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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 72, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2025. · Registro digital (IUS): 34341
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-23
Promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: LINDA HELENA MACLÚ ZORRERO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, reformada mediante Decreto Número 72 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de junio de dos mil veinticinco.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 78/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, reformada mediante Decreto Número 72 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de junio de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda de la Acción de Inconstitucionalidad. Por escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veinticinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, reformada mediante Decreto Número 72 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de junio de dos mil veinticinco.

2. Conceptos de Invalidez. En su escrito inicial, la comisión accionante planteó un único concepto de invalidez, en el que sostiene que la fracción II del artículo 42, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, reformada mediante Decreto Número 72 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de junio de dos mil veinticinco, es contraria a diversos principios constitucionales, en virtud de los siguientes razonamientos:

a. La disposición impugnada prevé la posibilidad de suspender los derechos políticos de las personas diputadas, por sentencia judicial firme que las declare con plena capacidad jurídica y derecho a la toma de decisiones con apoyos. Dicho supuesto vulnera el principio de seguridad jurídica, en tanto resulta contradictorio con el propio reconocimiento judicial de la capacidad jurídica plena. Es decir, que si el pronunciamiento judicial al que hace referencia la norma, implica reconocer a la persona diputada la capacidad plena de ser titular de derechos y obligaciones y, en consecuencia, la de ejercerlos como sujeto activo dentro del sistema jurídico para todos los efectos, no se advierte fundamento lógico ni jurídico alguno para que tal reconocimiento derive, paradójicamente, en una restricción de sus derechos políticos.

b. Pese a lo anterior, y contrario a lo que prevé la norma, en México ni siquiera se admite que la capacidad jurídica sea objeto de reconocimiento o negación mediante una sentencia judicial ni por ningún otro acto de autoridad. Por tanto, la disposición impugnada resulta contraria al régimen jurídico nacional vigente y, en particular, al modelo social de la discapacidad, los cuales descartan las figuras de interdicción y tutela de personas mayores de edad, al reconocer la capacidad jurídica plena de todas las personas mayores de dieciocho años.

c. Por lo anterior, la disposición impugnada también resulta discriminatoria pues, en todo caso, producirá un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad, quienes, aun cuando les haya sido reconocida su plena capacidad jurídica mediante una sentencia judicial, se verían impedidas para ejercer sus derechos políticos en calidad de personas diputadas.

3. Radicación. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibido el escrito inicial y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 78/2025. Sin embargo, conforme al artículo 7, en relación con el considerando sexto, del Acuerdo General Número 3/2025, se reservó el turno del asunto hasta en tanto quedase constituida la nueva integración de este Alto Tribunal.(1)

4. Turno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, turnó el expediente a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.

5. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad con la que se ostentaron y admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad. Además, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que, dentro del plazo de quince días hábiles, rindieran los informes correspondientes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que formulase lo que a su representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. El catorce de octubre de dos mil veinticinco, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el informe rendido por Roberto Carlos Terán Ramos, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato quien, en representación del Poder Legislativo de dicho Estado, manifestó lo siguiente:

• Que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la norma ha cesado sus efectos, en virtud de que la misma fue reformada mediante el Decreto Número 87, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 9 octubre de 2025.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el catorce de octubre de dos mil veinticinco, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora del Estado de Guanajuato, rindió su informe, en el que sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

• Que el Poder Ejecutivo que representa carece de legitimación pasiva en el presente juicio constitucional, al no haber intervenido en la emisión ni en la promulgación de la norma impugnada. Ello, en virtud de que se controvierte una disposición contenida en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la cual, conforme al artículo 63, fracción I, de la Constitución Política local, puede ser expedida sin requerir promulgación por parte del Poder Ejecutivo. En consecuencia, procede declarar la improcedencia de la acción en su contra.

