TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL, AL ESTABLECER LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. I. SUPLETORIEDAD DE LEYES LOCALES. LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN DE SUPLETORIEDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 65-874, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. SUPLETORIEDAD DE LEYES LOCALES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO RÉGIMEN SUPLETORIO DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS A LEY GENERAL DE LA MATERIA, VIOLA LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y A LA LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 65-874, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS EN LA FECHA QUE ENTRÓ EN VIGOR EL DECRETO IMPUGNADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 65-874, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 150/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIOS: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ Y NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 150/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 3 de la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Tamaulipas, expedido mediante Decreto Número 65-874, publicado el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 3 de la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Tamaulipas, expedido mediante Decreto Número 65-874, publicado el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. En el ocurso inicial la accionante hizo valer, esencialmente, lo siguiente:
ÚNICO. El artículo 3 de la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Tamaulipas establece que, en lo no previsto en ella, se aplicará de manera supletoria la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura u Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo cual vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Lo anterior, porque se trata de un ordenamiento marco en la materia que regula, por lo que el Congreso local no puede prever que es supletoria y secundaria frente a algún vacío legal de la legislación impugnada, ya que su aplicación es directa y de observancia general en todo el país; además, al ser expedida por el Congreso de la Unión, éste es el único que puede establecer su supletoriedad.
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A. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.
El derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, así como el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.
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Así, de una interpretación armónica y congruente del contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, que salvaguardan los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas, se colige que el actuar de todas las autoridades debe estar perfectamente acotado de manera expresa en la ley, y debe tener como guía en todo momento, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Ello se traduce en que la actuación de las autoridades debe estar determinada y consignada en el texto de normas que sean acordes con lo previsto de la Norma Suprema, así como con las leyes secundarias que resulten conformes con la misma, de otro modo, se les dotaría de un poder arbitrario incompatible con el régimen de legalidad.
En esa tesitura, no es posible la afectación a la esfera jurídica de una persona a través de actos de autoridad ausentes de un marco normativo habilitante y que acote debidamente su actuación, pues es principio general de derecho que, en salvaguarda de la legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza.
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Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la seguridad jurídica debe entenderse como una garantía constitucional, contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación del orden jurídico será eficaz. De tal manera que dichas salvaguardias se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, evitando con esto que las autoridades actúen de manera arbitraria.
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En conclusión, es posible resumir los supuestos en los cuales se ven vulnerados el principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica:
1) Cuando la actuación por parte de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada o encauzada conforme a la Constitución o las leyes secundarias que resulten acordes a la Norma Fundamental.
2) Cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el texto constitucional.
3) Cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.
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B. Inconstitucionalidad de la norma impugnada.
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Como se desprende del texto normativo impugnado, en el supuesto de que dicho ordenamiento sea omiso en regular alguna cuestión en materia de prevención —el cual constituye el objeto del ordenamiento impugnado— supletoriamente se aplicará la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Es decir, la legislatura local determinó que en todo lo no previsto en el ordenamiento impugnado en materia de prevención de la tortura en el fuero común y con la finalidad de integrar su contenido, se estará a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sin embargo, a juicio de esta Comisión Nacional el Congreso local no se encuentra habilitado para instituir dicha supletoriedad normativa, conforme a lo que explica a continuación.
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En otros términos, se trata de una institución jurídica que sirve para la integración normativa, cuya finalidad es llenar el vacío de la ley. Es decir, su propósito es completar una norma cuando una cuestión no se encuentra prevista en la misma, de manera que permite que se aplique de manera secundaria otro ordenamiento para subsanar una omisión o vacío legal. Además, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuatro requisitos que se deben acreditar para que opere la supletoriedad en las leyes:
a) El ordenamiento legal por suplir debe establecer expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros.
b) La ley por suplir no debe contemplar la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente.
c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de un ordenamiento diverso para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir.
d) Las normas aplicables supletoriamente no deben contrariar el ordenamiento legal a suplir, sino que deben ser congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
Sentadas esas bases, esta Comisión Nacional estima que el precepto normativo impugnado establece un indebido régimen de supletoriedad, en virtud de que el Congreso local determinó que únicamente frente a algún vacío legal de la Ley controvertida se podrá aplicar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ordenamiento que —conforme a la Constitución General de la República— es de observancia general y aplicación espacial en todo el territorio nacional.
En otras palabras, el Congreso local privilegia la aplicación del ordenamiento local cuestionado frente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, misma que es de observancia directa y general, pues dispone las bases que sirven como marco legal a las entidades federativas para determinar el contenido de su legislación.
Se insiste, el Congreso estatal no puede establecer la supletoriedad de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sobre todo porque en términos de la Constitución General, dicho ordenamiento constituye el marco al cual deben ajustarse las legislaciones estatales en esa materia, tal y como se desprende del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Norma fundamental.
