Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA IMPUGNAR LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PREVISTOS EN UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL EN QUE ADUCE FALTA DE PERSONERÍA DE QUIEN SE OSTENTA COMO TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL NO SER MATERIA DE ANÁLISIS POR ESTA VÍA LAS MANIFESTACIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DE AQUÉL (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL EN QUE ADUCE FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER FISCAL CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADA (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y RAZONABLE POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COPIAS SIMPLES E IMPRESAS, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE GRATUIDAD Y EL DE PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR CONDICIÓN ECONÓMICA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIONES I Y II, DE LOS MUNICIPIOS DE ABASOLO Y SAN DIEGO DE LA UNIÓN; 30, FRACCIONES I Y II, DE LOS MUNICIPIOS DE ACÁMBARO Y PUEBLO NUEVO; 32, FRACCIONES I Y II, DE LOS MUNICIPIOS DE APASEO EL ALTO Y SALAMANCA; 25, FRACCIONES I Y II, DE LOS MUNICIPIOS DE OCAMPO Y XICHÚ; 26, FRACCIONES I Y II, DEL MUNICIPIO DE ROMITA; 27, INCISOS A) Y B), DEL MUNICIPIO DE URIANGATO; Y 31, FRACCIONES I Y II, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TODOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020]. XI. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. XII. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. XIII. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XIV. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL PARA CONFIGURAR SUS CATEGORÍAS NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. XV. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XVI. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XVII. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE AQUÉLLAS, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XVIII. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XIX. DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBICO. SE RESPETA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA CUANDO SUS ELEMENTOS SE REGULAN EN DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES DE HACIENDA Y DE IN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2020. · Registro digital (IUS): 30038
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-20
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 2337.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 88/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: MONSERRAT CID CABELLO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, por el que emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 15, último párrafo y 29, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo; 30, fracciones I y II, y 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acámbaro; 32, fracciones I y II, y 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apaseo el Alto; 19, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atarjea; 15, último párrafo y 25, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo; 30, fracciones I y II, y 31, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pueblo Nuevo; 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Purísima del Rincón; 26, fracciones I y II, y 32, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Romita; 32, fracciones I y II, y 36, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca; 32, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Felipe; 34, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Salvatierra; 29, fracciones I y II, y 31, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Diego de la Unión; 27, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Uriangato; 15, último párrafo, y 31, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Victoria; 13, último párrafo, y 25, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xichú; todos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil veinte.

I. TRÁMITE

1. Presentación del escrito y autoridades (emisoras y promulgadoras). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra diversas normas. Señaló como autoridades emisoras y promulgadoras al Poder Legislativo y Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.(1)

2. Normas generales impugnadas. La comisión actora impugnó los artículos 15, último párrafo y 29, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo; 30, fracciones I y II, y 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acámbaro; 32, fracciones I y II, y 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apaseo el Alto; 19, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atarjea; 15, último párrafo y 25, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo; 30, fracciones I y II, y 31, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pueblo Nuevo; 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Purísima del Rincón; 26, fracciones I y II, y 32, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Romita; 32, fracciones I y II, y 36, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca; 32, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Felipe; 34, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Salvatierra; 29, fracciones I y II, y 31, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Diego de la Unión; 27, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Uriangato; 15, último párrafo, y 31, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Victoria; 13, último párrafo, y 25, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xichú; todos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil veinte.

3. Conceptos de invalidez. La promovente, en su primer concepto de invalidez, manifestó que las normas impugnadas prevén cobros injustificados por la reproducción de información pública, además de que establecen cobros injustificadamente diferenciados por copias e impresiones, aunque se empleen los mismos materiales, con ello se vulnera el derecho de acceso a la información y los principios de gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Así, señala que los artículos 29, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo; 30, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acámbaro; 32, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apaseo el Alto; 25, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo; 30, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pueblo Nuevo; 26, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Romita; 32, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca; 29, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos Municipio de San Diego de la Unión; 27, incisos a) y b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Uriangato; 31, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Victoria; y 25, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xichú, todos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, transgreden los derechos humanos de acceso a la información, seguridad jurídica, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información, legalidad y proporcionalidad tributaria, pues el legislador local no justificó los costos por la reproducción de la información.

