CANCELACIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR. LA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 168 Y 26, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, ES INCONSTITUCIONAL. MULTA POR FALTA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ES CONSTITUCIONAL. SUSPENSIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ES CONSTITUCIONAL. SUSPENSIÓN DE LICENCIA PARA CONDUCIR. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. I. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LAS NORMAS QUE IMPONEN COMO OBLIGACIÓN QUE TODO VEHÍCULO MOTORIZADO QUE CIRCULE EN ESA ENTIDAD ESTÉ CUBIERTO CON UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, SIN EL CUAL NO PODRÁ CIRCULAR, NO CONSTITUYEN UNA LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, PORQUE ESTA GARANTÍA PROTEGE SÓLO A LAS PERSONAS Y NO A LA POSESIÓN O PROPIEDAD DE BIENES QUE SE UTILICEN PARA DESPLAZARSE POR EL TERRITORIO NACIONAL Y PORQUE NO PROHÍBEN A LAS PERSONAS CIRCULAR, ESCOGER RESIDENCIA O SALIR Y ENTRAR DEL TERRITORIO NACIONAL, SINO ÚNICAMENTE AÑADEN UN REQUISITO PARA LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS QUE TRANSITEN EN LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN XXX, 73, FRACCIÓN VI, 153 Y 164 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LAS NORMAS QUE IMPONEN A LAS PERSONAS CONDUCTORAS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, NO VULNERAN EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN LA ENTIDAD FEDERATIVA O TERRITORIO NACIONAL, TODA VEZ QUE ES UN REQUISITO APLICABLE A ESE MEDIO DE TRANSPORTE ESPECÍFICO Y NO A LA PERSONA QUE EJERCE DICHO DERECHO (ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN XXX, 73, FRACCIÓN VI, 153 Y 164 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LAS NORMAS QUE IMPONEN COMO OBLIGACIÓN QUE TODO VEHÍCULO MOTORIZADO QUE CIRCULE EN ESA ENTIDAD ESTÉ CUBIERTO CON UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, SIN EL CUAL NO PODRÁ CIRCULAR, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD NI DE LIBERTAD CONTRACTUAL, PORQUE NO ESTABLECEN REGLAS O REQUISITOS PARA QUE LAS PERSONAS CONDUCTORAS ESTRUCTUREN SUS RELACIONES JURÍDICAS, SINO QUE PERMITEN CONTRATAR LIBREMENTE LA PÓLIZA CON LA INSTITUCIÓN DE SU PREFERENCIA Y BAJO LOS TÉRMINOS QUE MEJOR SATISFAGAN SUS INTERESES (ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN XXX, 73, FRACCIÓN VI, 153 Y 164 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LA NORMA QUE PREVÉ MULTA DE 20 A 40 VECES LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN PARA LAS PERSONAS CONDUCTORAS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS QUE NO CUENTEN CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, NO RESULTA DESPROPORCIONADA NI EXCESIVA, NI VULNERA EL PRINCIPIO DE CERTEZA JURÍDICA; TODA VEZ QUE PREVÉ UN MECANISMO DE GRADUALIDAD PARA FIJAR EL MONTO DE LA MULTA QUE CORRESPONDA CON BASE EN LA GRAVEDAD DE LA FALTA, LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA PERSONA INFRACTORA Y, EN SU CASO, LA REINCIDENCIA (ARTÍCULO 164 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LAS NORMAS QUE PREVÉN LA SUSPENSIÓN POR UN AÑO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR DAR POSITIVO A UNA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA O SU CANCELACIÓN, SIN QUE PUEDA EXPEDIRSE UNA NUEVA HASTA POR DIEZ AÑOS, POR NO CONTAR CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN TANTO QUE DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL LIMITA LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES REGLAMENTARIAS Y NO LAS FACULTADES DEL LEGISLADOR ORDINARIO PARA ESTABLECER SANCIONES EN UNA LEY (ARTÍCULOS 127 Y 168 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LAS NORMAS QUE PREVÉN LA SUSPENSIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR DAR POSITIVO A UNA PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA O SU CANCELACIÓN, SIN QUE PUEDA EXPEDIRSE UNA NUEVA HASTA POR DIEZ AÑOS POR NO CONTAR CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL EXISTIR PLENA CERTEZA SOBRE LAS CONDUCTAS SANCIONADAS Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SU INCUMPLIMIENTO (ARTÍCULOS 127 Y 168 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR Y LA RESTRICCIÓN DE QUE PUEDA EXPEDIRSE OTRA HASTA POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS POR NO CONTAR CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, RESULTA DESPROPORCIONAL A LA CONDUCTA SANCIONADA Y A NINGÚN FIN PRÁCTICO LLEVARÍA LA CANCELACIÓN POR ESE PERIODO, PUES LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CONTRA TERCEROS ES UNA GARANTÍA QUE SE CONCRETA PARA EL CASO DE QUE OCURRA UN SINIESTRO DE TRÁNSITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 168 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 168 DEL DECRETO POR EL QUE SE APROBÓ LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2024. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 6 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIOS: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ Y NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al seis de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a través de su Presidente y Representante Legal, y del Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de dicha Comisión, en contra de los artículos 26, fracción XXX, 73, fracción VI, 127, 153, 164 y 168 del “DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se aprueba la LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA”, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el cinco de diciembre de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. El cuatro de enero de dos mil veinticuatro, el Presidente y Representante Legal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, José Félix Cerezo Vélez, y el Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de dicha Comisión, Jorge Arroyo Martínez, promovieron demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 26, fracción XXX, 73, fracción VI, 127, 153, 164 y 168 del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se aprueba la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el cinco de diciembre de dos mil veintitrés.
2. En su escrito inicial, la parte accionante hizo valer sustancialmente los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 26 fracción XXX, 73 fracción VI, 153 y 164 del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se aprueba la LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, publicado el 5 de diciembre de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, que en lo general, establece la obligatoriedad de todo vehículo motorizado que circule en el Estado de Puebla a estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, y que de no contar con el mismo, las autoridades estatales competentes sancionarán con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a las personas conductoras de vehículos motorizados que no cuenten con seguro de responsabilidad vigente que garantice el pago de daños a terceros.
Lo anterior, resulta violatorio del derecho al libre tránsito, al derecho a la movilidad, a la seguridad jurídica, al principio de libertad contractual y a la autonomía de la voluntad; así como al principio de legalidad.
...
Lo anterior resulta inconstitucional para esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pues existe una indebida o excesiva regulación estatal, al obligar a las y los propietarios de vehículos automotores particulares, a celebrar un contrato entre particulares (Aseguradora y particular), para poder circular en el Estado de Puebla.
En este caso, el Estado, no presta ningún servicio, ni otorga alguna concesión en favor de los particulares; por lo que al exigir que todos los vehículos motorizados que circulen en el Estado de Puebla, deben de contar con ese seguro, viola el artículo 11 Constitucional que a la letra establece:
...
Así, si una persona no cuenta con posibilidad económica de contratar un seguro para su vehículo automotor, tendría prácticamente nulificado su derecho a transitar por el Estado de Puebla...
...
Cuestión que se agrava cuando, el legislador además de limitar el derecho de tránsito con la obligación de contratar un seguro impone una multa desproporcionada y excesiva, en el artículo 164, consistente en que las autoridades estatales competentes sancionarán con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a las personas conductoras de vehículos motorizados que no cuenten con seguro de responsabilidad vigente que garantice el pago de daños a terceros.
...
Sin embargo, las multas contempladas por el artículo 164 de la Ley impugnada, no establece si la multa en UMAS (sic) es diaria, mensual o anual, violando el principio de certeza jurídica. De igual forma, constituye una multa excesiva pues la naturaleza de la infracción siempre es la misma, la falta de seguro, por lo que no es en sí misma graduable; es decir no se puede variar la gravedad de la multa, para imponer una sanción menor o mayor, pues el hecho infractor siempre será, el no contar con seguro.
...
Se (sic) igual forma, esta Comisión considera que los artículos tildados de inconstitucionales, constituyen una restricción al derecho a la movilidad.
...
Por otra parte, las normas jurídicas impugnadas también son violatorias de La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece: “Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.”
...
De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Artículo 22. Derecho de Circulación y Residencia. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. (...) 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
...
Atento a ello, el estado viola la autonomía y la libertad contractual, al obligar a los particulares a celebrar un contrato de seguro para poder transportarse.
...
Esta medida es excesiva y daña la economía de las personas que no cuenten con los recursos económicos suficientes para pagar un seguro anual, para poder transportarse.
SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 127 y 168 del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que se aprueba la LEY DEL MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE ESTADO DE PUEBLA, publicado el 5 de diciembre de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, que establece en el primer dispositivo que en el caso de que alguna persona conductora dé positivo a una prueba de alcoholimetría, independientemente de las sanciones administrativas correspondientes, le será suspendida por un periodo de un año la licencia de conducir. Así mismo (sic), en su artículo 168 impugnado, textualmente establece “En los casos a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, se impondrán a los conductores de vehículos de propulsión mecánica además de las sanciones señaladas en el artículo anterior, la cancelación de la licencia para conducir, sin que se pueda expedir una nueva en una temporalidad de hasta diez años, considerando el modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción, así como de las condiciones y circunstancias, independientemente de las demás sanciones que por el hecho se pudieran generar.”
Lo anterior resunta (sic) violatorio del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad por tratarse de actos privativos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales.
...
Así, los artículos antes mencionados, contemplan actos privativos y actos de molestia a las y los particulares que resultan inconstitucionales (...)
De la lectura que se realiza a los artículos citados, nos podemos percatar que dichos numerales son inconstitucionales, pues al momento de aplicarse, se priva al gobernado de uno de sus bienes en posesión, como serían la licencia de conducir, sin que previamente se siga en su contra un procedimiento en el que se le permita ser escuchado.
...
Del artículo 21 Constitucional literalmente se desprende la facultad de la autoridad administrativa de imponer sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, empero del mismo texto se infiere que en ellos sólo es viable imponer sanciones como:
1. La multa
2. Arresto hasta por treinta y seis horas o
3. Trabajo a favor de la comunidad.
...
Esta Comisión no está en contra de la medida de suspensión o cancelación de la licencia de conducir en caso de personas que conduzcan en estado de ebriedad, claramente es una medida de interés social que puede prevenir accidentes; sin embargo, su regulación debe estar apegada a los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en situaciones de flagrancia, es un hecho notorio que las y los servidores públicos facultados para detectar estas faltas, en muchos casos no cuentan con los elementos necesarios que les permitan, en el instante mismo de la comisión de la infracción, la posibilidad de valorar efectivamente en cada caso la gravedad de aquélla.
...
3. Radicación y turno. Mediante proveído de fecha cinco de enero de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta SCJN tuvo por recibido el escrito inicial, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 1/2024 y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.
4. Admisión y trámite. El veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad, ordenó darle vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla para que dentro del plazo de quince días hábiles rindieran los informes correspondientes, y al segundo de ellos también para que remitiera copia certificada del periódico oficial en el que constara la publicación del decreto controvertido. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, respectivamente, formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Mediante escrito recibido de manera electrónica el veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, representado por el Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica de dicha entidad, rindió el informe solicitado, en el que sustancialmente expuso lo siguiente:
1.
A) ...
Luego entonces, de lo expuesto con anterioridad respecto a la naturaleza, alcances y restricciones del derecho en cuestión, es dable aseverar que, en la especie, nos encontramos frente a un derecho de carácter personal, es decir, la garantía aludida recae sobre la persona titular del derecho, no así respecto de sus bienes o medios por los cuales pretenda ejercerlo. Puesto que, la libertad de tránsito refiere en todo momento al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de transporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía de libre tránsito protege al individuo únicamente.
En corolario, toda vez que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, establece la obligación de que todo vehículo motorizado que circule en la entidad, deba contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, no atenta contra el derecho a la libertad de tránsito en lo individual, conforme a lo previsto en el artículo 11 de nuestra Constitución General, puesto que, en ningún momento atenta contra la libertad de las personas de desplazarse de un lugar a otro, fijar su residencia en cualquier lugar del territorio mexicano, así como permanecer en éste, o entrar y salir de él, siempre y cuando ocurra con respeto y sujeción a las disposiciones legales aplicables.
B) En lo concerniente al ombudsperson local promovente refiere que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla atenta contra el Derecho Humano a la Movilidad, es menester señalar lo siguiente:
...
En relación con lo anterior y atendiendo las exigencias previstas en el artículo 4 constitucional, en cuanto a la movilidad deberá verificarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, centra su interés en dar respuesta a los problemas a los que se enfrenta (sic) día a día las personas que viven en nuestro Estado, en materia de movilidad y seguridad vial.
...
Como se logra apreciar, la exigencia de contar con un seguro que cubra la responsabilidad civil frente a terceros, nace de la obligación que tiene la autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, puesto que, como se ha referido el Estado tiene la máxima de respetar, garantizar y privilegiar la vida e integridad física de los usuarios de los sistemas de movilidad.
...
Lo anterior, atendiendo a que la responsabilidad penal que exige la reparación del daño causado por la comisión de un delito, no excluye a la responsabilidad civil generada de la obligación de no dañar a otros, sea en su persona o bienes; puesto que, si bien, pueden partir de un mismo hecho ilícito generador, ambos reclamos son autónomos uno del otro.
Luego entonces, si el vehículo instrumento del ilícito cometido cuenta con un seguro que ampare la responsabilidad civil generada frente a un tercero, se estaría garantizando la plena satisfacción del derecho humano a la obtención de una reparación integral.
C) ...
... la obligación relativa a que todo vehículo motorizado que circule en el Estado deba estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, no atenta contra la autonomía de la voluntad de las personas, puesto que, la obligación señalada únicamente se configura ante el deseo y decisión del particular de conducir un vehículo motorizado en las vialidades del Estado de Puebla, (...) por ende, no constituye un deber que vincule a todos los individuos, sino, únicamente a aquellos que se encuentren en la hipótesis prevista por el artículo 153, y que, en el ejercicio de su derecho a la autonomía de la libertad, decida realizar la actividad que ha sido reglamentada por el Estado en privilegio del orden público, la paz y la tranquilidad social.
Ahora bien, en lo concerniente a la libertad contractual, resulta procedente señalar que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, no atenta contra el referido principio, puesto que, tal como se desprende de la lectura del artículo 153 de la referida Ley, se establece que la contratación de un seguro vehicular se podrá realizar con cualquier institución de seguros debidamente autorizada, por lo que se evidencia que en momento alguno se ha exigido que se contrate con determinada empresa o persona moral, o que la relación jurídica se estructure de forma determinada.
D) ...
En virtud de lo anterior, es procedente aseverar que si (sic) existen criterios que orientan a las autoridades para la calificación y graduación de las multas a imponer por la infracción al deber de contar con un seguro. Tales como la gravedad de la falta, las condiciones económicas de la persona infractora y la reincidencia de la misma.
Lo anterior sin soslayar que, toda vez que la norma en comento establece parámetros de un máximo y un mínimo de las posibles sanciones económicas que se pudiesen imponer, es que las multas no pueden ser consideradas como fijas y por ende inconstitucionales, pues que (sic) permiten a la autoridad sancionadora fijarlas atendiendo a los elementos y circunstancias propias del asunto.
2.
A) ...
Lo anterior nos lleva a concluir que, en el caso concreto se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, puesto que, las sanciones impuestas a los conductores infractores no son causa de un daño irreparable para al (sic) particular, en contraposición al grado de afectación que se podría generar al particular de no privilegiar los derechos humanos a la vida, la salud y la integridad corporal.
B) ...
Tomando en consideración lo planteado, resulta evidente que, toda vez la (sic) suspensión y cancelación temporal de la licencia de conducir de un particular no son actos definitivos que deban surtir sus efectos de forma indefinida, es que se les puede considerar como actos de molestia.
...
Lo anterior legitima el hecho de que sea la propia autoridad administrativa y no la judicial, la encargada de determinar la imposición de sanciones previstas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con la condicionante que deberán fundar y motivar debidamente las determinaciones tomadas.
C) ...
Atendiendo lo anterior, es que se puede evidenciar como la Ley de Movilidad y Seguridad Vial prevé que, aún para la aplicación y graduación de las sanciones de suspensión y cancelación de licencia de conducir se deberá atender a la gravedad de la falta, las condiciones económicas de la persona infractora y a la reincidencia; existiendo, además, de forma alternativa o complementaria el abanico de sanciones previsto por la ley en comento, para los demás ilícitos establecidos por ella.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Por escrito recibido el veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, el Poder Legislativo del Estado de Puebla, representado por el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso de esa entidad federativa, presentó el informe solicitado, en el cual, esencialmente expuso lo siguiente:
I.
A) Ausencia de violación al artículo 11° Constitucional por afectación al Derecho Humano del Libre Tránsito.
...
