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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA FACULTAD DE PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE ORGANISMO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE FUE REFORMADA, DADA LA POSIBILIDAD DE DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 261, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). IV. PROHIBICIÓN DE MULTAS EXCESIVAS. A FIN DE QUE UNA MULTA NO SEA CONTRARIA AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, LA LEY DEBE PREVER LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD FACULTADA PARA IMPONERLA DETERMINAR SU MONTO O CUANTÍA, TOMANDO EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR, LA REINCIDENCIA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE PERMITA INFERIR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DEL HECHO INFRACTOR. V. DELITO DE ABUSO SEXUAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA A QUIEN LO COMETA CON PENA DE PRISIÓN Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO PREVER UN PARÁMETRO ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN, EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD DEL SUJETO INFRACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", II, EN LA PORCIÓN "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN" Y III, EN LA PARTE QUE DICE "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VI. DELITO DE ABUSO SEXUAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. NO SALVA EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR DESPROPORCIONALIDAD DE LA MULTA PREVISTA PARA ESE DELITO, EL HECHO DE QUE EN EL MISMO CÓDIGO PENAL SE ESTABLEZCA QUE, CUANDO LA LEY FIJE SOLAMENTE EL MÁXIMO DE UNA MULTA, EL MÍNIMO SERÁ EL EQUIVALENTE A UNA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, YA QUE EL PRECEPTO IMPUGNADO NO HACE REFERENCIA A UN MONTO MÁXIMO SINO A UNA CANTIDAD FIJA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", II, EN LA PORCIÓN "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", Y III, EN LA PARTE QUE DICE "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR, EN BENEFICIO DE TODOS LOS INDIVIDUOS DIRECTAMENTE IMPLICADOS EN LOS PROCESOS PENALES RESPECTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", II, EN LA PORCIÓN "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", Y III, EN LA PARTE QUE DICE "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", II, EN LA PORCIÓN "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", Y III, EN LA PARTE QUE DICE "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 261, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", II, EN LA PORCIÓN "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", Y III, EN LA PARTE QUE DICE "Y MULTA DE QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 180/2021. · Registro digital (IUS): 33970
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-17
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.124.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 180/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE ENERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JESÚS ROJAS IBÁÑEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 180/2021, en la que se impugnan diversas porciones normativas contenidas en el artículo 261 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de las fracciones I, II y III del artículo 261 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esta entidad el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, al considerar que se vulneran los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2. Conceptos de invalidez. La accionante argumenta en su único concepto de invalidez, esencialmente, lo siguiente:

Las porciones normativas del artículo impugnado transgreden el principio de proporcionalidad de las penas, así como la prohibición de las penas inusitadas en materia punitiva.

Establecen multas fijas como consecuencia jurídica por la comisión del delito de abuso sexual, lo que significa que se constituyen como penas absolutas e inflexibles que no permite un margen de apreciación para que los operadores jurídicos puedan individualizarla de manera casuística, atendiendo a la gravedad del ilícito y al grado de culpabilidad del sujeto activo.

Las sanciones pecuniarias consistentes en multas fijas de 200 y 500 unidades de medida y actualización vigente (UMAS), según corresponda, al momento de la comisión de las conductas a las que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 261 se traducen en penas desproporcionadas e inusitadas.

En las fracciones mencionadas se establecen diversas multas fijas e inflexibles para aquellas personas que cometan el delito de abuso sexual.

Conforme al artículo 22 constitucional una sanción penal no debe ser genérica, absoluta o aplicable a todos los casos, sino que atendiendo al caso particular, con base en el delito cometido y el bien jurídico tutelado, los operadores jurídicos deben tener la facultad de individualizar la pena tomando en consideración factores como la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y cualquier otro que sea apto para evidenciar el grado de gravedad de la falta.

El establecimiento de multas fijas es inconstitucional, pues al aplicarse de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.

El principio de proporcionalidad de la pena constriñe al legislador a establecer una sanción adecuada que corresponda a la gravedad del ilícito, por lo que debe justificar en todos los casos y de forma expresa, cuáles son las razones para el establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de éstas, para cuando una persona despliegue una conducta considerada como delito.

