I. VIOLENCIA VICARIA. LA NORMA QUE DEFINE LA "VIOLENCIA A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA" COMO EL ACTO U OMISIÓN QUE, CON EL OBJETIVO DE CAUSAR PERJUICIO O DAÑO A LAS MUJERES, SE DIRIGE CONTRA LAS HIJAS Y/O HIJOS, FAMILIARES O PERSONAS ALLEGADAS, CONSTITUYE UNA ACCIÓN AFIRMATIVA NECESARIA FRENTE A LA AFECTACIÓN DIFERENCIADA QUE ENFRENTAN LAS MUJERES, SIN QUE TAL ACCIÓN VULNERE EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, EN TANTO QUE LOS DERECHOS DE ÉSTA Y SU RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Y 444 BIS Y 494 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA"). II. VIOLENCIA VICARIA. LA DISTINCIÓN QUE PREVÉ LA NORMA QUE LA DEFINE RESPECTO DEL GÉNERO MASCULINO SE ENCUENTRA JUSTIFICADA, TODA VEZ QUE TIENE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA CONSISTENTE EN GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DAR A LOS HOMBRES UN TRATAMIENTO DE INFERIORIDAD O DISCRIMINATORIO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, Y 323 QUÁTER Y 444 BIS, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "Y DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA", "Y 323 QUÁTER" DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL). III. VIOLENCIA VICARIA. LA REMISIÓN DIRECTA EXPRESA O TÁCITA A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA QUE DEFINE LA HIPÓTESIS NORMATIVA QUE CONFIGURA LA VIOLENCIA "A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA", SUS ALCANCES, BENEFICIARIOS Y EL BIEN JURÍDICO QUE SE PROTEGE, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, TODA VEZ QUE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA FIGURA JURÍDICA SE ENCUENTRAN EN ESA LEY ESPECIALIZADA Y EL REENVÍO LEGISLATIVO NO SE ENCUENTRA PROHIBIDO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 323 QUÁTER Y 444 BIS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN LA PORCIÓN NORMATIVA "VIOLENCIA A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA"). IV. VIOLENCIA VICARIA. EL HECHO DE QUE LA NORMA IMPUGNADA ORDENE A LOS PODERES LEGISLATIVO FEDERAL Y LOCALES TIPIFICAR, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EL DELITO DE VIOLENCIA EJERCIDA "A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA" CONFORME A LA DEFINICIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, TIENE CARÁCTER PROGRAMÁTICO Y, POR ENDE, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, EN MATERIA PENAL, AL NO ESTABLECER DIRECTAMENTE CONDUCTAS PROHIBIDAS NI CONSECUENCIAS PUNITIVAS (ARTÍCULO 9, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA). V. VIOLENCIA VICARIA. LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN QUE EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR SE COMETA "A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA" PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, TODA VEZ QUE LA CONDUCTA DELICTIVA SE ENCUENTRA DEFINIDA DE MANERA CLARA Y PREVISIBLE EN EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ARTÍCULOS 343 TER 2 Y 343 QUÁTER, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA" DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE VALIDEZ QUE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE, EN USO DE SU LIBERTAD CONFIGURATIVA Y CONFORME A SUS FACULTADES LEGALES, PREVEA UNA REFORMA LEGISLATIVA QUE PRECISE DIRECTAMENTE EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL LOS ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS QUE INTEGRAN LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN LA VIOLENCIA COMETIDA A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, COMÚNMENTE IDENTIFICADA COMO VIOLENCIA VICARIA, SIN QUE HAYA LUGAR A REENVÍOS (ARTÍCULOS 343 TER 2 Y 343 QUÁTER, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA" DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 57/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIOS: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ Y NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 57/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 6, fracción VI, y 9, fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 323 quáter, 444 bis y 494 del Código Civil Federal; y 343 Ter 2 y 343 quáter, del Código Penal Federal, reformados y adicionados mediante Decreto publicado el diecisiete de enero de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
2. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6, fracción VI, y 9, fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 323 quáter, 444 bis, en las porciones normativas “y de violencia a través de interpósita persona”, “y 323 quáter”; y 494, en las porciones normativas “y/o utilizados para ejercer violencia a través de interpósita persona”, “y 323 quáter”, del Código Civil Federal; y 343 Ter 2 y 343 quáter, en la porción normativa “y violencia a través de interpósita persona”, del Código Penal Federal, reformados y adicionados mediante Decreto publicado el diecisiete de enero de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación.
