I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE VULNERAN DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LA LEGISLATURA LOCAL QUE VULNERAN DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. NO SE CIRCUNSCRIBE A MEROS ACTOS DE APLICACIÓN, SINO QUE ABARCA A LA PROPIA LEY QUE SE APLICA, LA CUAL DEBE QUEDAR REDACTADA DE TAL FORMA QUE LOS TÉRMINOS MEDIANTE LOS QUE SE ESPECIFIQUEN LOS ELEMENTOS RESPECTIVOS SEAN CLAROS, PRECISOS Y EXACTOS. VII. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. VIII. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LAS FORMULACIONES RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL AL CASO CONCRETO. X. TIPICIDAD. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL Y LA BASE FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODAS SUS DERIVACIONES. XI. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SUPONE LA EXIGENCIA DE QUE EL GRADO DE DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA SEA TAL QUE LO QUE ES OBJETO DE PROHIBICIÓN PUEDA SER CONOCIDO SIN PROBLEMAS POR EL DESTINATARIO DE LA NORMA. XII. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. XIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 127 BIS 1, 143, 286, 288 Y 289 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADOS MEDIANTE LA "LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO", PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL, EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, AL NO ALCANZAR LA MAYORÍA CALIFICADA REQUERIDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIV. DELITOS DE RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA DE PARTICULARES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE NO ESTABLECE CON EXACTITUD LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PARA LA CONSUMACIÓN DE DICHOS DELITOS TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, AL IMPEDIRLES SABER A LOS DESTINATARIOS DE LA NORMA LOS SUPUESTOS PARA SU ACTUALIZACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 290, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN ESTE CÓDIGO PENAL", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, REFORMADO MEDIANTE LA "LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO", PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL, EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). XV. DELITOS DE RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA. INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN ESTE CÓDIGO" DEL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL NO PRECISAR CON EXACTITUD EL O LOS ARTÍCULOS A LOS QUE LOS OPERADORES Y DESTINATARIOS DE LA NORMA DEBEN ACUDIR PARA CONOCER CON EXACTITUD LOS CASOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO IMPUGNADO, CON LO QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. XVI. DELITO DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS O PRIVADOS, SEGURIDAD O PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA AGRAVANTE CUANDO EL ILÍCITO SEA COMETIDO CONTRA DICHAS PERSONAS, POR MOTIVO DE SU TRABAJO O PROFESIÓN, CONSTITUYE UNA DIFERENCIA DE TRATO INJUSTIFICADA Y, POR ENDE, DISCRIMINATORIA, QUE ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2021 Y SU ACUMULADA 6/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 5 DE AGOSTO DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 5/2021 y su acumulada 6/2021, promovidas, respectivamente, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro en contra de diversas disposiciones contenidas en la "Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro", publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil veinte.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno(1) en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado el catorce siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de quien se ostentó como su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez de lo siguiente:
"Artículos 127 Bis-1, 143, 221, 286, 289, 293, 299, 300, 303 y 304 del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformados mediante Ley publicada el 18 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa, ‘La Sombra de Arteaga'(...)"
2. Conceptos de invalidez de la CNDH. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• Los artículos 127 Bis-1, 143, 221, 286, 289, 293, 299, 300, 303 y 304 del Código Penal para el Estado de Querétaro, vulneran el derecho a la seguridad jurídica, así como al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad y de mínima intervención penal (ultima ratio), pues los tipos penales tienen una redacción imprecisa y ambigua que no permite conocer con claridad las conductas prohibidas, por lo que no generan certeza suficiente a las personas respecto de cuáles actuaciones o comportamientos pueden realizar sin incurrir en los delitos que ahí se describen.
• El artículo 127 Bis-1 que sanciona el delito de peligro de contagio, es inconstitucional por ser contrario al derecho de seguridad jurídica y a los principios de taxatividad y ultima ratio que rigen en materia penal, pues criminaliza a las personas que padecen cualquier enfermedad grave.
• Existe un número inmensurable de enfermedades que pueden considerarse graves dependiendo de sus efectos, los síntomas, sus consecuencias, etcétera. Además, la gravedad de un padecimiento puede depender del sistema inmunológico de cada persona. Así, una enfermedad que puede resultar peligrosa para un individuo puede no tener el mismo nivel de riesgo para otros.