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De esta manera, el Congreso Federal determinó el ámbito de competencia de la referida Ley General, por lo que no es válido que la legislatura local disponga la aplicación en primer lugar de la norma local impugnada y, de forma residual, un cuerpo normativo marco expedido por el órgano legislativo federal, pues ello implica sujetar la operatividad de la legislación general al ordenamiento controvertido.
Entonces, conforme al sistema normativo mexicano, la Ley General de referencia es la que distribuye la competencia entre aquéllos, por lo que resulta fundamento de validez de las leyes locales en la materia, de modo que no puede ser al mismo tiempo supletoria porque es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y de aplicación directa para las entidades federativas. (sic)
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3. Registro del expediente y turno. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número 150/2024. Por razón de turno, le correspondió a la Ministra Lenia Batres Guadarrama la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
4. Admisión de la demanda. El nueve de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora dictó acuerdo en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus respectivos informes, requirió al Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial de la entidad en el que se haya publicado la norma cuya invalidez se reclama; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Por escrito recibido el quince de enero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo local sostuvo la validez de las disposiciones impugnadas, manifestando en síntesis lo siguiente:
En efecto, en primer término se debe atender al concepto de Federalismo el cual consiste en la unificación de entidades políticas soberanas en una federación, regulada por una ley constitucional común y administrada por un gobierno federal.
Este tipo de organización reconoce cierto grado de autonomía a las Entidades Federativas, que cuentan con sus propios gobiernos, leyes y constituciones pero, simultáneamente, quedan sujetos a una serie de leyes y políticas comunes.
Los Estados organizados según los principios del Federalismo, su sistema de gobierno consiste en la negociación entre los poderes locales o y el gobierno central, y en la administración descentralizada del Estado. Esto se logra mediante instituciones que aseguran la convivencia de dos tipos de gobiernos: los gobiernos locales o regionales de cada Estado y el Gobierno Central o Federal, que rige al conjunto. Esta división abarca a todas las ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial.
El Federalismo es una doctrina y un sistema político que defiende la unión de entidades políticas soberanas en una Federación.
Promueve la autonomía de las Entidades Federativas y la descentralización política y administrativa.
En un Estado Federal, las Entidades Federativas tienen sus propias leyes y gobiernos, y conviven con un gobierno central y una Constitución Federal.
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En ese sentido el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entiende reservadas a los Estados o la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencia”.
También el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado «facultades concurrentes, entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 30, fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 40, párrafo tercero y 73, fracción XVI), tortura (artículo 73, fracción XXI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las Entidades Federativas, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.
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Por otra parte también es importante precisar que la supletoriedad de las Leyes opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades.
Asimismo, la supletoriedad de leyes aplica solo para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes; cuando la referencia de una Ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera Ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones, la supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico.
El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la Ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una Ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la Ley suplida; lo que implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios, por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la Ley suplida.
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En ese sentido al establecer el artículo 3º de la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en el Estado de Tamaulipas: “En lo no previsto en esta Ley, será aplicable de manera supletoria en materia de prevención la Ley General para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, es claro que dicho precepto legal no es inconstitucional.
Ello es así, porque si como ya se dijo el Estado Mexicano es una Federación y además es una facultad concurrente de esta y las Entidades Federativas, legislar en materia de tortura; luego entonces, no es inconstitucional que en la legislación local se disponga que en lo no previsto en esta será aplicable de manera supletoria la legislación federal; es decir, lo dispuesto por la Ley General para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Además, de que no existe disposición expresa que tratándose en materia de tortura las autoridades locales al aplicar la ley correspondiente no puedan recurrir a la supletoriedad a la ley General. (sic)
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6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Por escrito recibido el quince de enero de dos mil veinticinco ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo local sostuvo la validez de las disposiciones impugnadas, esencialmente, por las consideraciones siguientes:
En el caso, debe percatarse, con absoluta claridad que el Poder Legislativo Local, establece que lo no previsto por la Ley Estatal, le será aplicable de manera supletoria en materia de prevención la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
De manera que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, solo será supletoria respecto de alguna omisión de la Ley Estatal, pero solo en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
En ese contexto, no le asiste la razón a la accionante cuando alega que el artículo 3, es inconstitucional por remitir a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, ya que de ello no se sigue necesariamente que se cause inseguridad jurídica o incertidumbre en los gobernados.
En ese sentido, contrario a lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Congreso Local, si protege los derechos fundamentales de las personas, dado que con ello (la supletoriedad de la ley), el actuar de la autoridad esta acotado de manera expresa en la ley cumpliendo con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad.