3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violentados los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 17, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 15, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 3, 4 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
4. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, la Comisión promovente expuso, esencialmente, lo siguiente:
Primero. Violación a los principios de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad en materia penal.
• Los artículos 9, fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 323 quáter y 444 bis, en las porciones normativas “y de violencia a través de interpósita persona”, “y 323 quáter”, del Código Civil Federal; y 343 Ter 2 y 343 quáter, en la porción normativa “y violencia a través de interpósita persona”, del Código Penal Federal son contrarios al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, así como al de taxatividad en materia penal.
• El mandato de taxatividad exige que los textos que contengan normas sancionadoras describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen. La descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir arbitrariedad en su aplicación. Tal principio extensivo al creador de normas, ya que el legislador debe emitir normas claras, precisas y exactas respecto la conducta reprochable, así como la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. Aquellas disposiciones penales que contienen una imprecisión excesiva o irrazonable contravienen el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
• El artículo 1o constitucional prevé la prohibición de discriminar debido al origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el ámbito legislativo el creador de la norma tiene deber de cuidar el contenido de las leyes para no incurrir en un trato diferenciado injustificado.
• De los preceptos controvertidos se desprende que la “violencia a través de interpósita persona” está dirigida a causar algún daño o perjuicio a las mujeres. En el ámbito civil no se tiene certeza si ese tipo de violencia puede configurarse en contra de cualquier otro sujeto que no sea la mujer, lo cual no solo genera incertidumbre jurídica, sino que probablemente vulnera el derecho de igualdad y no discriminación.
• En el ámbito penal el mandato que ordena tipificar el delito de “violencia a través de interpósita persona”, implica trasladar al ámbito penal una figura normativa de carácter administrativo. El Código Penal Federal no prevé expresamente la conducta típica que constituye “violencia por interpósita persona”, si bien, los artículos 343 bis y 343 ter, contienen la descripción típica de violencia familiar y violencia familiar equiparada, respectivamente, el 343 Ter 2 se limita a determinar cómo agravante de las penas previstas en el artículo 343 bis, cuando se cometa a través de interpósita persona.
Lo anterior vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, pues impide que las y los destinatarios tenga certeza plena de la conducta típica que constituye el delito de “violencia a través de interpósita persona”. Se advierte que la regulación punitiva es imprecisa respecto a la existencia de este tipo penal.
Segundo. Vulneran el interés superior de la niñez y adolescencia, así como su derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, ya que solo se les reconoce como medios para la comisión de la conducta lesiva.
• Los artículos 6, fracción VI, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y 444 bis y 494, en las porciones normativas impugnadas del Código Civil Federal, vulneran el interés superior de la niñez y adolescencia, así como su derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia.
• La legislatura federal no tuvo la cautela de incorporar disposiciones normativas que efectivamente reconozcan a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y como seres humanos con personalidad propia, por el contrario, instauró normas que los objetivizan al considerarlos como objetos para ejercer violencia a través de interpósita persona en contra de mujeres.
• La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tiene por objeto establecer y garantizar el desarrollo de la personalidad, así como el disfrute de cada uno de los derechos que les han sido reconocidos. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil catorce, establece en el artículo 1o, fracción II, que su objeto será garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• El interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial al momento de promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos los niveles poderes públicos, a fin de prever las consecuencias de cualquier proyecto de ley, propuesta política o asignación presupuestaria.
• El derecho fundamental de la niñez y adolescencia a ser protegidos contra toda forma de violencia se encuentra reconocido tanto en la norma fundamental como en instrumentos internacionales o convencionales, así como en legislación secundaria. De lo anterior se desprende que, el estado tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de violencia.
• El diseño normativo de los preceptos en combate, esencialmente se limitan a objetivizar a las infancias y adolescencias, pues los considera como meros objetos o medios para ejercer violencia a través de interpósita persona en contra de las mujeres, sin otorgarles una especial protección y el reconocimiento como sujetos de derecho, en observancia del parámetro de regularidad constitucional.