El establecimiento de este tipo de sanciones absolutas o fijas tendría como consecuencia que el operador jurídico se encuentre imposibilitado para valorar el ilícito tomando en consideración la gravedad del delito y el grado de culpabilidad, para imponer una sanción que se estime justa al estar en consonancia con el quantum de la pena dentro de un mínimo y un máximo.

En confrontación con el texto previo y el actual del mencionado artículo, se advierte que anteriormente sí se contemplaba un monto mínimo y máximo para que el juzgador graduara la multa respectiva, lo cual no acontece con el texto vigente del artículo, ya que se establecieron multas fijas de 200 y 500 veces la UMA, según corresponda.

Las porciones normativas se constituyen como penas invariables, por no establecer límites mínimos y máximos para su aplicación, lo que acarrea como consecuencia que, al momento de la configuración del tipo penal, el juzgador se encuentre imposibilitado para individualizarla.

El quantum de la multa que corresponda no corresponde a la gravedad del delito y el grado de culpabilidad de la persona toda vez que siempre será exigible, además de la pena de prisión que corresponda: 200 UMAS y 500 UMAS. Estas sanciones serán aplicables en todos los casos en los que la conducta se ajuste a las hipótesis normativas.

Se trae a colación la acción de inconstitucionalidad 46/2019, en la que se señaló que no todas las multas fijas son inconstitucionales tratándose de conductas totalmente objetivas y que no son impuestas en un procedimiento seguido en forma de juicio, es admisible que no se establezcan mínimos y máximos para su individualización.

A contrario sensu, respecto de las sanciones o multas que sean aplicadas en un juicio, las normas que las señalan deben, necesariamente, establecer montos mínimos y máximos para su individualización.

En el caso, la norma se refiere a la imposición de una pena por la comisión de un delito, por lo que es evidente que será aplicada en el proceso respectivo por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Esto, pues las reglas para la imposición de las penas constituye una de las facultades esenciales del procedimiento, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que los jueces y tribunales deben estar en posibilidad de decretar las sanciones que señalan para cada delito, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta típica y el grado de culpabilidad del sentenciado.

Para determinar la gravedad de la conducta se debe considerar y valorar: el valor del bien jurídico y su grado de afectación; la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; los medios empleados; las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y la forma de intervención del sentenciado. Tomando en cuenta todas las circunstancias especificadas, existe la posibilidad de que el juzgador se mueva dentro de un parámetro mínimo y un máximo, según su arbitrio y de acuerdo con las circunstancias de ejecución del delito, la gravedad del hecho y las peculiaridades del acusado o del ofendido, para obtener el grado de culpabilidad que con éste imponer las sanciones que correspondan de forma prudente, discrecional y razonable.

La Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que si una ley ordena la aplicación de una pena de manera automática y genérica, el juez de la causa no podrá considerar datos básicos para determinar el grado de culpabilidad del agente e individualizar la pena, viéndose obligado a imponer mecánicamente la sanción prevista, para todas las personas responsables del delito.

En el mismo sentido se pronunció este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 208/2020, al declarar invalida una norma penal que preveía una multa fija.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 180/2021 y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento.

4. Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y admitió a trámite la acción; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Mediante escrito recibido a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo Local rindió su informe.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Poder Legislativo local rindió el informe correspondiente.

7. Pedimento del Fiscal General de la República y manifestaciones del Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal. Los referidos funcionarios no formularon manifestación alguna o pedimento.

8. Cierre de la instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos respectivos partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós se puso el expediente en estado de resolución.

II. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario número 5/2013(3) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

10. Conviene precisar el contenido de las normas que se tienen como impugnadas:

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla:

Artículo 261.- Al responsable de un delito de abuso sexual se le impondrán:

(REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2021)

I. Prisión de seis a diez años y multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, si el sujeto pasivo es mayor de catorce años y el delito se cometió sin su consentimiento o con su consentimiento viciado;

(REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2021)

II. Si el sujeto pasivo del delito fuere persona menor de catorce años o se encontrare en otra circunstancia de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que le impida oponer resistencia, estuviere privada de razón o de sentido, no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o que por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere oponer resistencia, se presumirá la violencia y la sanción será de seis a trece años de prisión y multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización, se haya ejecutado el delito sin su consentimiento o con consentimiento viciado, debiéndose aumentar hasta en otro tanto igual las sanciones, si el delito fuere cometido con intervención de dos o más personas, y

(REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2021)

III. Cuando el sujeto pasivo sea mayor de catorce años y el delito se ejecute con violencia física o moral, se impondrán al responsable de seis a trece años de prisión y multa (sic) quinientas Unidades de Medida y Actualización, sanciones que se aumentarán hasta en otro tanto igual, si el delito fuere cometido con intervención de dos o más personas.

