I. DELITO CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO CONSISTENTE EN OBTENER INFORMACIÓN, UTILIZANDO CUALQUIER MEDIO TECNOLÓGICO, SOBRE ACCIONES, ACTIVIDADES O UBICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ("HALCONEO"). LA NORMA QUE LO PREVÉ SIN ESTABLECER LA FINALIDAD QUE SE PERSIGUE CON LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN, SIN ESPECIFICAR EL DAÑO QUE PRODUCE CON ELLO, NI DESCRIBIR ADECUADAMENTE EL TIPO DE INFORMACIÓN PROTEGIDA, INTERFIERE CON EL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 293 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 107, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO). II. DELITO CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO CONSISTENTE EN OBTENER INFORMACIÓN, UTILIZANDO CUALQUIER MEDIO TECNOLÓGICO, SOBRE ACCIONES, ACTIVIDADES O UBICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ("HALCONEO"). LA NORMA QUE LO PREVÉ SIN ESTABLECER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE EL INTÉRPRETE CONOZCA CLARAMENTE QUE LO QUE SE PRETENDE SANCIONAR ES ÚNICAMENTE LA CONDUCTA QUE EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SE IDENTIFICÓ COMO "HALCONEO", VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 293 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 107, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 293 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 107, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE ENERO DE 2026. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DÍAZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 61/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, reformado mediante Decreto número 107, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito. El veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, reformado mediante Decreto número 107, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad.
2. Norma general impugnada. El artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, reformado mediante Decreto número 107, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad.
3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1º, 6º, 7º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión”) argumentó, en síntesis:
4.1 La norma transgrede los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, al definir como conducta generadora de responsabilidad penal la obtención de información relativa a las “acciones, actividades o ubicación” de las instituciones de seguridad pública en Sinaloa. Con ello, se criminaliza la difusión de datos vinculados con las actuaciones de dichas instituciones, precisamente del tipo de información que se encuentra protegida por el derecho fundamental previsto en el artículo 6º constitucional.
4.2 Lo anterior, afirma la promovente, atento a que la medida impugnada no supera la tercera etapa del test de escrutinio estricto, pues no puede considerarse necesaria en una sociedad democrática al no precisar de manera clara el tipo de información a la que se refiere. Además, genera un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico, ya que criminaliza la búsqueda y difusión de cualquier información relativa a la seguridad pública.
4.3 Ello es así, refiere la Comisión, pues la fracción impugnada transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, al establecer un tipo que criminaliza una categoría excesivamente amplia, lo cual abre la puerta a la arbitrariedad en su aplicación. En efecto, abunda la accionante, la norma no precisa la finalidad que debe perseguirse con la obtención de la información; no determina el daño que debe ocasionarse; omite describir adecuadamente el tipo de información protegida; y, no incorpora otros elementos que permitan identificar la conducta como un abuso del derecho a la libertad de expresión, por lo que, desde su perspectiva, resulta sobreinclusiva.
Incluso, concluye la promovente, a partir de la redacción de la fracción, es posible sancionar la obtención de información derivada del legítimo ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de libertad de expresión.
5. Registro y turno. Mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad, no obstante, reservó el turno de dicho asunto a la nueva integración. Así, una vez integrada esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de septiembre siguiente, dicho asunto se turnó al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía para su instrucción.
6. Admisión y trámite. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Instructor acordó la admisión a trámite del presente asunto y requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Sinaloa, rendir sus respectivos informes. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa. Mediante informe recibido el veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, manifestó lo siguiente:
7.1 Contrario a lo expuesto por la accionante, el artículo impugnado sí respeta el principio de taxatividad, dado que se señalan con claridad y precisión las conductas típicas y las penas aplicables, sin dejar elementos a la interpretación del juez.
7.2 Por lo cual, a criterio de la referida legislatura, la norma controvertida no transgrede la libertad de expresión ni el derecho al acceso de la información, ya que al adminicularse el contenido de la fracción III con las fracciones I y II, queda claro que la tipificación de la obtención de la información se relaciona con fines no lícitos, a fin de entorpecer o evitar el cumplimiento de las funciones de las instituciones de seguridad pública.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Mediante escrito recibido el cuatro de noviembre de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, del Estado de Sinaloa, sostuvo lo siguiente:
8.1 En términos del artículo 65, fracción I, de la Constitución local, el Gobernador del Estado tiene la facultad de promulgar y publicar el Decreto impugnado.
8.2 El estudio de fondo se debe realizar atendiendo a la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas.
9. Vista otorgada a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no expresó alguna manifestación.
10. Pero, la Fiscalía General de la República formuló pedimento en el que señaló que:
10.1 En concordancia con lo afirmado por la comisión, la disposición normativa sometida a control constitucional restringe la libertad de expresión y acceso a la información, ya que no precisa que aquella información impida u obstaculice la adecuada ejecución de diversas funciones de las instituciones de seguridad pública del Estado.