5. Señala que de conformidad con el artículo 134 constitucional, los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, lo que implica que la adquisición de los materiales por parte de los Municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información deba hacerse acorde a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.

6. Con la obtención de las mejores condiciones se tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

7. Además, como lo ha señalado este Alto Tribunal, respecto al principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en que explique o razone el costo de los materiales de reproducción, lo cual no aconteció.

8. Aduce que el ejercicio del derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el de envío, en su caso, y el de su certificación, consecuentemente, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está grabando la información.

9. Afirma que no hay justificación para hacer una distinción entre el monto por entrega de información en copia simple y en copia impresa, pues en ambos casos se utilizan los mismos insumos para reproducir la información, por lo que si no existe razonamiento que justifique el cobro de reproducción de información con una base objetiva, ello sólo puede significar que la cuota se determinó arbitrariamente sin contemplar el costo real de los materiales.

10. Por otro lado, señala que los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, porque los derechos causados por los servicios de reproducción de documentos no se sujetan al costo erogado por el Estado para su expedición.

11. Asimismo, las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico pues tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas tienen un efecto inhibidor de la tarea periodística y hace ilícita la profesión en este ámbito específico.

12. En su segundo concepto de invalidez, la promovente señala que los artículos 15, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo; 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acámbaro; 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apaseo el Alto; 19, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atarjea; 15, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo; 31, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pueblo Nuevo; 33, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Purísima del Rincón; 32, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Romita; 36, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Salamanca; 34, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Salvatierra; 31, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Diego de la Unión; 32, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Felipe; 15, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Victoria; y 13, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xichú, todos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, establecen como atribución de las distintas Tesorerías Municipales determinar la época de pago por concepto del derecho por el servicio de alumbrado público, respecto de los usuarios que no tengan cuenta con la Comisión Federal de Electricidad.

13. Con ello se vulnera el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y reserva de ley en materia tributaria, en virtud de que delega la facultad de fijar uno de los elementos esenciales –época de pago– de dicha contribución en una autoridad administrativa, propiciando la arbitrariedad e incertidumbre respecto de cuándo habrían de cubrirse las cuotas correspondientes.

14. Aduce que el principio de legalidad tributaria contenido en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal se traduce en la exigencia de que sea el legislador quien determine los elementos esenciales de la contribución y no las autoridades administrativas, en aras de garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes.

15. Señala que este Alto Tribunal al interpretar el artículo 31, fracción IV, constitucional, ha determinado que para la validez de un tributo es necesario su establecimiento por la ley, que sea proporcional y equitativo y esté destinado al pago de gastos públicos, pero además se exige que los elementos esenciales del mismo estén consignados de manera expresa en la ley, ello, para que no quede margen a arbitrariedades de las autoridades exactoras.

16. Afirma que el legislador local facultó indebidamente a las Tesorerías de los Municipios para determinar la época de pago por el servicio de alumbrado público, en los casos en los que los contribuyentes no cuenten con registro en la Comisión Federal de Electricidad, por tanto los artículos son inconstitucionales por no contener todos los elementos esenciales de los derechos que cobrarán los Municipios por la prestación del servicio de alumbrado público a los contribuyentes que no sean usuarios de la comisión mencionada.

17. Normas constitucionales y convencionales que se estiman violadas. Los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

18. Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. El Ministro presidente formó y registró el expediente de esta acción de inconstitucionalidad en el momento oportuno y ordenó su turno al Ministro instructor, por proveído de seis de febrero de dos mil veinte.(2) El Ministro instructor admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley, mediante acuerdo de siete de febrero del referido año.

19. Informe del Poder Legislativo.(3) Martha Isabel Delgado Zárate, en su carácter de diputada presidenta de la mesa directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los razonamientos siguientes:

20. El Poder Legislativo Local hizo valer en primer lugar la causa de improcedencia consistente en la falta de personería de quien se ostenta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues el proceso legislativo de selección efectuado por el Senado de la República no se llevó a cabo en concordancia con los artículos 102, apartado B, de la Constitución Federal, y 10 y 10 Ter de la ley de la propia comisión y 58, 59, 93, 94, 97, 101 y 102 del Reglamento del Senado de la República.