IV. OPORTUNIDAD

11. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General(4) (de ahora en adelante la “Ley Reglamentaria de la materia”), dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.

12. En este caso, el precepto legal impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por tanto, el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del nueve de noviembre de dos mil veintiuno al ocho de diciembre de dos mil veintiuno.

13. Consecuentemente, si la demanda de la accionante se depositó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó dentro del plazo legal y satisface el requisito de procedencia que se analiza.

V. LEGITIMACIÓN

14. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte, actuando a través de su representante legítimo. Esto encuentra su fundamento en los artículos 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Federal y 11, párrafo primero, en relación con el diverso numeral 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)

15. En este caso, la demanda fue firmada por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calidad que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, por el período que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

16. En consonancia con ello, su facultad de representación legal para promover acciones de inconstitucionalidad se desprende del artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6)

17. Finalmente, del escrito de demanda se desprende que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la invalidez de una disposición del Estado de Puebla, pues estima que son contrarias al principio de proporcionalidad de las penas y de prohibición de penas inusitadas.

18. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de legitimación, toda vez que el presente asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su legítimo representante.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

19. No se hicieron valer causas de improcedencia o de sobreseimiento por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Puebla.

20. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio que el ocho de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el “Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforma la fracción II del artículo 261, la fracción I del artículo 272 y el artículo 278 Sexies, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Materia de Sumisión Química”.

21. La reforma, que afectó a varios artículos del Código Penal de ese Estado, fue con la intención de incorporar la “sumisión química” a tres de sus tipos penales. De acuerdo con la exposición de motivos del Decreto, “la sumisión química se define como la agresión sexual, robo, extorsión y/o maltrato, sufridos bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. La sustancia puede administrarse de forma subrepticia o aprovechar sus efectos para cometer el delito, por cuanto la víctima ve disminuida su capacidad para identificar una situación de peligro o resistirse a la agresión”.(7)

22. Se indica que la inducción química tiene un reconocimiento cada vez mayor en el ámbito de la justicia porque su uso se extiende cada vez más para abusos sexuales y para robos, dada su facilidad para conseguirla, su bajo precio y sus resultados espectaculares de rápida acción, casi imposible de detectar por la víctima. Que, por tanto, la conducta que se propone sancionar vulnera: la dignidad humana; la libertad personal; la facultad de autodeterminación; la salud.

23. Lo anterior, se dice, debido a que con la conducta que se pretende sancionar se imposibilita la defensa de la víctima, debido a que su voluntad se ve disminuida o anulada, debido a que el sujeto activo realiza un acto aplicando o suministrado al sujeto pasivo alguna sustancia química, el cual tiene como consecuencia anular o neutralizar su posible resistencia, ello con la finalidad de cometer la conducta reprochada.

24. Así, al artículo materia de impugnación en el presente asunto, se le incorporó en su segunda fracción, el enunciado: “o por sumisión de la víctima respecto del victimario por haberle suministrado alcohol, fármacos, narcóticos, sustancia toxica o cualquier otra sustancia y no pudiera oponer resistencia”, de ahí que se desprenda que la reforma en nada afectó a la parte que se impugna en la presente demanda, ni fue la intención del legislador hacerlo, por lo que quedó intocada.

25. Por lo tanto, el artículo quedó redactado en los siguientes términos, el que se contrasta con la redacción anterior del mismo:

Ver artículo 261

26. En tales circunstancias, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) como se explica enseguida.

27. Si bien el criterio general del Tribunal Pleno consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada y, esto se actualiza cuando dicha norma es reformada, modificada, derogada o abrogada,(9) en el caso, no se actualiza el supuesto de improcedencia aludido.

