PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 315/2021. 9 DE FEBRERO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
SUMARIO
********** y otro, fueron vinculados a proceso por el delito de privación de la libertad personal para cometer el delito de robo, imponiéndoles como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, el defensor público federal de ********** solicitó la celebración de una audiencia para el cese y sustitución de la medida cautelar mencionada, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, negó el cese y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por considerar que el inculpado se encontraba en la hipótesis de excepción respecto a su ejercicio de defensa. Inconforme, la defensa interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer al Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el cual se confirmó la negativa de la Jueza de Control, al estimar que existía una restricción constitucional expresa para ello. En contra, el defensor promovió demanda de amparo indirecto, en la que, en sus conceptos de violación, se inconformó con la interpretación realizada por el Tribunal Unitario del párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución Federal. Substanciado el procedimiento, el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, negó la protección constitucional. El quejoso interpuso recurso de revisión, respecto del cual, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito reservó jurisdicción a esta Suprema Corte para decidir sobre la interpretación realizada por el Tribunal Unitario de amparo.
CUESTIONARIO
¿Procede revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, en el plazo de dos años a que se refiere la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Carta Magna y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga su aplicación?
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al nueve de febrero de dos mil veintidós emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven los autos relativos al amparo en revisión 315/2021, interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno por la Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo indirecto **********.
I. ANTECEDENTES(1)
1. Hechos. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las dieciséis horas con veinte minutos, ********** y **********, al encontrarse en calles de la colonia **********, ********** de la **********, interceptaron una camioneta marca **********, tipo **********, color **********, con logotipos de la empresa **********, privando de la libertad a la víctima de iniciales ********** con la finalidad de apoderarse del vehículo.
2. No obstante, fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Ciudad de México.
3. Audiencia inicial. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia inicial ante el Juez de Control adscrito a la Unidad de Investigación Número Diez del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro de la carpeta administrativa **********, quien calificó de legal la detención de los imputados bajo la hipótesis de flagrancia. Posteriormente, se formuló imputación en su contra y a petición de la defensa, se determinó resolver su situación jurídica en las 144 horas siguientes. Consecuentemente, se les impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa.
4. Continuación de audiencia inicial. El tres de julio de dos mil dieciocho, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********** y otro por el delito de privación de la libertad personal para cometer el delito de robo,(2) perpetuado en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales ********** y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.
5. Declinación de competencia. En audiencia de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, Carlos Cuevas Ortiz, Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control, se declaró no competente para conocer del proceso y remitió la carpeta a un Juez Federal.(3)
6. En auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, radicó el asunto bajo el número de causa **********. Así, el nueve de mayo siguiente, la Jueza de Control adscrita a dicho centro, aceptó la competencia declinada y convalidó las actuaciones realizadas en la carpeta administrativa ********** del índice de la Unidad de Investigación Número Diez del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre ellas, el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
7. Cierre de investigación. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia para determinar el plazo de investigación complementaria, de lo cual, fueron autorizados cuatro meses, mismos que concluirían el veinte de diciembre siguiente.
8. Por audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se autorizó una prórroga para el plazo de investigación complementaria por dos meses más. Así, el veinte de febrero de dos mil veinte, se declaró cerrada la investigación.
9. Solicitud del cese de la medida cautelar. Por escrito de veintiuno de julio de dos mil veinte, el defensor público federal solicitó audiencia para debatir el cese de la prisión preventiva oficiosa y la sustitución de la medida cautelar.(4)
10. Dicha audiencia se celebró el veintitrés de julio de dos mil veinte, en la cual, la Jueza de Control determinó negar el cese de la prisión preventiva oficiosa, al estimar que el imputado se encontraba en la hipótesis de excepción, pues si bien la prisión preventiva ya había excedido de dos años, ésta continuaba prolongándose por el ejercicio de su defensa.
11. Apelación. Inconforme, el defensor interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Magistrado titular del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo registró bajo el número de toca **********.
12. Mediante resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se confirmó la resolución impugnada, bajo el argumento de que existía una restricción constitucional expresa para hacer cesar la prisión preventiva oficiosa, tratándose de un delito de secuestro, ya que no era posible imponer una medida cautelar distinta.
13. Demanda de amparo. El nueve de diciembre de dos mil veinte, por escrito presentado vía electrónica ante el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, **********, por conducto de su defensor público federal, el licenciado Luis Bolívar Realpe Aviña, promovió amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:
"- Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito; y,
"- Director del Reclusorio Varonil Oriente, con sede en la Ciudad de México.
