I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. EXIGENCIA DE QUE LOS TEXTOS EN LOS QUE SE RECOGEN LAS NORMAS SANCIONADORAS DESCRIBAN CON SUFICIENTE PRECISIÓN QUÉ CONDUCTAS ESTÁN PROHIBIDAS Y QUÉ SANCIONES SE IMPONDRÁN A QUIENES INCURRAN EN ELLAS. V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. LA RAZONABILIDAD DEL GRADO DE IMPRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSISTE EN QUE EL PRECEPTO SEA LO SUFICIENTEMENTE CLARO COMO PARA RECONOCER SU VALIDEZ, EN TANTO SE CONSIDERA QUE EL MENSAJE LEGISLATIVO CUMPLIÓ ESENCIALMENTE SU COMETIDO DIRIGIÉNDOSE AL NÚCLEO ESENCIAL DE CASOS REGULADOS POR LA NORMA. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. VII. TIPICIDAD. PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL QUE CONSTITUYE LA BASE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE, CON TODAS SUS DERIVACIONES, COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. VIII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. EXIGE LA FORMULACIÓN DE TÉRMINOS PRECISOS DEL SUPUESTO DE HECHO DE LAS NORMAS PENALES, A PARTIR DE LA REDUCCIÓN DE VAGUEDAD DE LOS CONCEPTOS USADOS PARA DETERMINAR LOS COMPORTAMIENTOS PENALMENTE PROHIBIDOS Y LA PREFERENCIA POR EL USO DESCRIPTIVO FRENTE AL USO DE CONCEPTOS VALORATIVOS. IX. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. XI. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. LA NORMA QUE PREVEA ALGUNA PENA O DESCRIBA ALGUNA CONDUCTA QUE DEBA SER SANCIONADA PENALMENTE ES INCONSTITUCIONAL POR VULNERAR DICHO PRINCIPIO, ANTE SU IMPRECISIÓN EXCESIVA O IRRAZONABLE, EN UN GRADO DE INDETERMINACIÓN TAL QUE PROVOQUE EN LOS DESTINATARIOS CONFUSIÓN O INCERTIDUMBRE POR NO SABER CÓMO ACTUAR ANTE LA NORMA JURÍDICA. XII. DELITO DE RESISTENCIA DE PARTICULARES Y DESOBEDIENCIA EN EL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO PENAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O LA INSULTE EN SU CUMPLIMIENTO", VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 288, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O LA INSULTE EN SU CUMPLIMIENTO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 288, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O LA INSULTE EN SU CUMPLIMIENTO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 288, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O LA INSULTE EN SU CUMPLIMIENTO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 205/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE MAYO DE 2021. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ERIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 205/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 288 del Código Penal para el Estado de Morelos, en su porción normativa "o la insulte en su cumplimiento".
I. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH") promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó el artículo 288, en la porción normativa "o la insulte en su cumplimiento", del Código Penal para el Estado de Morelos, reformado mediante decreto publicado el once de marzo de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.(1) Dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 288. Al que sin causa legítima y por primera vez rehusare prestar un servicio al que la ley le obliga, desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad o la insulte en su cumplimiento, se le impondrá de treinta a ciento veinte días de semilibertad. Si la desobediencia ocurre con violencia por segunda ocasión o en relación con otros participantes, se duplicará la sanción, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido." (Énfasis añadido)
2. Concepto de invalidez. La accionante argumenta, en síntesis, lo siguiente:
"ÚNICO. La disposición impugnada vulnera el derecho de seguridad jurídica, la libertad de expresión y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad."
• La norma resulta inconstitucional porque la descripción típica es imprecisa en cuanto a la conducta prohibida. La configuración de la conducta depende de la apreciación subjetiva de lo que puede considerarse como un insulto. Por ello, la porción impugnada no permite que las personas tengan certeza suficiente sobre las conductas que podrían ser sancionadas penalmente en caso de insultar a una autoridad en el cumplimiento de un mandato legítimo.