28. Lo anterior, porque de conformidad con el párrafo penúltimo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con el diverso 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, este Alto Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y nunca a perjudicar) a todos y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos. Así lo sostuvo el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 104/2008 de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL”.(10)

29. En este sentido, este Alto Tribunal ha señalado, en varios precedentes,(11) lo siguiente:

a) Si bien la regla general es que la declaratoria de invalidez que formula la Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destinatario de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su vigencia, en materia penal el efecto derogatorio de dicha declaración de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los principios generales y disposiciones legales de esa materia.

b) Uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada puede estar reformada, modificada, derogada o abrogada, lo cierto es que sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia. c) Como la norma reformada, modificada, derogada o abrogada aún puede producir efectos jurídicos concretos, no se actualiza el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la materia penal.

30. Todo lo anterior tiene aplicación en este caso ya que, como lo hemos señalado, si bien la segunda fracción del artículo 261 del Código Penal del Estado de Puebla impugnado, se reformó a efecto de incorporar el supuesto relativo a que: “o por sumisión de la víctima respecto del victimario por haberle suministrado alcohol, fármacos, narcóticos, sustancia tóxica o cualquier otra sustancia y no pudiera oponer resistencia”,(12) lo cierto es que la potencial declaratoria de inconstitucionalidad respecto de dicho precepto, en la porción normativa correspondiente (que se analizará en el apartado siguiente), tendrá impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia.

31. Por tanto, dado que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65 de la ley reglamentaria de la materia y tomando en cuenta que no se hicieron valer otras causas de improcedencia ni este órgano jurisdiccional advierte que pueda actualizarse alguna de oficio, lo procedente es analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas.

VII. ESTUDIO DE FONDO

32. En el único concepto de invalidez la accionante afirma que las normas controvertidas transgreden lo previsto en los artículos 14 y 22 constitucionales, así como en los diversos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por establecer multas fijas.

33. Señala que las porciones normativas del precepto impugnado transgreden el principio de proporcionalidad de las penas, así como la prohibición de las penas inusitadas en materia punitiva, ya que al establecer multas fijas como consecuencia jurídica por la comisión del delito de abuso sexual se constituyen como penas absolutas e inflexibles que no permite un margen de apreciación para que los operadores jurídicos puedan individualizarla de manera casuística, atendiendo a la gravedad del ilícito y al grado de culpabilidad del sujeto activo.

34. Señala que las sanciones consistentes en multas fijas de 200 y 500 unidades de medida y actualización vigente (UMAS), según corresponda, al momento de la comisión de las conductas a las que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 261 se traducen en penas desproporcionadas e inusitadas, al ser fijas e inflexibles.

35. Lo anterior, porque conforme al artículo 22 constitucional una sanción penal no debe ser genérica, absoluta o aplicable a todos los casos, sino que, atendiendo al caso particular, con base en el delito cometido y el bien jurídico tutelado, los operadores jurídicos deben tener la facultad de individualizar la pena tomando en consideración factores como la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y cualquier otro que sea apto para evidenciar el grado de gravedad de la falta.

36. Además, porque el establecimiento de multas fijas es inconstitucional, pues al aplicarse de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. Asimismo, porque el principio de proporcionalidad de la pena constriñe al legislador a establecer una sanción adecuada que corresponda a la gravedad del ilícito, por lo que se debe justificar en todos los casos y de forma expresa, cuáles son las razones para el establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de éstas, para cuando una persona despliegue una conducta considerada como delito.

37. Por tanto, arguye que el establecimiento de este tipo de sanciones absolutas o fijas tendría como consecuencia que el operador jurídico se encuentre imposibilitado para valorar el ilícito tomando en consideración la gravedad del delito y el grado de culpabilidad, para imponer una sanción que se estime justa al estar en consonancia con el quantum de la pena dentro de un mínimo y un máximo.

38. Dice que en confrontación con el texto previo y el actual del mencionado precepto, se advierte que anteriormente sí se contemplaba un monto mínimo y máximo para que el juzgador graduara la multa respectiva, lo cual no acontece con el texto vigente del artículo, ya que se establecieron multas fijas de 200 y 500 veces la UMA, según corresponda, con lo que se constituyen como penas invariables, por no establecer límites mínimos y máximos para su aplicación.

39. La Comisión accionante apunta que el quantum de la multa no corresponde a la gravedad del delito y el grado de culpabilidad de la persona toda vez que siempre será exigible, además de la pena de prisión que corresponda: 200 UMAS y 500 UMAS. Estas sanciones serán aplicables en todos los casos en los que la conducta se ajuste a las hipótesis normativas.

