I. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN REGISTROS Y DOCUMENTOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. LA NORMA QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA EL LEVANTAMIENTO DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO LA PRESENTACIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DE LA PERSONA INTERESADA Y CON ELLO SU MAYORÍA DE EDAD, CONSTITUYE UNA MEDIDA LEGISLATIVA QUE LIMITA DE MANERA ABSOLUTA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EL EJERCICIO DE ESE DERECHO, POR LO QUE DEBEN ADOPTARSE MEDIDAS ESPECÍFICAS MENOS RESTRICTIVAS DISEÑADAS PARA PROTEGERLOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 149 TER, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 392, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA EN REGISTROS Y DOCUMENTOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. LINEAMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONGRESO LOCAL AL REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE LA SOLICITEN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 149 TER, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 392, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y QUE LO VINCULA PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS, EMITA LAS NORMAS NECESARIAS A EFECTO DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA QUE CUMPLA CON LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 149 TER, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CAMPECHE, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 392, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 156/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 156/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 149 Ter, fracción III, del Código Civil del Estado de Campeche, reformado y adicionado mediante el decreto número 392 publicado el dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación del escrito inicial. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 149 Ter, en su fracción III, del Código Civil del Estado de Campeche (en adelante, “disposición impugnada”), publicado el dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad.
2. Concepto de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión”) planteó en su único concepto de invalidez, lo siguiente:
2.1. Argumenta que la disposición impugnada les impide a las personas que carecen de credencial para votar que puedan solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género. En ese sentido, vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y de género de las personas menores de dieciocho años, quienes no pueden obtener una credencial para votar, y, por lo tanto, les impide ejercer ese derecho.
2.2. Además, señaló que la norma impugnada se encuentra permeada de una visión adulto centrista que obstaculiza el ejercicio pleno de las personas menores de dieciocho años de edad, ya que discrimina con base en una característica etaria e inobserva los principios de autonomía progresiva y de interés superior de la niñez y adolescencia, así como su derecho a ser escuchados.
2.3. En la misma línea, argumentó que la distinción de trato con base en la edad de una persona debe sujetarse a un test de escrutinio estricto, al ser una categoría sospechosa, para salvaguardar el interés superior de las infancias y adolescencias.
2.4. Indicó que, en términos de la acción de inconstitucionalidad 73/2021, la medida no supera la segunda grada del test ya que no encuentra conexión directa con la finalidad constitucionalmente imperiosa porque desconoce la capacidad progresiva de quienes aún no han alcanzado los dieciocho años de edad. En el caso, lejos de salvaguardar el principio de interés superior de las infancias y adolescencias, la medida adoptada trastoca el principio de autonomía progresiva de este grupo.
2.5. Argumentó, ad cautelam, que en caso de considerarse que la medida podría estar vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, el requisito controvertido no constituye la medida menos restrictiva porque existen medidas alternativas igualmente idóneas para lograr ese fin, por lo que no supera la tercera grada del test.
2.6. Concluyó que el precepto discrimina a las personas menores de dieciocho años cumplidos, lo cual transgrede sus derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, así como de su identidad personal, de género y sexual.
3. Registro y turno. Mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, y lo turnó al entonces Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su instrucción.
4. Admisión y trámite. El once de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor acordó la admisión a trámite del presente asunto y requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Campeche, rendir sus respectivos informes; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Campeche. El siete de noviembre de dos mil veinticuatro, el Secretario General del Congreso del Estado de Campeche rindió el informe requerido y sostuvo la validez del decreto impugnado. En síntesis, manifestó lo siguiente:
5.1. El proceso legislativo que originó la publicación del Decreto número 392, por el cual se reforman los artículos 2, 39 y se adiciona un 145 Bis, 145 Ter y 145 Quater del Código Civil del Estado de Campeche, cumplió con todas y cada una de las exigencias previstas por los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Constitución y el diverso 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, por lo que no adolece de algún vicio de constitucionalidad.