• La norma permite un margen de apreciación amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier expresión considerada "insulto" sea sancionada penalmente. Esto contraviene el mandato de taxatividad, que supone una exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.
• Dada la especial calidad del potencial sujeto pasivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los límites de crítica son más amplios cuando se refieren a personas dedicadas a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática. Dichas personas están expuestas a un control más riguroso de sus actividades. Esto no significa que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor. La Constitución Federal no reconoce un derecho al insulto o a la injuria, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias.
• La calificación del insulto no responderá a criterios objetivos, sino que se determinará en el ámbito estrictamente personal. En esa medida, la relatividad del grado de afectación puede variar entre cada persona, bien sea por la determinación de su carácter, su estimación personal, o su entorno social, familiar y educativo. Esto determinará cuándo algún tipo de expresión puede resultar insultante.
• Al resolver el amparo directo en revisión 2255/2015, el Pleno de la Suprema Corte se pronunció sobre el delito de ultraje y el problema que deriva del empleo de vocablos vagos e imprecisos en las normas punitivas. Si las precisiones de la norma penal resultan insuficientes para limitar razonablemente el conjunto de conductas que actualizan el tipo, el enunciado resultará abierto a tal grado que la autoridad competente será quien califique, en cada caso y según su arbitrio, las expresiones, gesticulaciones o hechos que actualizan el ultraje; lo que genera incertidumbre en los destinatarios de la norma.
• La reforma al código penal local tuvo por objeto suprimir el tipo penal de "injurias", sin embargo, se adicionó "insultar a una autoridad en cumplimiento de un deber legítimo" como una conducta constitutiva del delito de resistencia de particulares y desobediencia. De esta forma, se reproduce el elemento normativo de valoración cultural contenido en el tipo penal derogado.
• Finalmente, el precepto inhibe la libertad de expresión, pues ante la incertidumbre de qué expresiones están comprendidas en la norma, se provoca la autocensura de las personas por temor a ser sancionadas.
3. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida, y designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(2) El instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que rindieran sus respectivos informes, y dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación convenga.(3)
4. Informes. El Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos rindieron informes defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada.(4) El Ministro instructor tuvo por presentados los informes y concedió a las partes el plazo legal respectivo a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(5)
5. Opinión del fiscal general de la República. La directora general de Asuntos Jurídicos y el director general de Constitucionalidad, ambos de la Fiscalía General de la República, formularon opinión en el presente medio de control constitucional, calificando de infundados los argumentos de la CNDH.(6)
6. Cierre de Instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos de la CNDH, y al haber trascurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(7)
II. COMPETENCIA
7. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma del Código Penal para el Estado de Morelos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Oportunidad y causal de improcedencia relativa al plazo para el ejercicio de la acción
8. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) (en adelante, ley reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente, y c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.(11)
9. En el caso, el precepto legal impugnado se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el once de marzo de dos mil veinte, por lo que plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el doce de marzo y concluyó el diez de abril del mismo año. Sin embargo, dado que el último día del plazo fue inhábil en términos del Acuerdo General Número 3/2020,(12) la demanda se podía presentar al primer día hábil siguiente, es decir, el tres de agosto de dos mil veinte, de conformidad con los Acuerdos Generales Números 6/2020,(13) 7/2020,(14) 10/2020,(15) 12/2020(16) y 13/2020.(17)
10. En ese contexto, si el escrito de demanda relativo a la presente acción de inconstitucionalidad fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de agosto de dos mil veinte, se concluye que su presentación resulta oportuna.
11. En estricta relación con la conclusión alcanzada, este Tribunal advierte que, en el informe rendido en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el consejero jurídico local afirma que la presentación de la demanda es extemporánea. Sin embargo, dicha causal es infundada, puesto que la demanda fue presentada conforme a los términos previstos por el artículo 60 de la ley reglamentaria.
