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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADA (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y RAZONABLE POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COPIAS A COLOR, SIMPLES, IMPRESIONES O CERTIFICADAS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "DISCO COMPACTO", AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE IMPIDE EL COBRO DE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16, FRACCIÓN II, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, 28, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, 27, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA, 22, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CANDELA, 33, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, 33, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, 20, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, 33, FRACCIÓN IX, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, 22, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, 24, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, 18, FRACCIÓN V, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, 34, FRACCIÓN VIII, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, 20, FRACCIÓN V, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 21, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LAMADRID, 36, FRACCIÓN V, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, 39, FRACCIÓN XI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, 35, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, 28, FRACCIÓN III, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, 29, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, 37, FRACCIÓN X, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVA, 19, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, 30, FRACCIÓN II, NUMERAL 14, INCISO C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PARRAS, 27, FRACCIÓN II, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, 32, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, 33, FRACCIÓN IX, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, 41, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SABINAS, 25, FRACCIÓN III, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SACRAMENTO, 13, FRACCIÓN II, SECCIÓN "TRANSPARENCIA", EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "COPIA TAMAÑO CARTA U OFICIO $7.26" Y "COPIA A COLOR, CARTA U OFICIO $29.03", Y 32, FRACCIÓN VI, INCISOS DEL A) AL E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DEL SALTILLO, 28, FRACCIÓN IV, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, 35, FRACCIÓN II, NUMERAL 16, PUNTO 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SABINAS, 37, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, 21, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA,

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2020. · Registro digital (IUS): 29846
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-06-11
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo I, Pág.1057.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en la Ciudad de México el treinta de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver, los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos numerales de las leyes de ingresos de los Municipios de Piedras Negras, Ramos de Arizpe, Saltillo, Torreón, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Viesca, Villa Unión, Zaragoza, Abasolo, Arteaga, Candela, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Nadadores, Ocampo, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas de Carranza, General Cepeda, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil veinte.

RESULTANDO

(1) I. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de diversas porciones de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, de distintos Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, emitidas y promulgadas, respectivamente, por el Congreso y el gobernador, ambos de dicha entidad, las cuales se precisan a continuación:

a) Relacionados con el principio de gratuidad en el acceso a la información.

- Artículo 27, fracción II, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Piedras Negras.

- Artículo 33, fracción IX, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Ramos de Arizpe.

- Artículo 13, fracción I (sic), sección "transparencia", en las porciones normativas "copia tamaño carta u oficio 7.26", "copia a color 29.03", y 32, fracción VI, incisos a), b), c), d) y e), de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Saltillo.

- Artículos 42, fracción IV, numerales 1, 3 y 4; 51, numeral 14, números 1 y 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Torreón.

- Artículo 27, fracción VIII, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Guerrero.

- Artículo 39, fracción XI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Monclova.

- Artículo 35, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Morelos.

- Artículo 28, fracción III, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Múzquiz.

- Artículo 37, fracción X, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nava.

- Artículo 30, fracción II, numeral 14, inciso c), de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Parras.

- Artículo 33, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Viesca.

- Artículo 25, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Villa Unión.

- Artículo 25, fracción VI, numeral 2, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Zaragoza.

- Artículo 16, fracción II, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Abasolo.

- Artículo 27, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Arteaga.

- Artículo 22, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Candela.

- Artículo 20, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Escobedo.

- Artículo 33, fracción IX, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Francisco I. Madero.

- Artículo 22, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Frontera.

- Artículo 18, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Hidalgo.

- Artículo 34, fracción VIII, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Jiménez.

- Artículo 20, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Juárez.

- Artículo 21, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Lamadrid.

- Artículo 35 (sic), fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Matamoros.

- Artículo 29, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nadadores.

- Artículo 19, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Ocampo.

- Artículo 32, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Progreso.

- Artículo 41, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sabinas.

- Artículo 25, fracción III, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sacramento.

- Artículo 28, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Buenaventura.

- Artículo 35, fracción II, numeral 3 (sic), de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Juan de Sabinas.

- Artículo 37, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Pedro.

- Artículo 21, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sierra Mojada.