10.2 Lo que se corrobora, afirma la Fiscalía General, al no especificarse que la información que se obtenga sea para fines ilícitos, se traduce en que la autoridad ministerial y/o judicial pueda introducir al momento de sancionar, sus valoraciones personales sobre el tipo de información que está prohibido obtener, lo que transgrede el principio de taxatividad.
11. Alegatos. Las partes no formularon alegatos.
12. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, se cerró la instrucción y se ordenó enviar el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(2) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de septiembre de dos mil veinticinco,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre un ordenamiento estatal y la Constitución Federal, así como de tratados internacionales.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
14. De la lectura integral de la demanda se advierte que la accionante impugna el artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, (en adelante, “norma impugnada”), reformado mediante Decreto número 107, publicado el veintitrés de abril de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de esa entidad, que es del tenor siguiente:
“Artículo 293 Bis. Se aplicará pena de cuatro años seis meses a quince años de prisión y de mil a dos mil días de multa, a quien:
[...]
III. Obtenga información, utilizando cualquier medio tecnológico sobre acciones, actividades o ubicación de las instituciones señaladas en la fracción anterior;
[...]”.
III. OPORTUNIDAD
15. El plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general en el medio oficial correspondiente. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(4)
16. En este caso, la norma impugnada fue publicada el veintitrés de abril de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial de la entidad. Por lo que, el plazo de treinta días para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del veinticuatro de abril al veintitrés de mayo de dos mil veinticinco. Dado que la Comisión actora presentó su escrito inicial el veintitrés de mayo de la misma anualidad,(5) la presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
17. La acción fue promovida por parte legitimada. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
18. En el presente caso, la Comisión accionante sostiene, en términos generales, que el artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, es contraria a los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, así como al derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal.
19. En este sentido, se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un planteamiento de constitucionalidad en el que acusa que una norma local es violatoria de los derechos humanos, de ahí que ese órgano constitucional cuenta con la legitimación necesaria para promover este medio de control abstracto de constitucionalidad.
20. Asimismo, se acredita la personería de quien acude en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
21. El artículo 11, párrafo primero, en relación con el diverso 59, ambos de la Ley Reglamentaria de la Materia(6) disponen que las partes deberán comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
22. La demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil veinticuatro.
23. Por su parte, el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(7) así como el 18 de su Reglamento Interno(8) disponen como facultad del Presidente de dicho organismo ejercer su representación legal y, específicamente, promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del país o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, de ahí que la referida funcionaria cuenta con la atribución legal para promover esta acción de inconstitucionalidad.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
24. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia y este Tribunal Pleno de oficio tampoco advierte la actualización de alguna diversa, por lo que resulta procedente abordar el estudio de fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
25. La Comisión sostiene que el artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa vulnera los derechos humanos de acceso a la información, libertad de expresión y seguridad jurídica, así como el principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad. Ello, debido a que penaliza de manera amplia e indeterminada la obtención de información, por cualquier medio tecnológico, sobre acciones, actividades o ubicaciones de las Instituciones de Seguridad Pública, sin delimitar qué información es reservada o confidencial.
26. Esta falta de precisión impide a las personas conocer con certeza qué conductas están prohibidas y permite sancionar incluso la obtención o difusión de información de carácter público, lo que constituye una interferencia innecesaria y desproporcionada en el ejercicio de los derechos mencionados. En consecuencia, la medida punitiva no supera la tercera etapa del test de escrutinio estricto, pues no resulta necesaria en una sociedad democrática ni es idónea para proteger la seguridad pública, ya que la mera obtención de información no pone en riesgo el bien jurídico tutelado.
27. El anterior concepto de invalidez es fundado.
28. Para demostrarlo, en primer lugar, este Tribunal Pleno hará referencia al contenido del derecho a la información y describirá el sistema de restricciones a ese derecho, para finalmente proceder al análisis concreto de la medida impugnada.