"De quienes reclama:
"‘IV. Acto reclamado:
"‘a. Del licenciado Luis Pérez de la Fuente, Magistrado de Circuito, titular del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito:
"‘i. La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte (18/11/2020), emitida en el toca de apelación **********, con la que se confirmó la determinación de veintitrés de julio de dos mil veinte (23/07/2020), mediante la cual la licenciada Beatriz Moguel Ancheyta, Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, negó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al haber transcurrido en exceso el plazo razonable de 2 años.
"‘b. Del director del Reclusorio Varonil Oriente:
"‘i. Derivado del acto reclamado a la ordenadora, la vigencia y ejecución de la prisión preventiva oficiosa en perjuicio del impetrante.’."
14. Mediante oficio remitido el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, envió la demanda correspondiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito con sede en el Reclusorio Oriente.
15. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, la Magistrada titular del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, conoció de la demanda de amparo y mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, ordenó registrarla con el número **********.(5)
16. Concluido el trámite, la audiencia constitucional se llevó a cabo el doce de marzo de dos mil veintiuno, y por sentencia terminada de engrosar el treinta del mismo mes y año, la titular del Tribunal Unitario determinó:
"... ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a **********, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta ejecutoria ..."
17. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con dicha determinación, **********, por conducto de su defensor público federal, mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, interpuso recurso de revisión.
18. El recurso fue admitido el veintiocho de abril siguiente, por la presidencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el número de expediente **********.
19. Resolución del Tribunal Colegiado. Por sentencia dictada en sesión virtual de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó lo siguiente:
a) En el considerando séptimo, realizó el estudio de la totalidad de los aspectos de legalidad preparatorios y previos al fondo; para posteriormente resolver que los autos debían remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, tomando como base el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 85/2002 emitida por la Primera Sala de la Corte, visible a página 207 del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN)."(6)
b) Después de realizar dicho análisis, determinó que tanto la autoridad señalada como responsable, como la Magistrada de amparo, realizaron una interpretación directa no sólo del contenido del artículo 20 constitucional (vinculado con el mandato de libertad en los casos en que el justiciable haya permanecido más de dos años en prisión preventiva), sino también con las diversas porciones constitucionales 1, 19 y 29. Esto, con el fin de desentrañar su alcance y sentido normativo mediante el método interpretativo sistemático o jurídico, lo que, a juicio del Tribunal Colegiado, implica per se, una interpretación directa de la Constitución.
c) Situación suficiente, dijo, para establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasuma su competencia originaria, con el fin de determinar qué derecho o cuáles son las condiciones de prevalencia de las normas constitucionales en conflicto. En apoyo a lo anterior, citó el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 63/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN."(7)
d) Por lo anterior, determinó que no era procedente analizar la legalidad de la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, pues subsiste el problema de interpretación constitucional y, en estas circunstancias, es necesario determinar si de las normas fundamentales en cuestión, efectivamente, se advierte una excepción a la petición del accionante de amparo que no permite que obtenga su libertad constitucionalmente prevista por las razones que invoca.
e) Consecuentemente, consideró necesaria la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo, y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos segundo, fracción III; tercero; cuarto, fracción I, incisos A), B) y C) y noveno, fracciones I, II y III, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservó para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
f) Asimismo, señaló que no advertía causa de reposición del procedimiento que hubiese trascendido al fallo, ni de sobreseimiento en el juicio de amparo de origen.
g) De igual forma, enfatizó, al carecer de competencia legal para resolver los aspectos destacados en dicha ejecutoria, lo procedente era dejar a salvo la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y remitir el toca de amparo en revisión.
h) Finalmente, se reservó el análisis y determinación de legalidad del acto reclamado y su ejecución, hasta tanto se tuviera conocimiento de la resolución que emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
20. Trámite del amparo en revisión ante este Alto Tribunal. Por acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta asumía competencia originaria para conocer del recurso de revisión y lo admitió a trámite.
21. Asimismo, se ordenó turnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y enviar el expediente a la Primera Sala para efectos de su avocamiento. Esto último tuvo verificativo en acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno.
II. COMPETENCIA
22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; conforme a lo previsto en los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Unitario en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad. Además, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que el asunto versa sobre la materia que es la especialidad de esta Primera Sala.
III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
23. Resulta innecesario analizar la oportunidad del recurso de revisión ni la legitimación de quien lo interpuso, pues de estos temas se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento.
IV. PROCEDENCIA
24. El recurso de revisión es procedente, ya que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Unitario en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó una resolución que derivó de la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
25. Asimismo, no se advierte que en el caso se actualice alguna causal adicional de improcedencia que impida a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse sobre los temas que son de su competencia.
