DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. ES INCONSTITUCIONAL LA FORMA DE ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA ILÍCITA DE LOS BIENES ASEGURADOS, PREVISTA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: Una persona fue sentenciada en primera y segunda instancia por la comisión del delito de encubrimiento por receptación, el cual sanciona a quien, después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera, posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte los instrumentos, objetos o productos del ilícito, con conocimiento de su procedencia. Inconforme, la persona sentenciada promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), porque a su consideración vulnera los principios de presunción de inocencia e igualdad entre las partes.El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección constitucional para que repusiera en su totalidad el procedimiento, sin analizar el planteamiento de constitucionalidad. En desacuerdo, el solicitante de amparo interpuso un recurso de revisión que correspondió conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Criterio jurídico: El delito de encubrimiento por receptación, contemplado en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), exige, para la demostración del conocimiento de la procedencia ilícita de los objetos poseídos, que sólo se compruebe la actividad comercial de la persona imputada o la posesión de dos o más bienes del mismo giro. Este tratamiento es inconstitucional porque genera una idea preconcebida de responsabilidad penal de la persona imputada, lo cual vulnera el principio de presunción de inocencia, aunado a que trasgrede la igualdad entre las partes al eximir al ministerio público de demostrar que efectivamente la persona imputada conocía su procedencia ilícita.

Justificación: El artículo 243, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), establece que para acreditar el conocimiento de la procedencia ilícita de los objetos poseídos, que requiere el tipo penal de encubrimiento por receptación, basta con acreditar que los bienes se relacionan con el giro comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante, o sin serlo se encuentra en posesión de dos o más de esos bienes.Esta forma de comprobar el conocimiento de la procedencia ilícita es violatoria del derecho fundamental a la presunción de inocencia porque la simple acreditación de la actividad comercial o la cantidad de los bienes en posesión genera una idea preconcebida de responsabilidad penal en contra de una persona tenedora o receptora, pues la asume como penalmente responsable de un delito, sin comprobar que efectivamente tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes.Lo anterior también vulnera la igualdad procesal entre las partes, pues exime al ministerio público –ente acusador que tiene la carga de la prueba– de acreditar que una persona poseyó los bienes que son producto de un delito, con conocimiento de su procedencia ilícita, pues le permite tener por actualizado ese conocimiento sólo con demostrar la actividad económica de la persona imputada o por la cantidad de bienes que poseía, lo que genera una acreditación normativa que revierte la carga de probar del órgano acusador a la persona imputada.