- Artículo 267 (sic), numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Acuña.

- Artículo 28, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Allende.

- Artículo 33, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Castaños.

- Artículo 33, fracción VI, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza.

- Artículo 24, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de General de Cepeda.

b) Por establecer infracciones por conductas indeterminadas o imprecisas.

- Artículo 61, numeral 188, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Torreón.

- Artículo 42, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Guerrero.

- Artículo 52, fracción XXVII, numerales 41, 42, 43 y 45, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nava.

- Artículo 46, fracción XII, numeral 27, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Parras.

- Artículo 46, numerales 3 y 6, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Viesca.

- Artículo 41, fracciones XXIV, numerales 1, 3 y 4, XXVI, numeral 1, y XXIX, numeral 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Villa Unión.

- Artículo 39, fracción I, numerales 20 y 21, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Arteaga.

- Artículo 35, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 3 y III, numeral 1, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Candela.

- Artículos 36, fracciones I, II, III y IV, 38, fracciones I, II y IV, y 41, fracción IV, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Escobedo.

- Artículo 34, fracción V, numerales 25, 33 y 34 (sic) de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Frontera.

- Artículo 26, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, y, III, numerales 1 y 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Hidalgo.

- Artículo 50, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Jiménez.

- Artículo 32, fracciones XVII y XIX, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Juárez.

- Artículo 31, fracciones I, numeral 1, II, numeral 7, III, numerales 1, 2 y 3 y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Lamadrid.

- Artículo 44, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 8, y III, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nadadores.

- Artículo 37, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sacramento.

- Artículo 42, fracciones XV, numerales 1, 3 y 4, CVI (sic), numeral 8, XVII, numerales 1, 2, 3 y 4, y XX, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Buenaventura.

- Artículo 28, numerales 24, 25, 27, 37 y 38, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sierra Mojada.

- Artículo 50, fracción I, numerales 1 y 4, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Acuña.

- Artículo 47, fracciones I, numerales 1, 4, 5 y 7, II, numeral 6, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza.

- Artículo 40, fracción VIII, numerales 7 y 16, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de General de Cepeda.

(2) II. Artículos que se estiman violados. La promovente sostiene que los numerales combatidos vulneran los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(3) Lo anterior, en relación con los derechos a la seguridad jurídica, de acceso a la información, a la libertad de expresión, legalidad, proporcionalidad de las contribuciones, gratuidad en el acceso a la información y taxatividad.

(4) III. Conceptos de invalidez. En síntesis, la accionante fundamenta las violaciones que sostiene a los derechos referidos en los siguientes argumentos:

(5) En su primer concepto de invalidez señala que las normas a las que se refiere en el inciso a) del apartado III de su escrito de demanda, prevén cobros injustificados por la reproducción de información pública en la expedición de copias a color, lo que contraviene el derecho de acceso a la información, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(6) Lo anterior, porque las cuotas previstas no se justifican mediante bases objetivas respecto del costo de los materiales empleados, además, en algunos casos son excesivas y desproporcionadas, de modo que, transgreden el principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información.

(7) Explica que tales disposiciones condicionan el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no están previstas en el Texto Constitucional y tampoco en el legal aplicable, lo que evidentemente genera un obstáculo para que el particular realice una solicitud de información y, por ende, lo desincentiva por la erogación que le causaría.

(8) Menciona que este Alto Tribunal ha desarrollado el derecho a la información, que comprende el derecho a informar (difundir), de acceso a la información (buscar) y a ser informado (recibir); y se destacó que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal obtenidos por causa del ejercicio de su función.

(9) Aduce que este Tribunal Pleno, también ha establecido que este derecho tiene una doble vertiente, esto es, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal, y, por otro lado, como derecho colectivo que tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control constitucional.

(10) Esta garantía se consagra bajo la dualidad de buscar y recibir información sin imponer mayores requisitos que los que el Poder Reformador de la Constitución y el Congreso de la Unión han establecido previamente, por lo que agregar una condición adicional para ejercer dicha prerrogativa, cuando tal condición no está prevista constitucionalmente ni tiene una base en la ley general, implica un obstáculo para el particular que presente una solicitud de información, es decir, los costos no deben constituir barreras desproporcionadas al acceso a la información.