VI.1. Contenido del derecho de acceso a la información
29. El derecho de acceso a la información está regulado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(9) 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(10) y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(11)
30. El artículo 6° de la Constitución General de la República, interpretado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece las siguientes características y elementos de este derecho: 1) toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, prevaleciendo el principio de máxima publicidad. A este respecto, se entiende por información pública el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público;(12) 2) toda persona, sin necesidad de acreditar interés o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos; 3) para la efectiva tutela de este derecho, se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes.(13)
31. Por su parte, en las fuentes internacionales, el derecho a la información está inmerso en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en tanto esta comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
32. Al interpretar este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido: 1) que se trata de un derecho que corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que exista una legítima restricción;(14) 2) que este derecho conlleva dos obligaciones positivas para el Estado, consistentes en suministrar la información a quien la solicite y/o dar respuesta fundamentada a la solicitud presentada, en caso de que proceda la negativa de entrega por operar alguna excepción;(15) 3) que el derecho de acceso se ejerce sobre la información que se encuentra en poder del Estado, de manera que el deber de suministrar la información o de responder en caso de aplicar una excepción abarca a todos sus órganos y autoridades;(16) 4) que la actuación del Estado debe regirse por el principio de máxima divulgación, el cual establece que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones;(17) 5) que los Estados deben garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, fijando plazos para resolver y entregar información;(18) 6) que debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la información;(19) 7) que si el derecho de acceso a la información no estuviere ya garantizado, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlo efectivo, así como de erradicar las normas o prácticas que no garanticen su efectividad.(20)
33. Adicionalmente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(21) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos(22) han enfatizado la doble vertiente del derecho de acceso a la información, por un lado, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, y, por otro, como derecho colectivo o garantía social que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control institucional.
34. Asimismo, esta Corte ha establecido la posición preferencial del derecho de acceso a la información cuando es ejercido por los profesionales de la prensa, caso en el cual alcanza su nivel máximo de protección frente a los derechos de la personalidad.(23)
35. Como cualquier otro derecho, el de acceso a la información no es absoluto. El artículo 6º constitucional contempla expresamente dos tipos de limitaciones: por un lado, la información pública puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos establecidos en la ley de la materia (fracción I); y por el otro, se prevé la obligación de proteger la información relacionada con la vida privada y los datos personales (fracción II).
36. Al respecto, la Primera Sala ha destacado que dichas fracciones solo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al derecho en comento, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información.(24)
37. En este sentido, la otrora Segunda Sala reconoció que el legislador puede válidamente establecer restricciones al derecho de acceso a la información, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y el interés que se pretenda proteger.(25)
38. Por su parte, el Tribunal Pleno ha aludido a las limitaciones al derecho a la información en razón de interés público en términos de limitaciones por “interés nacional” e “intereses sociales”, al tiempo que ha hecho también referencia a otro tipo de limitaciones que tienen como finalidad la “protección de la persona”, lo que encuadra en la idea de que la vida privada y los datos personales constituyen una limitación legítima al derecho a la información.(26)
39. Adicionalmente, las limitaciones respectivas deben cumplir los requisitos genéricos que esta Corte ha establecido para la validez de las restricciones a derechos fundamentales, consistentes básicamente en la reserva de ley, el fin legítimo y la necesidad de la medida.(27)
40. En cuanto a las fuentes internacionales, los artículos 13, inciso 2 de la Convención Americana y 19, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevén como límites del derecho a la libertad de pensamiento y expresión —del cual forma parte el derecho a la información: 1) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y 2) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud a la moral pública.
41. En su interpretación del artículo 13, inciso 2, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una restricción sea compatible con la Convención debe cumplir los siguientes requisitos:
41.1 Estar establecida por ley. La palabra ley no puede entenderse en otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado, dictada por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.(28)
41.2 Fin legítimo. El objetivo de la restricción debe ser de los permitidos por la Convención, esto es, la protección de los derechos o reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral públicas.(29)
41.3 Necesidad en una sociedad democrática. La restricción debe estar orientada a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. No es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho en cuestión.(30)
42. Adicionalmente, debe destacarse que todos los conceptos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de restricciones a la libertad de pensamiento y expresión son igualmente aplicables al derecho de acceso a la información, en tanto este forma parte de aquel.
43. Tienen especial relevancia para este caso los criterios de la Corte Interamericana en los que ha sostenido que el derecho penal es un medio idóneo para el establecimiento de restricciones a la libertad de expresión porque sirve para salvaguardar, a través de la conminación penal, el bien jurídico que se quiere proteger; pero que siendo el medio más restrictivo y severo para cumplir los objetivos que se persigan, su uso únicamente es legítimo cuando se cumpla con el principio de mínima intervención. De este modo, el poder punitivo solo debe ejercerse en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro.(31)
44. Por tanto, la aplicación de medidas penales debe ser evaluada con especial cautela y para analizar si su uso es legítimo o no, deben ponderarse la extrema gravedad del abuso de la libertad de expresión bajo estudio, el dolo del probable partícipe —es decir el grado de conocimiento y de voluntad que dicha persona tenía para producir la afectación—, la magnitud y las características del daño que el abuso produjo y demás datos que permitan mostrar la existencia de una absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.(32)
45. Ahora, este Tribunal Pleno procederá a la aplicación de los referidos estándares, precisando que para ello se realizará un escrutinio estricto de la constitucionalidad de la norma impugnada, en tanto restringe el goce del núcleo esencial del derecho a la información, de manera que deberá acreditarse que el Estado tiene una razón imperativa para la restricción, y que la medida legislativa está cuidadosamente diseñada para alcanzar ese fin.
