PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA APLICACIÓN DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD PARA RESOLVER RESPECTO DE SU IMPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ORDENADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO VS. MÉXICO, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON UN MENOR NÚMERO DE PERSONAS SUJETAS A DICHA MEDIDA, NO REPRESENTA UNA INUSITADA CARGA DE TRABAJO PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
AMPARO EN REVISIÓN 104/2023. 31 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ VEGA. PONENTE: MAURICIO BARAJAS VILLA. SECRETARIA: LUCÍA ELIZABETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
63. SEXTO.—La oficiosidad en la medida cautelar de prisión preventiva y su control constitucional. Los agravios son esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
64. Es correcto el criterio asumido por los Tribunales Colegiados de Apelación de Querétaro y San Luis Potosí –el primero como Tribunal de Alzada y, el segundo, como autoridad jurisdiccional de amparo–, en el sentido de que el Juez de Control indebidamente partió de la inconvencionalidad del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, en contravención a la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(29)
65. Sin embargo, el Magistrado instructor debió conceder la protección constitucional, en tanto que la interpretación pro persona y conforme del enunciado normativo "el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente", permite aplicar el test de proporcionalidad, de conformidad con lo resuelto por la CoIDH en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros, así como García Rodríguez y otro, ambos contra el Estado Mexicano.
66. Posturas de los tribunales terminales y demás operadores jurisdiccionales en el país frente a la vinculación del derecho internacional de los derechos humanos.
67. Los tribunales con competencia en materia penal se encuentran exigidos a dar una respuesta y fijar su postura en torno al acatamiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la imposición de la prisión preventiva oficiosa, con base en los siguientes:
68. Factores vinculantes.
69. a) La notificación formal de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH) de condena al Estado Mexicano, con motivo de la prisión preventiva en su modalidad oficiosa.(30)
70. b) Las consideraciones en que se fundan las referidas condenas, en donde se reitera la disposición esencial en el sentido de que "...todos (los) órganos, incluidos sus Jueces y sus Juezas, están sometidos a (la Convención Americana), lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean éstas de naturaleza constitucional o legal, por lo que –en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes– las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana y, en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana."
71. c) El hecho de que las judicaturas, federal y locales están al tanto de la obligación de ajustar sus prácticas al parámetro de regularidad establecido por la CoIDH, mediante la aplicación del test de proporcionalidad(31) en la correcta imposición de esa medida cautelar, aun en su modalidad oficiosa;
72. d) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al discutir el proyecto de sentencia propuesto por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, en la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, decidió mayoritariamente excluir del debate y, por ende, de la ratio decidendi, el tema acerca de si la modalidad oficiosa de dicha medida se traduce en una prisión preventiva automática.(32)
73. e) El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver las contradicciones de criterios 36/2023(33) y 40/2023,(34) atento a las recientes sentencias emitidas por la CoIDH contra el Estado Mexicano, así como a los principios de progresividad y pro persona, determinó la posibilidad de que la suspensión en el juicio de amparo tenga efectos restitutorios cuando el acto reclamado consiste en la medida cautelar de prisión preventiva, justificada u oficiosa, con los alcances puntualizados, respectivamente, en las correspondientes ejecutorias.
74. Aun cuando a partir de dicho precedente emitido por el citado del Pleno Regional, puede avizorarse que éste, en un futuro cercano, previsiblemente examinará el tema en lo principal, lo cierto es que, naturalmente, aún no ha analizado la temática de fondo, consistente en el alcance que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional tiene en función de las citadas ejecutorias de la CoIDH, esto es, no ha abordado el aparente conflicto entre el principio de supremacía de la restricción constitucional y el principio pacta sunt servanda.
75. Es por eso que ante el panorama descrito, surge lógicamente la interrogante acerca de si las demás autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su competencia y con sujeción a las normas procesales aplicables, están en condición de fijar su criterio, o si deben esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retome el tema en cuestión, asumiendo que se trata de una competencia originaria y facultad exclusiva del Máximo Tribunal del País.
76. Sea como fuere, frente a los precedentes vinculantes de la CoIDH y, de manera destacada, a partir de la condena impuesta al Estado Mexicano en torno a la prisión preventiva en su modalidad oficiosa,(35) entendida y aplicada de manera automática, se torna ineludible e impostergable que cada tribunal del país, de cualquier instancia y dentro de su ámbito de competencia, asuma la postura que corresponda al respecto, así sea la silente o explícita de esperar el pronunciamiento de la Suprema Corte y, por ende, no acatar de momento el precedente vinculante y la disposición de aquella condena emitida por la CoIDH.