40. Trae a colación la acción de inconstitucionalidad 46/2019, en la que se señaló que no todas las multas fijas son inconstitucionales tratándose de conductas totalmente objetivas y que no son impuestas en un procedimiento seguido en forma de juicio, es admisible que no se establezcan mínimos y máximos para su individualización; pero que a contrario sensu, respecto de las sanciones o multas que sean aplicadas en un juicio, las normas que las señalan deben, necesariamente, establecer montos mínimos y máximos para su individualización.

41. Señala que, en el caso, la norma se refiere a la imposición de una pena por la comisión de un delito, por lo que es evidente que será aplicada en el proceso respectivo por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Esto, pues las reglas para la imposición de las penas constituyen una de las facultades esenciales del procedimiento, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que los jueces y tribunales deben estar en posibilidad de decretar las sanciones que señalan para cada delito, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta típica y el grado de culpabilidad del sentenciado.

42. Así, apunta que para determinar la gravedad de la conducta se debe considerar y valorar: el valor del bien jurídico y su grado de afectación; la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; los medios empleados; las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y la forma de intervención del sentenciado.

43. Indica que tomando en cuenta todas las circunstancias especificadas, existe la posibilidad de que el juzgador se mueva dentro de un parámetro mínimo y un máximo, según su arbitrio y de acuerdo con las circunstancias de ejecución del delito, la gravedad del hecho y las peculiaridades del acusado o del ofendido, para obtener el grado de culpabilidad que con éste impone las sanciones que correspondan de forma prudente, discrecional y razonable.

44. Añade que la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que, si una ley ordena la aplicación de una pena de manera automática y genérica, el juez de la causa no podrá considerar datos básicos para determinar el grado de culpabilidad del agente e individualizar la pena, viéndose obligado a imponer mecánicamente la sanción prevista, para todas las personas responsables del delito.

45. Finalmente, menciona la acción de inconstitucionalidad 208/2020 resuelta por este Alto Tribunal, en la que se declaró invalida una norma penal que preveía una multa fija.

46. Previo a dar respuesta a los argumentos de la recurrente, es de utilidad reproducir el artículo del Código Penal del Estado de Puebla impugnado en los términos en que se encontraba redactado al momento en que se presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad:

Artículo 261.- Al responsable de un delito de abuso sexual se le impondrán:

I. Prisión de seis a diez años y multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, si el sujeto pasivo es mayor de catorce años y el delito se cometió sin su consentimiento o con su consentimiento viciado;

II. Si el sujeto pasivo del delito fuere persona menor de catorce años o se encontrare en otra circunstancia de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que le impida oponer resistencia, estuviere privada de razón o de sentido, no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o que por enfermedad o cualquier otra causa no pudiere oponer resistencia, se presumirá la violencia y la sanción será de seis a trece años de prisión y multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización, se haya ejecutado el delito sin su consentimiento o con consentimiento viciado, debiéndose aumentar hasta en otro tanto igual las sanciones, si el delito fuere cometido con intervención de dos o más personas, y

III. Cuando el sujeto pasivo sea mayor de catorce años y el delito se ejecute con violencia física o moral, se impondrán al responsable de seis a trece años de prisión y multa (sic) quinientas Unidades de Medida y Actualización, sanciones que se aumentarán hasta en otro tanto igual, si el delito fuere cometido con intervención de dos o más personas.

47. Como se puede advertir, la norma establece que las personas que cometan el delito de abuso sexual, esto es, quien sin el propósito de llegar a la cópula: ejecutare en una persona mayor de catorce años de edad o le hiciere ejecutar un acto erótico sexual, sin su consentimiento, mediante consentimiento viciado o la obligue a observarlo, y ejecutare en una persona o le hiciere ejecutar un acto erótico sexual, o la haga observarlo aun con consentimiento viciado, tratándose de menor de catorce años de edad o en otra circunstancia de desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que le impida oponer resistencia, será sancionado con las siguientes penas.

48. Prisión de seis a diez años y multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, si el sujeto pasivo es mayor de catorce años; si el sujeto pasivo del delit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33970-8d67d598/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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