por una autoridad que no está habilitada para ello.
Ello, dado que el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, establece expresamente que el Congreso de la Unión es el órgano habilitado para expedir la legislación única de ejecución de penas que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común; esto es, que las leyes en estas materias deben ser aplicadas tanto por las autoridades de la Federación como por aquellas de los Estados y la Ciudad de México.
De conformidad con este precepto, todo lo relativo a la ejecución de las sanciones penales corresponde al Congreso de la Unión, quien para regularla debe expedir la legislación única, excluyendo de esta forma la concurrencia de las entidades federativas para legislar al respecto.
En acatamiento a ese mandato constitucional, se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la cual, como lo dispone en su artículo 2o., será de observancia general en la Federación y en las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
De esta forma, resulta indisponible e incluso innecesario que los órganos legislativos locales establezcan normas aplicables para aspectos relacionados con la ejecución de penas, es decir, en todo aquello que tenga que ver con el internamiento de personas en los centros penitenciarios, locales o federales, por prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, pues la norma nacional emitida por el Congreso General es la que cuenta con sustento constitucional para dotar de contenido a la regulación en esa materia.
Así, para identificar qué contenidos comprende la materia precisada, la accionante hace referencia a que el artículo 1o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone como objeto de la ley:
a) Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
b) Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal.
c) Regular los medios para lograr la reinserción social.
Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal desarrolla el parámetro obligatorio para todas las autoridades en cualquier orden de gobierno respecto del desarrollo del debido procedimiento penitenciario ante las autoridades de ejecución, la actuación de los sujetos que intervienen en él, de acuerdo con sus respectivos derechos y atribuciones, así como del internamiento de las personas privadas de su libertad.
Así, es evidente que la facultad de regular esos supuestos es exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que bajo ninguna consideración las entidades federativas pueden legislar en la materia, incluso replicar lo previsto en la Ley Nacional.
Conforme a lo anterior, la accionante desarrolla cada uno de los temas en los que considera, el Congreso de la Ciudad de México estableció una doble regulación:
• Objetivo y ámbito de aplicación. La ley impugnada prevé que sus disposiciones aplicarán sobre: 1) operación y funcionamiento de los centros penitenciarios; 2) implementación de programas, acciones y actividades necesarias para la reinserción social de las personas sentenciadas; y, 3) establecer pautas para la generación de condiciones dignas tanto de las personas procesadas como sentenciadas.
Del objetivo de la ley local se advierte que busca establecer que sus disposiciones se observen directamente por los gobernados y operadores jurídicos en relación con el internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, por lo que, de conformidad con su contenido, prevé cuestiones referentes a derechos de la personas privadas de la libertad, régimen de visitas y comunicación con la persona defensora, bases de organización del sistema penitenciario, régimen de tratamiento de personas inimputables, del plan de actividades, de los traslados, de la ubicación de las personas privadas de la libertad, de las bases de datos del registro de personas privadas de la libertad y del cumplimiento de la sentencia en un centro cercano a su domicilio o de su familia.
Tales prescripciones inciden directamente en aspectos vinculados con el internamiento en los centros penitenciarios de personas que ya recibieron condena por la comisión de un delito, lo que incluye la regulación de todos aquellos actos para lograr la reinserción social del sentenciado, los cuales son contenidos ya regulados en la Ley Nacional, al tratarse de cuestiones esenciales de ejecución penal.
• Definición del sistema penitenciario. La definición de sistema penitenciario prevista en el artículo 3, fracción XXIV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, coincide con la establecida en el numeral 3, fracción XXXIX, de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
El contenido de la definición del sistema penitenciario es formal y materialmente facultad del Congreso de la Unión, pues se relaciona con todo aquello que tenga que ver con la etapa de ejecución de sanciones penales: supervisión y ejecución de penas, medidas de seguridad derivadas de una sentencia, y la base de organización conforme al artículo 18 de la Constitución General.
De ahí que si bien el legislador local reprodujo casi en términos exactos lo previsto en la Ley Nacional, lo cierto es que además de ser innecesario, definió un término que se escapa de su esfera competencial por tratarse de la ejecución de sanciones penales.
• De los derechos de las personas privadas de la libertad. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece un catálogo de derechos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, así como particularmente aquellos derechos exclusivos de las mujeres privadas de su libertad y de las personas sentenciadas que gocen de libertad condicionada (artículos 9, 10 y 12).