77. Dicho imperativo supranacional, indudablemente ha sido dirigido de manera explícita por la CoIDH, no sólo a Jueces de Distrito con competencia en materia de amparo, Jueces de Control, Tribunales Colegiados de Apelación y sus respectivos homólogos en el ámbito local, sino también a los Tribunales Colegiados de Circuito en su calidad de órganos terminales, con facultades para sentar jurisprudencia por reiteración.(36)
78. Posturas asumidas por los tribunales en México.
79. Ante esta problemática jurídica, pueden identificarse en el escenario nacional tres posturas generales que las Judicaturas, federal y locales, han venido adoptando.
80. La primera postura consiste en considerar que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional, ante la cual no cabe interpretación conforme ni pro persona alguna, como tampoco puede prevalecer por sobre ella la Convención Americana, ni los criterios asumidos al respecto en sendas sentencias condenatorias de la CoIDH contra México.
81. Quienes sostienen este criterio –por lo general de manera silenciosa–, irremisiblemente asumen una de dos posibles soluciones, a saber, la imperiosa necesidad de una reforma constitucional que elimine dicho enunciado, o bien, denunciar la propia Convención para abandonar la jurisdicción de la CoIDH.
82. Con diversos matices y variantes, el segundo criterio reúne las opiniones de quienes sostienen que el control de convencionalidad ex officio ordenado por la CoIDH no tiene cabida respecto de normas de rango constitucional, de suerte que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en exclusiva, fijar el criterio vinculante sobre ese problema constitucional.(37)
83. Estas dos primeras posturas conciben la oficiosidad como parte de la restricción constitucional que se traduce en sostener la satisfacción de los presupuestos materiales relativos al establecimiento del hecho delictivo y la probable responsabilidad del imputado en su comisión para que, de tratarse de uno de los delitos enlistados en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, se imponga, ipso iure, la prisión preventiva.
84. Por último, en un tercer racimo de criterios están quienes consideran que si los tratados internacionales, junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de sus artículos 1o. y 133, entonces el texto constitucional no debe ser leído ni interpretado de manera aislada, sino en armonía con aquellos compromisos internacionales; de ahí que tomando en cuenta lo resuelto por la CoIDH, no tiene sustento la imposición en forma automática de la prisión preventiva, sino sólo aquella que cumpla con el test de proporcionalidad.
85. En esta línea, algunos Jueces de Control razonan que el segundo párrafo del artículo 19 constitucional es inconvencional, mediante la aplicación directa de las sentencias emitidas por la CoIDH, sin hacerse cargo del principio de supremacía de la restricción constitucional, o también estimando que la contenida en el artículo segundo del párrafo 19 constitucional, no es de las restricciones a que hace referencia la parte final del primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
86. La primera postura es inviable, pues más allá de que no sea razonable esperar que se generen los consensos legislativos propios de una reforma constitucional que adapte claramente su contenido a lo definido por la CoIDH, el Estado Mexicano se enfrentaría, mediante esta opción, al franco incumplimiento de la Convención Americana y al desacato de sus sentencias;(38) a no ser que en un sendero peor aún, se denuncie la Convención para abandonar esa jurisdicción supranacional.(39)
87. La segunda postura implica no sólo desincentivar el diálogo jurisprudencial entre tribunales, sino que éstos desacaten el tramo de obligaciones explícitas impuestas por la CoIDH manteniendo, entretanto, privadas de la libertad a personas con base en prácticas y disposiciones normativas interpretadas de manera arbitraria y contraria al precedente interamericano de vinculación reforzada;(40) lo cual podría generar mayores y diversas responsabilidades para los operadores jurisdiccionales.
88. Ante ese panorama, la tercera postura parecería la plausible; sin embargo, tampoco transita pacíficamente, ni está exenta de problemas técnicos, pues soslaya hacerse cargo del conflicto existente entre los principios de supremacía de la restricción constitucional, en oposición al pacta sunt servanda de rango internacional.
89. En este sentido, para la CoIDH no representa obstáculo alguno que, en el ejercicio del control de convencionalidad ex officio, se declare la inconvencionalidad del propio Texto Constitucional como parte de la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico interno (disposiciones constitucionales incluidas), para que sea compatible con la citada Convención.(41)
90. Sin embargo, los detractores de esta tercera opción, con base en la identificación del destacado conflicto entre principios, sostienen que por su importancia y trascendencia corresponde resolverlo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empero, soslayan que la propia Corte, como cualquier otro tribunal que pretendiera ejercer el control de convencionalidad ex officio, también se enfrentaría a la misma prohibición de declarar inconstitucional normas de ese mismo rango y, en todo caso, tendría que establecer la interrupción del criterio que en ese sentido fue asumido por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.).(42)
91. Por otra parte, es menester destacar que en el fallo emitido por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, relativo a la contradicción de criterios 40/2023 de su índice, se asume la tercera de las mencionadas posturas.
