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PRISIÓN PREVENTIVA. EL VOCABLO "OFICIOSAMENTE" UTILIZADO PARA SU IMPOSICIÓN, NO CANCELA LA APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD (INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA, A TRAVÉS DEL ELEMENTO SISTEMÁTICO, DEL ARTÍCULO 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). PRISIÓN PREVENTIVA. EL VOCABLO "OFICIOSAMENTE" UTILIZADO PARA SU IMPOSICIÓN, NO ES SINÓNIMO DE "AUTOMATICIDAD" (INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA, A TRAVÉS DEL ELEMENTO LITERAL, DEL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. ALCANCES DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA SU IMPOSICIÓN, EN APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD ORDENADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. CON BASE EN LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ES FACTIBLE ACATAR EL FALLO EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO QUE PROHÍBE SU IMPOSICIÓN AUTOMÁTICA, PARA ARMONIZARLO CON LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD PARA RESOLVER RESPECTO DE SU IMPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ORDENADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PRIMERO SE REALICEN LAS REFORMAS LEGALES Y CONSTITUCIONALES RESPECTIVAS. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA EXPRESIÓN "OFICIOSAMENTE" NO ES SINÓNIMO DE "AUTOMATICIDAD" (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA, A TRAVÉS DEL ELEMENTO FUNCIONAL, DEL ARTÍCULO 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL QUE LA ESTABLECE, ARMONIZA LOS SISTEMAS PENAL ACUSATORIO, INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE AMPARO PARA RESOLVER SOBRE SU IMPOSICIÓN. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EXIGE APLICAR LOS ELEMENTOS HISTÓRICO, TELEOLÓGICO, LITERAL, SISTEMÁTICO Y FUNCIONAL, EN ARAS DE ACATAR LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO QUE PROHÍBE SU IMPOSICIÓN AUTOMÁTICA. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, COMPATIBLE CON EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, NO SÓLO DESCARTA SU IMPOSICIÓN AUTOMÁTICA, SINO QUE FUNDAMENTA LA APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD ORDENADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, NO SÓLO DESCARTA SU IMPOSICIÓN AUTOMÁTICA SINO QUE, EN ARMONÍA CON EL PRINCIPIO PUBLICISTA, GARANTIZA LA TUTELA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRISIÓN PREVENTIVA. SU "OFICIOSIDAD" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, SE CORRESPONDE CON EL PRINCIPIO PUBLICISTA, CUYA APLICACIÓN DEBE HACERSE EN TODO TIEMPO PARA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS SECTORES SOCIALMENTE DESAVENTAJADOS O EN SITUACIÓN VULNERABLE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 125/2023. · Registro digital (IUS): 31975
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-12-01
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo IV, Pág.3581.

AMPARO EN REVISIÓN 125/2023. 6 DE OCTUBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAURICIO BARAJAS VILLA. SECRETARIA: LUCÍA ELIZABETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

76. QUINTO.—La oficiosidad en la medida cautelar de prisión preventiva y su control constitucional. En la sentencia recurrida se negó la protección constitucional respecto del auto de vinculación a proceso, así como de la medida de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso.

77. Respecto del primero de dichos actos reclamados, no existe deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

78. En cambio, en lo atinente a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, los agravios son fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

79. Pues como esencialmente lo plantea el recurrente, la Jueza de Distrito debió conceder la protección constitucional, en tanto que la interpretación pro persona y conforme del enunciado normativo "el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente", permite aplicar el test de proporcionalidad, de conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en adelante CoIDH– en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros, así como García Rodríguez y otro, ambos contra el Estado Mexicano.

80. Posturas de los tribunales terminales y demás operadores jurisdiccionales en el país frente a la vinculación del derecho internacional de los derechos humanos.

81. Los tribunales con competencia en materia penal se encuentran exigidos a dar una respuesta y fijar su postura en torno al acatamiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la imposición de la prisión preventiva oficiosa, con base en los siguientes:

82. Factores vinculantes.

83. a) La notificación formal de las sentencias emitidas por la CoIDH de condena al Estado Mexicano, con motivo de la prisión preventiva en su modalidad oficiosa.(18)

84. b) Las consideraciones en que se fundan las referidas condenas, en donde se reitera la disposición esencial en el sentido de que "...todos (los) órganos, incluidos sus Jueces y sus Juezas, están sometidos a (la Convención Americana), lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean éstas de naturaleza constitucional o legal, por lo que –en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes– las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana y, en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana."