• Respecto al contenido normativo de los preceptos impugnados del Código Civil Federal, se utiliza el vocablo de “utilizados” para referirse a las y los menores de edad que se ven involucrados en violencia a través de interpósita persona, en cuyos casos se tendrá como consecuencia la limitación de la patria potestad de quien ejerza dicha conducta lesiva. El Congreso Federal no reconoció a las infancias y adolescencias como sujetos de derechos, sino como simples instrumentos u objetos por los cuales es posible un tipo de violencia y desconoció su derecho fundamental a la protección contra todo tipo de violencia.
5. Registro y radicación. Mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad con el número 57/2024. En este mismo acuerdo, turnó el expediente a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para la instrucción del procedimiento y elaboración del proyecto correspondiente.
6. Admisión. El veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo Federal, para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de quien legalmente lo representa, para que al rendir el informe solicitado envíe copia certificada del Diario Oficial de la Federación en el que se hayan publicado las normas cuya invalidez se reclama. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que, antes del cierre de instrucción, formule el pedimento que le corresponde.
7. Amicus Curiae. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; ********** y **********, en su carácter de director y secretario, respectivamente, de la Asociación Civil “**********” formularon opinión técnica y jurídica respecto el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal.
8. Escrito al que recayó el auto de fecha siete de mayo de dos mil veinticuatro, que ordenó agregarlo al expediente para los efectos legales a los que haya lugar, negando acordar de conformidad su solicitud de recibir notificaciones en el domicilio que señalan, toda vez que los promoventes no tienen reconocida personalidad para intervenir en el presente medio de control constitucional más allá de lo realizado.
9. Solicitud de audiencia pública. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, quien se ostentó como representante de diversas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil y personas que integran el “Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad” presentó solicitud de audiencia pública con el objeto de exponer argumentos y razones que sustentan la procedencia y fundamento de la acción de inconstitucionalidad al rubro citada.
10. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veinticuatro firmado por la Ministra instructora se hizo de conocimiento que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de trece de mayo del año en curso, resolvió por mayoría de votos negar la audiencia pública solicitada. Asimismo, se determinó negar su solicitud de tener por señalado domicilio procesal, así como correo electrónico y el número telefónico, pues carece de personalidad para intervenir en el presente medio de control constitucional.
11. Informe de la Cámara de Diputados. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Marcela Guerra Castillo en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, rindió el correspondiente informe, en el que medularmente expuso lo siguiente:
• El decreto impugnado fue aprobado por la mayoría parlamentaria, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El decreto cumplió cabalmente con el procedimiento legislativo establecido por los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados.
• El procedimiento legislativo del decreto controvertido cumplió con los requisitos formales y procesales respecto a todas sus fases (iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación, publicación e inicio de vigencia).
12. Informe de la Cámara de Senadores. Por escrito depositado el seis de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ana Lilia Rivera Rivera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, rindió el correspondiente informe en el que expuso, en esencia, lo siguiente:
• PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión ha establecido que las garantías de seguridad y legalidad jurídicas son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutelan es que el gobernado “jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica”. El contenido esencial de dicho principio radica en “saber a qué atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.
• En relación con los principios de legalidad, taxatividad y tipicidad en materia penal el Alto Tribunal ha sostenido que el artículo 14 constitucional prevé el derecho a la exacta aplicación de la ley penal, el cual deriva de los principios generales “nullum crimen sine lege” y “nulla poena sine lege”, traducibles en que no puede haber delito sin pena, ni pena sin ley.
• El mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición puede ser conocida por el destinatario de la norma, a fin de que los tipos penales describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen. El Tribunal Pleno aclaró que este mandato sólo puede obligar al legislador a una determinación suficiente y no a la mayor exactitud imaginable.
• La taxatividad un matiz consistente en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente claridad qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
• Respecto a la igualdad y no discriminación, la violencia contra la mujer les impide alcanzar su plena realización personal, restringe el crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo. Las formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer varían según los distintos contextos sociales, económicos, culturales y políticos.
• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha sido reformada para incorporar nuevas formas de violencia contras las mujeres, adolescentes y niños, como la violencia política, la violencia digital y mediática. La violencia por interpósita persona, conocida como violencia vicaria, lleva años practicándose, sin embargo, no era visible porque durante décadas fue normalizada.
• La violencia vicaria en un concepto acuñado y definido desde el año dos mil doce por Sonia Vaccaro, quien la definió como “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de un tercero, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo”.
• El decreto combatido constituye una medida legislativa afirmativa en beneficio de las mujeres para combatir la violencia por interpósita persona, que resulta conforme al marco constitucional y con la que se cumple lo previsto en la Convención de Belém do Pará, tal como se advierte del Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 163/2022, determinó que la violencia vicaria se ejerce exclusivamente contra las mujeres. Asimismo, analizó diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí que define a la violencia vicaria. Por tanto, resulta inoperante el razonamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el que pretende hacer valer un trato desigual por razón de sexo, al excluirse como víctima del delito a cualquier otro sujeto que no sea una mujer.
• SEGUNDO. Los artículos combatidos tienen una finalidad constitucionalmente válida, pues el desarrollo del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia persigue erradicar y condenar todas las formas de violencia en su contra. Estos dispositivos no dejan en desprotección a niñas y niños que son objeto de esta forma de violencia, para causar daño a sus padres, debido a que dicha conducta puede ser combatida con base en el delito de violencia familiar regulado en el Código Penal Federal.
• El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de las niñas y niños. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior de la niñez es un principio orientador interpretativo relacionado con cualquier forma jurídica que tenga que aplicarse a este sector en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior de la niñez demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio más estricto.
• La Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 163/2022, determinó que la violencia vicaria se ejerce exclusivamente contra las mujeres, aunque las hijas e hijos sean los medios a través de los cuales se ejerza la violencia hacia la madre; ello no significa que no sean víctimas, sino que lo son de violencia familiar o de cualquier otro tipo de ilícito que se configure con una conducta específica realizada sobre ellas o ellos. Por lo que no se deja en desprotección a las niñas, niños y adolescentes menores de edad.
13. Informe del Poder Ejecutivo. Por escrito depositado el siete de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de este Alto Tribunal; María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, rindió el informe solicitado, manifestando, en esencia, lo siguiente:
• PRIMERO. Resultan infundados los argumentos relativo a que la “violencia a través de interpósita persona” no respeta el parámetro de regularidad constitucional vigente, porque no contiene los elementos necesarios para la configuración de la conducta típica. El principal objetivo de las reformas publicadas en materia de “violencia a través de interpósita persona”, es dar seguridad jurídica a las mujeres que han sido violentadas y ampliar su protección a través del principio de legalidad.
• A. La constitución no prohíbe la distinción basada en criterios razonables, sino su utilización de forma injustificada para discriminar personas. Por lo tanto, los artículos impugnados cumplen con los principios de igualdad y no discriminación ya que la previsión de la violencia a través de interpósita persona en una ley especial se enmarca en un régimen de prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer, el cual nació impulsado precisamente por la afectación diferenciada que viven en la sociedad, derivada de la asignación de roles y tareas en virtud de su género.
• La reforma impugnada se trata de una acción afirmativa que tiene como propósito erradicar un tipo de violencia que sufren las mujeres en la actualidad, corregir en lo posible la pasada y evitar la futura. Constituye un fin constitucionalmente admisible que las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen la igualdad del hombre y la mujer, así como el desarrollo de la familia, dentro de las leyes que del ejercicio de sus atribuciones emanan.
• El hecho de no considerar en las normas impugnadas a los hombres u otros grupos como potenciales víctimas de violencia por interpósita persona, no implica la restricción a sus derechos, ni se les deja en desprotección frente a estos supuestos, pues es posible activas los mecanismos contemplados para la violencia familiar.
• B. Las porciones normativas cumplen con los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y seguridad jurídica. Dichos principios son respetados por el legislador cuando; las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido permiten al gobernado conocer la consecuencia jurídica de los actos; el actuar de la autoridad se encuentre limitado y acotado; que la norma contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que la autoridad no incurra en arbitrariedades.