21. Lo anterior, fundamentalmente porque de tales normativas se desprende que de no alcanzarse la votación requerida para la elección del presidente, debía presentarse una nueva terna tantas veces fuera necesario para alcanzar la votación requerida, lo cual no se llevó a cabo, ya que del acuerdo aprobado en sesión de treinta de octubre de dos mil diecinueve, la mesa directiva del Senado de la República estableció el procedimiento de elección del presidente de la comisión en el que se estableció que de no reunirse la mayoría calificada en la primera votación, se realizará una segunda votación de forma inmediata, y de seguir la misma situación, se llevará a cabo una tercera votación en la sesión plenaria siguiente.

22. Así, alude que el objeto del citado acuerdo fue que las votaciones se llevaran de nueva cuenta sobre la misma terna sin cambiarla, contraviniendo el artículo 10 Ter de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmando que el proceso legislativo estuvo viciado.

23. Asimismo, en el proceso de elección se vulneró lo señalado por los artículos 102, apartado B, párrafos seis y siete, de la Constitución Federal y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues era obligatorio que el presidente de la comisión fuera electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, lo que no sucedió, pues de acuerdo con la lista de asistencia de la sesión del siete de noviembre de dos mil diecinueve se registró la asistencia de ciento dieciocho senadores y diez ausencias, lista que se corroboró en la sesión del Pleno del Senado el doce de noviembre siguiente, con la aprobación del acta de sesión ordinaria.

24. Sin embargo, conforme al Diario de los Debates número veintiséis de la citada sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se realizaron tres votaciones al no haberse obtenido una mayoría calificada respecto de la misma terna, y al haberse registrado la asistencia de ciento dieciocho senadores sin que conste el registro de algún retiro o ausencia de los presentes, resultaba necesario una mayoría calificada de setenta y ocho punto sesenta y seis votos, lo que no ocurrió pues sólo hubo setenta y seis votos de la mayoría.

25. Señala que si bien solo ciento catorce senadores físicamente acudieron a la urna a depositar su voto, dos senadoras introdujeron con permiso de la presidencia dos votos cada una, por lo que el total de votos extraídos de la urna debieron ser ciento dieciséis y no ciento catorce como fueron contados, por lo que se requerían al menos setenta y siete punto treinta y tres votos de los presentes para una mayoría calificada.

26. Por último, en la mencionada sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, al menos votaron ciento quince senadores, como se desprende del Diario de Debates, por lo que debieron extraerse de la urna ese mismo número de votos, de los cuales se requería el setenta y seis punto sesenta y seis de votos hacia un mismo candidato para alcanzar la mayoría calificada.

27. Como segunda causa de improcedencia aduce la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues las normas impugnadas relativas al servicio de alumbrado público y al acceso a la información pública versan sobre posibles vulneraciones a principios tributarios –legalidad y proporcionalidad tributarias–, sobre lo cual no tiene legitimación para ejercer el medio de control constitucional, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria, en relación con los artículos 20, fracción II y 65 del mismo ordenamiento legal, y el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal.

28. Lo anterior, no obstante que la comisión actora refiera transgresión a los derechos humanos de seguridad jurídica y de legalidad, pues lo cierto es que sus planteamientos están encaminados a demostrar la contravención al principio de legalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, y los derechos humanos invocados solo son consecuencia de las supuestas violaciones argüidas.

29. En relación con los derechos de acceso a la información pública, señala que contrario a lo asegurado por la comisión actora, no se encontraba obligado constitucionalmente a manifestar las razones o justificaciones específicas que lo llevaron a tomar sus determinaciones respecto a las cuotas. Ello, pues este Alto Tribunal ha establecido que tratándose de actos legislativos, la motivación y fundamentación se satisfacen si las autoridades actúan dentro de los límites de sus facultades (fundamentación) y que las leyes que expidan se refieran a relaciones sociales que requieran ser jurídicamente reguladas (motivación).

30. En relación con la atribución constitucional de crear contribuciones, si bien debe ceñirse a un proceso legislativo y el tributo debe respetar prerrogativas fundamentales de los gobernados, no llega al extremo de justificar o explicar de manera exhaustiva la imposición de la prestación patrimonial relativa. Citó en apoyo a sus consideraciones las tesis de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN NO ESTAN OBLIGADOS A EXPLICARLOS." y P./J. 136/2009 "PROCESO LEGISLATIVO. PARA EMITIR UN JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD NO ES INDISPENSABLE QUE EL LEGISLADOR HAYA EXPRESADO ARGUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE CREACIÓN NORMATIVA."