8. Alegatos. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el diez de noviembre de dos mil veinticinco, Antonia Guillermina Valdovino Guzmán y Enrique Iván Sosa Campos, ambos delegados del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, presentaron su escrito de alegatos, en el que reiteraron que debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, toda vez que los efectos de la porción normativa impugnada han cesado, en virtud de una reforma posterior.

9. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco, la Ministra Instructora dictó el auto de cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(3) en relación con el Punto Segundo, Fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de septiembre de dos mil veinticinco.

11. Ello, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea una posible vulneración a diversos derechos consagrados en la Constitución Federal, derivado de lo establecido en la fracción II del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, reformada mediante Decreto Número 72 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de junio de dos mil veinticinco.

II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA

12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) este Tribunal Pleno debe fijar las normas que serán objeto de esta acción de inconstitucionalidad.

13. Del análisis integral del escrito inicial de la demanda, se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demanda únicamente la invalidez del artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato:

Ver artículo con énfasis

14. Por lo tanto, se tiene dicha disposición como efectivamente reclamada en esta acción de inconstitucionalidad.

III. OPORTUNIDAD

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

16. En este caso, el Decreto Número 72, mediante el cual se expidió la norma impugnada, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de junio de dos mil veinticinco. Así, el plazo de treinta días naturales transcurrió del sábado veintiuno de junio, al domingo veinte de julio de dos mil veinticinco.

17. En consecuencia, si la demanda se presentó el viernes dieciocho de julio de dos mil veinticinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

19. En el presente caso, la demanda fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con la copia certificada de su designación por el Senado de la República, del doce de noviembre de dos mil veinticuatro.

20. Al respecto, las fracciones I y XI, del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(7) señalan que la Presidencia de ese órgano autónomo constitucional se encuentra facultada para ejercer su representación legal y para promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

21. Así, si la demanda plantea la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, reformada mediante Decreto Número 72 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veinte de junio de dos mil veinticinco, entonces su promovente cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

22. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, motivo por el cual se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas, así como aquellas que, en su caso, sean advertidas de oficio por este Alto Tribunal.

23. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato argumentó que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que la norma ha quedado sin efectos, en virtud de que la misma fue reformada mediante Decreto Número 87, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha nueve octubre de dos mil veinticinco.

24. Desde luego, esta manifestación se relaciona con la causa de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 19, en relación con lo establecido en los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria en la materia. Dichas disposiciones se transcriben a continuación:

ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

[...]

ARTÍCULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

ARTICULO 65. En las acciones de inconstitucionalidad, la ministra o el ministro instructor de acuerdo con el artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

25. De acuerdo con estos artículos, si una norma es impugnada y, posteriormente —antes de que este Alto Tribunal resuelva la acción de inconstitucionalidad correspondiente—, es derogada o reformada, este Tribunal Pleno podrá declarar la improcedencia de la acción por cesación de efectos.

26. No obstante, dicha declaración de improcedencia únicamente puede realizarse si se acredita que la disposición modificada constituye un nuevo acto legislativo, pues de ello depende determinar si la norma impugnada ha quedado sin efectos o si, por el contrario, continúa vigente para efectos del análisis constitucional correspondiente.

27. A manera de contexto, conviene destacar que el nuevo acto legislativo es un concepto construido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar cuándo se está frente a una nueva norma general susceptible de ser impugnada vía acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, esta noción se ha utilizado para afrontar dos problemas de procedencia de la acción de inconstitucionalidad: la oportunidad en la impugnación de normas generales y la cesación de sus efectos.

28. El primero se presenta al verificar si es oportuna la impugnación de una norma general aparentemente nueva en el sistema jurídico o si, en realidad, se trata de una norma preexistente en dicho sistema y que sólo fue reformada y publicada nuevamente en términos idénticos, con cambios menores de redacción o correcciones de técnica legislativa. El segundo tiene lugar al analizar si la norma general impugnada en una acción de inconstitucionalidad ha sido privada de los efectos que provee al sistema jurídico, como consecuencia de la publicación de una norma posterior que la sustituye.

