I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE OSTENTE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI Y 13 Y 14 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, AMBAS DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIOCHO Y TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). V. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. VI. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 19 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACATEPEC, 100, 101, 102, 103 Y 104 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 21, 22 Y 23 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, 27, 28, 29 Y 30 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, 18, 19, 20 Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ALPOYECA, 23, 24, 25 Y 26 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, 59, 60 Y 61 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ARCELIA, 22 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, 19, 20, 21 Y 22 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, 23 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ATLIXTAC, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, 37, 38, 39 Y 40 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AZOYÚ, 22, 23 Y 24 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, 22, 23, 24, 25 Y 26 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, 34 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, 22 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, 41, 42 Y 43 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COCULA, 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COPALA, 22, 23 Y 24 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COPANATOYAC, 25, 26, 27 Y 28 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, 36 Y 37 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, 20 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, 39 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CUALAC, 21 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, 22 Y 23 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN, 19, 20, 21, PÁRRAFO PRIMERO, Y 22 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, 22, 23 Y 24 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, 27, 28, 29 Y 30 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, 9 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, 21, 22 Y 23 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, 23 Y 24 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 56 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALAPA, 17, 18 Y 19 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, 21, 22, 23 Y 24 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, 17, 18 Y 19 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, 26, 27, 28 Y 29 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, 25, 26, 27 Y 28 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN, 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, 45, 46, 47 Y 48 D
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2022 Y SUS ACUMULADAS 15/2022, 19/2022, 24/2022 Y 26/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 17 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero promovieron las presentes acciones de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo del Estado de Guerrero y el Poder Ejecutivo de la citada entidad contra diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 4/2022 y sus acumuladas 15/2022, 19/2022, 24/2022 y 26/2022, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en las que se impugnan diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE.(1)
1. Demandas. Mediante escritos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte, veintisiete, veintiocho, treinta y uno de enero y uno de febrero de dos mil veintidós, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad, mediante las cuales solicitaron la invalidez de las normas que se refieren, emitidas y promulgadas por el Congreso del Estado y gobernadora constitucional, ambos del Estado de Guerrero.
2. Conceptos de invalidez. Las promoventes propusieron en sus conceptos de invalidez, en resumen, lo siguiente:
3. Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (AI. 4/2022):
a) Los principios de seguridad jurídica y legalidad constituyen una de las bases del sistema jurídico mexicano, tendientes a garantizar que los gobernados tengan la certeza respecto de la forma en que habrán de conducirse los órganos del Estado.
b) Así, la seguridad tributaria como criterio normador del principio de legalidad antes señalado, implica la razonable delimitación de las obligaciones fiscales que permita generar suficiente certeza en relación con su cumplimiento, con el fin de evitar arbitrariedades de las autoridades aplicadoras, es decir, consiste en establecer con la máxima exactitud tanto los presupuestos de hecho como las consecuencias jurídicas que deriven de las normas tributarias, que permitirá al gobernado conocer previa y pormenorizadamente los resultados de actuación, sin condiciones, vacíos normativos o deficiente claridad normativa.
c) Exige que los tributos se prevean en la ley de manera específica. Al establecerse en la ley en un acto material y formalmente todos aquellos elementos –sujeto, hecho imponible, base, tasa o tarifa y época de pago– que sirven como base para realizar el cálculo de las diversas contribuciones.
d) El numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal consagra la garantía de proporcionalidad tributaria la cual radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o a la manifestación de riqueza gravada.
e) Así la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, en razón de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos.
f) El legislador al crear la norma tributaria no solamente tomará en cuenta aspectos presupuestales que garantizarán la captación de recursos públicos, sino también la capacidad contributiva del sujeto al que va destinada la norma.
g) Por lo que las normas impugnadas establecen un impuesto adicional cuyo objeto es gravar el importe de los pagos realizados por el contribuyente, por concepto de impuestos y derechos municipales, sin que exista para ello una justificación objetiva o razonable, para implementar pagos por conceptos de impuestos y derechos municipales y que se destinarán a programas específicos como lo son a la prevención y combate de incendios; fomento educativo y asistencia social, construcción de caminos, transgreden los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria, ya que no se plasma una justificación razonable al implementar pagos por conceptos de impuestos y derechos.
h) El legislador tributario contempla dentro de los distintos sistemas impositivos, a las contribuciones denominadas como "sobretasas", que son aquellas que recaen sobre algunos de los impuestos y derechos previamente establecidos.
i) No obsta señalar que las "sobretasas" o "tasas adicionales" están contempladas en el artículo 115, fracción IV, inciso a), constitucional, pues en esta porción normativa se autoriza a los Municipios a administrar libremente su hacienda.
j) La "tasa adicional" o "sobretasa" difiere de los "impuestos adicionales", en virtud de que la primera participa de los mismos elementos constitutivos de la contribución y solamente se aplica un doble porcentaje a la base gravable; y en el caso de los "impuestos adicionales" el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario.
k) Los preceptos cuya invalidez se reclama hacen referencia a impuestos adicionales que deben pagar las personas que tengan a su cargo directamente pagos por conceptos de impuestos y derechos municipales y que se destinarán a programas específicos, como se expone:
i. Sujetos pasivos: Las personas que realicen los pagos de contribuciones.
ii. Objeto del impuesto: Grava los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en las Leyes de Ingresos de los diversos Municipios del Estado de Guerrero.
iii. Base gravable: El monto de los pagos que se realicen por impuestos y derechos.
iv. Tasa: el 0.35 y 0.5 UMA's respectivamente sobre la base gravable.
v. Época de pago: En el momento de pago objeto del gravamen.
vi. Destino de lo recaudado: Implementar programas y acciones encaminadas a la prevención y combate de incendios en los Municipios; fomento educativo y asistencia social; fomento a la construcción de caminos; pro-turismo; pro-redes, para el mantenimiento, conservación y ampliación de las redes de abastecimiento del propio servicio.
l) Por tanto, los artículos impugnados violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de la mencionada obligación tributaria, tan es así, que la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas (hecho imponible), a las cuales debe aplicarse las tasas del 0.35 y 0.5 UMA's, respectivamente, por lo que es inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador local para diseñar el hecho imponible, no refleje la capacidad contributiva de los causantes.
m) En los artículos 14 y 16 constitucionales obligan a las autoridades a emitir sus actos de forma fundada y motivada, mientras que el diverso 115, fracción IV, de la Constitución Federal, instaura el principio de libre administración hacendaria en el ámbito municipal, prohíbe que las leyes prevean exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna, y faculta a los Ayuntamientos para aprobar sus respectivos presupuestos de egresos.
n) Dichos principios se infringen porque las normas legales impugnadas establecen un destino específico de gasto para lo que se obtiene con la recaudación del impuesto adicional. Esta decisión vulnera la facultad exclusiva que tienen los Municipios para aprobar sus respectivos presupuestos de egresos y la prohibición constitucional de que existan subsidios en favor de persona o institución alguna.
o) En virtud de que el impuesto de predio y pago de derechos, así como sobretasas o tasas adicionales están destinadas para la hacienda municipal, a efecto de que éstas cubran sus gastos públicos dentro de las cuales no están contempladas los programas y acciones encaminadas a la prevención y combate de incendios, fomento educativo y asistencia social, lo que se traduce en una intromisión indebida al régimen de la libre administración hacendaria, ya que se condiciona el destino de los ingresos cuya recepción esta constitucionalmente reservada a los Municipios.
p) El destino del impuesto adicional no está comprendido dentro de las prestaciones de los bienes y servicios que tienen a su cargo los Municipios, conforme a lo dispuesto en el numeral 115 de la Constitución Federal.
4. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (AI. 15/2022):
a) Primero. Los preceptos impugnados establecen la forma de determinación de las tarifas mediante las cuales se causarán y pagarán los derechos por el servicio de alumbrado público, tomando en consideración el destino, tipo o uso de los predios de las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras de éstos.
b) Lo anterior significa que, para fijar la cuota respectiva, el legislador tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, y ello implica que la cuota que deben cubrir los contribuyentes depende del uso o características del predio respectivo, lo cual se traduce en una vulneración a los principios de equidad y proporcionalidad en las contribuciones.
c) Las leyes de ingresos de los Municipios de Guerrero, para el ejercicio fiscal del 2022, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria porque establecen un cobro por el servicio de alumbrado público, pero cuyo monto a pagar dependerá del destino que se le dé a un predio, por ejemplo, si se trata de uso doméstico de habitación, de comercio y de servicios o industria.
d) En esencia las normas reclamadas disponen:
i. Es objeto del derecho la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo su operación, ampliación, rehabilitación, reposición de líneas, reposición de luminarias, lámparas y mantenimiento que prestan los Ayuntamientos de Guerrero en la vía pública, en calles, avenidas, bulevares, caminos vecinales, plazas, parques, jardines y lugares de uso común, a través de la red de alumbrado municipal, atendiendo al artículo 115 constitucional.
ii. Son sujetos del derecho los beneficiarios de este servicio, propietarios o poseedores de inmuebles, negocios en el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre frente a su predio, casa habitación, negocio, empresa o industria, en concordancia con la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero.
iii. Determinan que el derecho se causará mensualmente, pudiendo liquidarse de manera mensual o bimestral y la manera de pagarlo.
iv. Determinan diversas cuotas fijas mensuales en UMA's, dependiendo del destino que se les otorgue a los predios respectivos.
e) Como se desprende, las normas controvertidas determinan que el pago del derecho de alumbrado público es exigible a las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, según el uso que se les dé a éstos.
f) El legislador local consideró como elemento determinante del monto a pagar por la contribución el destino, tipo y ubicación del predio que sea propiedad de los sujetos pasivos del tributo. Lo que significa que se tomaron en consideración elementos totalmente ajenos al costo real del servicio prestado por los Municipios.
g) El Máximo Tribunal del país en diversos precedentes ha reiterado que para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicio –como el de alumbrado público– debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por la otra, el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse para tales efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier otro elemento distinto al costo. De lo contrario, se vulnerarían los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no se estaría atendiendo al gasto que para el Estado representa prestar el servicio, ni se estaría cobrando un mismo monto a todos aquellos que reciben el mismo; siendo que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente de los particulares.
h) Por tanto, el legislador local incumplió con la obligación constitucional consistente en promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a la seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad en las contribuciones consagradas en la Constitución Federal.
i) Segundo. Las normas impugnadas contenidas en diversas leyes de ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal del año 2022, establecen contribuciones a las que denomina "sobretasas". Sin embargo, su configuración normativa genera incertidumbre ya que no se tiene certeza sobre cuál es el objeto ni el momento de causación de la institución fiscal a la que se refiere como "sobretasa".
j) Además, se impone una tarifa fija a pagar, la cual puede resultar desproporcionada para los sujetos obligados a su pago.
k) Por tanto, las disposiciones vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y de proporcionalidad tributaria.
l) Ese Alto Tribunal señaló que para que una carga tributaria sea considerada proporcional se requiere que el hecho imponible de la contribución establecido por el Estado refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al conjunto de erogaciones públicas.
m) De las 70 leyes de ingresos de diversos Municipios de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, se desprende que establecen contribuciones de las que denominan "sobretasas".
n) Las normas disponen que, con fines de fomento educativo y asistencia social, se causará una "sobre tasa" (por ejemplo, de 0.5 UMA) sobre el producto de los siguientes conceptos:
i. Impuesto predial.
ii. Derechos por servicios.
iii. Derechos por servicios de tránsito.
iv. Derechos por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales.
o) Por tanto, el legislador grava el producto obtenido por el pago de otras contribuciones, lo que resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de diversas obligaciones tributarias, tan es así que la base sobre la cual se calcula el monto de esa presunta tasa adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas.
p) Cuestiones relativas a los efectos. Finalmente, se indica que de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, se solicita se extiendan los efectos a todas aquellas que estén relacionadas; asimismo, que se vincule al Congreso Local a que en lo futuro se abstenga de expedir normas con el mismo vicio alegado.