IV. LEGITIMACIÓN
12. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(18) en relación con el diverso 59 del mismo ordenamiento legal, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
13. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por María del Rosario Piedra Ibarra, quien actúa en representación de la CNDH, y acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Senado de la República. El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional dispone que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales, que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.(19)
14. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien en virtud de su carácter de presidenta se encuentra legitimada para interponerla en representación de la comisión,(20) y además cuestiona la violación a diversos derechos humanos, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
V. Causal de improcedencia relativa a la legitimación pasiva
15. En adición a la causal que se estudió, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos argumenta que la autoridad representada tiene facultades para promulgar, sancionar, publicar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado; sin embargo, que no se atribuyeron conceptos de invalidez al Poder Ejecutivo. Por ello, el consejero jurídico estima que la acción debería sobreseerse respecto del Poder Ejecutivo Local.
16. Este Tribunal Pleno considera que esa causal es infundada, en virtud de que los Poderes Ejecutivos Locales tienen una verdadera injerencia en el proceso legislativo de la norma general para otorgarle validez y eficacia al promulgarla, esto es, están implicados en su emisión. Por ello, no opera causa de improcedencia bajo el argumento planteado por el consejero jurídico. Apoya lo anterior, en su parte considerativa, la jurisprudencia P./J. 38/2010 del Tribunal Pleno, de rubro y texto:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."(21)
17. Al no existir otras causales de improcedencia alegadas por las partes y no advertirse otra de oficio por este Alto Tribunal, lo procedente es entrar al estudio de fondo de la porción impugnada.
VI. ESTUDIO
i. Concepto de invalidez, su calificación y método para abordar el caso
18. La CNDH planteó que el artículo 288 del Código Penal para el Estado de Morelos, en su porción normativa "o la insulte en su cumplimiento", vulnera los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión. El argumento principal de la accionante se refiere a la supuesta ambigüedad de los términos con los que fue construido el tipo penal, lo que impide definir con claridad los medios y parámetros para calificar los actos sancionados por la norma.
19. El concepto de invalidez es fundado, dado que la norma general impugnada vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Para sostener esa decisión, es necesario establecer los precedentes de esta Suprema Corte sobre el tema de taxatividad y, subsecuentemente, aplicarlos en la solución del caso.
ii. Doctrina constitucional sobre el principio de taxatividad
20. El principio de taxatividad, cuya vulneración alega la accionante, ha sido materia de reiterados pronunciamientos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En diversos precedentes se ha analizado el fundamento de dicho principio, su definición y alcances, y la forma de analizar su cumplimiento. Particularmente, en las acciones de inconstitucionalidad 95/2014(22) y 147/2017,(23) este Tribunal Pleno reiteró los principales pronunciamientos sobre el tema y fijó el parámetro de control constitucional en que se funda la decisión de este asunto.
21. En ambos precedentes quedó establecido que el principio de taxatividad está reconocido en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(24) y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(25) En la interpretación de esa norma convencional, se atendió a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de Fermín Ramírez Vs. Guatemala(26) (párrafo 90) y el Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú(27) (párrafo 121), cuyos contenidos son los siguientes:
"90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que ‘nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable’, el artículo 9 de la convención obliga a los Estados a definir esas ‘acciones u omisiones’ delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte ha establecido:
"... Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, ... la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.
"En un Estado de derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.
"En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.
"En este sentido, corresponde al Juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico.
"121. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Éste implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana."
22. En los precedentes nacionales referidos, este tribunal también recordó que al interpretarse el artículo 14 constitucional se ha sostenido que:
a) El derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, misma que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales se especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.
b) La autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas.
c) Las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.(28)
23. Además, en dichos precedentes, se retomó lo resuelto por este Tribunal Pleno en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2011.(29) En ese fallo, se precisó que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, y se definió el principio de taxatividad como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.(30)
24. Asimismo, se explicó que comúnmente se entiende al principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual abarca también los principios de no retroactividad y reserva de ley.