(11) Afirma que, de acuerdo con el parámetro normativo, los artículos impugnados difieren del principio de gratuidad que rige el ejercicio de este derecho, pues únicamente puede recuperarse el costo de los materiales de entrega, envío o, en su caso, certificación, por lo que cualquier otro cobro implicaría que la autoridad está grabando la información.

(12) Insiste en que la previsión de erogación en la materia de acceso a la información únicamente puede responder a resarcir económicamente los gastos materiales o de envío que lleguen a utilizarse, de modo que, consignar costos por la reproducción de la información sin que se encuentren justificados en estos términos, vulnera el principio de gratuidad.

(13) Señala que de conformidad con el artículo 134 constitucional, los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, lo que implica que la adquisición de los materiales por parte de los Municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información deba hacerse acorde a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.

(14) Lo anterior, porque la obtención de las mejores condiciones tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(15) Dice que, esta Suprema Corte ha determinado que para la aplicación del principio de gratuidad se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la que se explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que se utilizó para llegar a los mismos, es decir, que los costos de reproducción, envío o certificación se sustenten en una base objetiva y razonable.

(16) Menciona que en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, como lo sería, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones y copias, entre otros.

(17) Afirma que si no existe razonamiento que justifique el cobro para la reproducción de información con una base objetiva, significa que la cuota establecida se determinó de forma arbitraria, sin contemplar el costo real de los insumos utilizados en la reproducción de información en copias simples, impresiones o digitalización en medios magnéticos, transgrediendo el principio de gratuidad de acceso a la información pública, contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, por lo que deben declararse inválidas las normas impugnadas.

(18) Adicionalmente, la promovente sostiene que las normas controvertidas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, porque los derechos causados por los servicios de reproducción de documentos no se sujetan al costo erogado por el Estado para su expedición.

(19) Finalmente, menciona que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico, pues terminan teniendo un efecto inhibidor para cumplir su función social de buscar información sobre temas de interés público.

(20) En su segundo concepto de invalidez señala que las normas impugnadas en el inciso b), vulneran el derecho a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión, así como los principios de legalidad y taxatividad, porque imponen diversas multas por la comisión de hechos que se consideran infracciones administrativas, las cuales resultan imprecisas e implican una indeterminación en las conductas sancionadas, tales como: insultos, ultrajes, ofensas y agresiones verbales a la autoridad de tránsito o a algún miembro de la sociedad; por la producción de ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas; o, a quienes presenten estado de embriaguez parcial o completa, lo que propicia la arbitrariedad en la aplicación de esas normas.

(21) Refiere que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad implican que las normas deben definir de manera suficiente y precisa las conductas que se sancionarán, de manera que las autoridades no incurran en arbitrariedades o discrecionalidad en su aplicación y permitan que los gobernados tengan plena certeza de qué tipo de conductas son las que se consideran reprochables por la ley.

(22) Explica que el principio de taxatividad en materia penal es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, con las modulaciones conducentes, en tanto que en ambos se ejerce el castigo derivado del Estado, como facultad con la que cuenta para imponer penas, sanciones o medidas de seguridad ante la comisión de actitudes contrarias a derecho.

(23) Destaca, además, que el mandato de taxatividad supone la exigencia de que la conducta típica sea tal, que lo que sea objeto de la prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma; de ahí que, la descripción típica de una conducta no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.

(24) Señala que el artículo 6o. de la Norma Fundamental consagra el derecho que tiene toda persona a expresar libremente sus pensamientos, opiniones e ideas de toda índole, el cual se traduce en un requisito para la existencia de una sociedad democrática; prerrogativa reconocida además en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(25) Manifiesta que, en relación con las infracciones sancionables como insultos, ultrajes, ofensas y agresiones a la autoridad de tránsito o cualquier miembro de la sociedad, la norma no permite que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción.

(26) Es decir, la norma permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza, bajo categorías ambiguas y subjetivas, que cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, si es calificado como ofensivo contra cualquier persona a la que se infieran.