Mientras que la ley local impugnada establece también un capítulo dedicado a los derechos de las personas privadas de la libertad (artículos 21 a 26), donde además de establecer derechos distintos a los previstos en la Ley Nacional, el legislador reguló una materia en la que no tiene competencia, pues es el Congreso de la Unión el habilitado para prever todas las cuestiones referentes al internamiento de las personas que se encuentren en prisión preventiva o compurgando una sanción privativa de la libertad en los centros penitenciarios del país.
• Régimen de visitas y comunicación con la persona defensora y con personas defensoras de los derechos humanos. En cuanto a la comunicación entre las personas privadas de su libertad y la persona que represente su defensa, la Ley Nacional en su artículo 58 establece las bases de operación y funcionamiento de las entrevistas que se lleven a cabo. No obstante, el Congreso de la Ciudad de México estableció en los artículos 27 y 28 de la ley impugnada su propio régimen de comunicación de las personas privadas de su libertad con su representante legal dentro de los centros penitenciarios.
Respecto del régimen de visitas en general, la Ley Nacional prevé en sus artículos 59, 60, 61, 62 y 63 las reglas que se deberán observar en todos los centros penitenciarios de la República respecto de las visitas a las personas privadas de la libertad. Mientras que la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México establece, en sus artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 un régimen de visitas distinto al regulado por la Ley Nacional.
Por tanto, existen dos órdenes normativos distintos que podrán ser aplicables en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, generando incertidumbre jurídica a las personas privadas de la libertad, las personas visitantes, las personas defensoras y a las autoridades de ejecución penal.
• Bases de organización del sistema penitenciario (reinserción social). La Comisión accionante argumenta que conforme a lo dispuesto por el artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución General, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, salud y deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Este cambio de paradigma se dio con la reforma constitucional de dos mil ocho, que colocó al principio de reinserción social como el pilar del sistema penitenciario mexicano, considerándolo como el objetivo constitucional de toda sanción penal, siendo que toda persona que ha cometido un delito se aparta de la sociedad, por lo que la finalidad última de la pena es reinsertar o reincorporar al individuo a la misma, a través de diversas herramientas. Por tanto, es innegable que el principio de reinserción social es el eje rector del sistema penitenciario en todo el país.
Así, para el adecuado desarrollo de ese mandato y objetivo constitucional, el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece como uno de sus fines el regular los medios para lograr la reinserción social de las personas sentenciadas, de manera que en su título tercero desarrolla las bases de organización del sistema penitenciario aplicable en todo el país, el cual deberá tener por base el respeto y reconocimiento de los derechos de salud, actividades físicas, deporte, educación y capacitación para el trabajo. De ahí que las bases establecidas por el Congreso de la Unión de la Ley Nacional son obligatorias en todos los centros penitenciarios de México pues son las medidas tendentes a procurar y propiciar la reinserción social del individuo, por lo que las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán estarse a dichas disposiciones.
Sin embargo, contrario a ello, el legislador de la Ciudad de México desarrolló de forma distinta el contenido de la organización del sistema penitenciario, pues a pesar de que estableció las mismas bases –es decir, capacitación y trabajo, educación, actividades deportivas, culturales recreativas, religiosas y de salud– para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad, lo cierto es que generó cambios sustanciales en cuanto a su contenido.
Es decir, por una parte legisló en una materia que no se encuentra constitucionalmente habilitado y, por otra parte, estableció un régimen diferente al establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
• De los derechos de las mujeres privadas de su libertad. La accionante manifiesta que los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional establecen tanto los derechos de las mujeres privadas de su libertad como las disposiciones obligatorias que deberán en los centros penitenciarios de fuero federal o local.
No obstante, el legislador local estableció su propio régimen que regula este mismo aspecto, pero de una manera distinta, lo cual repercute directamente en la seguridad jurídica de las mujeres que se encuentren en esa situación, así como la de sus hijos que nacieron durante el internamiento.
• Tratamiento de personas inimputables. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece parámetros para el tratamiento, establecimiento, organización, atención externa, normas reglamentarias y protocolos de las personas inimputables. Por su lado, la ley combatida establece un capítulo denominado "Del tratamiento a personas inimputables y con trastornos psiquiátricos" cuyo contenido ya se encuentra regulado en la Ley Nacional.
De ahí que, a juicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la doble regulación generada por el legislador local vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues, por una parte, genera incertidumbre jurídica sobre las normas que serán aplicadas y, por la otra, se trata de disposiciones expedidas por una autoridad incompetente para crearlas.
• Del plan de actividades. El plan de actividad es definido por la Ley Nacional de Ejecución Penal como la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección de salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y organización de cada centro.