25. Aunado a lo anterior, se reconoció que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado.(31) Por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino que se pretende que el grado de imprecisión sea razonable; es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma. 26. El otro extremo es la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque confusión o incertidumbre en los destinatarios de la norma por no saber cómo actuar frente a su contenido. La certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se insiste, son los valores subyacentes al principio de taxatividad. En relación con el grado de precisión que se exige en las normas penales, en las acciones de inconstitucionalidad referidas, el Tribunal Pleno citó la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.) de la Primera Sala, cuyo contenido es el siguiente:
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas."(32)
27. Igualmente, debe considerarse que en las acciones de inconstitucionalidad 95/2014 y 147/2017, este Tribunal Pleno destacó que de las formulaciones del principio de legalidad en materia penal deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna a la tipicidad como elemento del delito, entendida como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho.
28. En este sentido, el principio de taxatividad exige la formulación de términos precisos del supuesto de hecho de las normas penales, a partir de dos directrices: a) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos y b) la preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos.(33) La descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda una sanción, sino porque las normas penales deben cumplir una función motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.
29. En ese orden de ideas, el principio de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. Esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de aplicación de encuadrar la conducta en la descripción típica, sino que abarca a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de forma tal que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros y exactos. Como se precisó, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señale como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos; pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada.
30. Sin embargo, en los precedentes citados, también se precisó que el mandato de taxatividad, sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.(34)
31. Asimismo, este Tribunal Pleno destacó que el análisis del grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe efectuarse tomando en consideración únicamente el texto de la ley, sino que se puede acudir (i) tanto a la gramática, (ii) como al contraste con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa. Incluso la Primera Sala de este Alto Tribunal ha sostenido que es imprescindible atender (iii) al contexto en el cual se desenvuelven las normas (iv) y a sus posibles destinatarios.(35)
32. Por ello, en atención a lo resuelto en los reseñados precedentes, la norma que prevea alguna pena o describa alguna conducta que deba ser sancionada penalmente resultará inconstitucional por vulnerar el principio de taxatividad, ante su imprecisión excesiva o irrazonable, en un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica.
iii. Razones de la inconstitucionalidad de la porción normativa impugnada
33. En el presente caso se analizará, con base en los elementos reconocidos en los precedentes citados, si el artículo 288, en la porción normativa "o la insulte en su cumplimiento", del Código Penal para el Estado de Morelos alcanza el grado de claridad y precisión que exige el principio de taxatividad. La disposición impugnada establece lo siguiente:
"Artículo 288. Al que sin causa legítima y por primera vez rehusare prestar un servicio al que la ley le obliga, desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad o la insulte en su cumplimiento, se le impondrá de treinta a ciento veinte días de semilibertad. Si la desobediencia ocurre con violencia por segunda ocasión o en relación con otros participantes, se duplicará la sanción, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido." (Énfasis añadido)
34. El tipo penal se ubica bajo la denominación "Resistencia de particulares y desobediencia" en el título vigésimo "Delitos contra las funciones del Estado y el servicio público", y contiene los siguientes elementos:
a) La existencia de tres conductas, consistentes en rehusar, desobedecer o insultar (verbos rectores del tipo o conducta que se prohíbe). En particular, la accionante impugnó la porción relativa al verbo insultar (sobre la que se centrará esta decisión).
b) La conducta es realizada por cualquier persona (el tipo no requiere una calidad específica del sujeto activo; emplea la expresión "al que").
c) En la porción normativa impugnada, la acción debe dirigirse hacia una autoridad (el tipo exige la calidad específica del sujeto pasivo).
d) De acuerdo con la misma porción, la acción debe realizarse cuando la autoridad se encuentra en cumplimiento (el tipo exige una ocasión específica).
35. Como se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30662-87a2b50a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (P./J. 104/2008)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (45)
- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, (XVIII.3o.1 P (10a.))
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO EN ESA VÍA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES EN MATERIA PENAL RESULTA NECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS EFECTOS DE (P. XLI/2013 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis