I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. III. PRINCIPIO DE TIPICIDAD. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL Y LA BASE FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODAS SUS DERIVACIONES. IV. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. V. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. VI. ELEMENTOS NORMATIVOS DE TIPO CULTURAL O LEGAL. CONSTITUYEN UN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE EL LEGISLADOR Y LAS AUTORIDADES JUDICIALES PARA NO SÓLO TENER SUFICIENTEMENTE DETERMINADA UNA EXPRESIÓN, SINO PARA POSTERIORMENTE BUSCAR ALCANZAR UNA MAYOR CONCRECIÓN. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CONSTITUYE UNO DE LOS ELEMENTOS CENTRALES DE LA PERSECUCIÓN PENAL EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, POR LO QUE CORRESPONDE AL JUZGADOR, EN EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, ATENERSE ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO POR ÉSTA. VIII. DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE SINALOA. LA REFERENCIA A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE SU ACTUALIZACIÓN, RESULTA VAGA E IMPRECISA, POR LO QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA). IX. PRINCIPIO DE TIPICIDAD. NO SE VULNERA CUANDO, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE UNA SANCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBE ACUDIR A OTRAS NORMAS, SIEMPRE Y CUANDO TAL REMISIÓN NORMATIVA PERMITA GENERAR CERTEZA SOBRE LAS CONDUCTAS QUE TIENE PROHIBIDO LLEVAR A CABO EL SUJETO ACTIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA). X. PRINCIPIO DE TIPICIDAD. NO TIENE UN GRADO IDÉNTICO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Y EN MATERIA PENAL. XI. DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE SINALOA. AUN CUANDO RESULTARA CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE LA REMISIÓN NORMATIVA PREVISTA EN ÉL, LA ALUSIÓN A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD ES TAN AMBIGUA, QUE RESULTA IMPOSIBLE DETERMINAR LA NORMA A LA CUAL REMITE PARA INTEGRAR LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA). XII. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE UNA NORMA ES UN MERO REFERENTE PARA SU INTERPRETACIÓN Y SU CONTENIDO NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO PARTE DE LA PROPIA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA). XIII. NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO TIENE EL ALCANCE DE MODIFICAR LA LITIS EFECTIVAMENTE PLANTEADA, NI MUCHO MENOS DE SUSTITUIR LA VOLUNTAD DEL ACCIONANTE A FIN DE INTRODUCIR CUESTIONES NO CONTROVERTIDAS POR ÉL. XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DE TODO EL CONTENIDO DE LA NORMA IMPUGNADA, ANTE LA POSIBILIDAD DE DEJAR UN TIPO PENAL CARENTE DE SENTIDO Y QUE NO HA SIDO EL PRETENDIDO POR EL LEGISLADOR LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 298, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 3 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el veintidós de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 298, fracción VI, en la porción normativa "ni perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad", del Código Penal para el Estado de Sinaloa, publicado mediante Decreto Número 104, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, señalando como órganos legislativos y ejecutivos que emitieron y promulgaron la mencionada norma, al Congreso del Estado y al Gobernador Constitucional de tal Estado.
Dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 298. Comete el delito de ejercicio indebido del servicio público, el servidor público que:
"...
"VI. Impida la grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas que no atenten contra la vida privada de las personas, ni perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; o ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Constitución Política del Estado.
"Al que cometa algunos de los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y VI de este artículo, se le sancionará con prisión de tres meses a dos años y de diez a ciento cincuenta días multa."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 1o., 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a continuación:
• Violación al principio de taxatividad. En principio, aduce que el precepto impugnado adolece de claridad y precisión, ya que hace necesaria una interpretación en sentido contrario para entender su mejor entendimiento, de la que se obtiene que un servidor público sí tiene permitido impedir la grabación de audios, videos o imágenes cuando no se perturben y obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; de ahí que la descripción típica es oscura, vaga e imprecisa, al grado de comprometer la seguridad jurídica de las personas.
• Violación a la libertad de expresión. Por otra parte, plantea que el enunciado normativo combatido, en esencia, permite que un servidor público pueda impedir la obtención de información si considera que la misma perturba u obstaculiza los protocolos que establece la autoridad, lo que carece de fundamento constitucional y constituye una restricción al derecho humano a la libertad de expresión no prevista en el Texto Constitucional.
Es así, pues la Constitución únicamente establece como restricciones a la libertad de expresión que: (I) se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; (II) se provoque algún delito; o, (III) se perturbe el orden público. Sin que dé cabida a otras restricciones, como pudieran ser cuando se obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad. Máxime que existe indeterminación en precisar a qué protocolos se refiere, cuáles son las autoridades facultadas para emitirlos, cuál es su fundamento constitucional y cuál es su alcance de aplicación.