• De este modo, la conducta consistente en padecer "una enfermedad grave en periodo infectante, sin que la víctima u ofendido tenga conocimiento de esta circunstancia, ponga en peligro de contagio la salud de otro o de varias personas, por cualquier forma o medio de transmisión", no genera certeza suficiente en cuanto a cuáles son las conductas efectivamente prohibidas, lo que resulta contrario al principio de taxatividad.
• La falta de claridad del delito de peligro de contagio se actualiza por la indefinición de tres elementos del tipo penal: a) una "enfermedad grave en periodo infectante"; b) en qué consiste el verbo rector "poner en peligro de contagio", y c) el empleo de cualquier forma o medio de transmisión.
• Los elementos del delito de peligro de contagio resultan amplios y vagos, dando pauta a la indeterminación del tipo penal ante la inmensa cantidad de enfermedades infecciosas a las que puede o no atribuirse la calificativa de grave, pues el impacto en la salud entre cada persona puede variar significativamente.
• En ese tenor, puede haber casos en los que la exposición de una enfermedad pueda tener un impacto muy perjudicial en la salud de una persona, pero no así para otras, por lo que su gravedad quedará determinada en cada caso concreto por diversas variantes.
• Tal como se encuentra redactada la norma combatida, el sujeto activo, además de tener conocimiento de su enfermedad grave, debe saber en qué periodo podrá infectar a otro sujeto, ya que así lo exige el tipo penal. Además, este elemento del tipo no es perfectible en primera instancia por la autoridad ministerial, porque quedará a su discreción determinar si se encuentra en el aludido periodo de contagio de la enfermedad, pues se trata de un aspecto que llega a ser de una especificidad técnica tan alta que no puede ser verdaderamente cognoscible por el común de las personas.
• Si para el imputado el término "poner en peligro de contagio" la salud de otro sujeto resulta impreciso ante la imposibilidad de saber con certeza el momento en el cual se genera el riesgo, para la autoridad ministerial y jurisdiccional resultará discrecional su determinación, pues deberán partir de presunciones para tener por actualizado tal elemento.
• Adicionalmente, el artículo impugnado tiene como elemento del tipo penal un medio comisivo indeterminado al indicar que será por "cualquier forma o medio de transmisión o por relaciones sexuales", lo que resulta igualmente abierto e impreciso para saber en qué casos una persona se encuentra en la hipótesis normativa descrita.
• Además, la norma resulta contraria al principio de ultima ratio, pues sanciona con la medida estatal más lesiva, conductas que pueden ser atendidas con otro tipo de mecanismos, como una adecuada política pública en materia de salubridad o medidas alternativas como campañas de información sobre los mecanismos de transmisión, promoción del cubrebocas, información sobre salubridad, entre otras.
• Del dictamen de reforma, se desprende que esta disposición se identifica como una medida para combatir la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), sin embargo, ello no puede implicar desproteger otros derechos fundamentales, por lo que no debe emplearse el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, sino privilegiar otros instrumentos más efectivos y menos represores.
• Para esclarecer mejor el argumento, es menester hacer referencia a los mecanismos de prevención y sanción que contiene la Ley General de Salud, en donde se contemplan medidas de seguridad y sanciones de carácter administrativo que pueden aplicarse para garantizar la observancia de las determinaciones de la autoridad respecto de mecanismos de protección sanitaria para tutelar la salud individual y pública, ante posibles riesgos de contagio de enfermedades transmisibles, las cuales son menos lesivas e igual de eficaces para tutelar el bien jurídico que se pretende salvaguardar con el artículo impugnado.
• Así, mientras que la Ley General de Salud establece que, por la misma conducta antijurídica se imponga amonestación, multa, o en su caso, arresto hasta por treinta y seis horas, la norma penal impugnada estableció una pena de prisión de tres a seis años.
• En esta línea de ideas, el tipo penal impugnado criminaliza conductas que no deberían ser sancionadas por el ius puniendi del Estado, al no ser hechos jurídicos que produzcan un resultado dañoso a la salud pública, sino una mera posibilidad, de ahí que se incumpla con el subprincipio de fragmentariedad derivado del de ultima ratio.
• Además, la conducta tipificada ni siquiera exige que se demuestre que una persona efectivamente contagió a otra, lo cual incluso necesita pruebas científicas muy complejas para probarse, sino que basta la puesta en peligro de que se produzca un daño, lo cual puede resultar excesivamente desproporcional dado la descripción típica, pues que una persona se considere en peligro de ser contagiada por otra, puede caer en el plano de lo subjetivo, ya que no se establecen los medios comisivos de la conducta y, por tanto, cualquier individuo puede alegar que otro quiso dolosamente ponerlo en peligro en riesgo de contagiarse de una enfermedad, sin necesidad de que se pruebe, dado que no se pide un resultado real de infección.