5.2. En concreto, el Congreso local modificó las iniciativas de reforma a diversas disposiciones del Código Civil local para eliminar la referencia específica de la mayoría de edad, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar alguna referencia hacia los menores de edad porque no existió intención de considerarlos en la reforma.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. El siete de noviembre de dos mil veinticuatro, el Titular de la Dirección General de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche rindió el informe requerido y sostuvo la validez del decreto impugnado. En suma, manifestó lo siguiente:
6.1. En primer lugar, la Comisión accionante impugna el Decreto número 392 sin expresar algún concepto de invalidez respecto del proceso legislativo que culminó con su publicación y promulgación. Dado que el Ejecutivo local únicamente interviene en la sanción, orden de promulgación y publicación del decreto impugnado, se estima que esos actos se ajustaron al marco normativo del Estado de Campeche y cumplieron con los requisitos de fundamentación y motivación previstos por la Constitución Federal.
6.2. En segundo lugar, considerando que el acta de nacimiento es el documento en el que se materializa el derecho a la identidad del niño o la niña, la decisión del legislador tiene como finalidad proteger a las personas cuya identidad está en formación. En ese sentido, el legislador optó por esperar a que la persona menor de edad contara con un desarrollo progresivo suficiente que permitiera presumir un mayor estado de consciencia y madurez para asumir un cambio de acta de nacimiento por identidad de género.
7. Vista otorgada a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las autoridades no formularon alguna manifestación.
8. Alegatos y cierre de instrucción. El dieciséis de enero de dos mil veinticinco, el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche rindió sus alegatos. Por lo que, el veintidós siguiente, el Ministro Instructor acordó el cierre de instrucción del presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
9. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
I. COMPETENCIA
10. En el presente asunto se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General.
11. Por lo tanto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución General, 1º(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, “Ley Reglamentaria”) y 16, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como en el Punto Segundo, fracción II,(4) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de esta Suprema Corte, en el que se precisan los asuntos de su competencia.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, en relación con el diverso 41, fracción I,(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, “Ley Reglamentaria”), deben fijarse las normas sujetas a control.
13. En el caso, la Comisión plantea la inconstitucionalidad del artículo 149 Ter, fracción III, del Código Civil del Estado de Campeche (en adelante, “norma impugnada”), adicionado mediante decreto número 392 publicado el dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad.
14. El texto de la norma impugnada es el siguiente:
Art. 149 Ter.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género autopercibida y cambio de nombre, las personas interesadas deberán presentar:
I. a II. [...]
III. Original y copia fotostática de su credencial para votar.
[...]
III. OPORTUNIDAD
15. El plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general en el medio oficial correspondiente. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(6)
16. En este caso, el Decreto mediante el cual se expidió la norma impugnada fue publicado el dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del diecisiete de agosto al veinticinco de septiembre.(7) Dado que la Comisión accionante presentó su escrito inicial el veinticuatro de septiembre de esa misma anualidad,(8) la presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
17. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g),(9) de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas.
18. La presente acción fue promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calidad que acredita mediante copia certificada del acuerdo de designación emitido en su favor el doce de noviembre de dos mil diecinueve. La funcionaria está facultada para promover la presente acción en términos del artículo 15, fracciones I y XI,(10) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que queda satisfecho el presupuesto procesal de legitimación.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia y este Tribunal Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que se procede a abordar el estudio de fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
20. La Comisión accionante argumenta que la disposición impugnada transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, identidad personal y de género en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes porque contiene una restricción legal que le impide a una persona menor de dieciocho años obtener el reconocimiento de identidad de género.
21. Este Alto Tribunal advierte que el planteamiento consiste en analizar si la norma impugnada otorga un trato discriminatorio en función de una característica etaria y, en consecuencia, genera una situación de desigualdad formal y material para las personas menores de dieciocho años que les impide ejercer su derecho al reconocimiento de identidad de género auto percibida y cambio de nombre, exclusivamente con motivo de su edad.