85. c) El hecho de que las judicaturas, federal y locales están al tanto de la obligación de ajustar sus prácticas al parámetro de regularidad establecido por la CoIDH, mediante la aplicación del test de proporcionalidad(19) en la correcta imposición de esa medida cautelar, aun en su modalidad oficiosa.

86. d) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al discutir el proyecto de sentencia propuesto por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, en la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, decidió mayoritariamente excluir del debate y, por ende, de la ratio decidendi, el tema acerca de si la modalidad oficiosa de dicha medida se traduce en una prisión preventiva automática.(20)

87. e) El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver las contradicciones de criterios 36/2023(21) y 40/2023(22), atento a las recientes sentencias emitidas por la CoIDH contra el Estado Mexicano, así como a los principios de progresividad y pro persona, determinó la posibilidad de que la suspensión en el juicio de amparo tenga efectos restitutorios cuando el acto reclamado consiste en la medida cautelar de prisión preventiva, justificada u oficiosa, con los alcances puntualizados, respectivamente, en las correspondientes ejecutorias.

88. Aun cuando a partir de dicho precedente emitido por el citado Pleno Regional, puede avizorarse que éste en un futuro cercano, previsiblemente examinará el tema, lo cierto es que, naturalmente, aún no ha analizado la temática de fondo consistente en el alcance que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional tiene en función de las citadas ejecutorias de la CoIDH, esto es, no ha abordado el aparente conflicto entre el principio de supremacía de la restricción constitucional y el principio pacta sunt servanda.

89. Es por eso que ante el panorama descrito, surge lógicamente la interrogante acerca de si las demás autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su competencia y con sujeción a las normas procesales aplicables, están en condición de fijar su criterio, o si deben esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retome el tema en cuestión, asumiendo que se trata de una competencia originaria y facultad exclusiva del Máximo Tribunal del País.

90. Sea como fuere, frente a los precedentes vinculantes de la CoIDH y, de manera destacada, a partir de la condena impuesta al Estado Mexicano en torno a la prisión preventiva en su modalidad oficiosa, entendida y aplicada de manera automática, se torna ineludible e impostergable que cada tribunal del país de cualquier instancia y dentro de su ámbito de competencia, asuma la postura que corresponda al respecto, así sea la silente o explícita de esperar el pronunciamiento de la Suprema Corte y, por ende, no acatar de momento el precedente vinculante y la disposición de aquella condena emitida por la CoIDH.

91. Dicho imperativo supranacional, indudablemente, ha sido dirigido de manera explícita por la CoIDH, no sólo a Jueces de Distrito con competencia en materia de amparo, Jueces de Control, Tribunales Colegiados de Apelación y sus respectivos homólogos en el ámbito local, sino también a los Tribunales Colegiados de Circuito en su calidad de órganos terminales, con facultades para sentar jurisprudencia por reiteración.(24)

92. Posturas asumidas por los tribunales en México.

93. Ante esta problemática jurídica pueden identificarse en el escenario nacional tres posturas generales que las Judicaturas, federal y locales han venido adoptando.

94. La primera postura consiste en considerar que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional, ante la cual no cabe interpretación conforme ni pro persona alguna, como tampoco puede prevalecer por sobre ella la Convención Americana, ni los criterios asumidos al respecto en sendas sentencias condenatorias de la CoIDH contra México.

95. Quienes sostienen este criterio –por lo general de manera silenciosa–, irremisiblemente asumen una de dos posibles soluciones, a saber, la imperiosa necesidad de una reforma constitucional que elimine dicho enunciado, o bien, denunciar la propia Convención para abandonar la jurisdicción de la CoIDH.

96. Con diversos matices y variantes, el segundo criterio reúne las opiniones de quienes sostienen que el control de convencionalidad ex officio ordenado por la CoIDH no tiene cabida respecto de normas de rango constitucional, de suerte que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en exclusiva, fijar el criterio vinculante sobre ese problema constitucional.