• Es decir, la norma impugnada, en lugar de proteger el derecho a la libertad de expresión, en su vertiente de buscar y obtener información, constituye una restricción indirecta carente de sustento constitucional, al establecer la posibilidad de que los servidores públicos impidan la grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas cuando se considere que se perturba un protocolo de autoridad.
• Complementación del tipo penal con elementos extralegales como son los protocolos administrativos. Finalmente, señala que la norma impugnada pretende determinar un tipo penal con la remisión a un protocolo administrativo; lo cual daría injerencia a la autoridad administrativa en los tipos penales, trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en materia penal.
Lo anterior, ya que pretender que el tipo penal pueda completarse por la inobservancia de un protocolo, tendría como efecto que la ley penal pudiera basarse en la voluntad de la autoridad administrativa o la autoridad que, en su caso, estuviera facultada para emitirlo, la cual podría modificarlo sin siquiera acudir a los procesos legislativos ordinarios, lo que trastocaría la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en materia penal.
• En este sentido, la descripción típica contenida en el artículo impugnado, al requerir el apoyo de un protocolo emanado de la autoridad facultada para ello, resulta incompatible con un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicación de la ley penal que rige el orden constitucional mexicano.
TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 31/2017, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO.—Informe de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:
El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, representado por su mesa directiva, señaló:
• En principio, establece que si bien el precepto impugnado señala que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público el servidor público que impida la grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas que no atenten contra la vida privada de las personas, ni perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad, lo es en razón de que no queda a la consideración espontánea y arbitraria de los oficiales de policía determinar cuándo se obstaculiza un protocolo de actuación, pues dichos protocolos son desarrollados a fin de garantizar una mayor protección de derechos humanos y, además, son materia de seguridad pública.
Aunado a lo anterior, el artículo 6o., apartado A), fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la legislación secundaria establecerá aquellos casos en los que la información pueda clasificarse como reservada. En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del precepto constitucional antes mencionado, en materia de transparencia y acceso a la información, regula como información sin acceso público diversos supuestos con los que en múltiples casos se relacionan con la actividad policial referida.
• Finalmente, el artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Sinaloa impugnado al Congreso del Estado de Sinaloa, fue emitido en estricto apego y cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 43, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la que se establece expresamente como facultad exclusiva del Congreso del Estado la de expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la administración pública del Estado.
Con base en lo anterior, resulta evidente que el artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Sinaloa es plenamente constitucional y, de manera específica, respetuoso de la libertad de expresión establecida en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, señaló:
• Que son ciertos los actos que se le imputan únicamente respecto a la orden de promulgación y publicación que emitió en el Periódico Número 050, de fecha viernes 21 de abril de 2017, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el cual contiene el Decreto Número 104 del Congreso del Estado, en la porción normativa del artículo 298 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Empero, precisa que, no obstante lo anterior, dicho Poder Ejecutivo se muestra en la plena disposición de salvaguardar los derechos humanos y de acatar cualquier resolución que emita esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, el procurador general de la República, a través del subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, manifiesta lo siguiente:
• Violación al principio de taxatividad. En principio, señala que el artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, es contrario al principio de estricta legalidad o taxatividad, pues no sólo es ambiguo e impreciso, sino que, para conocer e integrar la configuración del tipo penal hace una "remisión" a una recomendación emitida por el entonces IFAI, lo cual se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Sinaloense de 7 de septiembre de 2015, de la que se desprende que los citados "protocolos" son aquellas recomendaciones emitidas por el citado instituto para la protección y seguridad de los datos personales.
Esto es, el legislador local efectivamente faltó a las exigencias de claridad, precisión y no remisión en la construcción del tipo penal, pues utiliza conceptos indeterminados como "protocolos establecidos por la autoridad"; aspecto que, por una parte, impide que los servidores públicos de Sinaloa tengan la posibilidad y certeza de conocer el contenido de la prohibición y cuáles son las conductas que están permitidas y, por otra, hace una remisión a "recomendaciones" que no cuentan con el carácter de ley en sentido formal, constituyéndose, por tanto, como una norma penal en blanco.
• De ahí que resulte infundado lo argumentado por el Congreso del Estado de Sinaloa, pues la disposición cuestionada de ninguna manera se refiere a protocolos en materia de seguridad pública, esto es, de actuación de los agentes policiacos en caso de que se vean obligados a utilizar la fuerza, sino a aquellas recomendaciones que en materia de seguridad de datos personales emitió el entonces IFAI.
• Violación a la libertad de expresión. Asimismo, la norma cuestionada otorga legitimación a los servidores públicos para impedir la grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas que perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad, sin que de manera clara y precisa se especifique la limitación que justifique la restricción que establece el numeral combatido, cuestión que constituye una restricción indirecta al ejercicio a la libertad de expresión prohibida por el parámetro de regularidad constitucional.
Es decir, al no establecerse en el artículo impugnado cuáles son los "protocolos establecidos por la autoridad", se puede llegar al grado de impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión a través de cualquier medio de comunicación previo a su publicación o emisión, transformándose tal disposición normativa en un mecanismo de censura previa.