31. La constitucionalidad de los preceptos impugnados que prevén un cobro por la reproducción de la información solicitada tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional. Si bien es principio constitucional la gratuidad de la información, la reproducción o envío de ésta representa una carga económica para el Estado, pues implica una serie de actividades y uso de dispositivos físicos para la reproducción de la información solicitada, que genera un costo que requiere repercutirse en el solicitante de la información por ser un derecho que el Estado está facultado para su fijación y determinación. Citó en apoyo a sus consideraciones la tesis P./J. 3/98 de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."

32. Afirma que no debe soslayarse que en términos del artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Federal, son los Municipios quienes libremente administran su hacienda y desde el ámbito de su competencia los Ayuntamientos proponen a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, entre otros.

33. Respecto a lo que sostiene la comisión actora en cuanto a que las cuotas violan el principio de proporcionalidad tributaria, señala que para que se cumpla el principio de equidad y proporcionalidad, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, además de otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, pero sin que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponde exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente el de los particulares. Citó en apoyo a sus consideraciones la tesis P. J. 3/98 de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."

34. Señala que la actora debió aportar medio probatorio en el que sustentara la desproporcionalidad alegada, pues los servicios que presta el Estado los organiza en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares, por lo que no necesariamente debe atenderse que el valor del servicio prestado sea el precio que corresponde exactamente al valor comercial, pues debe tomarse en consideración que el Estado debe desarrollar una serie de actividades, lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, que conlleva a incurrir en diversos costos, conforme a los cuales finalmente debe determinarse si resulta o no razonablemente equilibrado el costo con la prestación del servicio. Citó como apoyo a sus consideraciones la tesis 2a. CX/2013 (10a.) de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS."

35. Arguye que debe considerarse que en la prestación del servicio de acceso a la información, cada Municipio atiende a su realidad social y económica, es decir, que le implica el desarrollo de diversas actividades para lo cual debe contar con estructura administrativa, operativa y funcional, la accesibilidad de los insumos materiales en razón de distancia con los proveedores, cuestiones que conllevan costos diversos respecto de cada Municipio.

36. En relación con la distinción de tarifas por copia impresa y copia simple, reitera que el legislador no se encuentra obligado a justificar o explicar las razones de su determinación, y que la comisión actora tampoco aporta medio probatorio alguno que sustente que en las modalidades de la reproducción de la información pública en copia simple y copia impresa se utilizan los mismos insumos. Ello porque no atiende a las condiciones físicas y económicas de cada Municipio, en los que se debe valorar los dispositivos físicos empleados o que se tienen a disposición para atender el derecho de acceso a la información, elementos que son considerados desde el planteamiento de la iniciativa de ley. Así, la diferencia de tarifas respecto a la impresión y a la copia, únicamente atiende al costo que repercute en los materiales utilizados en la reproducción de la información ,conforme a la propia tarifa propuesta por el Municipio.

37. En relación con las bases objetivas y razonables de las cuotas por reproducción, señala que de los artículos impugnados se puede advertir que se estableció que si el solicitante de la información pública proporciona el medio en el que se reproduzca la información, no se generará costo alguno; asimismo, que tratándose de las reproducciones de no más de veinte hojas simples serán sin costo alguno, lo cual es conforme con el criterio adoptado por este Alto Tribunal y con lo que dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

38. Con lo anterior, no se quebranta el principio de gratuidad, puesto que no se genera costo alguno por la búsqueda de la información, sino sólo por la modalidad de reproducción y entrega, sin que las cuotas por la modalidad de reproducción de información en copia simple e impresa sean arbitrarias como lo refiere la actora.

39. El artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública remite a la Ley Federal de Derechos, y de una revisión de esta disposición, los conceptos relativos a reproducción de la información pública en copia simple e impresa no son contemplados, por lo que no existe parámetro sobre el que se pueda determinar que las cuotas establecidas en las leyes impugnadas son arbitrarias.

40. Señala que la Primera Sala en el amparo en revisión 176/2011, si bien analizó la desproporcionalidad de un cobro por concepto de copia certificada de la Ley Federal de Derechos, utilizó el parámetro de que en el mercado comercial el valor de la fotocopia oscilaba entre los cincuenta centavos hasta los dos pesos, esto dependiendo de las condiciones especiales que pudieran atender a la oferta y demanda. Indica que tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 132/2011 (9a.) de rubro: "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)."

41. Por lo anterior, no es posible que la comisión actora señale una desproporcionalidad de las cuotas establecidas en las leyes impugnadas, pues en su mayor parte, se encuentran dentro del parámetro de hasta dos pesos, acorde con el argumento de la Primera Sala aducido, máxime que el asunto fue resuelto el once de mayo de dos mil once, lo que conlleva que el valor del mercado de las copias fotostáticas, incluidas las copias impresas, a la fecha hayan actualizado su valor.

42. Respecto a las normas impugnadas referentes al servicio de alumbrado público, señala que todas remiten a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, que regula este servicio y los elementos esenciales de la contribución en sus artículos 228-H, 228-I, 228-J, 228-K y 228-L.

43. En relación con la época de pago, el artículo 228-J de la ley en comento, establece que el derecho de alumbrado público se causa mensualmente y su pago debe hacerse dentro de los primeros diez días siguientes al mes en que se cause, ya sea en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para tal efecto.

44. Así, en el caso de los usuarios que tienen cuenta con la Comisión Federal de Electricidad, el pago se hará por conducto de ésta, y en el caso de los usuarios que no tengan cuenta, el pago respectivo se realizará dentro de los primeros diez días siguientes al mes en que se cause el pago en las oficinas de la Tesorería Municipal.

45. Por lo que la contribución de derecho por la prestación del servicio de alumbrado público sí respeta los principios de legalidad tributaria y de reserva de ley, en razón de que sus elementos se encuentran plenamente definidos en una ley formal y materialmente legislativa. Citó en apoyo a sus consideraciones la tesis 3a./J. 18/91 de rubro: "LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA."

46. El supuesto de que los elementos esenciales de la contribución se encuentren en leyes diversas, no configura violación al principio de legalidad tributaria, ya que dicho principio exige que los elementos esenciales se encuentren contenidos en ley formal y materialmente legislativa, cuestión que no implica contravención al artículo 31, fracción IV, constitucional. Citó en apoyo a tal consideración la tesis P. XLIV/2006 de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL HECHO DE QUE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO SE CONTENGAN EN DISTINTAS LEYES EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL, NO CONSTITUYE UNA CONTRAVENCIÓN A ESE PRINCIPIO."

47. Informe del Poder Ejecutivo.(4) Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en su carácter de gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los razonamientos siguientes:

48. Argumenta que la Legislatura Local proveyó la expedición de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte de los Municipios impugnadas con el propósito de contribuir al ejercicio de la autonomía municipal dispuesta en el artículo 115 constitucional, y de establecer el marco legal para que dicho orden de gobierno pueda cubrir sus necesidades y ejercer sus atribuciones conforme a los mandatos constitucionales federal y local, así como aquellas dispuestas en el artículo 76, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

49. Por tanto, las normas impugnadas se encuentran debidamente fundadas y motivadas, pues existe una norma constitucional que faculta al legislador local a la expedición de las leyes de ingresos municipales, mientras que la motivación del acto legislativo se satisface cuando se regulan situaciones sociales que así lo demanden, lo que en la especie acontece, porque es necesaria la satisfacción de necesidades colectivas, lo cual se logra mediante la prestación de servicios públicos, y ello será factible en la medida de que el sujeto obligado, Estado, cuente con los recursos suficientes para ello, por lo que se ha instituido el imperativo dispuesto en la fracción IV del artículo 31 constitucional para que los gobernados contribuyan al gasto público que haga factible que el Poder Público pueda realizar sus funciones. Cita en apoyo a sus consideraciones las tesis de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y 1a./J. 41/2007 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

50. Señala que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, fracción III, constitucional, y 17, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su correlativo en el Estado de Guanajuato, el acceso a la información pública será gratuito en cuanto al derecho se refiere; no obstante, cuando dicha información es otorgada a través de medios magnéticos –no aportados por el solicitante– o impresos, o que representen una erogación por el envío, surge la facultad del órgano de administración pública de efectuar un cobro que debe estar dispuesto en ley, de tal forma que esto es lo que se cobra y no el derecho del gobernado de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30038-a5bf040f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.