(27) La promovente considera que las disposiciones normativas no se encuentran acotadas, pues permiten que se sancione de manera discrecional a las personas que realicen una expresión dirigida a las autoridades o a algún particular, que pudiera no considerarse lo suficientemente grave para ser reprochable, en tanto que la valoración de la ofensa y el ultraje depende de manera exclusiva de la apreciación subjetiva de los individuos, en la medida que consideren que las acciones les causaron un daño, siendo que es la autoridad la que, de manera arbitraria, determinará cuándo un sujeto expresa una ofensa, agresión verbal, insulto, ultraje hacia la autoridad o algún particular, que lo haga acreedor a la imposición de una sanción.

(28) Por otro lado, respecto de las normas que sancionan la producción de ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas, argumenta que implican necesariamente una evaluación subjetiva para determinar cuándo una conducta "atenta contra la tranquilidad de las personas".

(29) Reitera que los preceptos combatidos permiten un margen de aplicación amplio e injustificado, ya que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de manifestación de ideas puede ser susceptible de una sanción administrativa.

(30) Y, que las normas que establecen sanciones como: ebriedad completa o incompleta, ebrio tirado, ebrio escandaloso, ebrio en vía pública, ebrio e inmoral, entre otros, transgreden el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al resultar demasiado ambigua, abierta y poco clara la manera en la que el legislador local estableció tales sanciones, porque no prevé el parámetro para determinar el estado de embriaguez, lo que permite la discrecionalidad por parte de la autoridad al momento de determinar si la conducta puede o no ser sancionable.

(31) IV. Turno, admisión y trámite. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnarlo a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales.

(32) Atento a lo anterior, mediante proveído de siete de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite este medio de control constitucional, requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Coahuila de Zaragoza que rindieran sus respectivos informes, y ordenó dar vista con este medio impugnativo a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, de ser el caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.

(33) V. Informe del Poder Ejecutivo de Coahuila de Zaragoza. Al rendir el informe que le fue solicitado, el gobernador de Coahuila de Zaragoza señaló, en síntesis, que en la acción de inconstitucional no se atribuye en forma directa algún concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las normas impugnadas.

(34) Dijo que, si bien las leyes de ingresos municipales combatidas fueron promulgadas y publicadas, lo cierto es que fue así por ser un deber del Ejecutivo previsto en la propia Constitución Local, que prevé que el gobernador deberá sancionar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal, sin que ello implique que intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma.

(35) VI. Informe del Poder Legislativo de Coahuila de Zaragoza. El presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza rindió el informe solicitado a dicha autoridad, en los términos medulares que se relacionan a continuación:

(36) Señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con lo dispuesto en los numerales 20, fracción II, y 65, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que la parte actora no formuló conceptos de invalidez a fin de evidenciar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

(37) Asimismo, afirma que la expedición de las normas se realizó mediante el procedimiento legislativo conducente y con apego al principio de legalidad; además, la aprobación de dichas normas se efectuó con la competencia que le confiere al Congreso Local la Constitución Federal en su artículo 115, fracción IV, así como el diverso 158 U, fracción V, de la Constitución Local, dentro de los que se encuentra el derecho de los Municipios a percibir contribuciones.

(38) En relación con el primer concepto de invalidez, sostiene que, contrario a lo que afirma la comisión accionante, el principio de gratuidad únicamente se refiere al ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los particulares, es decir, se dirige a los procedimientos para la obtención de la información, pero no a los eventuales costos de los soportes en los que ésta se entregue, tales como: medios magnéticos, copias simples o certificadas o los costos por envío mediante los servicios de mensajería; de modo que, éstos son los que tienen un costo y no la propia información.

(39) Precisa que, si bien el acceso a la información no tiene costo alguno por estar regido por el principio de gratuidad, éste exime de cobro la búsqueda de información, caso contrario tratándose de los costos de los materiales utilizados para su reproducción, su envío y/o la certificación de documentales, siempre y cuando sean determinados a partir de una base objetiva y razonable de los mismos.