• La norma impugnada vulnera los derechos humanos de grupos de personas en situación de vulnerabilidad al criminalizar su condición de salud.
• Es responsabilidad del Estado proporcionar bienes, servicios y educación en materia de salud, por lo cual, el régimen penal busca eximir a las autoridades de esa responsabilidad, castigando a las personas por la incapacidad de las autoridades de ofrecer la atención médica adecuada y llevar a cabo una concientización a la población en general sobre los problemas de salud pública y cómo evitarlos.
• En ese sentido, es inaceptable que el derecho penal pretenda castigar a las personas por la inoperancia del gobierno respecto a la responsabilidad del Estado de brindar educación, servicios de salud y mensajes coherentes a la población sobre la prevención ante una situación de posibles contagios de enfermedades transmisibles.
• Por lo anterior, resulta inconcuso que el artículo 127 Bis-1 del Código Penal local que tipifica el delito de peligro de contagio es excesivamente abierto e impreciso, lo que genera incertidumbre en los destinatarios de la norma y los operadores jurídicos sobre cuáles son las conductas que efectivamente buscó sancionar el legislador, pues no se tiene certeza de qué es un enfermedad grave, cuándo se genera un peligro real de contagio y cuáles son los medios comisivos del ilícito penal, por lo que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y mínima intervención penal.
• El artículo 143 del Código Penal para el Estado de Querétaro que sanciona penalmente a la persona que omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto en su persona, cuando conforme a las circunstancias pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, o al que estando en condiciones de prestarlo no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitare auxilio a quienes pudieren prestarlo, resulta inconstitucional pues penaliza conductas que no deberían ser castigadas en esa vía.
• La disposición tiene tal amplitud, que las conductas consistentes en omitir prestar auxilio u omitir dar aviso o solicitar auxilio, no generan la certeza suficiente sobre cuáles son las conductas efectivamente prohibidas. El legislador no describió con la precisión debida cuáles son las actividades que se encuentran prohibidas, teniendo como consecuencia que las personas no tengan la seguridad de conocer qué rango de conductas son las que se incriminan.
• La norma impugnada establece una carga desproporcionada sobre las personas, en tanto dispone la obligación de prestar auxilio o de dar avisos a las autoridades o a las personas que pueden prestar auxilio. Esto implica imponer una responsabilidad excesiva, so pena de ser sancionados penalmente.
• Además, el precepto penal impugnado criminaliza supuestos que pueden sancionarse o atenderse con medidas menos lesivas, distintas a la penal.
• En cuanto al artículo 221 del Código Penal del Estado de Querétaro, que establece como ilícito al que públicamente provoque a cometer un delito o haga apología de éste, por la forma en que se encuentra diseñado no permite que se tutele efectivamente, los bienes jurídicos que se pretenden proteger ante los ataques más graves, sobre todo cuando existen otros medios igualmente idóneos para lograr sus fines.
• La norma que se combate contiene un tipo penal de peligro, pues se sancionan las conductas relativas a convocar, organizar, promover o difundir, por cualquier medio, la coordinación o ejecución de saqueos, daños, robos o cualquier acto violento que afecte diversos establecimientos.
• El legislador queretano puntualizó que el establecer el tipo penal en estudio tiene por objeto que las autoridades locales competentes intervengan antes de que se ejecute y se consuma el saqueo, los daños o actos violentos a los diversos establecimientos contemplados en las normas en cuestión.
• De los antecedentes de la norma impugnada se advierte que el legislador local adoptó esa medida pues en la actualidad, diversas entidades federativas han enfrentado una problemática social y de seguridad que implica la comisión de determinadas conductas, como las convocatorias y ejecución de saqueos y robos de establecimientos de proveedores de insumos indispensables para el continuo desarrollo de las actividades esenciales de la población.
• Sin embargo, no es posible concluir de manera inevitable que el derecho penal es la vía idónea, única, necesaria y proporcional para lograr el propósito pretendido, es decir, proteger los bienes jurídicos antes mencionados.