En ese sentido, la norma impugnada no genera violación a la garantía de libertad de tránsito consagrada en el artículo 11° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando no se pueda o no se quiera contratar el seguro vehicular para daños a terceros correspondiente, lo que se restringe es la capacidad de circulación de los vehículos automotores no asegurados matriculados en el Estado de Puebla, ello no coarta el derecho personal del individuo para desplazarse de un lugar a otro, fijar su residencia en cualquier lugar del territorio Estatal así como permanecer en éste, y entrar y salir de él, puesto que se diferencia la capacidad de circular en vehículo a la del Derecho Humano al libre tránsito.
...
En el marco de lo antes referido se demuestra que la norma tampoco es violatoria del Derecho Fundamental a la autonomía de la voluntad y libre contratación pues no condiciona la capacidad del ciudadano de poder transitar en el territorio del Estado a la firma de un contrato de seguro de protección contra terceros pues, como ya se explicó, esta es una condición para el ejercicio de circulación y no del Derecho Humano a la libertad de tránsito.
B) La norma impugnada surge de un reclamo social de prevención y protección de los Derechos Humanos de las personas usuarias de las vías de transporte del Estado de Puebla.
Es necesario remarcar que la norma impugnada tiene un proceso de creación especial que la diferencia de la generalidad de procesos de emisión, pues esta contempla la realización de una Consulta Pública y Estrecha que permitió la Colaboración Activa de las Personas con Discapacidad en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.
...
Se considera que la medida es proporcional pues la afectación no se realiza a ningún derecho fundamental de las personas si no a una prerrogativa legal y esta se encuentra sometida a los intereses superiores que protegen los Derechos Humanos.
C) La Ley de Caminos, Puentes y Transportes Federales contempla el mismo requisito de seguro contra daño a terceros para los vehículos Automotores que transiten en vías Federales desde el año dos mil trece. II. ...
Es importante iniciar manifestando la ausencia de colisión de Derechos Humanos, lo cual tiene importancia pues de ahí se desprende que la norma impugnada consagra valor y protección a Derechos Humanos de alta importancia como son el Derecho a la vida, integridad física, libertad de tránsito en su variante primigenia, siendo esta la capacidad de auto locomoción y del bienestar patrimonial, afectando únicamente variaciones indirectas de ejercicio de otro Derecho Humano, como es el de Libertad de tránsito en su variante de conducción de vehículo automotor.
Como ya se manifestó, lo anterior surge por el correcto ejercicio de ponderación realizado por la autoridad legislativa del Estado de Puebla, pues esta tuvo una doble referencia para emitir la norma la cual consistió en la validez formal debido a que la norma se emitió en apego al procedimiento legislativo enmarcado en el Sistema jurídico estatal y validez sustancial ya que el contenido de la misma se formó en observancia a la realidad social que se presenta en el Estado y a las propuestas que la ciudadanía (objetivo de la norma) brindó en una consulta constitucional y convencional.
A) Correcta fundamentación.
...
No omito señalar que los preceptos son en apego a los artículos 63 y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Puebla.
Se puede observar que todo lo anterior señalado se encuentra establecido en la exposición de motivos de la Ley impugnada por tanto no es cierto que la norma impugnada carezca de una debida fundamentación.
B) Correcta motivación.
Por lo que respecta al rubro de la motivación, como ya se mencionó, esta goza de una validez material que le da sustento al contenido de la norma, pues tiene su origen en el análisis presentado de tres iniciativas de Ley y los resultados de una consulta pública y estrecha a personas con discapacidad quienes son sujetos objetivo de la norma
...
Como se puede apreciar la motivación de la autoridad para emitir la norma impugnada surge del reclamo social y del Derecho de participación directa de los ciudadanos en el proceso de creación de la norma.
7. Pedimentos y manifestaciones. Por su parte, la Fiscalía General de la República no formuló pedimento, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó manifestación alguna.
8. Alegatos. Mediante escrito ingresado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal el día veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, el Congreso del Estado de Puebla, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de Estudios y Proyectos Legislativos, formuló los alegatos correspondientes. Asimismo, mediante escrito presentado de manera electrónica el día veintidós del mismo mes y año, el Poder Ejecutivo de dicha entidad, a través del Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica de ese estado, formuló alegatos.
9. Cierre de la instrucción. El veinte de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por formulados los alegatos en la presente acción y cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. El Pleno de la SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla planteó la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de dicha entidad y la CPEUM.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
11. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(3) la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad.
12. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla impugnó los artículos 26, fracción XXX, 73, fracción VI, 127, 153, 164 y 168 del Decreto por el que se aprueba la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el cinco de diciembre de dos mil veintitrés, que establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 26
Las personas que conducen vehículos motorizados no podrán:
...
XXX. Circular sin licencia de conducir, o sin placas, o sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, o sin tarjeta de circulación, o sin calcomanías y hologramas autorizados por la autoridad competente, o con placas, tarjeta de circulación, calcomanías y hologramas que correspondan a otros vehículos;
ARTÍCULO 73
Las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública conformarán la Base de Datos, que tendrá por objeto integrar, registrar, administrar, controlar y actualizar la información sobre las materias reguladas a través de esta Ley y demás disposiciones relativas a la movilidad y seguridad vial.
La Base de Datos deberá contar con información sobre los siguientes rubros:
...
VI. Licencias de conducir, incluyendo el tipo de licencia y seguros registrados por vehículo;
ARTÍCULO 127
Las autoridades en el ámbito de su competencia llevarán a cabo los operativos de alcoholimetría de manera permanente con el objetivo de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol, aplicando los límites establecidos en el presente ordenamiento.
En el caso de que alguna persona conductora dé positivo a una prueba de alcoholimetría de manera permanente con el fin de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol, durante la conducción de un vehículo motorizado, independientemente de las sanciones administrativas correspondientes, le será suspendida por un periodo de un año la licencia de conducir. Dicha información deberá ser remitida para la integración del registro correspondiente en el historial de la persona conductora.
Cuando una persona conductora en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes provoque un siniestro de tránsito, en un vehículo de carga, transporte escolar, vehículos de emergencia o transporte de personas pasajeras será acreedora a las responsabilidades que ameriten conforma a la legislación aplicable.
ARTÍCULO 153
Todo vehículo motorizado que circule en el Estado deberá estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, para responder del pago de la indemnización por los daños ocasionados en cualquier siniestro de tránsito en donde resulte involucrado un tercero, y cuya contratación será responsabilidad de la persona propietaria del vehículo.
El seguro al que hace mención este artículo podrá ser contratado con cualquier institución de seguros debidamente autorizada según las leyes aplicables en la materia.
ARTÍCULO 164
Las autoridades estatales competentes sancionarán con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a las personas conductoras de vehículos motorizados que no cuenten con seguro de responsabilidad vigente que garantice el pago de daños a terceros.
ARTÍCULO 168
En los casos a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, se impondrán a los conductores de vehículos de propulsión mecánica además de las sanciones señaladas en el artículo anterior, la cancelación de licencia para conducir, sin que se pueda expedir una nueva en una temporalidad de hasta diez años, considerando el modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción, así como las condiciones y circunstancias, independientemente de las demás sanciones que por el hecho se pudieran generar.
(El resaltado es propio y atiende a la porción normativa impugnada).
Ver artículos impugnados con resaltado
13. Cabe señalar que este Tribunal advierte que la fracción XXX del artículo 26, fue reformada mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado, el miércoles 18 de junio de 2025, mediante el cual se añadieron las porciones normativas “o distintivos, según corresponda”; y, “o con placas alteradas u ocultas total o parcialmente”, modificación que desde este momento se precisa, no implican un cambio normativo porque no impactan en la porción normativa impugnada, que consiste en: “sin seguro de responsabilidad civil por daños a terceros”, por lo anterior, desde este apartado se precisa que este Tribunal Pleno considera que dicha modificación no actualiza el sobreseimiento por cesación de efectos, como se reiterará en el apartado correspondiente.
Ver modificación
III. OPORTUNIDAD
14. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM,(4) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
15. En el presente caso, las normas impugnadas fueron publicadas el cinco de diciembre de dos mil veintitrés, por lo cual el término para promover la demanda de acción de inconstitucionalidad transcurrió del seis de diciembre de dos mil veintitrés al cuatro de enero de dos mil veinticuatro. Dado que el escrito de demanda fue recibido el cuatro de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, su presentación fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
16. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la CPEUM, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional en contra de normas expedidas por la Legislatura de dicha entidad. Al respecto, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria(5) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34007-5bbb48ea/cancelacion-de-licencia-para-conducir-la-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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