97. Estas dos primeras posturas conciben la oficiosidad como parte de la restricción constitucional, que se traduce en sostener la satisfacción de los presupuestos materiales relativos al establecimiento del hecho delictivo y la probable responsabilidad del imputado en su comisión para que, de tratarse de uno de los delitos enlistados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, se imponga, ipso iure, la prisión preventiva.

98. Por último, en un tercer racimo de criterios están quienes consideran que si los tratados internacionales, junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de sus artículos 1o. y 133, entonces el Texto Constitucional no debe ser leído ni interpretado de manera aislada, sino en armonía con aquellos compromisos internacionales; de ahí que tomando en cuenta lo resuelto por la CoIDH, no tiene sustento la imposición en forma automática de la prisión preventiva, sino sólo aquella que cumpla con el test de proporcionalidad.(25)

99. En esta línea, algunos Jueces de Control razonan que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional es inconvencional, mediante la aplicación directa de las sentencias emitidas por la CoIDH, sin hacerse cargo del principio de supremacía de la restricción constitucional, o también estimando que la contenida en el artículo segundo del párrafo 19 constitucional, no es de las restricciones a que hace referencia la parte final del primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

100. La primera postura es inviable, pues más allá de que no sea razonable esperar que se generen los consensos legislativos propios de una reforma constitucional que adapte claramente su contenido a lo definido por la CoIDH, el Estado Mexicano se enfrentaría mediante esta opción al franco incumplimiento de la Convención Americana y al desacato de sus sentencias(26); a no ser que, en un sendero peor aún, se denuncie la Convención para abandonar esa jurisdicción supranacional.(27)

101. La segunda postura implica no sólo desincentivar el diálogo jurisprudencial entre tribunales, sino que éstos desacaten el tramo de obligaciones explícitas impuestas por la CoIDH, manteniendo, entretanto, privadas de la libertad a personas con base en prácticas y disposiciones normativas interpretadas de manera arbitraria y contraria al precedente interamericano de vinculación reforzada,(28) lo cual podría generar mayores y diversas responsabilidades para los operadores jurisdiccionales.

102. Ante ese panorama, la tercera postura parecería la plausible; sin embargo, tampoco transita pacíficamente, ni está exenta de problemas

103. Pues, por un lado, soslaya hacerse cargo del conflicto existente entre los principios de supremacía de la restricción constitucional en oposición al pacta sunt servanda de rango internacional, como más adelante se examinará.

104. Y, por otro, se apoya en la inexacta premisa de que la ratio decidendi de la contradicción de tesis 293/2011, comprendió el significado de las restricciones constitucionales a los derechos humanos, a que se refiere la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional.(29)

105. Al respecto, para la CoIDH no representa obstáculo alguno que, en el ejercicio del control de convencionalidad ex officio, se declare la inconvencionalidad del propio Texto Constitucional, como parte de la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico interno (disposiciones constitucionales incluidas), para que sea compatible con la citada Convención.(30)

106. En este contexto, los detractores de esta tercera opción, con base en la identificación del destacado conflicto entre principios sostienen que, por su importancia y trascendencia, corresponde resolverlo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empero, soslayan que la propia Corte, como cualquier otro tribunal que pretendiera ejercer el control de convencionalidad ex officio, también se enfrentaría a la misma prohibición de declarar inconstitucionales normas de ese mismo rango y, en todo caso, tendría que establecer la interrupción del criterio que en ese sentido fue asumido por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.).(31)

107. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, en la contradicción de criterios 40/2023 de su índice, asumió esta tercera postura.

108. En lo expuesto en los párrafos 115 a 157 de dicha ejecutoria, se advierte que el criterio de ese Pleno se cifra en considerar que el artículo 19 constitucional, de conformidad con el parámetro de regularidad convencional, debe ser armonizado con los derechos constitucionalizados de fuente internacional, para concluir que es factible conceder la suspensión con efectos restitutorios respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

109. Sin embargo, en dicho fallo no se aborda puntualmente cómo es que tal armonización es posible y a través de qué tipo de ejercicio interpretativo. Es decir, de momento no hace frente al aparente conflicto entre los principios de supremacía de la restricción constitucional y pacta sunt servanda.