• En efecto, la norma impugnada constituye el ejercicio de la política más lesiva del Estado que no resulta indispensable para salvaguardar el bien jurídico cuya tutela se pretende, pues reprocha penalmente conductas como convocar, organizar, promover o difundir la coordinación o ejecución de saqueos, daños, robos o cualquier acto violento, sin que dichas acciones en sí mismas conlleven necesariamente un daño importante o extremadamente grave para el bien jurídico tutelado.
• En los términos en que se encuentra redactada la descripción típica hace posible que se aplique la pena corporal de manera excesiva, pues su sentido y alcance normativo abarca actos que implican el ejercicio de la libertad de expresión, pues la disposición no contempla que la intención del sujeto activo sea conseguir la finalidad de producir un daño.
• La norma tipifica la acción de divulgar la información relativa a los referidos fenómenos delictivos, con lo cual restringe de manera injustificada la labor periodística en detrimento del derecho a la libertad de expresión en su vertiente de difundir información.
• La norma impugnada prevé una sanción para las personas que compartan información por cualquier medio que se relacione con una posible comisión de saqueos, daños, robos o actos violentos. Sin embargo, la disposición omite tomar en cuenta que la difusión de dichos datos puede tener fines exclusivamente informativos.
• La manera en que se está configurando el delito en estudio, en cuanto a la porción normativa "difundir", permite criminalizar la divulgación de la información relativa a dichos fenómenos delictivos, aun cuando no se tenga la intención de producir un daño o siquiera poner en peligro al orden público, y solamente se busque informar a la sociedad lo que acontece al respecto, restringiendo de manera injustificada la labor periodística.
• Ello es así, en virtud de que el legislador local no consideró que la conducta debía realizarse de manera deliberada y con el propósito de producir un daño, dado que, de su redacción se desprende claramente que se aplicarán las penas de prisión y pecuniaria a cualquier persona que divulgue esa información, incluyendo a quienes la hagan de conocimiento del público en general en forma de noticia sobre el tema, es decir, aun cuando no se tenga el propósito de dañar el orden público.
• Resulta necesario reiterar que la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la divulgación de la información que pudiera estar contenida en cualquier medio escrito u oral que sea una fuente periodística o simplemente al reproducir un hecho notorio.
• Resulta inconcuso que los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de difundir información sobre temas de interés público, a fin de ponerla en la mesa del debate público, lo que incluye dar a conocer a las personas, en forma de noticias, las convocatorias o provocaciones a delitos de los que tengan conocimiento, así como, en su caso, la ejecución de los mismos, por lo que la norma termina teniendo un efecto inhibidor de la tarea periodística.
• El artículo impugnado limita de manera innecesaria la libertad de expresión, más allá de lo estrictamente imperioso, por lo que sanciona conductas que no deberían de ser criminalizadas en detrimento del derecho aludido, con especial impacto en el gremio periodístico, toda vez que el tipo penal no sanciona únicamente las conductas donde se advierta de forma clara y precisa que se actualizan consecuencias perjudiciales y gravosas y que se tiene la intención de provocar un daño.
• Las conductas contenidas en la norma controvertida ameritan un control menos lesivo con el cual se puedan garantizar la salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados mediante vías igualmente efectivas, pero menos dañinas para los derechos de las personas en razón al daño real o material ocasionado, dado que la conducta de ninguna manera implica un daño, sino una mera posibilidad.
• A la luz del principio de subsidiariedad, se estima que el Estado debió recurrir en primera instancia a otras medidas menos restrictivas, como una adecuada política pública de prevención del delito o por vías como la administrativa, mediante multas, arresto, resarcimiento de los daños o, en su defecto, por la realización de esos actos perjudiciales, como podría ser robo o daño a la propiedad.
• Así, la norma controvertida transgrede el principio de ultima ratio, pues si bien la seguridad de las sociedades una finalidad constitucionalmente imperiosa, lo cierto es que la norma no resulta acorde con una política de mínima intervención penal, pues criminaliza conductas que no deberían ser punibles, afectando inclusive el derecho a la libertad de expresión de las personas.
• Por otra parte, las conductas contenidas en el primer párrafo del artículo impugnado consistentes en "provocar a cometer un delito o hacer apología de éste", resultan excesivamente ambiguas e imprecisas, de manera que son contrarias al principio de taxatividad en materia penal, pues son frases normativas que de ninguna manera acotan las conductas que se encuentran prohibidas, de manera que la mera exhortación de un sujeto a otro para la comisión de un delito, sin que dicho delito se efectúe materialmente, ya implica una sanción penal. Asimismo, no se tiene certeza sobre el alcance de la porción normativa "apología del delito", pues podría implicar un número inconmensurable de conductas.