• La garantía de seguridad jurídica no debe entenderse en el sentido de que la ley señale de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablan entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para que el derecho del gobernado no se vea impedido debido a arbitrariedades por parte de la autoridad.
• El decreto impugnado cumple con las obligaciones que establece la Convención de Belém do Pará de incluir en su legislación y política interna normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la convención y adopta medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores.
• La aplicación exacta de la ley penal exige que las disposiciones normativas sean claras y precisas, pues, de no ser así, se podría generar incertidumbre sobre la existencia o no de un delito. Así, los textos legales en materia penal únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
• Los artículos 343 bis y 343 ter, del Código Penal Federal, establecen lo que debe de entenderse por el delito de violencia familiar y su consecuencia legal, cuando se comete en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado del infractor, el artículo 343 Ter 2, del mismo código, señala que aumenta la sanción hasta en una tercera parte cuando se cometa a través de interpósita persona.
• Los destinatarios tienen certeza plena de cuál es la conducta típica que constituye el delito de violencia a través de interpósita persona, ya que la conducta se encuentra definida en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su previsión y sanción se encuentran previstas en el CCF y en el CPF; por lo tanto, es falso que los gobernados desconozcan las conductas que configuran tal delito.
• SEGUNDO. Resulta infundado el argumento que los legisladores refieren que las niñas, niños y adolescentes son meros medios para la comisión de la conducta lesiva, sin otorgarles una protección amplia ni el reconocimiento como víctimas por parte de quienes ejercen su patria potestad, guarda y custodia. La regulación de violencia a través de interpósita persona pretende crear una hipótesis para robustecer el marco normativo que permita prevenir y sancionar este tipo de violencia, garantizar el respecto de los derechos de las mujeres y el interés superior de la niñez, sin que esto implique contravenir su dignidad humana.
• Sirve como criterio orientador lo manifestado por el Pleno de la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 163/2022, que señaló que las disposiciones normativas que regulan este tipo de violencia no son contrarias al interés superior de la infancia, pues la vinculación de hijos, hijas y su madre en las medidas legislativas persigue erradicar y condenar todas las formas de violencia.
14. Pedimento del Fiscal General de la República. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Carmen Lucia Sustaita Figueroa, Titular de la Unidad Especializada de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, por instrucciones del Fiscal General de la República, formuló el pedimento correspondiente en el presente medio de control constitucional.
15. Alegatos. Por escrito depositado el nueve de agosto de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; Arlín Maribel Pérez Parada, delegada del Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, formuló sus respectivos alegatos.
16. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora decretó el cierre de instrucción en la acción de inconstitucionalidad, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
17. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales.
II. OPORTUNIDAD
18. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.
19. En el caso, los artículos que se impugnan fueron expedidos mediante el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles diecisiete de enero de dos mil veinticuatro; por tanto, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el plazo legal para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves dieciocho de enero al viernes dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro.
20. En consecuencia, si el escrito de demanda del presente medio de control constitucional fue depositado en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de febrero de dos mil veinte cuatro, debe concluirse que su presentación fue oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
21. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.
22. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, que vulneren los derechos humanos consagrados en la CPEUM y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
23. Ahora bien, el artículo 11, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia,(4) establecen que el promovente debe acudir al procedimiento a través de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, están facultados para representarlo. Asimismo, se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.
24. La demanda de la acción de inconstitucionalidad al rubro citado fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, lo que acredita con copia certificada del acuerdo de designación emitido por el Senado de la República. Así, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su Presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(5) Por lo tanto, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda en contra de diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
25. Las autoridades demandas no plantearon la actualización de ninguna causal de improcedencia ni esta Suprema Corte advierte alguna oficiosamente, por lo tanto, corresponde estudiar el fondo de la cuestión planteada.
V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
26. Del examen integ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34170-2058c5fa/i-violencia-vicaria-la-norma-que-define-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CANCELACIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR. LA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 168 Y 26, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ES INCONSTITUCIONAL. MULT (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍ (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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- CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS. LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO, COMO ÓRGANOS AUTORIZADOS PARA EFECTUARLO, AL INAPLICAR LAS NORMAS CONTRARIAS A LOS DERECHOS HUMAN (XXVI.5o.(V Región) 1 K (10a.))
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