Por su parte, la ley impugnada prevé que el plan de actividades es el conjunto de actividades laborales, educativas, de capacitación para el trabajo, deportivas, culturales y recreativas, cuyo objetivo es proporcionar a las personas privadas de su libertad opciones, conocimientos y herramientas para mejorar sus condiciones de vida y facilitar su reinserción a la sociedad una vez que obtengan su libertad.
Es así que el legislador local introdujo una disposición que define y determina los objetivos del plan de actividades, pese a que eso también ya se encuentra en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
• De los traslados. La Ley Nacional en su artículo 49 establece que las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso.
Asimismo, las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio, salvo que se trate de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad.
Es decir, la Ley Nacional se ocupa de establecer el parámetro obligatorio en materia de traslados que rigen el país y, en consecuencia, en todos los centros penitenciarios, por lo que es indisponible para los congresos locales modificar o reglamentar esa materia.
Por su parte, el legislador de la Ciudad de México creó un régimen independiente y aplicable únicamente para esa entidad, ya que en el artículo 89 de la ley local, determinó el derecho de las personas privadas de la libertad condenadas para cumplir su sentencia en el centro penitenciario cercano a su domicilio o al de su familia.
Asimismo, legisló sobre el cumplimiento de sanciones privativas de la libertad por personas sentenciadas en países extranjeros y que cumplan sus condenas en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
Además, estableció todo un capítulo denominado "De los traslados" en el que precisó reglas distintas a las previstas por la Ley Nacional respecto de cómo operarán los traslados cuya sanción esté siendo cumplida en algún centro penitenciario, o bien, que la persona sea trasladada desde otro distinto.
• De la ubicación de las personas privadas de su libertad. La regulación respecto de la ubicación de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios se encuentra prevista en el artículo 5 de la Ley Nacional.
Además, en su artículo 192 establece que las personas sujetas a una medida de seguridad privativa de la libertad deberán cumplirla únicamente en los establecimientos destinados para ese propósito, distinto de los centros de extinción de penas y de prisión preventiva.
Así, es evidente que el legislador federal estableció la forma en que deberán ser ubicadas las personas privadas de la libertad en todos los centros penitenciarios del país, por lo que los Congresos Locales no pueden legislar al respecto, incluso están vedados para replicarlo.
Contrario a lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México reguló la ubicación de las personas privadas de la libertad que se encuentran en internamiento en los centros penitenciarios.
• Bases de datos del registro de personas privadas de la libertad. La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 27 establece la obligación a cargo de las autoridades penitenciarias de mantener una base de datos de las personas privadas de su libertad que ingresen a cualquier centro penitenciario en el país, esto de conformidad con lo establecido en el sistema único de información criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según esta ley, la autoridad penitenciaria tiene la obligación de mantener un expediente médico y expediente único de ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario.
Ahora bien, en similares términos, el artículo 88 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México establece que todas las personas ingresadas a un centro penitenciario deberán ser registradas al sistema único de información criminal.
Por lo que, si bien el Congreso Local buscó trasladar los datos que se necesitan recabar de cada persona que ingrese a algún centro penitenciario de esa ciudad, lo cierto es que era innecesario replicar la información que ya se encontraba en un ordenamiento nacional y de aplicación directa para todas las autoridades penitenciarias.
Conforme a lo expuesto, la Comisión accionante considera que no existe autorización constitucional que habilite a las Legislaturas Locales para regular cuestiones que ya se encuentran establecidas en la legislación nacional de la materia, pues ello resulta innecesario e indispensable para el correcto desarrollo e implementación de la ejecución de sanciones penales.
Finalmente, señala que el detrimento al derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad se corroboró por este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 90/2015, en la cual se declaró la invalidez de normas locales que regulaban diversas cuestiones en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia penal para adolescentes.
Además, señala que en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, el Tribunal Pleno declaró la invalidez de varios artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues se trataba de prescripciones normativas que ya se encontraban reguladas en la legislación única penal que expidió el Congreso de la Unión. Por tal razón, sostuvo que el legislador local no tenía atribuciones para regular tales contenidos, ni siquiera en forma de reiteración.
6. Admisión y trámite. Mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 148/2021 y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su trámite y elaboración del proyecto correspondiente.
7. Posteriormente, por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la Ciudad de México para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al Congreso Local para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y, al órgano ejecutivo, para que exhibiera copia certificada de la Gaceta Oficial en la que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
8. Informe del Poder Legislativo de la Ciudad de México. Mediante escrito depositado el once de noviembre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31944-d817d256/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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