V. ESTUDIO DE FONDO
A. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
26. A continuación, se sintetizan los conceptos de violación planteados por el defensor del quejoso, las consideraciones emitidas por el Tribunal Unitario al resolver el juicio de amparo indirecto **********, así como los agravios hechos valer por el recurrente, relativas a la interpretación directa del artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
27. Conceptos de violación. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el defensor del quejoso hizo valer en su concepto de violación único, respecto a la interpretación del precepto que nos ocupa, lo siguiente:
a) Manifestó su disenso con lo resuelto por el Tribunal Unitario responsable, con base en dos preguntas: 1) ¿cuál es la interpretación y alcance que debe darse al artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?; 2) ¿pueden establecerse restricciones a derechos fundamentales a partir de normas que no las expresan?
b) Con relación a la primera pregunta, señaló que es errónea y equívoca la interpretación integradora que el Tribunal Unitario realizó de los artículos 1o., 19 y 20 de la Constitución Federal.
c) Al efecto, indicó que en la fracción IX, apartado B, del artículo 20 constitucional, la referencia a la prisión preventiva que hizo el Constituyente fue lisa y llana, es decir, sin acotaciones ni calificaciones técnicas, no se habla de prisión preventiva justificada u oficiosa. Lo anterior obedece a que, en forma general, se quiso aludir a la prisión como medida cautelar y no de la forma específica, como lo estimó el Magistrado responsable, en la cual, lejos de interpretar la norma, la complementó, hecho que rebasa su labor jurisdiccional.
d) Afirmó que dicho precepto contiene la regla y la excepción; razón por la cual era innecesario acudir a una interpretación integradora o acumuladora en perjuicio del quejoso, como lo hizo la responsable. La parte relativa a que la prisión preventiva podrá exceder los dos años cuando su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, es la excepción y la restricción que de manera legítima y expresa se consignó como acotación al ejercicio del derecho que prevé.
e) Estimó que de haber existido más restricciones, éstas se habrían incorporado en la misma forma en que se estipuló la excepción atinente al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
f) En el mismo sentido refiere que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se replicó y reforzó esa prerrogativa, la norma adjetiva no sólo se adhiere por completo a lo previsto por el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, al referirse a la prisión preventiva de manera genérica como medida cautelar y no por su hipótesis de procedencia justificada u oficiosa.
g) Señaló que, al tiempo de su redacción, se adicionaron dos supuestos más de excepción, con los que las personas imputadas podrían ser exceptuadas de su ejecución. Así, se entiende que, con mayor razón, el único obstáculo a esa prerrogativa es la sustracción o el riesgo que pudiera representar la persona imputada/acusada.
h) Además, refirió, que no hay diversa limitante que apunte en forma favorable a la interpretación restrictiva que realizó el Magistrado responsable, pues no hay base constitucional, convencional y legal, como restricción adicional al derecho invocado, el hecho que la ley señala como delito, materia de la imputación, elemento alguno para negar tal derecho, bajo un esquema inquisitivo relativo al régimen de excepción. i) Enfatizó que el error del Tribunal Unitario radica en el método de interpretación que realizó, pues se demostró que el precepto normativo constitucional contiene en sí mismo, la prerrogativa y su excepción. Por lo cual, no era necesario acudir a otros preceptos de la Constitución Federal.
j) Dijo que la responsable confundió los distintos momentos a que aluden los párrafos de los artículos 19 y 20 que invocó de la Constitución Federal, e hizo una mixtura que la llevó a dictar una resolución con indebida fundamentación y motivación, violatoria de los derechos fundamentales del peticionario.
k) El régimen de excepción del artículo 19, es una figura interpretativa establecida para que el órgano jurisdiccional imponga la medida cautelar de prisión preventiva en un proceso. Sin embargo, esta previsión no es útil, ni mucho menos eficaz para que se mantenga inexorablemente durante todo ese tiempo.
l) Ello, adujo, atiende al primer momento (audiencia inicial) en que se define la situación cautelar del imputado; sin embargo, en cualquier momento la medida puede variar, pues las medidas cautelares al ser instrumentales tienen una naturaleza rebus sic stantibus, circunstancia que se reconoce en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
m) Afirmó que el derecho contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción IX, que fue materia del indebido amalgamiento de la responsable, de ninguna manera rige para el momento de la imposición de la medida cautelar, sino que es una prerrogativa que se adquiere por la prolongación temporal del proceso penal, siempre que la defensa no sea causa eficiente de la misma, como en el caso acontece.
n) Si la idea del legislador ordinario fuera excluir a las personas por el hecho materia de la imputación, así lo habría consignado expresamente en el ordenamiento, puesto que una restricción de esta índole no puede entenderse implícita o por extensión interpretativa en perjuicio de una persona imputada, pues con ello se socava toda seguridad del gobernado.
o) Respecto al segundo cuestionamiento, señala que es desacertado que la responsable haya acudido a una interpretación sesgada a efecto de motivar una resolución reduccionista y notoriamente infractora de las obligaciones constitucionales de tutela de derechos humanos.
p) Al no existir una restricción constitucional expresa como lo señala la responsable, debe aplicarse la previsión normativa del artículo 20, apartado B, fracción IX, tal como se estipula en la Constitución, favoreciendo en términos del artículo 1o. constitucional la protección más amplia al quejoso.
q) La interpretación que hizo la autoridad responsable es incompatible con el parámetro establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los derechos de libertad personal y presunción de inocencia, contenidos en los artículos 7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
r) Las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.
s) No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquélla sea liberada si el periodo de la detención ha excedido el límite de lo razonable.
t) Finalmente, señala que es obligación del juzgador que "... cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad ..."
28. Consideraciones del Tribunal Unitario de Circuito. La Magistrada titular del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los autos del juicio de amparo indirecto **********, sostuvo lo siguiente:
a) En su considerando sexto sobre el estudio de fondo, estableció que el acto reclamado sería analizado bajo la figura de la suplencia de la queja, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso es el imputado en el acto reclamado.
b) Debido proceso. Señaló que, del análisis oficioso de las constancias remitidas por el tribunal responsable, así como de la videograbación de la audiencia remitida en el disco relativo a la causa penal, se advierte que no se transgredieron los artículos 14 y 16 constitucionales, pues al quejoso se le respetó su derecho fundamental al debido proceso.
c) Adicionalmente, agregó que el acto reclamado se sustentó en las leyes aplicables exactamente al caso, así como fue dictado por un tribunal competente establecido y facultado previo a la resolución del recurso de apelación.
d) Análisis de forma y fondo del acto reclamado. El Tribunal Unitario señaló que la litis del juicio de amparo versó sobre la resolución que confirmó la determinación de la Jueza de Control, en la que declaró improcedente el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso como medida cautelar.
e) No obstante, hizo la precisión de que la exposición de ese análisis en la resolución se encontraría acotado a lo previsto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se desprenden dos reglas para la resolución de un recurso de apelación. La primera, el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; la segunda, cuando no se esté en ese supuesto, debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Sustentó lo anterior con la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO."(8)
f) Consideró que eran infundados los conceptos de violación referentes a la interpretación integradora de los artículos 1, 19 y 20 de la Constitución Federal.
g) Lo anterior, porque la Constitución reconoce y garantiza el derecho de libertad, al tiempo que establece sus limitaciones, contenidas en el artículo 19 del mismo ordenamiento. Citó la tesis 1a. CXCIX/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Corte, de rubro: "LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL."(9)
h) Destacó que ningún derecho fundamental es absoluto, y la libertad personal no es la excepción. La propia Norma Fundamental establece los límites y restricciones a ese derecho, al sostener que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
i) También señaló que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, entre otros.
j) Al respecto citó la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Corte en la que se fijaron consideraciones que permiten establecer los criterios para discernir en qué casos dichas restricciones no son arbitrarias, de rubro: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS."(10)
k) Mencionó que, aunque el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva; esto ocurre únicamente cuando se trata de la prisión preventiva justificada.
l) Respecto a la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el último párrafo del artículo 167, en el caso de que el Juez de Control no la imponga, será porque así lo solicitó el Ministerio Público con la autorización de la procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad, por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad.
m) En el caso, mencionó que, como bien advirtió el Magistrado responsable y, de acuerdo con el marco jurídico de referencia, no procedía el cese de tal medida impuesta al quejoso, ya que, para el caso de que el Juez de Control decida no imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esto sólo ocurrirá si lo solicita el Ministerio Público previa autorización del titular de la procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.
n) Por tanto, concluye que no fue incorrecto que la responsable haya realizado una interpretación armónica de los artículos 19 y 20 constitucionales, y tampoco es cierto que hayan "confundido" los distintos momentos procesales a que aluden esos preceptos. Lo anterior, en virtud de que la restricción constitucional, relativa al sistema de excepción de determinados delitos de alto impacto en los que la medida es prisión preventiva oficiosa, no puede ser cambiada porque el propio Constituyente estipuló que solamente procedía esa medida.
o) Sin que se pretenda bajo este supuesto que aun cuando no está establecida literalmente en el artículo 20, apartado B,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30547-f6a97ac7/prision-preventiva-oficiosa-procede-revisar-su-duracion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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