(40) Menciona que, de conformidad con la ley de la materia, el costo por los servicios prestados por la autoridad municipal se materializa siempre que la reproducción de la información exceda de veinte fojas; además, las unidades de transparencia podrán exceptuar del pago y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

(41) Insiste en que no se cobra por la información, sino por el soporte que la contiene, de acuerdo con la modalidad de entrega; de ahí que sea evidente que las erogaciones previstas por las leyes de ingresos municipales estén fundadas y motivadas; por tanto, no se trata de una limitante al derecho de acceso a la información, pues son contribuciones necesarias para que los propios Municipios cumplan con sus funciones.

(42) Por otro lado, aduce que es falso que el legislador no justificó ni hizo referencia alguna a los elementos que sirvieron como base para determinar las cuotas controvertidas, pues la accionante pretende que se determine individualmente el precio de cada elemento y a su juicio, no es necesaria una motivación específica.

(43) Menciona que en el proceso legislativo se cumplió con el principio de legalidad, pues las normas controvertidas se expidieron en términos de las leyes aplicables y los costos ahí previstos, toman en consideración el índice de precios al consumidor.

(44) Finalmente, dice que tampoco se viola el principio de proporcionalidad tributaria que rige las contribuciones, porque no hay prueba alguna de que las cantidades que se cobran por el pago de derechos no corresponda a las erogaciones necesarias para cubrir el costo que implica para cada entidad pública realizar el trámite solicitado, además de que no se realiza cobro alguno por la búsqueda de información y/o documentos o su digitalización.

(45) En diverso argumento, sostiene que, en relación con las multas impuestas por insultos, ultrajes, ofensas y agresiones verbales a la autoridad de tránsito o cualquier miembro de la sociedad, la accionante omite considerar que las normas que impugna forman parte de un sistema integral normativo y reglamentario, de modo que dichas conductas no responden a criterios discrecionales o subjetivos, sino que su aplicación conlleva el desahogo de procedimientos ante los Jueces municipales donde se respeta la garantía de audiencia del presunto infractor.

(46) En ese sentido, establece que los artículos impugnados, dentro del sistema normativo en que se ubican, brindan a la autoridad administrativa parámetros racionales que la orientan en la valoración que debe realizar para la determinación del monto o tipo de sanción que corresponda de acuerdo con la infracción cometida.

(47) Aduce que el legislador no puede conocer de antemano todas las combinaciones y circunstancias futuras de aplicación; de ahí que, se vea en la necesidad de utilizar conceptos jurídicos indeterminados cuyas condiciones de aplicación no pueden preverse en todo su alcance posible porque la solución de un asunto concreto depende justamente de la aplicación particular de las circunstancias en las que ocurra la infracción.

(48) Por otro lado, en relación con las disposiciones en las que se imponen multas por producción de ruido que provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas, menciona que la accionante no expone argumento alguno tendente a evidenciar la inconstitucionalidad de la norma, pues se limita a manifestar que las porciones normativas no respetan cabalmente la garantía de audiencia.

(49) Sostiene que las infracciones no se refieren a ocasionar molestias, sino a rebasar los límites máximos permisibles establecidos. Esto con la finalidad de regular y sancionar la contaminación por emisión de ruidos producidos por fuentes fijas y móviles, en términos de la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

(50) La conducta sancionable no es ambigua ni subjetiva, ya que se encuentra regulada dentro del sistema normativo, en términos de la NOM-081-SEMARNAT-1994, que fija los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas.

(51) Por otro lado, respecto de las normas que establecen sanciones a conductas relacionadas con el estado de ebriedad de las personas, indica que son constitucionales, pues la omisión de precisar que debe entenderse por "estado de ebriedad" no puede estimarse un defecto legislativo violatorio del principio de seguridad jurídica; en cambio, se trata de un elemento normativo de uso común o de clara comprensión, ya que la embriaguez es un estado que puede advertirse fácilmente con los sentidos.

(52) Menciona que los conceptos jurídicos indeterminados o flexibles son necesarios para la creación de las normas, los cuales serán dotados de contenido concreto en el momento de aplicación al caso concreto.

(53) Para ahondar en sus argumentos, explica la necesidad de este tipo de preceptos, en tanto que no se trata de normas abstractas que restrinjan los derechos de los gobernad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29846-f9baa388/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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