VI.2. Análisis del caso concreto
46. Así, los elementos que integran el tipo penal de la fracción cuya constitucionalidad se cuestiona, son los siguientes:
• Elementos objetivos:
a) Conducta: Realizar actos tendientes para obtener información. Se trata de un delito de acción.
b) Resultado: No es un delito de resultado sino de peligro, porque no exige que la conducta produzca alguna consecuencia específica.
c) Sujeto activo: Cualquier persona.
d) Sujeto activo calificado: En caso de que sea perpetrado por servidores públicos o por exservidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración o administración de justicia, se configurará una agravante.
e) Bien jurídico tutelado: Del análisis del procedimiento legislativo y por su ubicación en el capítulo de delitos contra las actividades de las Instituciones de Seguridad Pública y del Estado, se advierte que los bienes jurídicos protegidos por este delito son la seguridad de los miembros de las instituciones de seguridad pública del Estado de Sinaloa, así como el efectivo desempeño de sus funciones.
f) Sujeto pasivo: El Estado, por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública.
g) Objeto material: Lo constituye la información de las Instituciones de Seguridad Pública, sobre sus acciones, actividades o ubicación.
h) Medios de comisión: Cualquier medio tecnológico.
i) Circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión: No se establece ninguna.
• Elementos subjetivos:
a) Dolo: No está tipificado; sin embargo, por el tipo de acción (realizar actos tendientes a obtener información), se requiere de dolo.
b) Culpa: Por el tipo de conducta requerida, no se admite realización culposa.
c) Elementos subjetivos diferentes del dolo: No se advierten en el tipo.
• Elementos normativos de valoración:
a) Cultural: No se advierten en el tipo.
b) Legal: Se requiere que la información sea respecto de las acciones, actividades o ubicación de las Instituciones de Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones.
c) Científica: No se advierten en el tipo.
47. Como se advierte de lo anterior, el verbo rector típico de la disposición impugnada se encuentra en la expresión “obtenga información, utilizando cualquier medio tecnológico”, lo que implica que la conducta constitutiva del delito está relacionada con la búsqueda de información; acción que constituye el núcleo esencial del derecho de acceso a la información. Además, el objeto material del delito se refiere a información de las instituciones de seguridad pública del Estado de Sinaloa, las cuales se encuentran obligadas por el derecho de acceso a la información, en su calidad de autoridades estatales, por regla general, a proporcionar la información pública en su poder, salvo aquella reservada temporalmente por razones de interés público. Asimismo, la información a que alude el delito es la relativa a las acciones, actividades o ubicación y labores en general de dichas autoridades, por lo que se trata de información relativa al ejercicio de sus funciones de derecho público, que es precisamente el tipo de información respecto de la cual opera el derecho fundamental en cuestión.
48. En consecuencia, este Tribunal Pleno encuentra que el artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa impone una restricción al derecho de acceso a la información, porque define como conducta generadora de responsabilidad penal el hecho de buscar cierto tipo de información en poder de autoridades estatales, relativas al ejercicio de sus funciones de derecho público (acciones, actividades o ubicación); por tanto, debe verificarse que esta restricción cumpla con las exigencias constitucionales precisadas en el apartado anterior de este considerando.
49. En primer lugar, se advierte que la restricción está establecida por ley formal. El artículo 293 bis, párrafo primero, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa fue expedido siguiendo el procedimiento legislativo correspondiente por las autoridades competentes y fue publicado el veintitrés de abril de dos mil veinticinco, en el órgano de difusión local.
50. Asimismo, la restricción persigue un fin legítimo en tanto está orientada a la protección del interés general, concretamente la seguridad pública, definida en el artículo 21 constitucional como la función que desempeñan los tres niveles de gobierno y que comprende la prevención de los delitos, la investigación y su persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas.
51. La afirmación anterior se corrobora atendiendo a que del procedimiento legislativo que dio origen a la norma impugnada, se advierte que la Comisión Dictaminadora, al exponer los argumentos de la iniciativa, la fundó en la necesidad de actualizar el marco normativo para evitar que los grupos criminales sigan obteniendo ventaja sobre las instituciones de seguridad pública mediante el uso de tecnología no regulada, por lo que busca atender la realidad actual y proteger la integridad no solo de las corporaciones de seguridad, sino también de la propia población del Estado de Sinaloa.
52. En ese sentido, concluyó que el objeto de la reforma es regular el delito de “halconeo” en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, para sancionar de manera más efectiva la vigila
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34196-a3705316/i-delito-contra-la-seguridad-interior-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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