22. Esta cuestión ha sido planteada con anterioridad ante este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 132/2021,(11) 72/2022,(12) 45/2021(13) y 43/2022 y acumulada 47/2022,(14) en los que se examinó, de manera general, la constitucionalidad de disposiciones normativas que exigían la mayoría de edad como requisito para la solicitud de una nueva acta de nacimiento que reflejara el género auto percibido de los solicitantes.
23. En los precedentes indicados, este Tribunal Pleno analizó la constitucionalidad de esta clase normas bajo un test de escrutinio estricto, en tanto que la distinción que realiza se basa en una categoría sospechosa(15) consistente en la edad, y se encuentra en juego el interés superior de la niñez.(16)
24. Según los criterios de esta Suprema Corte, el escrutinio estricto de una distinción basada en una categoría sospechosa debe verificar si la medida: 1) cumple una finalidad imperiosa, 2) está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa y 3) es la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa Si la medida legislativa analizada no supera alguno de estos pasos, la norma debe ser declarada inválida.(17)
25. En esa sólida línea de precedentes obligatorios, se observa que este Alto Tribunal ha realizado el test de escrutinio estricto solicitado por la Comisión accionante para analizar la regularidad constitucional de normas con hipótesis muy similares y consecuencias idénticas. En cada una de esas decisiones, las normas impugnadas han fracasado en la tercera etapa del test, consistente en analizar si la disposición impugnada es la medida menos restrictiva posible para salvaguardar el interés de las niñas, niños y adolescentes.
26. Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 43/2022 y su acumulada 47/2022,(18) este Tribunal resolvió la inconstitucionalidad del artículo 134 Bis, inciso b), del segundo párrafo del Código Civil para el Estado de Baja California, el cual establecía como requisito “Tener al menos 18 años de edad cumplidos” para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género.
27. En ese precedente, este Tribunal determinó que una interpretación plausible de la intención legislativa era “que los niños, niñas y adolescentes esperen a tener la madurez y desarrollo suficientes para tomar decisiones como el reconocimiento legal del cambio de género, que puedan tener impacto significativo en su futuro” y, por lo tanto, concluyó que la norma perseguía un objetivo imperioso en nuestro orden constitucional.(19)
28. Por otra parte, razonó que establecer la mayoría de edad como una medida objetiva para asegurar que las personas han alcanzado un grado de madurez y desarrollo suficiente para tomar decisiones fundamentales en su vida de manera autónoma, es una medida estrechamente vinculada con la protección de la niñez.
29. Sin embargo, la medida no superó la tercera grada del test de escrutinio estricto porque no es la medida menos restrictiva para impedir que los niños, niñas y adolescentes tomen decisiones impulsivas que puedan perjudicarlos en el futuro.
30. En ese sentido, este Tribunal Pleno concluyó que imponer la mayoría de edad como condición necesaria para ejercer el derecho al reconocimiento de identidad de género auto percibida y cambio de nombre en registros y documentos de identidad es una limitante absoluta de ese derecho que no reconoce la autonomía progresiva de ese grupo.
31. Por el contrario, este Alto Tribunal ha encontrado que existen medidas alternativas que respetan la autonomía progresiva de la niñez y adolescencia consistentes en procedimientos especiales con salvaguardas que tomen en consideración la etapa de desarrollo y madurez de la persona y, consecuentemente, les permitan el ejercicio del derecho en cuestión.
32. En conclusión, se invalidó la citada norma porque la condición absoluta de la mayoría de edad vulnera de manera innecesaria el derecho de la niñez a su identidad de género y el reconocimiento de ésta en los registros y documentos de identidad.
33. Esta Suprema Corte sostuvo consideraciones similares al resolver las acciones de inconstitucionalidad 45/2021,(20) 72/2022(21) y 132/2021.(22)
34. De esa manera, es posible derivar una regla de la aplicación de la estructura argumentativa de los precedentes citados en los que este Tribunal Pleno justificó ampliamente las razones que lo llevaron a invalidar la clase de normas aludidas (que establecen la mayoría de edad como condición necesaria para el ejercicio del derecho a la identidad de género auto percibida y su reconocimiento en los documentos de identidad) y cumplió con las cargas argumentativas del test correspondiente.