• El artículo 286 del Código Penal local, que sanciona a quien rehúse a prestar un servicio al que la ley lo obligue o cuando desobedezca un mandato legítimo de la autoridad, es excesivamente abierto e impreciso, de modo que la desobediencia a cualquier mandato de alguna autoridad implica una sanción penal, lo que incluye la inobservancia respecto de medidas de seguridad sanitaria como el uso obligatorio de cubrebocas o la restricción de no salir de casa. Lo anterior hace patente que la norma resulta contraria al derecho de seguridad jurídica y a los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad, así como al diverso de ultima ratio.
• La norma sanciona penalmente una cantidad de conductas excesivamente amplia. De forma ilustrativa, cuando una autoridad de tránsito da alguna orden legitima y la persona incurra en desobediencia, será susceptible de ser sancionada penalmente. Una autoridad que ordene a manifestantes a detener su protesta y retirarse del lugar también implica la actualización del tipo penal. Ello hace patente que la norma resulta contraria al derecho de seguridad jurídica y a los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y al diverso de ultima ratio.
• El artículo 288 de la legislación penal del Estado de Querétaro, sanciona a quien se oponga a que la autoridad o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal o resista el cumplimiento de un mandato de autoridad mediante amenazas. Dicho precepto no es claro en cuanto su alcance, pues el delito de amenazas ya se encuentra tipificado en el artículo 155 del Código Penal para el Estado de Querétaro, de ahí que no se brinda claridad sobre la forma en que se configura el delito. • No queda claro si el término "amenazas" debe entenderse en un sentido coloquial, esto es, que una persona de a entender que quiere hacer un mal a otro, o si, por el contrario, debe comprenderse en un sentido normativo de forma que, por amenazas, se entienda la comisión del delito previsto en el artículo 155 del Código Penal local.
• De ahí que la norma resulta inconstitucional por ser contraria al principio de taxatividad en materia penal, Más aún, en caso de ser el primero de los supuestos la norma resultaría inválida por ser restrictiva de la libertad de expresión, pues en el supuesto de que una persona en el ejercicio de su derecho de protesta se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal o resista el cumplimiento de un mandato de autoridad, y lo realice a través de amenazas a la autoridad, se estaría restringiendo de forma injustificada su libertad de expresión.
• Si bien, la Constitución Federal no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o incluso, expresiones que podrían considerarse amenazantes o intimidantes, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas.
• Por el contrario, en caso de que se trate del segundo supuesto, el relativo al sentido normativo, se estima que el delito de oponerse a que la autoridad ejerza alguna de sus funciones de forma legal o resista el cumplimiento de un mandato de autoridad subsume el delito de amenazas a la configuración de éste, lo que también tornaría inconstitucional la norma en tanto un delito se encuentra supeditado a la comisión de otro.
• Por su parte, el artículo 289 del Código Penal local, penaliza a quien procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, dispuestos por la autoridad competente con los requisitos legales o con su autorización. Se considera que la conducta descrita como "[...] procurar con actos materiales impedir [...]", no es clara, precisa y acotada sobre lo que se encuentra prohibido, máxime que la norma engloba conductas que se encuentran bajo el amparo del ejercicio legítimo de las libertades de expresión y manifestación.
• La norma resulta indeterminada, puesto que no se tiene certeza sobre el alcance del elemento normativo relativo a "actos materiales".
• Esto implica diversos escenarios, pues se engloba una multiplicidad de actividades o conductas que pueden considerarse que "tienden a impedir" la realización de obras o trabajos públicos. El problema de taxatividad consiste en que la norma no es precisa en cuanto su alcance. Más aun, la disposición sanciona conductas pacíficas o aquellas relacionadas con la resistencia civil no violenta, permitiendo que sea la autoridad jurisdiccional quien decida si la conducta realizada efectivamente implica una tendencia a impedir la obra o el trabajo público en cuestión.
• Además, la disposición penaliza a quien, incluso, a través de un medio legal y legítimo impida la ejecución de una obra o trabajos públicos, pues la redacción refiere que será sancionada la persona que lleve a cabo dichas conductas por cualquier acto material, incluso no violento. Es decir, basta con que alguien realice cualquier acción y que la autoridad considere que la misma es tendente a procurar impedir la ejecución de trabajos u obras.