29. Ahora bien, anteriormente, esta Suprema Corte optó por abordar de manera indistinta estos dos supuestos y estableció que, en cualquiera de ellos, la existencia de un nuevo acto legislativo se acredita cuando la norma ha sido modificada de forma sustancial. Es decir, no bastaba con que la disposición hubiese sido formalmente reformada, sino que dicha modificación debía necesariamente alterar su sentido normativo o los efectos jurídicos que produce.(8)

30. En consecuencia, el análisis del nuevo acto legislativo operaba de la siguiente manera:

• Improcedencia por oportunidad. Si los cambios introducidos en la norma reformada son sustanciales y modifican su sentido o sus efectos jurídicos, se tendrá por acreditado un nuevo acto legislativo. En consecuencia, la acción será procedente, y la disposición reformada podrá ser objeto de análisis mediante acción de inconstitucionalidad. Por el contrario, cuando la reforma a la norma impugnada se limite a aspectos no esenciales, tales como cambios de numeración, correcciones ortográficas o de estilo, se entenderá que no existe un nuevo acto legislativo y, en consecuencia, la acción será improcedente por inoportuna.

• Improcedencia por cesación de efectos. Cuando la reforma a la norma impugnada altere aspectos esenciales, se tendrá por acreditada la existencia de un nuevo acto legislativo y, en consecuencia, la acción deberá declararse improcedente por cesación de efectos. No obstante, si la reforma se limita a aspectos no sustanciales, se considerará que no existe un nuevo acto legislativo, por lo que la acción será procedente para su análisis de constitucionalidad.

31. Sin embargo, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023, este Alto Tribunal decidió abandonar este criterio tradicional, por considerarlo rígido e inflexible, toda vez de que dicho enfoque llegaba a obstaculizar desmedidamente el análisis de normas que aparentemente no fueron modificadas sustancialmente.

32. Así, partiendo desde una nueva óptica del nuevo acto legislativo, este Tribunal Pleno consideró necesario adoptar un nuevo criterio que podría calificarse como híbrido, con el fin de evitar excesos interpretativos que, en un extremo, lleven a dejar de analizar normas reformadas mediante cambios aparentemente menores, y en el otro, impidan atender a la voluntad legislativa cuando el alcance de una disposición ha variado en relación con la originalmente impugnada.

33. Conforme a este nuevo criterio, para acreditar la existencia de un nuevo acto legislativo para efectos de la improcedencia por cesación de efectos se requiere un análisis caso por caso, a fin de determinar si la norma reformada fue dotada de un nuevo sentido normativo. Solo en caso afirmativo podrá considerarse que existe un nuevo acto legislativo que deja sin efectos a la disposición originalmente impugnada.

34. Por otro lado, para acreditar la existencia de un nuevo acto legislativo en los supuestos de improcedencia por presentación extemporánea de la demanda, bastará la actualización del criterio formal; es decir, no será relevante si los cambios a la norma son sustanciales o meramente formales —como modificaciones de estilo o puntuación—, sino únicamente que la disposición haya sido reformada mediante un procedimiento legislativo completo, en el que se hayan agotado todas sus etapas.

35. En otras palabras, en este último supuesto ya no es necesario determinar si la reforma modificó o no el sentido normativo o los alcances jurídicos de la disposición, pues incluso los cambios meramente formales o de estilo son suficientes para configurar un nuevo acto legislativo, y en consecuencia, hacer procedente el análisis de constitucionalidad de la norma en sede de acción de inconstitucionalidad.

36. Ahora bien, habiendo precisado lo anterior, y tomando en consideración que la causa de improcedencia hecha valer en el presente asunto corresponde a la cesación de efectos derivada de una reforma posterior, lo que procede es analizar si, en este caso, la disposición reformada presenta un nuevo sentido normativo respecto de la norma originalmente impugnada.