35. Así, la regla puede articularse de la siguiente manera. Las disposiciones que establecen como requisito necesario e indispensable la mayoría de edad para ejercer el derecho a la identidad de género y el reconocimiento de la misma en los registros y documentos de identidad son inconstitucionales porque limitan de manera absoluta el ejercicio de esos derechos por parte de la niñez. Esa limitante absoluta es desproporcionada porque hay medidas alternativas que respetan la autonomía progresiva de ese grupo, al tiempo que protegen sus intereses de acuerdo con su madurez.
36. Una vez definida la regla aplicable al caso, se analiza la norma impugnada en esta acción de inconstitucionalidad. Como se adelantó, la Comisión accionante impugnó el artículo 149 Ter, fracción III, del Código Civil del Estado de Campeche, cuyo texto es el siguiente:
Art. 149 Ter.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género autopercibida y cambio de nombre, las personas interesadas deberán presentar:
I. a II. [...]
III. Original y copia fotostática de su credencial para votar.
[...]
37. Se advierte que la porción impugnada establece como requisito la presentación de la credencial para votar de la persona interesada para la solicitud del levantamiento de una nueva acta para el reconocimiento de identidad de género autopercibida. Es decir, esta disposición exige como requisito la mayoría de edad, pues esa identificación oficial solamente puede ser expedida a las personas a partir de los dieciocho años de edad.
38. Dado que la norma cae dentro de la clase de normas que este Alto Tribunal ha analizado en los precedentes aludidos, es posible aplicar la regla articulada arriba.
39. En consecuencia, este Tribunal concluye que la medida legislativa limita de manera absoluta el derecho de las niñas, niños y adolescentes a que se reconozca su identidad de género autopercibida en registros y documentos de identidad e ignora que existen medidas menos restrictivas específicamente diseñadas para permitir el ejercicio de ese derecho de acuerdo a la autonomía progresiva de ese grupo.
40. Del proceso legislativo y de los informes de las autoridades,(23) se advierte que la norma tiene una finalidad similar a la del resto de los casos, que esta Corte ha identificado como una finalidad constitucionalmente imperiosa. A saber, se busca proteger a la niñez y adolescencia estableciendo una edad mínima en la que se considera que tienen la madurez y desarrollo suficientes para tomar decisiones que puedan tener impacto significativo en su futuro. Por otra parte, la medida también está estrechamente vinculada con dicha finalidad porque es válido que la autoridad establezca un momento objetivo como lo es la mayoría de edad legal para asegurar que las personas han alcanzado el grado de madurez y desarrollo suficiente para tomar decisiones fundamentales en su vida de manera autónoma.
41. Sin embargo, como se adelantó, la medida no es la menos restrictiva para ello porque limita de manera absoluta el derecho de la niñez a que se reconozca su identidad de género autopercibida en registros y documentos de identidad e ignora que existen medidas específicamente diseñadas para permitir el ejercicio de ese derecho de acuerdo con la autonomía progresiva de ese grupo de la población a medida que van creciendo.
42. Finalmente, este Tribunal Pleno ha señalado que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio efectivo de su identidad de género sin discriminación, con pleno respeto a su autonomía progresiva, escuchando su opinión en todas las decisiones que afecten su vida y a la luz de su interés superior.(24) Con eso en mente también ha listado las características que deben de mostrar los procedimientos de rectificación de acta de nacimiento atendiendo al género auto percibido de la persona menor de edad.
43. Conforme a los precedentes obligatorios de este Tribunal Pleno citados arriba, se reiteran a continuación los criterios que deben cumplir los procedimientos para la rectificación del acta de nacimiento de las niñas, niños y adolescentes con la finalidad de respetar el parámetro de regularidad señalado en esta sentencia:
i. Debe preverse un procedimiento ágil, expedito, gratuito, sencillo y eficaz, enfocado en la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, diseñado con perspectiva interseccional y basado sustancialmente en el consentimiento libre e informado de la niña, niño o adolescente. En esa lógica, el proceso debe ser materialmente de naturaleza administrativa.
ii. El procedimiento les debe permitir registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y demás componentes de su identidad mediante la emisión de un acta nueva, sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad.
iii. No pueden exigirse requisitos basados en prejuicios o estereotipos, como la acreditación de procedimientos quirúrgicos u hormonales; certificaciones médicas, psicológicas, o de cualquier otro tipo que resulten estigmatizantes o irrazonables.
iv. El procedimiento debe efectuarse a través de sus tutores o bien, de un representante legal y con la voluntad expresa de la persona menor de edad.
v. Asimismo, la solicitante debe contar con la asistencia de la procuraduría de los derechos de la infancia.(25)
vi. Cuando se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno de los representantes, debe existir un procedimiento sumario que permita resolver la cuestión en sede judicial, teniendo en cuenta la autonomía progresiva y el interés superior de la niñez.
vii. Los procedimientos deben ser confidenciales y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de la identidad de género.
viii. Finalmente, los efectos del procedimiento no deben alterar la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas contraídas previamente, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia.
44. Estos lineamientos forman parte del contenido mínimo del derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans y son criterios obligatorios que conforman el parámetro constitucional, por lo que deberán ser respetados por cualquier normatividad que regule tales procedimientos.
VII. EFECTOS
45. El artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria, señalan que las sentencias deben contener los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
46. Declaratoria de invalidez: Se declara la invalidez del artículo 149 Ter, fracción III del Código Civil del Estado de Campeche, adicionado mediante Decreto Número 392, publicado el dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad.
47. Fecha a partir de la cual surtirá efectos la declaratoria general de invalidez: La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Campeche.
48. Se vincula al Congreso del Estado de Campeche para que, dentro del plazo de doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos referidos, emita las normas necesarias a efecto de establecer un procedimiento para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género auto percibida que cumpla con los criterios señalados por este Alto Tribunal.
VIII. DECISIÓN
49. Por lo antes expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 149 Ter, fracción III, del Código Civil del Estado de Campeche, adicionado mediante el Decreto Número 392, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro.
TERCERO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Campeche, en la inteligencia de que, dentro de los doce meses siguientes, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en esta ejecutoria.
CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra separándose de los lineamientos, Espinosa Betanzo, Ríos González separándose de los lineamientos, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama en contra de los lineamientos, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 149 Ter, fracción III, del Código Civil del Estado de Campeche. Las personas Ministras Espinosa Betanzo y Batres Guadarrama anunciaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de cinco votos de las personas Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en 2) vincular al Congreso del Estado de Campeche para que, dentro del referido plazo, emita las normas necesarias a efecto de establecer un procedimiento para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, que cumpla con los criterios señalados en esta sentencia. Las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González y Batres Guadarrama votaron en contra.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en 1) determinar que la declaratoria de invalidez decretada surta a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Campeche. La señora Ministra Esquivel Mossa votó en contra.
Se aprobó por mayoría de siete votos de las personas Ministras Herrerías Guerra obligada por la mayoría, Espinosa Betanzo obligado por la mayoría, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en 3) determinar que la vinculación al Congreso del Estado de Campeche para legislar sea por el plazo de doce meses. Las señoras Ministras Ríos González y Batres Guadarrama votaron en contra.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama con precisiones, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz, respecto de la congruencia formal de los puntos resolutivos. La señora Ministra Ríos González votó en contra.
El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
Firman lo señores Ministros Presidente y el Ponente, con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Nota: La presente sentencia también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de junio de 2026.
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. [...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...]
2. Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34169-9fae4020/i-reconocimiento-de-identidad-de-genero-autopercibida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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