5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (AI. 19/2022):
a) Primero. Los artículos impugnados de la Ley Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, establecen la forma de determinación de las tarifas mediante las cuales se causarán y pagarán los derechos por el servicio de alumbrado público, tomando en consideración el destino o uso de los predios de personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras de éstos.
b) Lo anterior significa que, para fijar la cuota respectiva, el legislador local tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, y ello implica que la cuota que deben cubrir los contribuyentes depende del uso o características del predio respectivo, lo cual se traduce en una vulneración a los principios de equidad y proporcionalidad en las contribuciones.
c) El legislador local consideró como elemento determinante del monto a pagar por la contribución el destino, tipo y ubicación del predio que sea propiedad de los sujetos pasivos del tributo. Lo que significa que se tomaron en consideración elementos totalmente ajenos al costo real del servicio prestado por los Municipios.
d) El Alto Tribunal del país en diversos precedentes ha reiterado que para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicio –como el de alumbrado público– debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por la otra, el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse para tales efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier otro elemento distinto al costo. De lo contrario, se vulnerarían los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no se estaría atendiendo al gasto que para el Estado representa prestar el servicio, ni se estaría cobrando un mismo monto a todos aquellos que reciben el mismo; siendo que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente de los particulares.
e) Por tanto, el legislador local incumplió con la obligación constitucional consistente en promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a la seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad en las contribuciones consagradas en la Constitución Federal.
f) Segundo. Los artículos impugnados de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, establecen contribuciones a las que denomina "sobretasas". Sin embargo, su configuración normativa genera incertidumbre ya que no se tiene certeza sobre cuál es el objeto ni el momento de causación de la institución fiscal a la que se refiere como sobretasa.
g) Además, se impone una tarifa fija a pagar, la cual puede resultar desproporcionada para los sujetos obligados a su pago.
h) Por tanto, las disposiciones vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y de proporcionalidad tributaria.
i) El legislador grava el producto obtenido por el pago de otras contribuciones, lo que resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de diversas obligaciones tributarias, tan es así que la base sobre la cual se calcula el monto de esa presunta tasa adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas.
j) Cuestiones relativas a los efectos. Finalmente, se indica que de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, se solicita se extiendan los efectos a todas aquellas que estén relacionadas; asimismo, que se vincule al Congreso Local a que en lo futuro se abstenga de expedir normas con el mismo vicio alegado.
6. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (AI. 24/2022):
a) Primero. Los artículos impugnados que señalan la forma de determinación de las tarifas mediante las cuales se causarán y pagarán los derechos por el servicio de alumbrado público, tomando en consideración el destino, tipo o uso de los predios de las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras de los mismos. b) Lo anterior significa que, para fijar la cuota respectiva, el legislador tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, y ello implica que la cuota que deben cubrir los contribuyentes depende del uso o características del predio respectivo, lo cual se traduce en una vulneración a los principios de equidad y proporcionalidad en las contribuciones.
c) Las disposiciones impugnadas de las seis leyes de ingresos impugnadas del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal del 2022, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria porque establecen un cobro por el servicio de alumbrado público, pero cuyo monto a pagar dependerá del destino que se le dé a un predio, por ejemplo, si se trata de uso doméstico de habitación, de comercio y de servicios o industria.
d) En esencia las normas reclamadas, disponen:
i. Es objeto del derecho la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo su operación, ampliación, rehabilitación, reposición de líneas, reposición de luminarias, lámparas y mantenimiento que prestan los Ayuntamientos de Guerrero en la vía pública, en calles, avenidas, bulevares, caminos vecinales, plazas, parques, jardines y lugares de uso común, a través de la red de alumbrado municipal, atendiendo al artículo 115 constitucional.
ii. Son sujetos del derecho los beneficiarios de este servicio, propietarios o poseedores de inmuebles, negocios en el Municipio, sin importar que la fuente de alumbrado se encuentre frente a su predio, casa habitación, negocio, empresa o industria, en concordancia con la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero.
iii. Determinan que el derecho se causará mensualmente, pudiendo liquidarse de manera mensual o bimestral y la manera de pagarlo.
iv. Determinan diversas cuotas fijas mensuales en UMA's, dependiendo del destino que se les otorgue a los predios respectivos.
e) Como se desprende, las normas controvertidas determinan que el pago de derecho de alumbrado público es exigible a las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de predios, según el uso que se les de a éstos.
f) El legislador local consideró como elemento determinante del monto a pagar por la contribución el destino, tipo y ubicación del predio que sea propiedad de los sujetos pasivos del tributo. Lo que significa que se tomaron en consideración elementos totalmente ajenos al costo real del servicio prestado por los Municipios.
g) El Máximo Tribunal del país en diversos precedentes ha reiterado que para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicio –como el de alumbrado público– debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por la otra, el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse para tales efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier otro elemento distinto al costo. De lo contrario, se vulnerarían los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no se estaría atendiendo al gasto que para el Estado representa prestar el servicio, ni se estaría cobrando un mismo monto a todos aquellos que reciben el mismo; siendo que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente de los particulares.
h) Por tanto, el legislador local incumplió con la obligación constitucional consistente en promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a la seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad en las contribuciones consagrados en la Constitución Federal.
i) Segundo. Las normas impugnadas que, contenidas en diversas leyes de ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal del año 2022, que establecen contribuciones a las que denomina "sobretasas". Sin embargo, su configuración normativa genera incertidumbre ya que no se tiene certeza sobre cuál es el objeto ni el momento de causación de la institución fiscal a la que se refiere como "sobretasa".
j) Además, se impone una tarifa fija a pagar, la cual puede resultar desproporcionada para los sujetos obligados a su pago.
k) Por tanto, las disposiciones vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y de proporcionalidad tributaria.
l) Ese Alto Tribunal señaló que para que una carga tributaria sea considerada proporcional se requiere que el hecho imponible de la contribución establecido por el Estado refleje una autentica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al conjunto de erogaciones públicas.
m) De las leyes de ingresos reclamadas de diversos Municipios de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, se desprende que establecen contribuciones de las que denominan "sobretasas".
n) Las normas disponen que, con fines de fomento educativo y asistencia social, se causará una "sobre tasa" (por ejemplo, de 0.5 UMA) sobre el producto de los siguientes conceptos:
i. Impuesto predial.
ii. Derechos por servicios.
iii. Derechos por servicios de tránsito.
iv. Derechos por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales.
o) Por tanto, el legislador grava el producto obtenido por el pago de otras contribuciones, lo que resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de diversas obligaciones tributarias, tan es así que la base sobre la cual se calcula el monto de esa presunta tasa adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas.
p) Tercero. Las normas impugnadas que se señalan en diversas leyes de ingresos de los Municipios de Acapulco de Juárez y Zihuatanejo de Azueta, ambas del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal del año 2022, prevén cobros injustificados y desproporcionales por la certificación de documentos, expedición de copias simples y certificadas de documentos, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
q) Lo anterior, ya que prevén tarifas que no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información, por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
r) Reitera que los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le representan a los Ayuntamientos involucrados la prestación de esos servicios.
s) Las disposiciones controvertidas se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, por tanto, para la determinación de las cuotas por concepto de derechos de servicios ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, por lo cual, la cuota que establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.
t) Las cuotas, en caso de que la entrega de información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que las mismas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.
u) Cuestiones relativas a los efectos. Finalmente, se indica que de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, se solicita se extiendan los efectos a todas aquellas que estén relacionadas; asimismo, que se vincule al Congreso Local a que en lo futuro se abstenga de expedir normas con el mismo vicio alegado.
7. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Las accionantes estiman violados los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
8. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Ministro presidente ordenó registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 4/2022 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.
9. Mediante acuerdos de dos, ocho y diez de febrero de dos mil veintidós, el Ministro presidente ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 15/2022, 19/2022, 24/2022 y 26/2022 y en virtud de la existencia en la identidad respecto de los decretos impugnados, se determinó la acumulación a la acción de inconstitucionalidad 4/2022.
10. Por acuerdos de dos y ocho de febrero, y cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 4/2022, 15/2022, 19/2022 y 24/2022, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
11. En el mismo acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Ministra instructora desechó la acción de inconstitucionalidad 26/2022 presentada por la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, al advertirse un motivo manifiesto e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31467-36cebe80/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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