• Por otra parte, si bien el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula la información en manos de los sujetos obligados que por su naturaleza deberá ser clasificada como reservada para su publicación, no implica la posibilidad de que se obstaculice la obtención de dicha información al momento en que se está generando, como lo pretende la autoridad emisora.
Por tanto, la referida norma de ninguna manera se relaciona con la porción normativa impugnada, ya que no consiente o facilita la interferencia directa del Estado de impedir la grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas que perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad, específicamente, las recomendaciones en materia de seguridad de datos personales del otrora IFAI.
QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 298, fracción VI, en la porción normativa "ni perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad", del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.
En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente establece:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
En el caso, el precepto legal impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el viernes veintiuno de abril de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el sábado veintidós de abril y concluyó el domingo veintiuno de mayo del mismo año. Sin embargo, al ser inhábil el día en que feneció tal plazo, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, a saber, el lunes veintidós de mayo de dos mil diecisiete.
En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes veintidós de mayo de dos mil diecisiete, por lo que su interposición resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(1) el presidente de ese órgano autónomo constitucional se encuentra facultado para ejercer la representación legal de la referida comisión y para "Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte."
Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."
Por lo que si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 298, fracción VI, en la porción normativa "ni perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad", del Código Penal para el Estado de Sinaloa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007 que es del tenor siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los senadores del Congreso de la Unión; 3. El procurador general de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El procurador general de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal."(2)
CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hace valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.
QUINTO.—Estudio. De los conceptos de invalidez hechos valer por la comisión actora se desprende que la litis en la presente vía se circunscribe a determinar si el artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Sinaloa:
(1) Viola el principio de taxatividad en materia penal;
(2) Vulnera el derecho humano de libertad de expresión; y,
(3)Transgrede la facultad exclusiva del Congreso Local para legislar en materia penal.
1. Violación al principio de taxatividad. Como se ha establecido anteriormente, la comisión demandante aduce que el precepto impugnado adolece de claridad y precisión, ya que hace necesaria una interpretación en sentido contrario para su mejor entendimiento, de la que se obtiene que un servidor público sí tiene permitido impedir la grabación de audios, videos o imágenes cuando no se perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; de ahí que la descripción típica es oscura, vaga e imprecisa, al grado de comprometer la seguridad jurídica de las personas.
A juicio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta esencialmente fundado el anterior concepto de invalidez y para demostrar las razones de ello, es menester tener en cuenta, primeramente, el contenido y alcance del principio de taxatividad y, posteriormente, se determinará su aplicación en la norma combatida.
1.1. El principio de taxatividad. El párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los juicios del orden criminal "queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata."
Respecto al enunciado constitucional transcrito debe señalarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la cual debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los que se especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.
De ahí que la autoridad legislativa "no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas". Por tanto, las leyes que deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del gobernado.
Lo anterior se encuentra desarrollado en la tesis P. IX/95 y en la jurisprudencia 1a./J. 10/2006, que se leen bajo los rubros siguientes:
"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA."(3)
"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR."(4)
Al tenor de las directrices de interpretación constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el contenido del principio de legalidad en materia penal que se integra por las formulaciones siguientes: (I) principio de taxatividad, bajo la existencia de certeza o determinación; (II) principio de no retroactividad; (III) principio de reserva de ley; y, (IV) exacta aplicación de la ley penal al caso concreto.
Cabe apuntar que, ante dichas formulaciones del principio de legalidad en materia penal, deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.
La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de derecho.
Conforme al principio de legalidad en materia penal no existe pena ni delito sin ley que los establezcan, de modo que para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado como delito y que por ello deba ser motivo de aplicación de una pena, es indispensable una ley que repute ese hecho o conducta como tal.
Principio de referencia del que se deriva la formulación de taxatividad, que exige la formulación de términos precisos del supuesto hecho de las normas penales, a partir de dos directrices:
(I) La reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos; y, (II) La preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos.
Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta y no sólo porque a la infracción corresponda una sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una función motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se puede evitar aquello que no tiene posibilidad de conocerse con certeza.
En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. Lo anterior implica que, al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación, o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resultará violatoria del principio invocado.
Al respecto, esta Suprema Corte ha precisado, jurisprudencialmente, que una disposición normativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por eso que el mandato de taxatividad "sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable".
Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz que requiere que los textos legales que contienen normas penales únicamente describan, "con suficiente precisión, qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas, por lo que la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual". En este sentido, puede esclarecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión y flexibilidad de una disposición normativa para que en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores determinaciones.
Ahora bien, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión –y por ello necesitados de concreción–, entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión "no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática, como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios".
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en la elaboración de los tipos penales se debe tener presente el principio de legalidad penal, es decir, "una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elemen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29898-9abbb012/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
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