92. En lo expuesto en los párrafos 115 a 157 de dicha ejecutoria, se advierte que la postura de ese Pleno se cifra en considerar que el artículo 19 constitucional, de conformidad con el parámetro de regularidad convencional, debe ser armonizado con los derechos constitucionalizados de fuente internacional, para concluir que es factible conceder la suspensión con efectos restitutorios respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
93. Sin embargo, en dicha ejecutoria no se aborda puntualmente cómo es que tal armonización es posible y, a través de qué tipo de ejercicio interpretativo. Es decir, de momento no hace frente al aparente conflicto entre los principios de supremacía de la restricción constitucional y pacta sunt servanda.
94. En cualquier caso, queda claro que en cada postura existen argumentos más o menos razonables; sin embargo, para que alguna de ellas prevalezca, deben quedar plenamente derrotados los motivos y fundamentos que sustentan las demás.
95. La primera cuestión entonces radica en establecer si este tema es de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, como son los primordialmente inmersos en la imposición de la citada medida cautelar, a saber, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia.
96. 1. ¿Se encuentra facultado este Tribunal Colegiado de Circuito para emitir pronunciamiento en torno a la oficiosidad de la prisión preventiva?
97. En el considerando primero ya quedó establecido que este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión.
98. Resta despejar lo atinente a si este órgano colegiado puede emprender el análisis de la oficiosidad de la prisión preventiva, o bien, si sobre el particular es necesario solicitar la atracción del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
99. Como se adelantó, el Máximo Tribunal Constitucional del País aún no se ha pronunciado en torno a la interpretación del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al alcance de la oficiosidad en este tipo de medida cautelar, de cara a las sentencias condenatorias de la CoIDH.(43)
100. Por esa razón, podría concluirse que de conformidad con el punto quinto, fracción I, del Acuerdo General 1/2023, se trata de un asunto de su competencia originaria.(44)
101. Sin embargo, en el presente amparo en revisión no se ha impugnado ley federal alguna o tratado internacional, ni se ha planteado la interpretación directa de alguno de ellos.
102. Tampoco se ha controvertido disposición alguna de observancia general que implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y de los que no exista jurisprudencia de la propia Corte.
103. La CoIDH ya ha fijado el alcance de los derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a la presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso, relacionados con la prisión preventiva en su modalidad oficiosa. De manera que el tema radica en establecer si es posible, a través de los propios principios interpretativos previstos en el artículo 1o. de la Constitución, la recepción y acatamiento por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito(45) de esos precedentes vinculantes emitidos por aquel tribunal supranacional.
104. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sentado precedentes por los cuales ha trazado líneas jurisprudenciales en relación con los derechos de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia, y su relación con las medidas cautelares, específicamente respecto de la prisión preventiva.
105. En tanto que, en torno a su modalidad oficiosa en oposición a la justificada, la cuestión por ahora sólo radica en establecer si aquélla debe entenderse como automática y, por ende, impuesta sin debate alguno entre las partes, sin ejercicio del arbitrio judicial y la consecuente motivación exhaustiva del test de proporcionalidad.
106. En conclusión, no se surte hipótesis alguna por virtud de la cual pudiera estimarse que el presente amparo en revisión sea de aquellos que se ubican en la hipótesis de la competencia originaria del Máximo Tribunal del país y, por tanto, de su exclusivo conocimiento.
107. Otra cuestión no menos relevante –que como se adelantó, naturalmente, no fue abordada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, al resolver las contradicciones de criterios 36/2023 y 40/2023– consiste en establecer si realmente existe colisión entre la supremacía de la restricción constitucional contenida en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional y el principio pacta sunt servanda, por el cual el Estado Parte no puede oponer su derecho interno al cumplimiento del compromiso internacional estipulado en la Convención Americana ni, por ende, dejar de acatar las sentencias de la CoIDH.