Con ello se traduce que la actuación de la autoridad está determinada y consignada en el texto de normas que son acordes con la Constitución Federal y sus leyes secundarias, evitando la afectación a la esfera jurídica de una persona a través de actos de autoridad ausentes de un marco jurídico, que delimite debidamente su actuación, respetando el principio general de derecho que señala que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le autoriza.
Ahora bien, no debe pasar inadvertido que la figura de supletoriedad se actualiza cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades.
Siendo importante, hay que precisar que la supletoriedad de leyes aplica solo para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras; cuando la referencia de una Ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera Ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Es por ello, por lo que la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. Así, la supletoriedad expresa (una norma remite a otra) debe considerarse en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico.
El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializado con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la Ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una Ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la Ley suplida.
Se insiste entonces que, si una norma es supletoria de otra, no existe contradicción entre ellas, pues una complementa las deficiencias de la otra; de ahí que si la ley especial, en este caso la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Baja California, hace una remisión expresa a la ley general, es decir, la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, ésta última, debe suplir las deficiencias de la primera, en la forma y términos que esta señala.
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Como se ve, la figura de la supletoriedad únicamente operará de forma auxiliar en el ordenamiento a suplir, sobre cuestiones adicionales y no en torno a temas que el legislador no pretendió incluir expresamente, o que se regulen a través de normas complementarias o sus reglamentos.
En ese sentido, al establecer el artículo 3° de la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en el Estado de Tamaulipas: “En lo no previsto en esta Ley, será aplicable de manera supletoria en materia de prevención la Ley General para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, es claro que dicho precepto legal no es inconstitucional.
Ello es así, porque si como ya se dijo el Estado Mexicano es una Federación y además es una facultad concurrente de esta y las Entidades Federativas, legislar en materia de tortura; luego entonces, no es inconstitucional que en la legislación local se disponga que en lo no previsto en esta será aplicable de manera supletoria la legislación federal; es decir, lo dispuesto por la Ley General para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Además, de que no existe disposición expresa que tratándose en materia de tortura las autoridades locales al aplicar la ley correspondiente no puedan recurrir a la supletoriedad a la ley General. (sic)
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7. Acuerdo de trámite. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco la Ministra instructora tuvo por presentados los informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales, ordenó correr traslado a la accionante, a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con copia del mismo para los efectos legales procedentes y concedió el plazo de cinco días hábiles para que las partes formularan sus alegatos correspondientes.
8. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión.
9. Alegatos y cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticinco se tuvo por transcurrido el plazo legal concedido a las partes para que formularán sus alegatos,(1) por lo que se acordó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de disposiciones normativas contenidas en la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto Número 65-874, publicado el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, por violar los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
11. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM (Ley Reglamentaria),(4) la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad.
12. De la lectura del escrito de demanda se advierte que la Comisión accionante impugnó el artículo 3 de la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto Número 65-874, publicado el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el cual señala:
Artículo 3.- En lo no previsto por la presente Ley, será aplicable de manera supletoria en materia de prevención, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
III. OPORTUNIDAD
13. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
14. En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el lunes diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad transcurrió del martes veinte de agosto al miércoles dieciocho de septiembre del mismo año.
15. Luego, si el escrito de demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, es claro que su interposición resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
16. Se procede a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
17. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas y otras normas de carácter general que vulneren los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
18. Bajo esa premisa, de la lectura de la demanda relativa se advierte que la referida Comisión hace diversos planteamientos por los que considera que el artículo 3 de la Ley para Prevenir la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Tamaulipas, son violatorios de los derechos de legalidad y seguridad jurídica.
19. En consecuencia, se estima que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para interponer la presente acción de inconstitucionalidad.
20. Aunado a lo anterior, la demanda de acción de inconstitucionalidad fue firmada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de la comunicación emitida por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.(6)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
V.1. Participación del Poder Ejecutivo local en el proceso legislativo.
21. El Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas(7) señaló al rendir su informe que, su representado se sujetó al cumplimiento de la etapa del proceso legislativo que le corresponde en el ámbito de su competencia, que fue únicamente, la promulgación y orden de publicación del Decreto número 65-874.
22. Así las cosas, se estima que aun cuando ese planteamiento no se señaló expresamente como causa de improcedencia, debe tenerse presente que este Tribunal Pleno ha sostenido que cuando el Ejecutivo local alega que realizó la promulgación y publicación de la norma combatida conforme a las facultades que le otorgan las disposiciones locales, tal argumento debe desestimarse, toda vez que al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, aquél se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma controvertida en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la CPEUM.(8)
V.2. Omisión de señalar conceptos de invalidez.
23. Por otro lado, señala el representante del Poder Ejecutivo local que la Comisión accionante se limitó a manifestar que el artículo 3 de la Ley para Prevenir la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34010-9101ad88/tortura-y-otros-tratos-o-penas-crueles-inhumanos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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