• La redacción del artículo impugnado permite que sea la autoridad investigadora o, en su caso, la autoridad jurisdiccional quienes decidan quiénes son los sujetos activos del delito y cuáles son las conductas sancionables, lo que conlleva a que se traslade la responsabilidad de la tipificación del delito a tales autoridades.
• El artículo 289 del Código Penal local transgrede el principio de ultima ratio, en tanto sanciona conductas que ameritan un control menos lesivo y que podrían garantizar los bienes jurídicos que pretenden salvaguardarse a través de vías igualmente efectivas, pero menos dañinas para los derechos de las personas que cometan las conductas sancionadas. Lo anterior, porque se sanciona penalmente el hecho de poner en peligro la ejecución de una obra o trabajos públicos, aun y cuando el resultado no cause la inejecución en sí misma.
• Si bien, la propiedad y el servicio público son prerrogativas importantes susceptible de protección como bienes jurídicos, lo cierto es que la consecuencia prevista por la conducta reprochable puede entrar en colisión con el ejercicio legítimo de otros derechos, como podrían ser las libertades de expresión y manifestación, en cuyo caso, sancionar penalmente el procurar impedir, mediante actos materiales la ejecución de una obra o trabajos públicos, no resultaría acorde con una política de mínima intervención penal.
• El artículo 293 del Código Penal local, sanciona a quien cometa un delito en contra de un servidor público en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, esto es, el precepto define como hecho ilícito el cometer un delito contra personas al servicio del Estado, por ejemplo, si una persona comete lesiones contra un servidor público se le juzgará por el delito de lesiones y, adicionalmente, por el ilícito de haber lesionado a un servidor público, situación que se considera contraria a los principios de legalidad y non bis in idem.
• El principio de referencia constituye un derecho de libertad y de legalidad que impide a todo gobernado ser objeto de una persecución estatal doble, o bien, ser sancionado con la imposición de varias penas por un mismo hecho.
• El legislador local estableció una pena por conductas ya reguladas y que ya tienen una sanción específica en otro precepto, lo cual permite que a una persona les sean impuestas dos sanciones penales por la comisión de una misma conducta.
• En cuanto a los artículos 299, 300, 303 y 304 del Código Penal para el Estado de Querétaro, vulneran el derecho a la seguridad jurídica en tanto regulan cuestiones que atañen a la materia de ejecución penal.
• El Congreso de la Unión emitió, en ejercicio de su atribución exclusiva, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual regula en su Capítulo VI denominado "Sanciones y Medidas Penales no Privativas de la Libertad", del Título Quinto, las cuestiones relativas al quebrantamiento de las penas no privativas de libertad, que son disposiciones de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.
• Consecuentemente, los preceptos impugnados constituyen una doble regulación en materia de ejecución penal, y, por tanto, generan incertidumbre, tanto para los operadores jurídicos, como para los destinatarios de las normas, lo que constituye una vulneración al derecho humano de seguridad jurídica y al principio de legalidad.
3. Presentación del escrito inicial por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintiuno(2) en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado ese mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, por conducto de quien se ostentó como su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez de lo siguiente:
"Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro, publicada el 18 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ‘La Sombra de Arteaga', en las porciones normativas que se señalan en los conceptos de invalidez".
4. Conceptos de invalidez de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. En su escrito inicial, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• Los artículos 170, en su porción normativa "Cuando la conducta del párrafo primero se ejecute contra personal de servicios de salud públicos o privados, seguridad o protección civil, la pena se incrementará hasta en una mitad más"; y 288, en su porción normativa: "Cuando la conducta del párrafo anterior se ejecute contra autoridades de servicios de salud, seguridad o protección civil, la pena se incrementará hasta en una mitad más", ambos del Código Penal para el Estado de Querétaro, resultan inconstitucionales debido a que violan el principio de igualdad jurídica y no discriminación.
• El principio de igualdad y no discriminación permea en todo el ordenamiento jurídico mexicano. Por lo tanto, cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, por sí mismo, incompatible con ésta. En consecuencia, es inconstitucional considerar superior a un determinado grupo y conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine.
• No toda diferencia de trato hacia una persona es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera representa una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda enmarca una diferencia arbitraria que redunda en el menoscabo de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución Federal no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada.
• Cabe recordar que el derecho fundamental a la igualdad no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen de la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley y en la l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33763-783e1016/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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