108. 2. Supremacía de la restricción constitucional Vs. pacta sunt servanda.(46)
109. El problema jurídico por resolver bien puede resumirse en el aparente conflicto o choque entre el principio de supremacía de la restricción constitucional, analizado en la contradicción de tesis 293/2011, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el diverso principio del derecho de los tratados, conocido como pacta sunt servanda, previsto en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena.(47)
110. Pues la sujeción a cualquiera de dichos principios, de manera tajante, abroga al otro; así, su adopción irrestricta los torna naturalmente excluyentes.
111. De ahí que quien se acoge al principio de supremacía de la restricción constitucional, necesariamente está oponiendo la norma de derecho interno, en contravención a lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena; mientras que quien se decanta por la aplicación del principio pacta sunt servanda, sin más, deja de lado la sujeción a la obligatoriedad del precedente judicial vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la prevalencia de las restricciones constitucionales
112. El artículo 1o. constitucional, en su primer párrafo establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección; sin embargo, acota que su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, "salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece".
113. El fundamento de la supremacía de la restricción constitucional se encuentra en el precedente vinculante emanado de la contradicción de tesis 293/2011,(48) donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que ante ella se debe estar al texto de la Ley Fundamental, incluso, como lo dispone la parte final del primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, ésta debe prevalecer por encima de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su interpretación realizada por la CoIDH.
114. En la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),(49) mediante la cual el Máximo Tribunal del País determinó que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos; pero que derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.
115. Lo anterior es así –ha dicho la Corte–, pues el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser conformes con la misma, tanto en un sentido formal como material.
116. Por su parte, el artículo 19, párrafo segundo, constitucional contempla la restricción de la libertad personal mediante la medida cautelar de la prisión preventiva. 117. Existe debate acerca del alcance y contenido de las restricciones constitucionales, como también si el segundo párrafo del artículo 19 constitucional contiene una de ellas; sin embargo, la prisión preventiva, a guisa de medida cautelar, ha sido identificada y denominada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como restricción constitucional de la libertad personal en distintas ejecutorias, tesis aisladas y de jurisprudencia.
118. Tal es el caso de la tesis 1a. XCII/2015 (10a.),(50) donde la Primera Sala del Máximo Tribunal del País estableció, en lo toral, que la libertad es un derecho humano de protección evolutiva, y admite diversas manifestaciones, como la libertad personal, la cual puede restringirse en materia penal, siempre que se colmen los requisitos constitucionales como, precisó, sucede para en la hipótesis de orden de aprehensión, o el caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la actualización del supuesto de flagrancia delictiva.
119. De igual forma, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.),(51) la propia Primera Sala, en lo que interesa, indicó que la prisión preventiva, en cualquier modalidad, es una restricción constitucional del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable.
120. Ahora bien, como ya se adelantó la CoIDH, al resolver el caso García Rodríguez y otro contra México, estableció que se debe ejercer el control de convencionalidad, en aras de aplicar el test de proporcionalidad, tratándose de la prisión preventiva en su modalidad oficiosa.(52)
121. Criterio respaldado por el principio pacta sunt servanda –aforismo que se traduce como "lo pactado obliga"– de acuerdo con el cual toda convención, o tratado internacional, debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipulado y en términos del artículo 26 de la Convención de Viena. Esto es, la efectividad de un instrumento internacional radica en que los propios Estados Parte actúen de buena fe, y que voluntariamente acepten cumplir los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional.
122. Frente a este contexto y ante la posibilidad de identificar los alcances de la restricción constitucional de la libertad personal en el caso de la prisión preventiva en su modalidad oficiosa (artículo 19, segundo párrafo, constitucional), cobra relevancia este precedente de la CoIDH, en el sentido de prohibir que este tipo de medida sea concebida como automática y, con ello, se inobserve el test de proporcionalidad.(53) Con lo cual, se advierte un aparente conflicto entre los citados principios, esto es, el de supremacía de la restricción constitucional, en oposición al de pacta sunt servanda.
123. Así pues, a partir de reconocer que la prisión preventiva en general (oficiosa o justificada) –según lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, constituye una restricción constitucional de la libertad personal, lo pertinente es discernir si su modalidad oficiosa integra, en sí misma, una restricción constitucional, o si forma parte de aquélla, pues de esta respuesta, depende la solución al conflicto entre ambos principios.
124. 3. ¿Control de convencionalidad ex officio o interpretación conforme y pro persona?
125. En el caso García Rodríguez y otro Vs. México,(54) la CoIDH subrayó que las autoridades jurisdiccionales internas, en el ámbito de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, deben ejercer un control de convencionalidad ex officio al aplicar las normas relativas a la figura de prisión preventiva oficiosa, así sean éstas de naturaleza constitucional o legal.