110. Como se puede apreciar de este panorama, queda claro que en cada postura existen argumentos más o menos razonables; sin embargo, para que alguna de ellas prevalezca, deben quedar plenamente derrotados los motivos y fundamentos que sustentan las demás.

111. La primera cuestión entonces radica en establecer si este tema es de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, como son los primordialmente inmersos en la imposición de la citada medida cautelar, a saber, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia.

112. 1. ¿Se encuentra facultado este Tribunal Colegiado de Circuito para emitir pronunciamiento en torno a la oficiosidad de la prisión preventiva?

113. En el considerando primero ya quedó establecido que este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión.

114. Resta despejar lo atinente a si este órgano colegiado puede emprender el análisis de la oficiosidad de la prisión preventiva, o bien, si sobre el particular es necesario solicitar la atracción del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

115. Como se adelantó, el Máximo Tribunal Constitucional del País aún no se ha pronunciado en torno a la interpretación del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al alcance de la oficiosidad en este tipo de medida cautelar, de cara a las sentencias condenatorias de la CoIDH.(32)

116. Por esa razón, podría concluirse que de conformidad con el punto quinto, fracción I, del Acuerdo General 1/2023, se trata de un asunto de su competencia originaria.(33)

117. Sin embargo, en el presente amparo en revisión no se ha impugnado ley federal alguna o tratado internacional, ni se ha planteado la interpretación directa de alguno de ellos.

118. Tampoco se ha controvertido disposición alguna de observancia general que implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y de los que no exista jurisprudencia de la propia Corte.

119. La CoIDH ya ha fijado el alcance de los derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a la presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso, relacionados con la prisión preventiva en su modalidad oficiosa. De manera que el tema radica en establecer si es posible, a través de los propios principios interpretativos previstos en el artículo 1o. de la Constitución, la recepción y acatamiento por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito(34) de esos precedentes vinculantes emitidos por aquel tribunal supranacional.

120. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sentado precedentes por los cuales ha trazado líneas jurisprudenciales, en relación con los derechos de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia, y su relación con las medidas cautelares, específicamente respecto de la prisión preventiva.

121. En tanto que, en torno a su modalidad oficiosa, en oposición a la justificada, la cuestión por ahora sólo radica en establecer si aquélla debe entenderse como automática y, por ende, impuesta sin debate alguno entre las partes, sin ejercicio del arbitrio judicial y la consecuente motivación exhaustiva del test de proporcionalidad.

122. En conclusión, no se surte hipótesis alguna por virtud de la cual pudiera estimarse que el presente amparo en revisión sea de aquellos que se ubican en la hipótesis de la competencia originaria del Máximo Tribunal del País y, por tanto, de su exclusivo conocimiento.

123. Otra cuestión no menos relevante –que como se adelantó, naturalmente, no fue abordada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, al resolver las contradicciones de criterios 36/2023 y 40/2023– consiste en establecer si realmente existe colisión entre la supremacía de la restricción constitucional contenida en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional y el principio pacta sunt servanda, por el cual el Estado Parte no puede oponer su derecho interno al cumplimiento del compromiso internacional estipulado en la Convención Americana ni, por ende, dejar de acatar las sentencias de la CoIDH.

124. 2. Supremacía de la restricción constitucional Vs. pacta sunt servanda.(35)

125. El problema jurídico por resolver bien puede resumirse en el aparente conflicto o choque entre el principio de supremacía de la restricción constitucional, analizado en la contradicción de tesis 293/2011, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el diverso principio del derecho de los tratados, conocido como pacta sunt servanda, previsto en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena.(36)

126. Pues la sujeción a cualquiera de dichos principios, de manera tajante, abroga al otro; así, su adopción irrestricta los torna naturalmente excluyentes.

127. De ahí que quien se acoge al principio de supremacía de la restricción constitucional, necesariamente está oponiendo la norma de derecho interno en contravención a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena; mientras que quien se decanta por la aplicación del principio pacta sunt servanda, sin más, deja de lado la sujeción a la obligatoriedad del precedente judicial vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la prevalencia de las restricciones constitucionales.

128. El artículo 1o. constitucional, en su primer párrafo establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección; sin embargo, acota que su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse "salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece".

129. El fundamento de la supremacía de la restricción constitucional se encuentra en el precedente vinculante emanado de la contradicción de tesis 293/2011,(37) donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que ante ella se debe estar al texto de la Ley Fundamental, incluso, como lo dispone la parte final del primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, ésta debe prevalecer por encima de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación realizada por la CoIDH.

130. En la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),(38) el Máximo Tribunal del País determinó que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos; pero que derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

131. Lo anterior es así –ha dicho la Corte–, pues el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser conformes con la misma, tanto en un sentido formal como material. 132. Existe debate acerca del alcance y contenido de las restricciones constitucionales, como también si el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que contempla la prisión preventiva, integra una de ellas.

133. Pues bien, de la lectura integral de la ejecutoria de la contradicción de tesis 293/2011, se obtiene que tal aspecto no fue dilucidado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concretó a sostener que, atento a lo previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, "cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional."

134. Esto es, en dicha sentencia no se estableció la definición, el contenido, ni los alcances de las restricciones constitucionales de los derechos humanos, tampoco se identificó qué preceptos de la Carta Magna las prevén.

135. En ese sentido, la afirmación de que esta ejecutoria permite concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acotó las restricciones constitucionales a derechos humanos, al contenido del artículo 29 de la Ley Fundamental, carece de sustento.

136. Lo anterior es así, no sólo a partir del contenido de dicho fallo, sino que así lo revelan los votos, particular y concurrente, respectivamente, de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

137. El fundamento toral de la disidencia presentada por el Ministro Cossío Díaz se cifra en sostener que las restricciones relativas a la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, son las previstas en el artículo 29 de la Carta Magna.

138. En tanto que la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, si bien emitió voto concurrente, de su contenido se advierte la convergencia con la postura razonada por el Ministro Cossío Díaz, en el sentido de que las restricciones constitucionales prevalentes son las del artículo 29 constitucional.

139. Lo anterior se corrobora con el contraste de aquellos argumentos con los contenidos en los votos concurrentes de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan N. Silva Meza, quienes plantearon, en lo esencial, que la definición y contenido de las restricciones constitucionales habría de hacerse en el futuro a la luz de cada caso y, en consecuencia, a partir del análisis de cada enunciado constitucional del que llegara a predicarse la cristalización de una restricción constitucional.

140. Con todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado y denominado a la prisión preventiva como restricción constitucional de la libertad personal en distintas ejecutorias, tesis aisladas y de jurisprudencia.

141. Tal es el caso de la tesis 1a. XCII/2015 (10a.),(39) donde la Primera Sala del Máximo Tribunal del País estableció, en lo toral, que la libertad es un derecho humano de protección evolutiva y admite diversas manifestaciones, como la libertad personal, la cual puede restringirse en materia penal, siempre que se colmen los requisitos constitucionales, como precisó, sucede para en la hipótesis de orden de aprehensión, o el caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la actualización del supuesto de flagrancia delictiva.

142. De igual forma, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.),(40) la propia Primera Sala, en lo que interesa, indicó que la prisión preventiva, en cualquier modalidad, es una restricción constitucional del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable.

143. Como se observa, la evolución de criterios permite apreciar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun sin un amplio debate sobre este particular, ha venido sosteniendo que la prisión preventiva puede catalogarse como restricción constitucional de la libertad personal.

144. De esta manera, quien sostenga que las restricciones constitucionales a derechos humanos previstas en la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, se refieren sólo a las establecidas en el artículo 29 de la Carta Magna, no debería limitar su análisis a la ejecutoria de la contradicción de tesis 293/2011, sino también hacerse cargo de esas líneas jurisprudenciales que nombran, enuncian o consideran como restricción constitucional a la prisión preventiva, más allá de si esa enunciación ha sido objeto de una discusión, deliberación y consecuente ratio decidendi en los criterios resultantes.

145. En conclusión, la afirmación en el sentido de que la citada ejecutoria estableció que las restricciones constitucionales a derechos humanos únicamente son las previstas en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo carece de sustento, sino que también permite deducir que una consideración de ese calado corresponde primordial y preponderantemente al propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como emisor original de esas interpretaciones.

146. Este cálculo interpretativo fue ponderado por la CoIDH, al resolver el caso García Rodríguez y otro Vs. México, pues habiendo ya resuelto el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, y sometido a control convencional el arraigo y la prisión preventiva en el sistema penal tradicional, reservó para aquel fallo el análisis de la prisión preventiva oficiosa aplicada en el sistema penal acusatorio, y partiendo de su concepción como una restricción automática de la libertad personal establecida desde la Constitución y tradicionalmente así asumida por los operadores jurisdiccionales,(41) ordenó el control de convencionalidad del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, en aras de aplicar el test de proporcionalidad tratándose de la prisión preventiva en su modalidad oficiosa.(42)

147. Fue por eso que tal decisión se apoyó consistentemente en el principio pacta sunt servanda –aforismo que se traduce como "lo pactado obliga"– de acuerdo con el cual toda convención o tratado internacional debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipulado y en términos del artículo 26 de la Convención de Viena. Esto es, la efectividad de un instrumento internacional radica en que los propios Estados Parte actúen de buena fe y que, voluntariamente, acepten cumplir los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional.

148. Ante la posibilidad de delinear los contornos de la restricción constitucional de la libertad personal en el caso de la prisión preventiva en su modalidad oficiosa (artículo 19, segundo párrafo, constitucional), cobra relevancia este precedente de la CoIDH, en el sentido de prohibir que este tipo de medida sea concebida como automática y, con ello, se inobserve el test de proporcionalidad.(43) Con lo cual, se advierte un aparente conflicto entre los citados principios, esto es, el de supremacía de la restricción constitucional, en oposición al de pacta sunt servanda.

149. En suma, a partir de reconocer que la prisión preventiva en general (oficiosa o justificada) –según lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, constituye una restricción constitucional de la libertad personal, lo pertinente es discernir si su modalidad oficiosa integra, en sí misma, una restricción constitucional, o si forma parte de aquélla, pues de esta respuesta depende la solución al conflicto entre ambos principios.

150. 3. ¿Control de convencionalidad ex officio o interpretación conforme y pro persona?

151. En el caso García Rodríguez y otro Vs. México,(44) la CoIDH subrayó que las autoridades jurisdiccionales internas, en el ámbito de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, deben ejercer un control de convencionalidad ex officio al aplicar las normas relativas a la figura de prisión preventiva oficiosa, así sean éstas de naturaleza constitucional o legal.

152. Lo cual implicaría que para dicho tribunal supranacional, la prisión preventiva oficiosa entendida como automática, prevista en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, con base en ese control, debe ser inaplicada por los Jueces y demás autoridades jurisdiccionales.

153. Sin embargo, como dicho tribunal internacional lo reconoce, el contexto jurisprudencial doméstico no permite a los operadores jurisdiccionales actuar de esa forma, si se atiende a la ejecutoria de la contradicción de tesis 293/2011, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

154. De ahí que el control de convencionalidad ex officio, delineado desde la CoIDH, no puede servir de fundamento técnico válido para realizar el análisis del texto constitucional que contiene una restricción, tanto porque la Suprema Corte de la Nación lo ha establecido así en el caso de este tipo de límites a los derechos humanos, como porque la sola posibilidad de que, como resultado de ese ejercicio interpretativo, se pudiera llegar a establecer la inconstitucionalidad de un enunciado normativo del mismo rango,(45) pone de manifiesto que ésta no es –hoy por hoy– una opción plausible en el ámbito interno del sistema jurídico mexicano.

155. Con todo, ante esta aparente disonancia entre criterios vinculantes, es menester destacar que lo primordial para la CoIDH es la obligación que tienen los operadores jurisdiccionales de velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin,(46) con independencia de su rango, con especial énfasis en la obligación de considerar no sólo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la CoIDH, en este caso, mediante la aplicación del test de proporcionalidad, al resolver respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

156. En ese sentido, el cumplimiento esencial de dicho mandato establecido por la CoIDH sí resulta jurídicamente factible, incluso a la luz de la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),(47

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31975-2803698c/prision-preventiva-el-vocablo-oficiosamente-utilizado-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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