37. Por tanto, a continuación, se precisa el contenido de la disposición en su redacción anterior e impugnada, así como en su versión reformada, con el propósito de determinar si, en el caso concreto, se actualizan los supuestos que, conforme al criterio previamente establecido, permiten considerar la existencia de un nuevo acto legislativo.

Ver tabla comparativa

38. Como se puede observar, la redacción original de la norma establecía que la suspensión de derechos y obligaciones parlamentarias sería posible en los casos en que las personas diputadas fueran declaradas mediante sentencia judicial firme, como entes con plena capacidad jurídica y derecho a la toma de apoyos; mientras que la nueva redacción, establece que la suspensión de derechos se dará ante la imposibilidad jurídica determinada por autoridad competente.

39. A juicio de este Alto Tribunal, estos cambios no son meramente formales, sino que implican diferencias sustanciales y profundas en los alcances e implicaciones de ambas normas.

40. En particular, se advierte que la redacción original del artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, hacía referencia a una suspensión de derechos, cuando una persona tuviera capacidad jurídica y con derecho a la toma de decisiones con apoyos, cuando ello hubiera sido declarado mediante sentencia firme.

41. En contraste, la nueva redacción establece que las personas diputadas podrán ser suspendidas de sus derechos cuando tengan decretada una imposibilidad jurídica, expresión que se relaciona con impedimentos de naturaleza jurídica, y no de hecho, que pueden obstaculizar el ejercicio de determinadas funciones.

42. En consecuencia, el nuevo artículo 42, fracción II, difiere sustancialmente de su versión anterior impugnada, pues sustituye la noción de contar con plena capacidad por la de imposibilidad jurídica.

43. Entonces, conforme al criterio desarrollado al inicio de este apartado, resulta evidente que la disposición reformada constituye un nuevo acto legislativo, que dejó sin efectos al artículo 42, fracción II, expedido mediante Decreto Número 72, de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco.

44. Por todo lo anterior, procede el sobreseimiento en la presente acción de inconstitucionalidad, prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, en relación con la fracción II del artículo 20 del mismo ordenamiento, ambos aplicables en términos de los artículos 59 y 65 de la propia ley.

45. Por último, esta determinación se adopta sin pasar por alto que el Poder Ejecutivo del Estado hizo valer la improcedencia de la acción, al argumentar que, conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Estado, puede expedirse sin requerir su promulgación por parte del Ejecutivo.

46. No obstante, dado que la acreditación de la cesación de efectos de la norma impugnada resulta suficiente para decretar la improcedencia, no es necesario abordar dicho planteamiento.

VI. DECISIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa separándose de los párrafos del 27 al 37, 39, 42 y 43, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía con precisiones, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

________________

1. Artículo 7. Turno de asuntos. En los asuntos recibidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del dieciséis de abril de dos mil veinticinco, se continuará proveyendo en los términos de la normativa vigente; en la inteligencia de que únicamente se turnarán a Ponencia los indicados en el Considerando Sexto de este Acuerdo General, que ingresen desde ese día y hasta el viernes quince de agosto del año indicado, y de que, en los restantes, si se admiten mediante acuerdo presidencial, se reservará su turno para que la nueva integración de este Alto Tribunal determine lo conducente y, en el caso de los que su instrucción corresponde a la presidencia, ésta se continuará, quedando bajo resguardo de la respectiva mesa de trámite de la Secretaría General de Acuerdos, de la Subsecretaría General de Acuerdos o de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad

2. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución:

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [...]

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que; México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...]

3. Artículo 16. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales no dará lugar en ningún caso a la suspensión de la norma cuestionada; De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [...]

4. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]

5. Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.

6. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. [...]

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...].

7. Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;

[...]

XI.- Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y [...].

8. Al respecto, consúltese la Tesis Jurisprudencial P./J. 25/2016 (10ª), de rubro De rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.” Registro digital: 2012802. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 65.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34341-5d38a803/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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