126. Lo cual implicaría que para dicho tribunal supranacional, la prisión preventiva oficiosa entendida como automática, prevista en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, con base en ese control, debe ser inaplicada por los Jueces y demás autoridades jurisdiccionales.
127. Sin embargo, dicho tribunal internacional soslaya que el contexto jurisprudencial doméstico no permite a los operadores jurisdiccionales actuar de esa forma, si se atiende a la ejecutoria de la contradicción de tesis 293/2011 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
128. De ahí que el control de convencionalidad ex officio delineado desde la CoIDH no puede servir de fundamento técnico válido para realizar el análisis del texto constitucional que contiene una restricción, tanto porque la Suprema Corte de la Nación lo ha establecido así en el caso de este tipo de límites a los derechos humanos,(55) como porque la sola posibilidad de que como resultado de ese ejercicio interpretativo, se pudiera llegar a establecer la inconstitucionalidad de un enunciado normativo del mismo rango,(56) pone de manifiesto que ésta no es, –hoy por hoy– una opción válida en el ámbito interno del sistema jurídico mexicano.
129. Con todo, ante esta aparente disonancia entre criterios vinculantes, es menester destacar que lo primordial para la CoIDH es la obligación que tienen los operadores jurisdiccionales de velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, con independencia de su rango, con especial énfasis en la obligación de considerar no sólo el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la CoIDH, en este caso, mediante la aplicación del test de proporcionalidad al resolver respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
130. En ese sentido, el cumplimiento esencial de dicho mandato establecido por la CoIDH sí resulta jurídicamente factible, incluso a la luz de la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),(57) a partir de la utilización de los insumos interpretativos establecidos por la propia norma constitucional, esto es, mediante los principios de interpretación conforme y pro persona contenidos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(58)
131. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia por reiteración 2a./J. 163/2017 (10a.),(59) que establece el alcance de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, donde razonó que las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin que por ello sea factible emprender algún juicio de ponderación posterior; sin embargo, nada impide que el intérprete constitucional, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo Texto Constitucional.
132. Pues, no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada, antes bien, el compromiso derivado de lo resuelto en la citada contradicción de tesis privilegia un ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible, como producto de una interpretación sistemática de todos sus postulados.
133. Entonces, a partir de los citados principios, no se erige como opción admisible la conclusión de que la propia norma constitucional pudiera contener enunciados en sí mismos inconstitucionales y, que en esa misma medida, deban ser expulsados del ordenamiento jurídico vigente; por el contrario, se trata de directrices de interpretación que permiten conciliar posturas y difuminan eficazmente antinomias aparentes, sin vaciar de contenido la restricción constitucional.
134. De ahí que este Tribunal Colegiado considera que son éstos los principios aplicables para ajustar la práctica jurisdiccional ordenada por la CoIDH, en la resolución de esta problemática jurídica.
135. 4. Interpretación conforme y pro persona de la expresión "el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente" inserta en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Federal.(60)
136. Quienes se decantan por una infranqueable restricción constitucional extensiva a la oficiosidad, asumen dicho vocablo como de significado unívoco y exclusivo referido a la adopción de pleno derecho o ipso iure de una prisión preventiva automática, como consecuencia de la acreditación de los presupuestos materiales inherentes a la vinculación a proceso (hecho delictivo grave y probable participación del imputado), en cuya imposición no está permitido el debate horizontal entre las partes, ni el arbitrio judicial. Mucho menos y, como consecuencia, la aplicación del test de proporcionalidad.
137. En cambio, quienes conciben esa expresión constitucional como propia de la obligación del Juez de actuar oficiosamente al someter a debate la imposición de dicha medida y sujetarla al test de proporcionalidad, mandatado por la Corte Interamericana, descartan ex ante la posibilidad de que el Poder Reformador de la Constitución (en 2008), haya tenido como propósito expreso establecer la prisión preventiva en el proceso penal acusatorio, con esta excepción relativa a su imposición automática por virtud del citado vocablo "oficiosamente".(61)
138. Pues bien, los destacados principios instrumentales de interpretación jurídica dispuestos en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están estrechamente relacionados con los elementos interpretativos histórico, teleológico, literal, sistemático y funcional.
139. Lo anterior es así, si se considera que la conformidad normativa no sólo se demuestra asumiendo la cohesión del sistema jurídico vigente, sino también a través de una ponderación hermenéutica en la progresión histórica de las figuras jurídicas involucradas, la intención
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31976-ab7f0dce/prision-preventiva-oficiosa-la-aplicacion-del-test-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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